lunes, 19 de octubre de 2020

La lucha contra los delitos fiscales y la elusión fiscal en la UE: una prioridad en tiempos de pandemia (I)

Ésta es la primera parte del artículo que Público ha sacado en su edición de hoy, 19 de octubre de 2020. Llevo trabajando sobre criminalidad fiscal y el cómo luchar contra ella en el CESE (Comité Económico y Social Europeo) desde que llegué allí, hace cinco año. En la UE hay instituciones que se empeñan en desterrarla , al igual que a su prima hermana la elusión fiscal. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son conscientes de la magnitud del problema y quieren enfrentarse a él. Pero está resultando dificilísimo. A pesar de la abundante legislación europea contra los delitos y faltas en este campo, los flujos dinerarios del fraude, la evasión, la elusión y el blanqueo siguen subiendo. ¿Cómo es posible esto? De ello se habla en el artículo del que mañana se publicará la segunda parte.

Una de las claves está en la conducta de, por lo menos, siete países de la UE que actúan como grandes paraísos fiscales, Luxemburgo y Holanda de los mayores del mundo. Los que les acompañan en la descarada promoción sobre todo de la elusión fiscal son: Irlanda, Bélgica (¡sí, Bélgica el país que acoge la capitalidad de la UE!), Chipre y Malta. Y, al menos, cinco territorios autónomos pero cuya soberanía depende de Londres: Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caiman, Jersey y Guernsey (también islas, pero en el Canal de la Mancha). ¿Cómo es posible que siendo el Reino Unido sea al tiempo uno de los países europeos más perjudicado por la elusión fiscal de las empresas multinacionales? No resulta demasiado difícil entenderlo: a los gobiernos británicos, al menos a los gobiernos conservadores y a los de la tercera vía laborista (mucho menos a Tony Blair que a Gordon Brown) no les ha preocupado tanto las mermas al Tesoro británico como el hecho de que los inversores y especuladores de la City se sintieran cómodos pudiendo trasladar los beneficios que obtuvieran en el principal centro financiero europeo a cualquiera de las citadas islas donde la tasa del impuesto de sociedades se sitúa en el cero por ciento, o a Dublín -donde Apple paga el 0,005% que es como si pagara el cero), o a Amsterdam. Lo más grave es que los Estados miembros de la UE que practican el dumping fiscal, no sólo promueven la elusión fiscal sino también los delitos conexos con la elusión, como son entre otros el blanqueo de capitales.
Las notas a pie de página del artículo enlazan con artículos de referencia sobre el tema que contienen mucha y muy valiosa información. Sus fuentes beben en las bases de datos del FMI y la OCDE que son las que tienen, sin duda, más y mejor información sobre el tema. Algunos de quienes escriben son o han sido funcionarios de estas instituciones internacionales y escriben en la revista del FMI, F&D. Es decir, son fiables. Lo que me ha producido la lectura de estos y muchos otros documentos, en el proceso de elaboración del Dictamen del CESE (Comité Económico y Social Europeo, "Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales" (mañana se podrá enlazar con el mismo en la 2ª parte del artículo), del que he sido ponente, es indignación. Es inaceptable que no sólo no se actúe con mucha mayor contundencia y eficacia contra la elusión fiscal sino que a los responsables políticos de que se practique se les olviden las conexiones entre la elusión y los demás delitos fiscales y económicos, en particular con el lavado de dinero en cuyas rutas empresas transnacionales, grandes fortunas y políticos corruptos transitan junto con la peor y más sanguinaria criminalidad del planeta.
Y si es intolerable en cualquier circunstancia lo es algo más, tal vez, en tiempos de la pandemia del coronavirus que está asolando el planeta.

Se puede acceder al artículo en Público a través de este enlace:

https://blogs.publico.es/dominiopublico/34814/la-lucha-contra-los-delitos-fiscales-y-la-elusion-fiscal-en-la-ue-una-prioridad-en-tiempos-de-pandemia-i/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

Público


La lucha contra los delitos fiscales y la elusión fiscal en la UE: una prioridad en tiempos de pandemia (I)

JAVIER DOZ

Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO



La pandemia del coronavirus, su impacto económico y social, y la lucha que contra ella mantienen, con desigual fortuna, gobiernos, instituciones y sociedades, acaparan de un modo casi absoluto la atención de la opinión pública española e internacional. Apenas queda espacio para otras cuestiones como la del grave problema que, desde hace décadas, drena significativamente los recursos públicos, hoy más necesarios que nunca para combatir la pandemia y salir de la recesión económica con el menor deterioro social posible. Me refiero a la criminalidad fiscal y económica, cuyo volumen ha alcanzado una dimensión macroeconómica, y que es un fenómeno en auge que ha cobrado nuevo vigor con las transformaciones que la revolución digital está introduciendo en los flujos financieros, la economía y la sociedad.

Las medidas emprendidas contra los delitos económicos y fiscales -entrelazados en muchos casos- por una parte de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas e internacionales no están surtiendo el efecto deseado. Están siendo ineficaces o insuficientes por los obstáculos que encuentra su aplicación práctica. Según los estudios académicos más solventes, que emplean las bases de datos de las instituciones internacionales de referencia en el tema (FMI y OCDE), el volumen de los flujos financieros que mueve el fraude fiscal, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal está creciendo.

La pandemia no parece haber limitado una actividad delictiva en la que convergen, con implicación directa o indirecta diversos actores: grandes fortunas, empresas multinacionales (EMN), instituciones financieras, políticos y empresarios corruptos, gobiernos dictatoriales o autoritarios, funcionarios de los mismos, organizaciones de la economía criminal, entre ellas las más sanguinarias mafias del tráfico de drogas, armas o personas, paraísos fiscales clásicos o Estados de la UE con gobiernos tolerantes o interesados.

Según el FMI (2019)[1], la evasión fiscal cuesta a los gobiernos unos 2,56 B€[2] al año. El Parlamento Europeo (PE) calcula que, en la UE, la cifra alcanzó los 825.000 M€ (2019). Según el FMI (2019), la riqueza privada en los centros financieros off-shore (paraísos fiscales) está comprendida entre 5,96 y 7,41 B€ (del 8% al 10% del PIB mundial). Según la ONU (2020)[3], el dinero lavado está comprendido entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Es en esta figura delictiva, clave para la canalización de los recursos provenientes de otros ilícitos (fiscales, corrupción, los de la economía criminal) y en la elusión fiscal, donde la complicidad, connivencia o tolerancia de las instituciones financieras y de algunos gobiernos resulta clave.

Los últimos escándalos de grandes bancos en el blanqueo de capitales

El último dossier hecho público por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), responsable de investigaciones tan importantes como los Panama Papers (2016) y los Paradise Papers (2017), es el de los FinCEn files (septiembre 2020). El protagonista de los mismos es el principal banco privado alemán, el Deutsche Bank, merecedor de una larga lista de sanciones por prácticas poco escrupulosas o simplemente delictivas. La investigación se refiere a unas operaciones de blanqueo de unos 11.000 M$, desde su oficina en Moscú, por los que ya tuvo que pagar una multa de 258 M$ al Tesoro de los EE UU en 2015. Lo nuevo de los archivos de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN)[4] del Tesoro de los EE UU, es el desvelamiento de los procedimientos  utilizados por oligarcas, mafiosos y responsables del Deustche en Moscú para lavar dinero mediante "operaciones espejo" (vender acciones en Moscú y volverlas a comprar en la City londinense), y de los implicados. El banco, después de pagar la multa, siguió transfiriendo dinero a las personas y empresas sospechosas. Christian Sewing, el responsable del Departamento de Auditoría que hizo un informe muy favorable sobre la Oficina de Moscú en la época en la que sucedieron los hechos, fue nombrado CEO de la entidad tras la reestructuración posterior al estallido del escándalo. El presidente, Paul Achleitner, sigue en su puesto hasta el día de hoy.

En la resolución del Parlamento Europeo (PE), de marzo de 2019[5], figuran otros importantes casos de lavado protagonizados por bancos europeos. El protagonizado por el mayor Banco de Dinamarca, el Danske Bank, estalló en 2018 y por su volumen descomunal, 200.000 M€, se ha convertido en el mayor conocido hasta el momento en el mundo. Se realizó a través de la sucursal del Danske en Tallín y de 15.000 cuentas de extranjeros no residentes en Estonia. En una parte de las operaciones detectadas participaron gigantes bancarios como J.P. Morgan, Bank of America y, de nuevo, Deutsche Bank. En la investigación que continúa no parece que ninguno de sus directivos vaya a verse afectado. Otro implicado, el mayor grupo bancario de los países nórdicos y bálticos, el Swedbank, cuya oficina en Tallín lavó 3.700 M€; ha visto la dimisión de su presidente.

El blanqueo de capitales, conectado a tramas de corrupción política y económica mafiosas, estuvo en la raíz de dos asesinatos de periodistas en Malta y Eslovaquia. Daphne Caruana Galizia, uno de los miembros más destacados del ICIJ, fue asesinada en octubre de 2017,. Jan Kuciak lo fue, junto a su novia, en Bratislava, en febrero de 2018. Los dos investigaban flujos de dinero negro que conectaban a uno de los mayores empresarios de Malta y a la sección eslovaca de la mafia calabresa, la Ndrangheta, con  miembros de los respectivos gobiernos. Los primeros ministros, Joseph Muscat y Robert Fico, ante la movilización de unas poblaciones indignadas, tuvieron que asumir sus responsabilidades políticas y acabaron dimitiendo, pero parecen haberse librado de las responsabilidades penales de las que había algunos inquietantes indicios.

Elusión y blanqueo: la connivencia de algunos gobiernos

En un paisaje menos dramático, pero más normalizado y extendido, se sitúa la connivencia de algunos gobiernos de la UE con los responsables de grandes operaciones de elusión fiscal, las  EMN, en particular las de la economía digital y muy notablemente las cinco grandes tecoológicas norteamericanas -Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook-, así como con empresas patrimoniales mercantilizadas de los poseedores de grandes fortunas.

Aunque la elusión fiscal no implique necesariamente un incumplimiento de la letra de la ley, sí supone siempre una violación de su espíritu. El artículo más actual sobre el tema (Torslow, Wier y Zucman, 2020) [6] nos muestra que los paraísos fiscales reciben alrededor de 600.000 M€ al año procedentes de la elusión fiscal de las empresas. Desde 21 Estados de la UE (incluido el Reino Unido) se trasladan a los paraísos fiscales beneficios empresariales por valor de 247.000 M€ anuales. Llama la atención que 205.000 M€ de ellos van a otros seis países de la UE: Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Chipre y Malta, produciendo una pérdida de ingresos fiscales de 50.000 M€ en los 21. Es decir, los más dañinos paraísos fiscales, en relación con la elusión fiscal, para la mayoría de los Estados europeos son seis miembros de la UE que, por eso mismo, no pueden entrar en su lista negra.

La práctica de la elusión fiscal va unida en muchas ocasiones a otros delitos como el blanqueo de capitales. Así lo indican las evaluaciones de la CE sobre el cumplimiento de las directivas 4ª (2015) y 5ª (2018) contra el lavado de dinero  y la financiación del terrorismo. El alcance de la implicación de los paraísos fiscales europeos en estos delitos y malas prácticas se expuso en dos artículos publicados en la revista del FMI, Finance and Development, (2019)[7]. En ellos se calcula que el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial va a parar a empresas fantasma (shell companies), sin actividad económica alguna. En total 15 B$ de flujos financieros procedentes de la elusión fiscal, la evasión fiscal y el lavado de dinero. El 85% de esa cantidad va a parar a 12 países o jurisdicciones. Seis de ellos son europeos: cinco miembros de la UE -Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta y Chipre- y Suiza; y tres son territorios con autonomía fiscal dependientes del Reino Unido: Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas[8]. El 50% del total, 7,5 B$ se transfieren a empresas fantasmas radicadas en Luxemburgo (4 B$, 55 veces su PIB) y los Países Bajos (3,5 billones, 4,32 veces su PIB).

Esta situación es insostenible. No se pueden mantener por más tiempo unas prácticas y unas políticas tan radicalmente incompatibles con los principios y valores de la UE, máxime cuando la COVID-19 está asolando Europa y el mundo.

NOTAS

[2] B€: billones ("trillions" en inglés) de euros. Más adelante: B$: billones de dólares.
[6] Torslow, Wier y Zucman, 22/04/2020: The Missing Profits of Nations
[8] Los otros tres son Hong Kong SAR, Singapur e Isla Mauricio.


sábado, 22 de agosto de 2020

El Gobierno de España no puede ponerse en segundo plano en la lucha contra la pandemia

Un artículo de El País, del 22 de agosto de 2020, titulado "El Gobierno traslada a las autonomías toda la presión política frente a la pandemiaEl Ejecutivo desiste de las reformas legales anunciadas como alternativa al estado de alarma", me lleva a realizar la siguiente reflexión.

Es gravísimo que un juego político degradado y la irresponsabilidad de todo el arco parlamentario -la del PP, VOX y los independentistas en primer término- esté llevando a una tan desastrosa gestión de la lucha contra la pandemia de la Covid-19 como la que estamos padeciendo desde el precipitado fin del estado de alarma.

Como desde el sectarismo y el oportunismo más extremo tanto la oposición de derechas (PP y VOX) como los nacionalistas e independentistas periféricos exigieron al Gobierno de España que pusiera fin al estado de alarma y que fueran las comunidades autónomas quienes gestionasen la lucha contra el coronavirus, ahora el Gobierno de España se desentiende de establecer una dirección de la misma para todo el Estado, cuando esto es absolutamente necesario en cualquier circunstancia y máxime cuando las cifras de la pandemia muestran que estamos ante un repunte muy grave, se llame o no segunda ola.

El desconfinamiento se hizo sin que las administraciones sanitarias estuvieran suficientemente preparadas, sin que hubiera ni de lejos el número requerido de rastreadores ni unos servicios de atención sanitaria primaria reforzados en la mayoría de las comunidades autónomas. Entre otras cosas porque no hubo ni una norma estatal que estableciera los requisitos mínimos que tenían que cumplirse ni un plan de mejora urgente del sistema sanitario que podría haber sido financiado con fondos de la UE, por el Mecanismo de Estabilidad (MEDE) en particular. Tampoco hay una app útil para rastrear los contactos ni la habrá, al menos hasta septiembre si es que la hay, porque su puesta en funcionamiento práctico depende de cada una de las 17 comunidades autónomas.

A pesar del incremento del número de contagios que ha colocado a España a la cabeza de Europa en casos por 100.000 habitantes, con una curva de crecimiento alarmante, los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas no se han vuelto a reunir en el Consejo Interterritorial desde el fin del estado de alarma. Los consejeros de educación tienen previsto hacerlo por primera vez a finales de agosto, con el comienzo del curso escolar a las puertas y tras haberse filtrado, desde fuentes del Ministerio de Educación, que no es su intención establecer unas normas estatales comunes, educativas y sanitarias, para el curso escolar ni siquiera un protocolo marco que luego fuese aplicado con la flexibilidad debida en cada comunidad autónoma. De la financiación de un Plan estatal de reforzamiento de las plantillas de personal docente y de administración y servicios ni se oye hablar.

Conviene recordar aquí que en Italia se van a contratar a 180.000 docentes nuevos. En el campo de la educación como en el de las políticas sanitarias y de salud pública Italia está funcionando como una nación que tiene un Estado mucho más eficaz que el nuestro y les está yendo mucho mejor a pesar de la extensión y gravedad que tuvo el inicio de la pandemia en su territorio.

Es inaceptable la dejación de responsabilidades que está manifestando el Gobierno de Pedro Sánchez para dirigir la gestión de la pandemia en todo el territorio español, por más que estén justificadas todas las críticas al PP y a VOX y a los nacionalistas, tanto por la gestión que realizan en muchas de las comunidades autónomas que gobiernan -empezando por el ejemplo máximo de mala gestión: el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid- como por la duplicidad e hipocresía de sus cambiantes discursos. No puede ser que por mor del nefasto juego político en torno a la pandemia que estamos padeciendo, la salud y el empleo de los españoles y la economía de nuestro país se conviertan en factores secundarios porque nadie quiera asumir algo tan obvio como la necesidad de una política común para toda España para enfrentarse a la pandemia.

No estoy defendiendo una recentralización de las competencias ni mucho menos. Es más, la gestión de la pandemia hubiese sido una oportunidad ideal para el rodaje y el reforzamiento de los mecanismos de gobierno común de la administración central del Estado con las administraciones de las comunidades autónomas. Una oportunidad para perfeccionar un modelo de tipo federal, o federalizante, basado en la coordinación estrecha, en la adopción de decisiones comunes, en la corresponsabilización de todas las administraciones en la aplicación de las mismas y en el respeto a las competencias autonómicas. Es decir autonomía sí pero con integración y cogobernanza.

Todavía se está a tiempo para rectificar. Hay que rectificar. Estoy convencido que la gran mayoría de los españoles desearían que se hiciera en el sentido de lo que estoy proponiendo. Y que se pusiera fin de una vez a ese tipo de lucha política que hemos padecido hasta el momento, basada en el sectarismo y el oportunismo. No soy demasiado optimista pero no me cansaré de decir esto que digo.

miércoles, 5 de agosto de 2020

Financiemos con el MEDE un Plan urgente de mejora del sistema sanitario público y de las políticas preventivas de salud pública

Artículo publicado en Nueva Tribuna el 5 de agosto de 2020

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/financiemos-mede-planurgente-sistemasanitariopublico-politicaspreventivas-saludpublica-economia-ue-go

Foto: Fernando Calvo | Moncloa


Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 4 de agosto, a preguntas de un periodista, descartó prácticamente la idea de pedir dinero prestado al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). Lo despachó diciendo que los préstamos del MEDE sólo se puede pedir para gastos sanitarios y que no hacía falta, después de recordar que sí se va a pedir dinero al SURE (siglas en inglés del programa denominado "Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia"), unos 20.000 millones de euros, para la financiación de los ERTE y subrayar que, a pesar de lo que diga la oposición, "eso no es un rescate". Creo que es un error no pedir dinero prestado al MEDE. Y que el error viene motivado por evitar las críticas de la oposición que diría, falsamente como en tantas otras cuestiones, que España estaría siendo "rescatada".

Los motivos por los que creo que es un error no acudir al MEDE son:

1. Se obtendría una financiación más barata que la que proporcionan los mercados de deuda, aún siendo el tipo de interés del bono español a diez años en el día de hoy del 0,28%. El MEDE, que está deseoso de que le pidan prestado, ha calculado que si España pidiera la totalidad de la cantidad a la que podría aspirar, unos 24.000 millones de euros (el 2% del PIB español) el ahorro sería de unos 1.300 millones respecto a la financiación obtenida en los mercados de deuda pública. Y lo más importante: como el MEDE consigue financiación a tipos negativos, la trasladaría a los préstamos a los Estados miembros de la UE que lo solicitaran. Contando con la pequeña comisión de apertura y la comisión anual y un tipo de interés del 0,1%, el MEDE, por financiarse a tipo claramente negativos, puede conceder los préstamos a tipos de interés también negativos, comprendidos entre el -0,12% y el -0,26%, según los plazos de devolución. Es decir, no conllevarían carga financiera alguna y habría que devolver un poquito menos de lo que se pide prestado.

Al Gobierno de España le diría que pidiese al MEDE lo que sea necesario para financiar tanto los gastos de inversión como los gastos corrientes de un Plan ambicioso

2. Es la única financiación de la UE que puede recibirse ya en 2020, en cuanto se cumplan con los trámites de solicitud y concesión. La decisión la adoptarían el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores del MEDE. Este último está formado por los ministros de finanzas de la zona euro y está presidido por el presidente del Eurogrupo. Los préstamos y subvenciones del Plan de Recuperación Nueva Generación UE (PRNG UE), los famosos 140.000 millones que le corresponden a España, no comenzarán a llegar a las arcas de nuestro Tesoro hasta el segundo semestre de 2021 y su recepción se prolongará hasta 2026. Comienzo tardío y plazo demasiado extenso para contribuir bien a una recuperación rápida de las economías europeas más dañadas por la brutal recesión causada por la pandemia de la Covid-19. Para acceder a las subvenciones y préstamos del PRNG hay que elaborar y presentar primero el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia e insertarlo en los Presupuestos Generales de Estado para 2021 y años siguientes. Y lógicamente, que ambos instrumentos sean aprobados, el primero por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y ambos por el Parlamento de España. Como muy pronto, en diciembre de 2020.

3. Pedro Sánchez ha cometido, a mi juicio, un error diciendo que no son necesarios para financiar los gastos sanitarios derivados de la pandemia. Por un lado están las necesidades más inmediatas que estamos viendo que no cubren las Comunidades Autónomas. Las más urgentes, las de incremento de las plantillas de profesionales sanitarios en la asistencia primaria y las derivadas de la formación de equipos de rastreadores debidamente formados. Por cierto, creo que hay que decir que es una grave irresponsabilidad política la que están demostrando los gobierno de algunas Comunidades autónomas, en particular los de Cataluña y Madrid, por no poner todos los medios necesarios para rastrear, aislar y eliminar los focos de contagio. Se sabía lo que había que hacer y no se ha hecho; y ahora asistimos a un repunte inquietante de la curva de contagios de la pandemia que ya, por lo pronto, ha acabado por arruinar las expectativas del sector  turístico en este verano. En Madrid y en Cataluña se han tenido sólo un rastreador por 47.000 o 37.000 habitantes, cuando había que haber tenido uno por cada 5.000, al menos (Alemania tiene uno por 3.000). También me parece criticable la relativa pasividad del Gobierno de España por no intervenir con unas directrices claras al respecto y con las ayudas económicas que las comunidades autónomas necesitasen.

4. Por supuesto que haría falta una financiación europea para un Plan de medidas urgentes de mejora del sistema sanitario público y de las políticas de salud pública para prevenir la pandemia de la Covid-19. Porque a las necesidades más urgentes de la atención primaria y de los grupos de rastreadores que he comentado, hay que añadir la mejora general de la infraestructura, los equipamientos, las plantillas y los suministros que necesitan las redes hospitalarias públicas de las comunidades autónomas. Éstas todavía no se han recuperado de los indeseables recortes que sufrieron por la aplicación de la nefasta política de austeridad extrema impuesta por los responsables políticos de de la UE para hacer frente equivocadamente a la Gran Recesión. Recortes que comenzó a aplicar el Gobierno de Zapatero y culminó con gran profundidad el de Mariano Rajoy. A esto habría que añadir las medidas sociales de prevención de la pandemia que van desde la realización masiva de test, a las que se deberían realizarse en todos los aeropuertos, o las que habría que aplicar en los centros de enseñanza para garantizar la educación presencial con distancia social.

5. Los préstamos de la línea de crédito del MEDE contra la pandemia del coronavirus (240.000 millones) pueden financiar los gastos sanitarios "directos e indirectos ligados a la pandemia". No están sometidos a la firma de ningún memorando de condiciones ni a ningún tipo de condición específica para un país. Sólo a las generales de sostenibilidad financiera a largo plazo, pero en un momento en que está vigente, y seguirá estando casi seguro hasta 2022, la cláusula general de suspensión de las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Después habrá que hacer frente a la creación de las condiciones fiscales que permitan reducir la deuda y el déficit, sin que los préstamos del MEDE supongan una gravosa carga financiera para ello.

6. La financiación de un Plan de medidas urgentes de mejora del sistema sanitario público y de las políticas de salud pública es, tal vez, la principal urgencia de los planes de recuperación y reconstrucción. No puede esperar al segundo semestre de 2021. Al Gobierno de España le diría que pidiese al MEDE lo que sea necesario para financiar tanto los gastos de inversión como los gastos corrientes de un Plan ambicioso. Y que reserve las ayudas, en primer lugar, y los créditos si son necesarios del PRNG para todos los demás proyectos de reconstrucción económica y social. Y que, si es posible, se coordine con Italia y otros países para hacerlo, y que, en todo caso no tema lo que vayan a decir el PP y Vox. Lo dirán en cualquier caso, y en éste sus argumentos son fácilmente desmontables. Y si los mercados de la deuda se ponen algo nerviosos y presionan al alza nuestra prima de riesgo, ya se encargará el BCE, creo que podemos confiar en ello, de hacerla bajar.

Reconstrucción y presupuestos: UE y España


Artículo publicado en Espacio Público, sección de debate del diario digital Público, el 16 de julio de 2020.  

https://espacio-publico.com/un-debate-cargado-de-presente-y-de-futuro/comment-page-1#comment-6978


Javier Doz   

Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO


Los próximos días 17 y 18 de julio se va a celebrar una cumbre del Consejo Europeo muy importante para conocer el alcance de la implicación de la UE en la recuperación de las economías y las sociedades europeas de la peor crisis de su historia y, también, para calibrar el futuro de la propia Unión. La cumbre debería aprobar, ya con retaso, el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 e, insertado en el mismo, la propuesta de la Comisión Europea de Plan de Recuperación “Nueva Generación UE” (NGUE).

En el momento de escribir estas líneas, no parece que las concesiones que el Presidente del Consejo, Charles Michel, ha hecho a los “cuatro frugales” en su propuesta, ni las peregrinaciones de los primeros ministros de los países del Sur a La Haya para entrevistarse con Mark Rutte, hayan modificado la intransigencia del líder de ese grupo de países. Las diferencias afectan a la cuantía global, a las subvenciones y al reparto por países. Sus heterogéneas coaliciones de gobierno, lideradas en Holanda y Austria por partidos de la derecha liberal y en Dinamarca y Suecia por partidos socialdemócratas, se caracterizan por su oposición a una mayor integración europea y al cultivo de un nacionalismo que quiere sólo las ventajas del mercado único y ninguna de sus obligaciones.

Acaban de obtener una victoria importante al colocar como presidente del Eurogrupo, frente a Nadia Calviño, a Paschal Donohoe, Ministro de finanzas de Irlanda, país que junto a Holanda y Luxemburgo forma un grupo muy informal pero repleto de canales financieros subterráneos, el grupo de los tres mayores paraísos fiscales en suelo de la UE. Sólo la capacidad de presión de Alemania y Francia, si se deciden a utilizar todas sus armas, podría alejar esta cumbre del fracaso o de unas malas conclusiones.

Mientras, en España, la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica terminó, el 3 de julio, sus trabajos logrando sus conclusiones el apoyo de sólo el PSOE, UP y Cs pero no de nacionalistas e independentistas ni del PP, y el rechazo frontal de Vox. Pero la aplicación de sus principales conclusiones está condicionada, sean cual sean los textos finales y los votos del Pleno del Congreso del 22 de julio, a la aprobación del MFP 2021-2027 y del NGUE de la UE. Y, por supuesto, a que el Gobierno tenga una mayoría parlamentaria que permita abandonar los remendados presupuestos de Montoro de 2018, inservibles para insertar en ellos los programas y proyectos que pueden ser financiados con los fondos europeos.

Porque nuestro Plan de Reconstrucción depende del NGUE y de los presupuestos europeos, de que nos lleguen los 140.446 M€ (77.324 de subvenciones y 63.122 de créditos), estimados en base a la propuesta de la CE o los que finalmente nos toquen, según se le permita hacer a Rutte y la nueva “banda de los cuatro”. Baste recordar que, según las Previsiones de Primavera de la CE, España pasará de tener una deuda pública del 95,5% del PIB en 2019 a otra del 115,6% a finales de 2020.

Crisis de la pandemia y Gran recesión: diferentes respuestas

Hay que constatar una diferencia muy importante con lo sucedido en la Gran Recesión iniciada en 2008. Entonces, tras un periodo en el que se dejó arrastrar a regañadientes por las medidas keynesianas adoptadas por las cumbres del G20, haciendo muy poco y casi nada solidariamente, la UE se embarcó, a partir de mayo de 2010, en las políticas de austeridad extrema que hicieran recaer en la recesión a numerosos países además de producir deterioro laboral y social y divergencia entre los Estados de la UE. Le acompañó la política monetaria del BCE de Trichet que no tuvo empacho en volver a subir dos veces los tipos de interés en 2011 como ya lo había hecho en 2008. Algunas de las consecuencias sociales de aquella muy equivocada política y de sus recortes en los servicios públicos fundamentales, aplicada sin alternativas por el Gobierno de Zapatero y con convicción por el de Rajoy, las seguimos sufriendo hoy, como los que han debilitado al Sistema Público de Salud, esencial frente a la pandemia de la Covid-19.

Ahora, sin embargo, la CE ha reaccionado en un sentido contrario y con celeridad. Tras reunir 38.000 M€ de remanentes de los presupuestos vigentes para atender a la emergencia sanitaria[1], aplicó, el 13 de marzo, la cláusula de suspensión general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (de sus techos de déficit y deuda) y diseñó un primer Plan de 540.000 M€ de préstamos blandos[2]. El 28 de mayo se hizo pública la propuesta de Plan de Recuperación de 750.000 M€: 500.000 M€ en transferencias directas y 250.000 M€ en créditos.

El reparto entre los países miembros se quiere hacer según las necesidades derivadas de la situación económica, social y sanitaria. Su objetivo general se define así: “Una recuperación colectiva y cohesionada que acelere la doble transición ecológica y digital no hará sino fortalecer la competitividad de Europa, su resiliencia y su posición como actor mundial. Es por ello que la solidaridad, la cohesión y la convergencia deben macar la recuperación de Europa”.

Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuanto proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil.

Estas son las condiciones. No se van a recibir subvenciones a fondo perdido ni créditos para financiar el déficit presupuestario sin más. El Plan de la UE financiará proyectos coherentes con sus objetivos. Las condiciones no son las que el PP, torpemente, ha insinuado: que no se toque la reforma laboral o que no haya una reforma fiscal progresiva.

Por fin, deuda europea

Pero el mayor avance lo supone la financiación del Plan. El gobierno alemán, tal vez porque no había otro remedio, ha aceptado finalmente que se haga con deuda europea. Se ha traspasado una de las principales líneas rojas de las últimas décadas. Los 750.000 M€ se devolverían a partir de 2028 (de 2026 en la propuesta de Michel) con nuevos recurso propios de la UE.

Se podría decir que la magnitud de la crisis económica requeriría un plan más ambicioso. El PE había propuesto llegar a los dos billones de euros. Pero, además de subrayar el exceso de la parte de los créditos -790.000 M€, contando el plan del 28 de mayo-, la crítica más importante es la tardanza en su implementación. Los recursos se necesitan ya, para evitar una destrucción importante del tejido productivo. Sólo se podrían anticipar a 2020 los 31.000 M€ del Instrumento de Ayuda a la Solvencia[3]. El encaje de NGUE en el MFP 2021-2027 prevé gastar el 70% del mismo entre 2021 y 2022, y el 30% restante en 2023. En comparación, la mayor parte del primer plan de estímulos fiscales del Gobierno federal de los EEUU, dotado con 2,1 billones de dólares, está ya gastado.

Política monetaria: Lagarde en la senda de Dragui

El BCE, presidido por Christine Lagarde sigue la política monetaria expansiva que impulsó Mario Dragui, a partir de 2012, con lo cual se podría alcanzar lo que el italiano reclamó en vano durante muchos años: la conjunción de políticas monetarias y fiscales del mismo signo expansivo; aunque la lentitud de la respuesta fiscal les va a hacer perder eficacia. Incluso es más contundente, porque el BCE va a comprar, hasta finales de 2020, deuda pública y privada por un valor total de 1,71 billones de euros, de los cuales 1,35 B€ en función de las necesidades financieras nacionales. Al mismo tiempo, seguirá proporcionando liquidez ilimitada a los bancos, con tipos de interés negativos tanto para sus depósitos en el BCE como para concederles créditos para que presten[4].

Presupuestos plurianuales 2021-2027

Respecto a los próximos presupuestos plurianuales de la UE, en los que se inserta NGUE, hay que ser muy críticos y decir que las cosas están yendo a peor y así pueden seguir, aunque entre 2021 y 2023 quedará compensado por el impacto del NGUE. Se partió de una propuesta inicial regresiva, formulada por la CE en mayo de 2018, con ingresos y gastos globales de 1.134.583 M€[5]. Comparado homogéneamente con el MFP 2014-2020 (sin el Reino Unido) significaba pasar del 1,16% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27 al 1,11%, sacrificando las políticas de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Con ello se continuaba con una línea descendente del gasto en relación con la RNB, iniciada a finales del Siglo XX. Tanto el PE como el CESE, rechazaron esta propuesta y pidieron que el MFP 2021-2027 aumentara un 12%, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB.

En la propuesta que la CE realizó el 27 de mayo, junto a la del NGUE, el monto global se reducía a 1,1 B€ y en la de compromiso de Michel a 1,074 B€. O sea, que una vez consumido el NGUE, en 2023, los presupuestos serían los de una Unión muy disminuida.

Tabla Javier Doz

Pero la propuesta del Presidente del Consejo contiene otras concesiones criticables. La principal, el mantenimiento de los “cheques” que, a rebufo del aireado “cheque británico” que arrancó Margaret Tatcher, consiguieron los países que más contribuyen por ser más ricos. Cinco países, Alemania y casualmente los “cuatro frugales”, dejarán de aportar, en los próximos siete años, 45.353 M€ de lo que les correspondería en función de su riqueza y población[6]. Tras el Brexit hubiera sido lógico el fin de los “cheques británicos”, pero no. Y la más peligrosa, la de que los planes nacionales de recuperación que deberá elaborar cada Estado miembro para recibir los fondos, sean aprobados por el Consejo, a propuesta de la CE. En lugar de sólo por la Comisión y supervisados en el marco del Semestre Europeo. Aunque el procedimiento de aprobación será por mayoría cualificada, un Rutte crecido está pretendiendo, nada menos, que se haga por unanimidad para ostentar un derecho de veto.

Algunas conclusiones y sinergias

A la espera de conocer los resultados de la próxima cumbre, si ésta o las siguientes no desfiguran en exceso el contenido de NGUE y España puede recibir una cantidad más o menos equivalente a la que le correspondía en los cálculos iniciales de la Comisión, ésta representaría una importante y necesaria ayuda para la reactivación de la economía española. Debería llevar aparejado el asentamiento de las bases de un cambio de modelo productivo que nos lleve a una economía sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como social. El reto de la neutralidad climática en 2050 es enormemente ambicioso.

Tiene que venir acompañado de otros retos igualmente importantes como: el fortalecimiento del tejido industrial a través de políticas industriales nacionales y europeas con producción energética y transportes limpios, el del empleo de calidad, el dar un salto real en nuestro sistema de I+D+i y en la conexión entre un sistema educativo de mayor calidad y el tejido productivo, el de la mejora de la calidad y las capacidades de los servicios públicos, empezando por el de salud, o el de unas políticas sociales y de cuidados más avanzadas que sepan extraer todas las lecciones de la trágica pandemia. El desarrollo de los contenidos del Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, recientemente suscrito entre CCOO, UGT, CEOE/CEPYME y el Gobierno debería ayudar a definir una parte de los contenidos del cambio de modelo y a construir sinergias que articulen las políticas presupuestarias europeas y españolas en los próximos años.

Notas:

[1] De ellos, 4.145 M€ le corresponden a España.

[2] El Plan, presentado el 23 de abril por la CE ha entrado en vigor en junio, tiene tres secciones: a las finanzas públicas de los Estados, a través del MEDE, por valor de 240.000 M€ (España podría recibir, en las dos líneas establecidas, hasta 35.000 M€ en créditos); a las empresas, a través del BEI, por valor de 200.000 M€; SURE para financiar los ERTES y equivalentes, por valor de 100.000 M€.

[3] Con este dinero se pretende aumentar las garantía crediticia hasta 66.000 M€ para que el BEI conceda una línea de crédito de hasta 300.000 M€

[4] La “facilidad de depósito” está en el -0,50% y la de “crédito” (a un día) en el -0,25%, mientras que para que los bancos puedan prestar a largo plazo, las TLTRO (Targeted Longer-term Recinancing Operations) tienen tipos entre -0,50% y -1,0% y para respaldar su liquidez o para que compren deuda, a través de las PELTRO (Pandemic Emergency Long-term Refinancing Operations) los bancos pueden obtener créditos al -0,25%.

[5] Las cifras se expresan en euros constantes de 2018, aunque correspondan a un período posterior de siete años.

[6] El monto total de los cheques, expresado en euros de 2020, se distribuye así: Alemania, 25.697 M€; Holanda, 11.032 M€; Suecia, 5.586 M€; Austria, 1659 M€ y Dinamarca, 1.379 M€.

martes, 7 de julio de 2020

La "gripecinha" de Bolsonaro

Jair Bolsonaro el presidente de Brasil, ha dado positivo en el test de coronavirus

¿A cuantos brasileños a quienes dió la mano, habló pegado a sus rostros sin mascarilla, abrazó, se juntó, para decirles que no tenían que preocuparse que "no era más que una gripecinha" habrá contagiado este político canalla? 

Cuando al día de hoy Brasil declara oficialmente 1.623.284 contagiados y 65.487 fallecidos por la Covid-19, que serán seguramente muchos más, lo menos que se merece es pasarlo mal por la enfermedad. Y lo menos que debería hacer es dimitir. 

Bolsonaro y su gemelo político del Norte, Donald Trump, son los ejemplos máximos del modo de gobernar de la extrema derecha de nuestros días, cortados por similares patrones de nacionalismo populista, autoritarismo, ignorancia, zafiedad y desprecio a la ciencia y la inteligencia. Los resultados de su gestión de la pandemia del coronavirus han llevado a los EE UU y Brasil a encabezar el ránking mundial de los afectados por la pandemia. 

Produce, eso sí, una profunda desazón pensar como no ocultando sus "cualidades" en las campañas electorales que les llevaron a la presidencia de sus países pudo votarles tantqa gente.

jueves, 16 de abril de 2020

La hipocresía y el cinismo extremos del Gobierno de Holanda
Comentario del artículo de Joaquín Arriola, profesor de economía aplicada de la UPV/EHU
Publicado en Noticias de Guipuzkoa: https://bit.ly/2VwqGeF

Muy interesante artículo de Joaquín Arriola, compañero de fatigas en los orígenes del sindicalismo de clase en la enseñanza. Deshace uno de los mitos de los ideólogos del ordoliberalismo y de la ahorradora Europa del Centro y del Norte. Holanda tiene más deuda pública y privada que España o Italia. Ha transferido buena parte de su deuda pública a deuda privada. Por ejemplo, privatizando la mayoría de su sistema de pensiones.

El examen de los diferenciales de la deuda pública de los países europeos ayuda a comprender la razón principal de la oposición radical de Holanda a los eurobonos: sus fondos de pensiones y de inversión quieren seguir comprando bonos de deuda pública italianos, españoles, portugueses y griegos, porque son seguros, al ser respaldados por el BCE, y pagan tipos de interés positivos. Son rentables y cuanto más paguemos las naciones del Sur más rentables serán. Los bonos alemanes, holandeses, danese o suecos se emiten con tipos de interés negativos. Con ellos se pierde dinero de entrada. Y si los planes de la UE contra la pandemia y por la reconstrucción de las economías europeas se pagasen con eurobonos, esta deuda tendría un tipo de interés en torno al cero por ciento. Mientra que al día de hoy (16/04/2020) comprar bonos de los Estados del Sur de la UE significa recibir un tipo de interés del 2,09% (Grecia), 1,82% (Italia), 0,94% (Portugal) y 0,81% (España). Y con la garantía del BCE. Excepto los bonos de deuda de los EE UU no hay nada en los mercados que combine tata seguridad y rentabilidad.

Por eso, por puro egoísmo nacionalista quieren los holandeses (respaldados por Alemania y otros) que no haya coronabonos. Para que los contribuyentes de los países del Sur les sigamos haciendo rentables sus fondos de pensiones y de inversión. Y pretenden, además, seguir siendo el principal paraísos fiscal europeo que drena miles de millones de euros cada año a los tesoros públicos de los países europeos (unos 1.800 millones de euros al año al español, según OXFAM) y poder seguir bloqueando, con su veto en el Consejo, todas las iniciativas de la Comisión Europea para poner algún freno a esta inadmisible competencia fiscal desleal que practican. 

Y, por si esto no bastara, mantienen un sistemático superávit excesivo de su balanza por cuanta corriente (mercancías, servicios y capital), con unas cifras descomunales de entre el 10% y el 12,5% del PIB al año, sin que se les haya reclamado nunca el reducirlo como exigiría el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alimentado por los flujos de capital que acuden a las decenas de miles de empresas fantasma ("phantom companies" o "shell companies") sin actividad económica alguna, radicadas en Holanda, para canalizar los flujos de capital procedentes de la elusión fiscal y de la evasión fiscal que sufrimos los países del Sur de Europa entre otros. Según se ha publicado en la revista del FMI "Finance and Development" (junio de 2018 y septiembre de 2019) por las empresas fantasma con sede en Holanda pasan 3,5 billones de dólares -casi tres veces el PIB de Holanda) del total de 15 billones que suponen los flujos de Inversión Extranjera Directa (el 40% del total mundial de la misma) que no son tales sino flujos procedentes de la elusión fiscal, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Y a pesar de los bien documentados hechos que acabo de resumir apresuradamente y que implican una inaceptable o ilegítima, cuando no ilegal, suma de situaciones y actuaciones que suponen que por diferentes vías se está produciendo una importante transferencia de recursos de los países del Sur hacia los países del Centro y del Norte, y muy especialmente a Holanda, tenemos que aguantar que su ministro de finanzas, el inefable Wopke Hoekstra, nos critique con un tono de insoportable moralina calvinista por no haber sabido ahorrar durante los últimos años de crecimiento. Le ha faltado añadir lo que se atrevió a decir su antecesor, el también impresentable Jeroen Dijsselbloem: que la gente de Sur de Europa "nos lo gastamos en vino y mujeres". 

Por eso hay que decir con todas las fuerzas ¡Basta Ya! no sólo a tanta insolidaridad y egoísmo, absolutamente incompatibles con la pertenència a una asociación de Estados como es el de la Unión Europea, sino también a unos niveles de hipocresía y cinismo insoportables. Siempre nos quedará ... el primer ministro portugués, nuestro admirado Antonio Costa para decirlo con una sola palabra: ¡REPUGNANTE!

domingo, 23 de febrero de 2020








Resultado de imagen de infolibre



El éxito de los miopes

Unai Sordo | Javier Doz
Publicada el 23/02/2020 a las 06:00Actualizada el 22/02/2020 a las 20:43

Finalmente se ha confirmado: la cumbre del Consejo Europeo ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en torno al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, es decir, los presupuestos de la Unión Europea para los próximos seis años.
Una vez dejada de lado la propuesta de la Comisión Europea, al menos en lo que se refiere al techo de gasto, sobre la mesa estaba la propuesta que el presidente del Consejo, Charles Michel, había formulado para intentar llegar a un acuerdo en la cumbre del 20 de febrero.
La propuesta de la Comisión, formulada cuando la presidía Jean-Claude Juncker en 2018, suponía ya una disminución respecto a los presupuestos actuales (2014-2020), medida en términos de su peso respecto de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE-27.
Los 1,135 billones de euros[1], en compromisos de crédito de la propuesta de la Comisión, suponen el 1,11% de su RNB, frente al 1,16% de los presupuestos vigentes. Esa diferencia de 0,05 puntos de RNB significa una disminución de más de 51.000 millones de euros. Para conseguir aumentos en las prioridades que fijaba –medio ambiente y clima, I+D+i, Erasmus+, etc.–, la propuesta de la Comisión preconiza recortes del 10% en los fondos de cohesión y del 15% en la PAC.
Frente a esta propuesta –insistimos, ya de recorte– un grupo de gobiernos europeos, los de la llamada Liga Hanseática[2] capitaneada por el Gobierno neerlandés, ha planteado recortes más drásticos: establecer el tope de gasto en el 1,0% de la RNB, es decir en 1,022 billones de euros. Esto supone una disminución de cerca de 164.000 millones de euros respecto de los presupuestos actuales.
Frente a las posiciones de la Liga Hanseática, un grupo de países a los que se ha denominado de "Amigos de la cohesión"[3] –políticamente heterogéneos, como indica el que lo integren desde España y Portugal hasta Polonia y Hungría, pero unidos por el hecho de ser receptores de fondos y enfrentarse a los recortes en las políticas agraria y de cohesión– han anunciado su rechazo a la propuesta de Michel.
En la pasada cumbre europea, la Liga Hanseática se disgregó, incorporándose los países bálticos al grupo de "Amigos de la cohesión". Ha surgido un grupo radical de cuatro, los "amigos de la frugalidad", compuesto por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria. Detrás, a no mucha distancia, está Alemania: juntos han llegado hasta el punto de defender el mantenimiento de los "cheques", obtenidos a rebufo del "cheque británico", y que ha permitido a esos cinco gobiernos pagar menos de lo que debieran desde que Margaret Thatcher consiguiera el suyo.
Confirmado el desacuerdo, corresponderá a Alemania, cuyo gobierno ejercerá la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre del año, el intento final de obtenerlo. Hasta el momento Alemania ha mantenido una posición públicamente discreta, aunque se sabe que está más cercana a las posiciones de la Liga Hanseática que a las de la Comisión Europea.
Pacto verde y transición justa. Intenciones sin recursos
La nueva Comisión Europea presentó en enero su Programa de trabajo. Incluye propósitos de apoyar el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales con propuestas concretas sobre los salarios mínimos europeos y un seguro de desempleo europeo complementario. El proyecto principal es el Pacto Verde Europeo y su Mecanismo de Transición Justa.
Afirma el Programa que quiere asignar al Pacto Verde más de un billón de euros en los diez próximos años. En los siete de vigencia de los próximos presupuestos habría 700.000 millones para el Pacto, y de ellos unos 100.000 millones para el Mecanismo para la Transición Justa. Esta cantidad es insuficiente, a pesar de que consignar recursos con estos objetivos es capital si se quiere en serio alcanzar en 2050 una economía europea neutra en emisiones de carbono sin tener que afrontar un insoportable coste social y laboral.
Pero, además, en realidad en la propuesta de MFP 2021-2027 sólo figuran consignados para ese fin 7.500 millones de euros. El resto, hasta 100.000, vendrían de los fondos de las políticas de cohesión[4] –ya utilizados en la propuesta de Michel para finalidades diferentes como compensar los recortes en la Facilidad Europea para el Transporte–, de la cofinanciación de los países y de más créditos obtenidos por apalancamientos adicionales del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Respecto a los 700.000 millones globales de un Presupuesto que subirá poco por encima del billón de euros, sólo cabe decir que es imposible cuadrar el círculo: o bien se recortan drásticamente la mayoría de los demás programas o bien todos se pintan de verde, aunque sean de otro color.
Resulta lamentable la miopía de buen número de gobiernos europeos y de los principales responsables de las instituciones de la UE. Cuando la Unión vive la crisis política que sin duda supone la primera salida de uno de sus miembros, el Reino Unido, y cuando el nacionalpopulismo de extrema derecha progresa en bastantes países, presentar unas propuestas presupuestarias tan restrictivas significa apostar por menos Europa, es decir, ir en el sentido contrario de la única vía que permitiría ir cerrando las grietas y fortalecer el proyecto europeo.
Si se anuncian objetivos ambiciosos para el cambio de modelo económico hacia una economía verde y digitalizada, pero no se aporta una financiación mínimamente suficiente o creíble que proteja a los sectores afectados, en primer lugar a los trabajadores pero también a los propietarios de cientos de miles de pymes, al tiempo que se les encauza hacia nuevas formas de actividad y empleo, el resultado será un enorme descontento social que se achacará directamente a la UE. Si no se protege adecuadamente y se buscan nuevos empleos para los mineros del carbón, polacos o rumanos, o a los trabajadores del automóvil potencialmente afectados en Alemania o España, el resultado político más probable será un nuevo aumento del voto a la extrema derecha, y con ello enfilar el camino hacia el fin de la Unión.
El gen 'austericida' de los beneficiarios del euro
Es inadmisible el egoísmo y la insolidaridad de buena parte de los gobiernos de los países más ricos de la UE que sí, son contribuyentes netos a su Presupuesto, pero que al mismo tiempo son los que reciben las mayores ventajas en los intercambios económicos, tanto de mercancías como de capitales.
Resulta paradigmática al respecto la actitud del Gobierno neerlandés, presidido por el conservador Mark Rutte. Por un lado capitanea, con la condescendencia del Gobierno alemán, el bando de los recortes presupuestarios. Al tiempo muestra, al igual que Alemania, unos enormes superávits de sus balanzas comercial y por cuenta corriente, nunca corregidos por la aplicación del mecanismo de superávits excesivos: del 9,5% del PIB al 7,8% del PIB entre 2015 y 2020 (previsión de la CE), en lo que toca a la balanza de mercancías. Y del 11,2 %, 9,8%, 9,0% y 8,6% del PIB, entre 2018 y 2020, en la balanza por cuenta corriente.
Por otro lado, Países Bajos actúa como floreciente paraíso fiscal, cobijando la sede de decenas de miles de empresas fantasma, según denomina el FMI a las empresas sin actividad económica alguna, por las que pasan 3,5 billones de euros de falsa inversión extranjera directa[5]. Para reforzar la apuesta del gobierno neerlandés al dumping fiscal interno de la UE, que drena decenas de miles de millones de euros de recursos públicos a los Estados que no lo practican, el Gobierno de Rutte se opone a la aprobación de las directivas que pretenden acotar la competencia fiscal desleal en el impuesto de sociedades. También a la que propone cambiar el procedimiento de la unanimidad por el de voto por mayoría cualificada en materia de normas fiscales.
Comisiones Obreras rechaza firmemente las actitudes insolidarias de los gobiernos que pretenden realizar drásticos recortes en los próximos Presupuestos de la UE y pide al Gobierno español que se mantenga firme en su oposición a la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, y que apoye las propuestas del Parlamento Europeo y del CESE (Comité Económico y Social Europeo del que nuestro sindicato forma parte activa). Ambas instituciones defienden que el MFP 2021-2027 consigne recursos equivalentes al 1,3% de la RNB de la UE27, lo que supondría 1.328.791 millones de euros.
Es necesario que haya una mayor sensibilización de las opiniones públicas de los países europeos en torno a esta cuestión y que los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil presionemos a los gobiernos en el sentido de lograr unos presupuestos más fuertes, que permitan fortalecer a la UE, hacer frente a los desafíos que plantean las transiciones justas verde y digital y las tendencias continuadas de ralentización de la actividad económica mundial, en un entorno lleno de riesgos geoestratégicos.
En nuestro país las políticas fiscales liberales, la promoción del dumping fiscal interno drenando recursos a las arcas comunes, la oposición a las políticas de armonización básica de impuestos frente a la competencia desleal entre territorios y administraciones, tiene nombre, apellidos y siglas: los que exigirán contundencia al Gobierno de España "en la defensa de los intereses nacionales y de nuestros agricultores" enfrentándose en Europa a quienes defienden las mismas políticas fiscales y presupuestarias que el PP de Díaz Ayuso en España. Políticas que disuelven democracias y fracturan sociedades.

[1] Todas las cifras se expresan en euros constantes de 2018
[2] Integran la Liga Hanseática los gobiernos de: Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda
[3] Son un total de 16 países: España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Es de destacar la deserción, no se sabe si temporal o definitiva, de la Liga Hanseática de los países bálticos.
[4] Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo + (FSE+) y Fondo de Cohesión.
[5] Según la revista del FMI, Finance Development, en sus números de junio de 2018 y septiembre de 2019, el 40% de la IED del mundo, unos 15 billones de euros, pasa por “empresas fantasma”. El 85% están radicadas en 10 países, tres son Estados miembros de la Unión: Luxemburgo, 4 billones de euros, Países Bajos, 3,5 billones e Irlanda.
______________
Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).
Javier Doz es representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).