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lunes, 23 de septiembre de 2013

La Huelga Educativa del 24O está absolutamente justificada, Sr. Wert, y será un gran acto democrático

Nueva Tribuna
Javier Doz |
nuevatribuna.es | 22 Septiembre 2013 - 21:09 h.

Intentando ser ponderado, a propósito del Ministro Wert, diré que sus saberes de sociólogo  no parecen rendir muchos frutos en el campo de la educación. Wert transmite un limitado conocimiento sobre educación y políticas educativas; está rodeado de un equipo de halcones de la derecha educativa del PP; pretende hacer virtud de los graves recortes en los presupuestos de educación -de su ministerio y de las comunidades autónomas- que el Gobierno de Rajoy y las instituciones de la UE han impuesto; y, además, es un político provocador, de esos a quienes les encanta entrar a todos los trapos con dialéctica de trazo grueso.
Destacable fue su aportación al acercamiento entre Cataluña y el resto de España en el debate general de la ley que lleva su nombre, cuando afirmó que uno de sus objetivos era el de "españolizar a los niños y jóvenes catalanes". En el inicio de un nuevo y muy problemático curso escolar, uno más de recortes y deterioro de la educación pública, y a las puertas del debate final de la más reaccionaria ley de la historia de la educación en España (si exceptuamos las franquistas claro, pero ni siquiera la Ley de Villar Palasí de 1970), se descuelga con que la Huelga Educativa del próximo 24 de octubre está "absolutamente injustificada" y es "una huelga política que no está amparada ni por la Constitución ni por las leyes democráticas". Y eso, después de haber declarado días antes que le parecía “una fiesta de cumpleaños” al lado de las fuertes movilizaciones de los profesores de otros países, entre los que mencionó México. Clarificadores botones de muestra de su talante.
Esperemos que las provocadoras palabras del Sr. Wert no sean el prolegómeno de una campaña gubernamental antidemocrática destinada a atemorizar a los integrantes de la comunidad educativa que, por segunda vez en este año, han sido convocados conjuntamente, por sus organizaciones representativas, a una huelga general en todos los niveles de la enseñanza. Los objetivos de la huelga y de otras movilizaciones que la van a acompañar son muy claros: contra los recortes y contra su ley, la LOMCE, de la que se pide su retirada del Parlamento. Sobre el carácter legal y democrático de la convocatoria de huelga, convendría recordar la larga lista de países democráticos de Europa y América, empezando por nuestros vecinos Francia y Portugal, en donde se han producido movilizaciones y huelgas precisamente contra leyes educativas que eran lógicamente debatidas y aprobadas en sus parlamentos. El supuesto fundamento del argumento de Wert también "ilegalizaría" las huelgas convocadas por los sindicatos contra las leyes o decretos-leyes de las reformas laborales, puesto que también fueron tramitadas órgano donde reside la soberanía popular.
En algo tiene razón el ministro Wert. La huelga es, por supuesto, política, como toda huelga general y, si se me apura, como toda huelga. Sí, es política en el más noble sentido de ese término hoy en día tan desprestigiado. Pero, ante todo, está absolutamente justificada. Daré sólo algunos ejemplos, como muestra, del amplio conjunto de motivaciones de esta huelga.
Recortes en becas y ayudas  
Se están conociendo en estos días, variadas cuantificaciones de las consecuencias de los recortes en aspectos esenciales de la calidad de la enseñanza y de la igualdad de oportunidades educativas. Escogeré algunas de las que se refieren a becas y ayudas y a la evolución del número de alumnos y profesores. Y, a pesar de las fundadas críticas que se están haciendo a las estadísticas educativas del MEC sobre temas sensibles por la falta de homogeneidad de las comparaciones entre otros extremos, me basaré sólo en ellas.
Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Educación para la adquisición de libros de texto y material didáctico (la partida incluye también la exención de tasas académicas a familias numerosas de tres o más hijos) han disminuido en 578.549, nada menos que un 59,32%, quedando reducidos a sólo 396.781 (comparación del curso 2012/2013 con el 2011/2012). La cuantía total de las ayudas disminuyó en 61,3 millones de euros, el 47,21 %, quedando reducida a sólo 68,6 millones.
Este recorte, que hay que sumar al drástico sufrido por las becas de comedor en el momento en que se están detectando casos de desnutrición infantil en nuestro país, va directamente contra las familias menos favorecidas, contra la igualdad de oportunidades educativas.  En bastantes casos, cuando la supresión de la ayuda no sea paliada por la solidaridad de otras familias, significará que habrá niños y niñas que no tendrán ni libros ni material escolar. O acaso se le olvida al ministro y sociólogo  Wert cual es el sector de población que recibía esas ayudas, o no quiera recordar que convivimos con seis millones de parados y que el número de familias con todos sus integrantes en paro es de 1.821.000 (EPA, 2º trimestre de 2013). Es una decisión política y moralmente reprobable.
Las becas de estudio también se recortaron el pasado curso, antes de someter su concesión en el que comienza a los  nuevos requisitos de más altos resultados académicos. Esta ha sido otra de las varias medidas de la era Wert que tiene un carácter inequívocamente clasista. Se lo diría, Sr. Wert, cualquier sociólogo de la educación competente. En 2012/2013 los recursos destinados a becas disminuyeron respecto del curso anterior en más de 134 millones de euros, un 8,31%, para quedar situados en 1.484 millones. Los beneficiarios, de cuantías medias algo más reducidas, fueron 768.838, disminuyendo en 24.520, un 3,09 %.
Menos profesores (muchos miles despedidos) y más alumnos
La evolución del número de alumnos y de profesores de la enseñanza pública es otra muestra clara de las negativas consecuencias de la crisis y los recortes en la educación pública, gestionada en el Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas por el PP. Las previsiones, para el curso 2012/2013, de alumnos matriculados en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria  asciende, según los datos del MEC, a 8.087.347, lo que supone 80.971 más que en el curso anterior (+1,0%). Sólo desciende en la educación infantil (-13.800), consecuencia directa de la crisis en un nivel que no es gratuito ni en la educación pública. Las matriculaciones suben más en la enseñanza pública que en la privada de modo que la proporción de alumnos en la enseñanza pública respecto del total continúa en ascenso, tendencia que se mantiene desde el comienzo de la crisis. Supondrá este curso, en el conjunto de los niveles mencionados, el 68,3% del total del alumnado.
Sin embargo, mientras que los profesores de la enseñanza privada (concertada o no) suben ligeramente -2.623 profesores más, un 1,4 %, en el curso 2012/2013 respecto a dos cursos atrás-, en la enseñanza pública ocurre justo lo contrario: disminuye significativamente el número de profesores. Todavía no se conocen las cifras del número de profesores interinos despedidos (sólo en Madrid algunos miles) y de las plazas de funcionarios amortizadas tras las muy numerosas jubilaciones, para el curso 2013/2014. En mi opinión la destrucción de plazas de profesores superará ampliamente la cifra de otros 10.000. Sí conocemos que en el curso pasado, 2012/2013, había 474.993 profesores en la enseñanza pública, la cifra más baja desde 2007/2008. Esta cifra suponía la pérdida de 21.800 profesores en la enseñanza pública, respecto al curso 2010/2011. Las cifras oficiales indican, pues, una disminución del número de profesores de la publica de un 4,59% en los dos últimos cursos, a la que habrá que añadir entre un 2% y un 3% en el actual.
Merece un párrafo aparte lo sucedido en Madrid, comunidad donde los gobiernos presididos por Aguirre y González, de la mano de la consejera Figar,  han hecho del apoyo a la enseñanza privada, en detrimento de la pública, una de sus principales señas de identidad (terrenos gratuitos para construir centros privados; desgravación fiscal para los padres que lleven a los alumnos a la privada de pago mientras se recortan los recursos de la pública, etc., etc.). El caótico comienzo del presente curso, con un 80% de centros a los que falta al menos un profesor, puede tener mucho que ver con el despido de miles de profesores interinos, producto del cambio de unas normas de contratación pactadas con los sindicatos en las que se tenía en cuenta la experiencia docente, al igual que sigue ocurriendo en las demás comunidades autónomas. Esta vuelta a la arbitrariedad tiene, entre otros objetivos, ampliar la contratación sin control, para la enseñanza bilingüe, de profesores cuya lengua nativa sea el inglés. Y ello, a pesar de haber sida admitida a trámite por los tribunales una querella penal contra los máximos responsables políticos de la CAM por este tipo de contrataciones.
La pérdida de decenas de miles de empleos en la enseñanza pública (parte de los 250.000 destruidos en el sector público desde la llegada del PP al gobierno), cuando  está subiendo el número de  alumnos, bastaría para justificar la huelga del 24 de octubre y medidas más contundentes. Pero la otra cara de éste y otros recortes la  sufren los alumnos y sus familias en la calidad de la enseñanza. Y de nuevo, es una repercusión desigual en la que sufren más los más desfavorecidos, los que tienen mayores necesidades educativas y de compensación.
Deterioro de la calidad de la enseñanza
Porque lo que está sucediendo en las escuelas e institutos públicos desde que el Sr. Wert es ministro (algunas cosas ya de antes en las comunidades administradas por el PP) es: aumenta el número de alumnos en cada aula; se suprimen los profesores de apoyo a alumnos con retrasos o necesidades educativas especiales; se suprimen los desdobles de grupos en idiomas y clases prácticas; disminuyen o se suprimen los orientadores; las bajas por enfermedad de los profesores o no se cubren o se cubren con retraso; se obliga a los profesores a impartir materias que no son de su especialidad; se contrata por días a profesores para corregir los exámenes de septiembre; se recortan los gastos de funcionamiento de los centros que tienen que hacer auténticos equilibrios para pagar sus facturas o reducen los servicios; se suprimen o reducen las actividades complementarias  de los alumnos, etc., etc.
Todo esto, Sr. Wert, es calidad de la enseñanza, mucho más que las numerosas reválidas que Vd. quiere introducir con la LOMCE para medir conocimientos y de paso segregar al alumnado. Y si la calidad no se deteriora más es por la dedicación y el compromiso de muchos miles de profesores y profesoras a los que su gobierno (y los anteriores, seamos justos) y los de las comunidades autónomas (la mayoría de su partido) ha reducido sus salarios -25 % de pérdida de capacidad adquisitiva desde 2010-, ha aumentado su carga de trabajo y ha reducido drásticamente sus oportunidades de formación permanente. Y si son interinos, además de todo ello, no se les paga los meses de julio y agosto, como ocurría durante el franquismo.
La Ley Wert una ley contra la igualdad
Todo lo anterior justificaría más que de sobra la convocatoria de la huelga educativa del 24 de octubre. Pero además, está la LOMCE, la Ley Wert. Su análisis requeriría otro artículo. Aquí diré, en apretada síntesis, que es una mala ley que ni siquiera recoge una opción educativa coherente. Está hecha en base a una especie de urgencia en plasmar algunos principios del pensamiento educativo español más conservador, reaccionario en algunos aspectos. Destacaría tres: a) la servidumbre a las demandas educativas de la Iglesia católica y del lobby de la enseñanza privada (supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, legalización posiblemente anticonstitucional de la financiación de colegios que segregan por sexos, admisión de alumnos y red de centros, etc.); b) la apuesta por una ordenación del sistema educativo y un tipo de enseñanzas segregadoras de los alumnos incluso en los niveles obligatorios de la enseñanza (esta segregación, en el contexto político y social que vivimos, tiene un contenido profundamente clasista); y, c) la contraposición de los estereotipos conservadores referidos a la calidad y a la “excelencia” educativas con aquellas orientaciones y medidas capaces de promover realmente la igualdad a través de la educación.
En el contexto de la aplicación a la educación de las políticas de austeridad, que en algún aspecto la Ley Wert consagra, si se pudiese definir la LOMCE con un solo concepto este sería el de una Ley que promoverá la desigualdad. Una Ley contra la igualdad.
La huelga del 24 de octubre: una fiesta democrática
Por todo ello pienso que la participación en la huelga educativa del 24 de octubre y en las demás acciones que se han convocado, estará también inspirada y basada en la defensa de los derechos a la igualdad y a la educación, derechos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución Española. Y será una acción constitucional y, por supuesto, legal. Y también, ¿por qué no Sr. Wert?, una fiesta, pero no de cumpleaños sino de afirmación democrática.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Sr Wert: las movilizaciones educativas y la huelga del 24 de octubre serán una fiesta, sí, pero una fiesta democrática

   La Plataforma Estatal por la Escuela Pública (sindicatos de enseñanza -CC OO, UGT, STES,...-organizaciones estudiantiles-Sindicato de Estudiantes,...-y de padres y madres de alumnos-CEAPA-) han convocado movilizaciones en todos los niveles de la enseñanza, de la educación infantil a la Universidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los objetivos de esta nueva movilización general son: expresar el rechazo a la política de recortes en la educación, a la subida de las tasas universitarias y a la política de becas (disminuir los recursos destinados a ellas y aumentar los requisitos para su concesión) y a la contrarreforma educativa contenida en la Ley Wert (LOMCE).

   Las movilizaciones incluirán entre otras acciones la celebración de un proceso de consulta ciudadana sobre la política educativa del gobierno, entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre, la realización de una Huelga General Educativa, el 24 de octubre, y la realización de "marchas en verde" en todas las comunidades autónomas, a partir del 2 de noviembre, que convergerán en una marcha hacia el Palacio de la Moncloa, el 9 de noviembre.

Los muchos motivos de la movilización en la educación 
  
Pocas veces se han dado tantos motivos para una movilización sindical, estudiantil y ciudadana contra todos los aspectos de la política educativa. Los recortes están deteriorando seriamente la calidad del sistema público de enseñanza y promoviendo la desigualdad en la educación. Sólo un pequeño botón de muestra con los últimos hechos acaecidos y estadísticas conocidas (oficiales del MEC):

- Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Educación (MEC), fundamentalmente para compra de libros de texto y material escolar han disminuido en 578.549, nada menos que un 59,32%, quedando reducidos a sólo 396.781 (comparación del curso 2012/2013 con el 2011/2012). La cuantía total de las ayudas disminuyó en 61,3 millones de euros, el 47,21 %, quedando reducida a sólo 68,6 millones.  

- Mientras suben los alumnos matriculados en la enseñanza pública y los profesores contratados en la enseñanza privada (2.623 profesores más, un 1,4 %, en el curso 2012/2013 respecto a dos cursos atrás), se destruyen en el mismo período de tiempo 21.200 plazas de profesores (4,59% del total) en la enseñanza pública. Por despido de profesores interinos y amortización de plazas de funcionarios. Añádase la pérdida de otros 10.000 puestos de trabajo este curso (entre un 2% y 3% más). 

- Cuando no hay empleo para la mayoría de los jóvenes ni para muchas familias (1.820.000 tienen todos sus integrantes en paro) y la cobertura por desempleo de los 6 millones de parados baja hacia el 50%, la política del ministro Wert y de muchos consejeros de educación del PP y el de CiU es subir escandalosamente las tasas universitarias. En algunas comunidades por encima del 100% de modo que ya superan lo que se paga en muchos países europeos de bastante mayor renta. Y para rematar. se recortan los recursos destinados a becas (sí se han producido a pesar de las manipulaciones en la presentación de los datos oficiales) y se sube la nota media para concederlas.

   Todas estas medidas tienen un significado inequívocamente clasista, por ir en contra de las oportunidades educativas de los más desfavorecidos. Son un botón de muestra de una mala y reaccionaria política que ataca directamente a un valor protegido por la Constitución Española, la igualdad en la educación, al tiempo que hipoteca el futuro de nuestro país. Los brutales recortes en I+D+i (casi un 50% menos de gasto público desde 2009) completan la otra pata de la suicida ceguera de nuestros gobernantes con respecto al futuro de España. Y son los mismos a los que se les llena la boca tantas veces de exclamaciones de patriotismo huero.

   Para completar el cuadro, el Sr. Wert promueve una ley, la LOMCE, que apuesta por la segregación, la desigualdad, la subordinación a las demandas educativas de la Iglesia y del lobby de la enseñanza privada y por una concepción arcaica de la calidad de la enseñanza. Valor éste -la calidad- que, en un alarde de vivir en el principio de la contradicción, contrasta con todo lo ejecutado por el Sr. Wert  desde que le hicieron ministro.  

   Pero debe ser el sino del ministro Wert el vivir en la contradicción, incluso cuando se trata de alguna de sus habituales provocaciones verbales. Refiriéndose a las movilizaciones y a la huelga del 24 de octubre, primero las calificó como una "fiesta de cumpleaños"comparándolas con las auténticamente duras -¿las "fetén" que Vd, querría ver en España, Sr. Wert?- "llevadas a cabo en otros países, como Mexico y Chile". Pero, al día siguiente, tal vez advertido de la muy mala interpretación que tenían sus palabras, arremetió contra la huelga diciendo que estaba "absolutamente injustificada" y era "una huelga política que no está amparada ni por la Constitución ni por las leyes democráticas". ¿En qué quedamos; Sr. Ministro?

  Las movilizaciones contra su política, Sr. Wert, son movilizaciones por la calidad de la enseñanza, la igualdad y el derecho a la educación. Son constitucionales y plenamente legales y serán una fiesta, sí, pero una fiesta democrática.

viernes, 6 de septiembre de 2013

El L20 es la estructura representativa del sindicalismo internacional ante el G20. Integran el L20, la Confederación Sindical Internacional (CSI), las federaciones sindicales internacionales (FSI) y el Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC) -todos ellos constituyen Global Unions- así como las centrales sindicales representativas de los países del G20 que no están en Global Unions.

El L20 ha elaborado el documento que publicamos a continuación para entregarlo a los líderes mundiales que se reúnen los días 5 y 6 de septiembre en San Petesburgo. 

Por su interés y por no haber encontrado un enlace a una página que lo contenga lo publico íntegramente.




RECOMENDACIONES PRIORITARIAS DEL L20 A LA REUNIÓN DE
LÍDERES DEL G20 DE SAN PETERSBURGO, 
5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1. El estancamiento o la caída del crecimiento en los países desarrollados y
los mercados emergentes, el aumento del desempleo, la mayor desigualdad
del ingreso, los insuficientes progresos en la regulación financiera, la erosión
de las bases impositivas y el cambio climático descontrolado constituyen los
problemas centrales a los que se enfrentan a escala mundial los Líderes del G20 en la reunión de San Petersburgo.

2. La deficiencia de la demanda mundial se ve reforzada por la falta de confianza visto que casi el 60% de la población afirma que sus ingresos no han seguido el ritmo del costo de la vida en los últimos dos años. Además, la desesperación erosiona la confianza en la medida en que una de cada dos familias trabajadoras se ha visto afectada directamente por la pérdida de puestos de trabajo o la reducción de horas de trabajo.

3. El G20 ha perdido terreno y la confianza en su capacidad para coordinar las
políticas necesarias para sacar a las economías de la crisis en la medida en que los compromisos no parecen haber tenido efecto. Las personas se sienten abandonadas por sus Gobiernos ya que el 80% indica que su Gobierno no ha conseguido hacer frente al desempleo y solamente el 13% tiene la impresión de que actúa en beneficio de los trabajadores.

4. En la Cumbre de San Petersburgo, los Líderes tienen la oportunidad, basándose en las conclusiones conjuntas de los Ministros de Trabajo y Finanzas,de restaurar la fe de la opinión pública en su capacidad de coordinación de la política económica mundial.

5. Necesitamos un cambio en el ritmo y el alcance de las medidas, tanto a escala mundial como nacional. El G20 debe tomar medidas coordinadas para impulsar la recuperación hacia un crecimiento inclusivo, verde y sostenible a largo plazo centrado en el empleo. Los Gobiernos del G20 tienen que cumplir con sus compromisos asumidos en Los Cabos y tomar medidas para apoyar la demanda interna mediante la inversión en educación, innovación e infraestructura.

Las medidas tienen que garantizar al mismo tiempo la transición hacia una
“economía verde” y un desarrollo sostenible con empleos de calidad.

Principales prioridades políticas

- Crear empleos de calidad y un crecimiento inclusivo así como establecer
objetivos nacionales en materia de empleo;                                                     
- Fomentar la inclusión de la juventud en el mercado laboral;

- Incrementar la demanda agregada sostenible;

- Aumentar la inversión a largo plazo en infraestructura y en la economía
verde;

- Poner fin a la evasión de impuestos y a la transferencia de beneficios e
introducir una fiscalidad justa y progresiva;

- Impulsar una regulación efectiva del sistema financiero y esforzarse en
introducir una tasa sobre las transacciones financieras (TTF);

- Garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el trabajo
seguro en las cadenas de valor mundiales;

Para realizar estas prioridades, los Líderes del G20 deben poner en práctica un
Plan de Acción del Empleo del G20 integrado que permita:

- Establecer objetivos nacionales de empleo;

- Elevar la demanda agregada sostenible;

- Incrementar la inversión pública y privada;

- Movilizar recursos públicos y privados, con medidas fiscales y una TTF;

- Reducir la desigualdad de ingresos a través de la negociación colectiva
reforzada, salarios mínimos consistentes y un piso de protección social.

Apoyar la demanda agregada y reducir la desigualdad

El L20 apoya las políticas de inversión que incrementen la demanda agregada y reduzcan la desigualdad del mercado laboral mediante:

- La ampliación de la negociación colectiva para volver a vincular los salarios
a la productividad;

- La aplicación y el fortalecimiento de la protección social y el incremento
del diálogo social;

- La garantía de acceso a servicios públicos y servicios de utilidad pública
de calidad, especialmente la educación y la salud;


Crear empleos y promover capacidades para
todas las generaciones

Es preciso garantizar mercados de trabajo resistentes y el desarrollo de las
capacidades mediante:

- El fortalecimiento de las instituciones del mercado laboral y la provisión
de incentivos a la creación de empleo;

- La educación y la formación profesional así como el aprendizaje permanente;
mm La ampliación de aprendizajes de calidad con la expansión en sectores en
los que predominan las mujeres;

- Estrategias para reducir la economía informal y la formalización de
empresas sostenibles y la provisión de trabajo decente;

- La habilitación de las PYME para expandirse y ofrecer trabajo decente, en
parte garantizando una financiación asequible y estableciendo sistemas
fiscales y de prestaciones que contribuyan tanto a incrementar la productividad y a reducir la desigualdad.

Principios y prácticas para la inversión a largo plazo

El G20 debe:

- Trazar una línea entre la inversión y la especulación mediante una mayor
rendición de cuentas y transparencia a lo largo de toda la cadena de inversión,
incluyendo la rendición de cuentas de los gestores de activos a los
propietarios de activos y la ratificación de los principios de alto nivel de
la OCDE para la inversión a largo plazo de los inversores institucionales;

- Desarrollar el mercado de activos financieros a largo plazo para la financiación de puestos de trabajo sostenibles en industrias de valor agregado, fomentar la productividad y la transformación estructural, incluyendo la mitigación del cambio climático;

-  Garantizar modalidades para un reparto equitativo del riesgo y de los
beneficios cada vez que se utilicen fondos públicos para movilizar la
financiación privada a largo plazo.

Luchar contra la evasión y el fraude fiscal

El G20 debe:

- Garantizar que las empresas multinacionales paguen niveles impositivos
que reflejen la importancia económica de sus actividades -pagando
impuestos cuando generen beneficios y valor agregado- y frenar la erosión
de la base fiscal y los regímenes fiscales agresivos de transferencia de
beneficios;

- Gravar las transacciones financieras a corto plazo para prevenir el
comportamiento especulativo y plantear nuevas fuentes de financiación.

Impulsar reformas del sistema financiero

El G2O debe avanzar en la aplicación de las reformas financieras:

- Poner en práctica el compromiso del G20 de “acabar con las empresas
demasiado grandes para quebrar” tomando medidas estructurales para
proteger las actividades bancarias comerciales minoristas de la volatilidad
de la banca de inversión y el mercado bursátil;

- Tomar medidas inmediatas para cumplir los plazos del Plan de Acción del
Consejo de Estabilidad Financiera/G20 en relación con la regulación de las
transacciones de derivados fuera de bolsa (over the counter), las operaciones
bancarias en la sombra y la aplicación de marcos de resolución bancaria;

- Aplicar una imposición efectiva del sector financiero con gravámenes
bancarios y una tasa sobre las transacciones financieras;

- Velar por que “Basilea III” no sea desvirtuada por la confianza en la
autoevaluación y los informes presentados por las propias instituciones
financieras;

- Prohibir la negociación de alta frecuencia;

- Incrementar los impuestos financieros a fin de evitar los rescates financiados por los contribuyentes.

Garantizar un desarrollo sostenible y buenas condiciones de trabajo en las cadenas de valor mundiales

El L20 insta al G20 a trabajar para poner fin a la explotación, garantizar los
derechos laborales y el trabajo decente en las cadenas de valor mundiales
(CVM) mediante:

- La aplicación del programa de trabajo decente en las CVM;

- La garantía de que los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio posteriores a 2015 incluyan el trabajo decente y pisos de protección social,
la educación pública y la justicia climática al mismo tiempo que garanticen
un ambicioso acuerdo mundial sobre el cambio climático en 2015;

- El cumplimiento de los Principios Rectores de las NU sobre los Derechos
Humanos y las Empresas, las Directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales de la OIT;

- La garantía de un espacio político suficiente para los países en desarrollo
en los tratados de comercio e inversión;

- La inclusión de las responsabilidades exigibles a los inversores en los
acuerdos comerciales.

Seguimiento de los compromisos

A fin de que el G20 se restablezca como una fuerza de coordinación eficaz para la acción mundial sobre política económica debe desarrollar una arquitectura internacional y:

- Poner en práctica los compromisos anteriores y proporcionar información
constante a través de, por ejemplo, la encuesta para la base de datos
del Grupo de Trabajo sobre el Empleo (GTE);

- Proporcionar al GTE un mandato permanente e institucionalizar su cooperación con el Canal de Finanzas del G20, y los interlocutores sociales;
mm Institucionalizar la Reunión Conjunta de Ministros de Trabajo y Empleo
y los Ministros de Finanzas para promover la coherencia política y financiera;

- Mejorar el Marco de evaluación del desempeño con la inclusión del
“empleo y la protección social” como factores de riesgo;

- Desarrollar un proceso de articulación entre el proceso de evaluación
mutua de los Ministros de Finanzas y el GTE.

Desarrollar el papel del L20

En la peligrosa situación social actual, los Gobiernos deben apoyar y reforzar el diálogo social, incluyendo a nivel del G20. El L20 debe participar en el diseño, la aplicación y seguimiento de las políticas financieras, fiscales, económicas y laborales. Por consiguiente, el L20 propone:

- Trabajar con los Gobiernos y las instituciones internacionales para identificar
las medidas necesarias para abordar las tendencias del empleo, las
alertas tempranas y proporcionar información analítica;

- Participar activamente en las reuniones de sherpas y del GTE y presentar
recomendaciones prioritarias a los representantes del G20 en calidad de
asesores;

- Supervisar el cumplimiento de los compromisos del G20 y presentar el
impacto económico y particular de las políticas;

- Facilitar que la Cumbre L20 discuta y presente los puntos de vista de los
trabajadores y las trabajadoras sobre la situación actual de la economía
mundial y colabore con los Líderes del G20 y las organizaciones internacionales como la OIT, la OCDE así como el Banco Mundial y el FMI;

- Continuar la colaboración con el B20 sobre los temas prioritarios convenidos,

como base para el diálogo social con los Líderes del G20.