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jueves, 12 de diciembre de 2013

Asombro y tristeza por lo que dice Jaume Sobrequés en Público

Javier Doz12-12-2013 12:27

[Comentario, realizado en Publico.es, a la entrevista de Alex Gil Lara al director del simposio "España contra Cataluña", Jaume Sobrequés]

Soy un español que ama a Cataluña y estoy asombrado y entristecido por lo que dice el Sr. Sobrequés en la entrevista.
Para describir lo que destila escojo sólo una palabra: intolerancia. Intolerancia hacia todos los que no piensan como él. Una muestra entre muchas: para descalificar la posición del PSC se atreve a afirmar que la adopta porque "...el 97% de los miembros del Consell Nacional del PSC son gente que percibe un sueldo gracias a su militancia...El Consell Nacional no es representativo de nada". Para Sobrequés, los catalanes que defienden que Cataluña permanezca en el Estado español son poco menos que quintacolumnistas de España.
Sus reiteradas afirmaciones acerca del carácter "científico" del simposio "España contra Cataluña" se derrumban después de leer con detenimiento la entrevista.
Como no pongo siquiera en duda que Jaume Sobrequés pueda tener méritos como historiador en otros campos, lo que dice y el planteamiento de su simposio no son sino síntomas de que algo muy malo está pasando en Cataluña y en España.
Quienes amamos a Cataluña y a España, sólo en el sentido de que amamos a sus habitantes y no a esos entes abstractos llamados naciones, deberíamos reaccionar, en Cataluña y en el resto de España, para promover un diálogo capaz de construir relaciones fraternales e impulsar el bienestar material y moral de todos sus habitantes.

Enlace con la entrevista:

http://www.publico.es/espana/488587/hoy-dia-no-hay-postura-mas-inteligente-para-un-catalan-que-ser-independentista

lunes, 9 de diciembre de 2013

Rajoy y Cameron: exponentes del autoritarismo de la derecha conservadora

  Actitudes y prácticas políticas recientes de los gobiernos de Mariano Rajoy y David Cameron muestran que el apego a los principios del liberalismo de los partidos conservadores europeos se refiere, en exclusiva, a los del liberalismo económico, en su versión moderna más descarnada, la del neoliberalismo, y no a los del liberalismo político. Éste tiene que velar necesariamente por el respeto y la ampliación de los derechos y libertades individuales y es incompatible con el autoritarismo político del que comenzamos a conocer abundantes ejemplos en nuestras democracias. 
   
  Democracias en crisis, en Europa y otros lugares del mundo, que son dirigidas por élites políticas sumamente desprestigiadas por la corrupción, la hipocresía , el sectarismo y la incoherencia. Es decir, por valores antitéticos a los que representó y representa Nelson Mandela, al que no se cansan de alabar en un nuevo ejercicio de hipocresía.

   Me refiero a hechos que están sucediendo simultáneamente en el Reino Unido y en España. El primero es la campaña macartista que el MI5, el Partido Conservador, algunos diputados laboristas y el propio David Cameron están llevando a cabo contra el diario The Guardian y su director Alan Rusbridger por la publicación de los papeles de Snowden. A quienes han tenido la valentía y la honestidad de denunciar que los servicios secretos de EE UU y el RU, con el inevitable conocimiento de sus gobiernos, estaban realizando operaciones masivas e ilegales de espionaje contra ciudadanos y dirigentes de países amigos, se les acusa nada menos que de "antipatriotas" y "traidores a la patria". Les apoyan en la campaña buena parte de la prensa competidora, la conservadora y la populista-amarilla.

   En España, el Gobierno de Rajoy, de la mano del ultracatólico (Opus Dei) ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, ha aprobado un proyecto de ley de seguridad ciudadana que es un instrumento represivo y antidemocrático de primer orden contra las protestas de la ciudadanía y los derechos  tan consustanciales a la democracia como son las libertades de expresión y manifestación. 

   El proyecto de "Ley Fernández" es un claro ejemplo de legislación autoritaria y antidemocrática: por la tipología y ambigüedad de muchos de sus "delitos gubernativos"  ("ofensas a España", impedir desahucios, etc...); por la enormidad de las cuantías de las multas; por la presunción de veracidad de la denuncia policial y la reversión de la carga de la prueba del acusado gubernativamente; por la eliminación de los controles judiciales al pasar de faltas penales a infracciones gubernativas; por los impedimentos económicos complementarios para recurrir las multas ante los tribunales (de 300 a 2.750 euros no recuperables, aún si prospera el recurso, según Ley de tasas de Gallardón); etc., etc. 

  Me recuerda la ley franquista que instauró las multas gubernativas de 200.000 pesetas y dos meses de cárcel si no se pagaban (lo que sucedía en el 99 % de los casos) para "descongestionar el Tribunal de Orden Público". La "Ley Fernández" es peor que la "Ley Corcuera" o "Ley de la patada en la puerta". Ésta fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Esperemos que también lo haga con la "Ley Fernández", si el Parlamento o la ciudadanía no lo hacen antes. Aunque el control conservador de un politizado TC me produce mucha inquietud al respecto.

  Porque otra de las facetas del autoritarismo del PP en el gobierno es la politización partidista para lograr  el control político de las máximas instancias judiciales -CGPJ y TC-, con la colaboración del PSOE todo hay que decirlo, y la ocupación de diversas instancias de control interno o estructuras del Estado, que debieran ser independientes, por políticos fieles a los dictados del poder. Ejemplos: Defensor del Pueblos, Comisión Nacional de la Competencia, Tribunal de Cuentas, Agencia Española de la Administración Tributaria, etc., etc. También en este caso han hecho todo lo contrario de lo que dijeron que harían en su programa y campaña electorales. 

   Acosar a quienes defienden los derechos de los ciudadanos contra las acciones del poder político de tipo orwelliano (o totalitario); legislar contra las libertades de manifestación y expresión para reprimir la protesta social; o, establecer controles políticos y dependencias en instancias que debieran ser necesariamente independientes, son otras tantas manifestaciones del inaceptable autoritarismo político de la derecha en Europa. Cameron y Rajoy son algunos de sus máximos responsables.
   


viernes, 6 de diciembre de 2013

Mi recuerdo de Mandela

Conocí a Nelson Mandela en Madrid, el 21 de julio de 1991. Fue en el Hotel Victoria de la Plaza de Santa Ana, donde se celebraba un Congreso de la Federación Internacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria Oficial (FIPESO).  Pronunció, una calurosa mañana de domingo, un discurso en la inauguración del Congreso. Como muchos de los asistentes, quedé impresionado por sus palabras y por el magnetismo de su personalidad. Al término del discurso le saludé personalmente.

Mandela, que había salido de la prisión de Robben Island en febrero de 1990, estaba de gira por varias capitales europeas para recabar apoyos para terminar con el apartheid e instaurar la democracia en Sudáfrica. Mantenía difíciles negociaciones con el Gobierno racista de Frederik de Klerk, como líder indiscutible del Congreso Nacional Africano (ANC) y de la comunidad de raza negra. El ABC daba cuenta, al día siguiente, de la visita con una información que titulaba: "Nelson Mandela busca en España el apoyo de comunistas y sindicalistas". Nada amable, viniendo  de un periódico que es ejemplo permanente del periodismo ideológico de la derecha española que convierte a ambas categorías en las de auténticos enemigos.


Madiba en su discurso del Hotel Victoria puso en guardia sobre el hecho de que estuviera conseguido ya el fin del apartheid, que "había producido más de 10.000 muertes desde 1984". Poco tiempo antes, Estados Unidos y la Comunidad Europea habían levantado las sanciones que tanto contribuyeron a que los gobernantes racistas blancos se convencieran de que tenían que negociar con Mandela y el ANC. Mandela no veía con buenos ojos el fin de las sanciones cuando el gobierno de De Klerk no había manifestado ni mucho menos en ese momento su voluntad de abolición total del apartheid y de instauración de la única democracia posible: la de una persona, un voto. 

Mandela tenía razón. Entonces, De Klerk maquinaba otras "soluciones", y la extrema derecha afikáner preparaba con el partido zulú Inkhata de Buthelezi, también de extrema derecha, las sangrientas provocaciones que estuvieron a punto de hacer descarrilar la transición  a la democracia. Ésta llegó finalmente el 26 de abril de 1994 cuando se celebraron las primeras elecciones que convirtieron a Nelson Mandela en el presidente de todos los sudafricanos, negros y blancos. Esas elecciones pusieron fin a una de las dictaduras más odiosas del planeta, aquella que fingía ser democracia para los personas de piel blanca y negaba todos los derechos y reprimía brutalmente a todas las demás personas.

Mi recuerdo del Mandela de aquella mañana de verano fue la de un hombre que transmitía convicción y veracidad. Salí convencido de que, a pesar de todas las dificultades que el mismo nos describió, el apartheid quedaría abolido y la democracia instaurada en Sudáfrica. 

En esta época de crisis, desigualdad, corrupción política y descrédito de la instituciones democráticas, todo el mundo reconoce que Nelson Mandela es el paradigma universal de político inteligente, coherente, honesto, capaz de combinar el respeto a los principios morales y políticos con el pragmatismo y la tolerancia.

Un problema es que entre los políticos y periodistas que hoy se deshacen en alabanzas a Mandela, en todos los países de la tierra, hay demasiados deshonestos, incoherentes y sectarios. Y se les llena la boca alabando, en Mandela, aquello de lo que carecen, con la esperanza de que su imagen se funda con la de Madiba en el imaginario de algún incauto. Otro problema, bien triste, es que algunos de ellos están entre los que le mandan hoy en Sudáfrica. 















lunes, 2 de diciembre de 2013

Del bienio negro antisocial...¿al bienio antidemocrático?

Balance de dos años de gobierno del PP  

Triste ecuador de la peor legislatura de la democracia. El 20N, con el aniversario de la muerte de Franco casi perdido en nuestra memoria colectiva y una nueva jornada de movilización de los sectores educativos contra la Ley Wert, se cumplieron dos años de las elecciones que dieron al PP, por mayoría absoluta, el gobierno de España.

  El balance de los dos años del Gobierno presidido por Mariano Rajoy no puede ser más desolador. Intento ser objetivo y fijarme, en primer lugar, en los datos económicos positivos que más se han aireado: la mejora sustancial de las balanzas comercial y de pagos, la disminución de la prima de riesgo y el saneamiento del sistema bancario.  

Algunas mejoras muy parciales pagadas con mucho dolor
 La mejora de nuestra balanza exterior podría y debería haberse conseguido mediante medios menos traumáticos que los que ha conllevado la devaluación interna. La disminución de la prima de riesgo de nuestros bonos a largo plazo ha sido debida más a aquella famosa declaración de Mario Dragui, de julio de 2012 -cuando afirmó: "Créanme, haré todo lo necesario para sostener el euro"- y a algunas medidas que sostenían su aserto (barra libre de liquidez para la banca privada y posibilidad, no realizada, de que el BCE comprara deuda pública en los mercados secundarios) que a los datos principales del cuadro macroeconómico español. Cabe pensar, de paso, lo mucho mejor que estaría Europa si además de palabras tranquilizadoras del presidente del BCE, el Consejo, la Comisión y el BCE hubieran adoptado una estrategia coherente para impulsar el crecimiento, promover el empleo y sostener y sanear las finanzas públicas.


  En cuanto a la superación de la crisis bancaria, lo primero que hay que decir es que no se puede considerar que esté superada cuando no sólo no se ha recuperado el crédito a empresas y a familias sino que ésta sufriendo descensos continuados muy severos (-7 % en el último año). Y eso que la banca ha recibido ayudas que superan los 125.000 millones de euros de los que ya 40.000 están definitivamente perdidos, y los pagaremos todos los españoles. Algunos analistas estiman que el coste total del saneamiento bancario español se acercará a los 200.000 millones de euros, el 20 % del PIB. La más pequeña de las cifras que he mencionado en este párrafo es superior a los ajustes que han empobrecido a nuestro país. 

 Las devastadoras consecuencias sociales del "bienio negro" 
 Las consecuencias económicas, sociales y políticas de la austeridad y las reformas estructurales han sido devastadoras. Su balance podría llevarnos a calificar estos dos años, sin exageración, como el "bienio negro" de la democracia. Al menos en el terreno social, por haberse acumulado pérdidas, deterioros y recortes en todos los campos que definen el bienestar social de una nación. 

  Haciendo una esquemática enumeración de lo más importante, mencionaré:

- el desempleo subió en un millón de personas hasta los seis millones (26 % de la población activa); 
- la pobreza toca ya a 12 millones de personas (28 % de la población) y la pobreza severa a tres millones, muchos de ellos niños; 
- la desigualdad en la distribución de la renta ha escalado a una velocidad desconocida en Europa, hasta situar a España entre uno de los cuatro países más desiguales de la UE;
- los salarios están disminuyendo como en ningún otro país de Europa y, por primera vez, los beneficios empresariales superan a las rentas del trabajo; 
- las pensiones han perdido capacidad adquisitiva y la ley que va a reformar su sistema público lo va a consagrar para el futuro, lo mismo que la brecha entre salarios y pensiones; 
- se han deteriorado, en su calidad y universalidad, los servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad, mediante recortes y privatizaciones y aumento de las tasas y copagos; 
- se ha hecho caer drásticamente el gasto en I+D+i, que, junto con la educación, es la principal palanca para el futuro de cualquier país avanzado; 
- se han suprimido o rebajado prestaciones y ayudas sociales (desempleo, dependencia, etc.) cuando más falta hacían; 
- se ha debilitado fuertemente la negociación colectiva, el valor de los convenios y la cobertura de la población trabajadora por los mismos; 
- el diálogo social es prácticamente inexistente, rompiéndose con ello uno de los valores del sistema español de relaciones laborales, en democracia;
- etc., etc.

  Si bien es cierto que una parte de estos recortes y de las tendencias más negativas se iniciaron con el Gobierno de Zapatero, bajo la imposición del gobierno de Alemania y de las instituciones de la UE a partir de mayo de 2010, el gobierno de Mariano Rajoy ha profundizado unos y otras y ha añadido las componentes más antisociales (recortes en sanidad y educación) y antisindicales y contrarias al derecho del Trabajo (reforma laboral).

  Y lo ha hecho incumpliendo todo lo que prometió en su programa electoral. Sólo desde la bien rodada práctica de representación y simulación en que se ha convertido la política en nuestro país (y en muchos países democráticos) puede realizar, sin sonrojo, el Gobierno un balance positivo como el que sus portavoces están realizando estos días.

  Y es falso que el sacrificio social, aunque su coste se cargue de manera intolerablemente desigual a favor de los más ricos, compense los buenos resultados económicos. Por el contrario, la recuperación de la economía está lastrada por el hundimiento de la demanda interna que la devaluación de los salarios y la caída del gasto social ha producido y por la misma desigualdad que actúa contra el crecimiento. El futuro de salida de la crisis con las políticas de austeridad es más el estancamiento que una recuperación vigorosa.


Corrupción y deslegitimación del sistema democrático 
 Si añadimos a lo anterior aspectos  estrictamente  políticos como la corrupción que afecta  a altos responsables del partido del Gobierno (Gurtel, Bárcenas, Comunidad Valenciana, Baleares, Orense; Lamela, Güemes y otros privatizadores de la sanidad, etc.), o la acción política del desenmascarado Gallardón (ley antiaborto o ley de las tasas judiciales para ricos), nadie debería extrañarse de la enorme desconfianza y creciente hostilidad de la ciudadanía hacia las instituciones de nuestra sociedad democrática y sus principales agentes (incluyo aquí a los interlocutores sociales). 

  Estamos al borde de la deslegitimación del sistema democrático, lo cual coloca a España en una deriva muy peligrosa. A pesar de ello, quienes nos gobiernan siguen aparentando que no se dan cuenta, salvo a ratos, cuando tienen que representar lo contrario y de forma forzosamente incoherente. Por supuesto, en esto caen no sólo el PP y el gobierno de España.

 ¿Será el segundo bienio del PP un bienio antidemocrático?
  A pesar de lo que muchas veces se dice y se publica no es cierto que los españoles hayamos aceptado pasivamente este estado de cosas. En los dos años de gobierno de Rajoy se han producido dos huelgas generales, convocadas por los sindicatos, e innumerables jornadas de manifestaciones y protestas promovidas por muy diversos tipos de organizaciones y movimientos sociales. Ha sido, sin duda, uno de los períodos de más intensa movilización social -si no, el que más- de la democracia que construimos a la muerte de Franco. Y ello, a pesar del factor miedo que promueve la pérdida del empleo en una situación de paro masivo. Cierto es que no se ha logrado una fuerza suficiente, al menos en las movilizaciones de carácter general, para torcer el rumbo de las cosas.

  Las iniciativas legislativas que, coincidiendo con el ecuador de la legislatura, ha adoptado o quiere adoptar el Gobierno dan fe, de que, éste sí ha tomado nota de las protestas. Pero en el peor de los sentidos. En la tradición del autoritarismo de la derecha española, en lugar de atender los motivos justos del descontento lo que pretende es criminalizar y reprimir gubenativamente la protesta, penalizándola desde la policía y e Ministerio del Interior, después de sustraer una larga lista de infracciones del control primario de los jueces. 

  La reacción al éxito de la huelga de los trabajadores de la limpieza y los jardines de Madrid ha sido el inmediato anuncio de Rajoy de que regulará por ley los servicios mínimos en el ejercicio del derecho de huelga. Lo hizo respondiendo con prontitud al reclamo de la inefable alcaldesa Botella que lo pidió con voluntad de limitar el derecho de huelga (ella misma lo vulneró en su ilegal contratación de esquiroles a través de TRAGSA).

   Pero lo más grave ha sucedido en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre con la aprobación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Fernández, en honor del ultracatólico y poco compasivo (véase su defensa de las "concertinas"en las vallas de Melilla) Ministro de Interior. A pesar de haber reducido algo las multas para algún tipo de infracción, ante la oleada de críticas que comenzó a suscitarse a partir de la filtración de los contenidos de la "Ley Mordaza" (o "Ley de la patada en la boca a la democracia" como la ha definnido el diputado Joan Coscubiela), lo que ha quedado es un catálogo desmesurado de infracciones relacionadas, muchas de ellas, con el ejercicio de derechos fundamentales como son la libertad de expresión y manifestación, y que son castigadas con multas descomunales de entre 1.000 y 600.000 euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Sr. Fernández Díaz añadió como guinda el anuncio de que se castigaría con multas de hasta 30.000 euros las ·"ofensas a España, sus regiones o ayuntamientos.

   Sería objeto de otros artículo analizar con detalle el contenido de un proyecto de ley que en opinión de mucha gente -políticos, juristas, intelectuales o policías demócratas-, supone una grave amenaza al sistema de derechos y libertades definidos por la Constitución de 1978 y la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa cuyo cumplimiento es también obligado por parte del Estado español. Comparto esa opinión dado que el ataque a la garantía del ejercicio de derechos tan fundamentales en democracia como los mencionados se produce por la ambigüedad calculada de muchas definiciones; por convertir los hechos supuestamente punibles de faltas, juzgadas por jueces, a infracciones castigadas por la policía, la guardia civil y la autoridad gubernativa, a cuyas opiniones se les confiere presunción de veracidad; Por establecer, sensu contraio, que el acusado y multado deba probar su inocencia; por pretender sancionar actuaciones que han tenido un gran y positivo impacto en la lucha contra las más evidentes injusticias sociales, como las de la PAH contra los desahucios hipotecarios; por dificultar grandemente el recurso a la justicia contra la arbitrariedad gubernativa con la nueva Ley de tasas judiciales (complemento perfecto del esquema represivo) que establece que las tasas correspondientes se sitúen entre los 300 y los 2.750 euros y que no sean reembolsables ni aunque los jueces dieran la razón al recurrente; etc., etc.

  La Ley Fernández merece el rechazo frontal de las personas que defienden una sociedad democrática en la que la acción de los poderes públicos sirva, ante todo, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Requiere también el compromiso de la ciudadanía democrática de movilizarse para que nunca entre en vigor. De lo contrario al bienio negro antisocial que hemos vivido se sumará el bienio negro antidemocrático.

  




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