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martes, 30 de diciembre de 2014

Grecia: las mentiras y el miedo de las élites gobernantes europeas

La utilización sistemática de la mentira es la conducta habitual de las élites gobernantes. Máxime en tiempos de crisis. Respecto a Grecia,cuya situación económica y social provocada por las políticas de la troika es la peor de Europa,el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble acaba de decir, en su primera advertencia ante el riesgo de victoria de Syriza en las elecciones del 25 de enero: "Las reformas emprendidas en Grecia han dado sus frutos y no hay alternativa a ese camino". 

Uno de los mayores responsables del hundimiento económico y social que vive Grecia como consecuencia de las políticas de austeridad, recortes de derechos sociales y laborales (no otra cosa son las cacareadas "reformas estructurales") y devaluación salarial, impuestas por Alemania a los países periféricos de la UE, tiene la desfachatez de afirmar que las reformas han dado sus frutos por el hecho de que después de seis años de caída del PIB, éste haya dado positivo ¡un trimestre!.


Si estos son los frutos ¿como cabría calificar lo esencial de la situación de Grecia? Esta se puede resumir en las siguientes cifras. PIB: - 25%;  renta disponible de las familias: -40%; pobreza: 33% de la población; sin acceso a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social: 30% de la población, más de tres millones de personas; cientos de miles de familias sin calefacción; bolsas de hambre y desnutrición; índice de suicidios disparado; etc.. Y la deuda pública, cuya reducción era el supuesto gran objetivo de las políticas de austeridad, disparada: ha pasado de representar el 129% del PIB en 2009 a casi el 180% en la actualidad, después de haber tenido una quita de nada menos que del 52% de su valor nominal en 2012. Los políticos como Schäuble no pueden calificar esto, simplemente pretenden ocultarlo, ignorarlo y cubrirlo con un manto de mentiras.


Pero como es imposible hacerlo, sólo les queda provocar el miedo. Por eso, los responsables de unas políticas que cualquier observador riguroso no podría sino calificar de absoluto fracaso, con tremendos costes sociales injustamente repartidos, se apresuran a añadir que no hay alternativa ninguna, que salirse de ellas conduce a la hecatombe, que los que quieren apartarse de tan virtuoso y fructífero camino son unos populistas.


Pero sólo defienden intereses de parte desde postulados de economía política extremadamente conservadores que no han sido refrendados por la realidad en ningún momento de la historia de las crisis económicas. Por el contrario, han sido refutados.


Es cuestión de salud pública desalojar democráticamente a estas élites del poder en toda Europa.


jueves, 18 de diciembre de 2014

CUBA

Casi 56 años después de que, en la madrugada del 1 de enero de 1959 entraran en La Habana las tropas del 2º Frente Nacional de Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo -al día siguiente lo harían las del Movimiento 26 de julio con los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara al frente, mientras que el mismo día uno Fidel Castro tomó Santiago de Cuba-, casi 54 años después de que Estados Unidos rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba, iniciando un embargo económico total, amén de emprender numerosas intentonas para derrocar al régimen castrista, los presidentes Obama y Raul Castro anunciaron ayer simultáneamente el propósito de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Al mismo tiempo se produjo un intercambio de presos condenados por actividades de espionaje: dos estadounidenses y tres cubanos.

Dos son, a mi juicio, los mensajes principales de la declaración de Obama. Uno dirigido al exilio cubano de Miami y a la derecha del Partido Republicano y de su propio partido: 50 años de hostilidad y embargo no han servido para alcanzar ninguno de los objetivos para los que fue establecido. El segundo tenía como destinatarios a las naciones de América Latina, ante las cuales la posición de los EE UU frente a Cuba estaba cada vez más aislada: "Todos somos americanos". ¿Inaugurará una nueva etapa de mayor interés de los EE UU hacia América Latina, y de nuevas relaciones basadas en la igualdad y la cooperación? Aún es pronto para saberlo y en parte va a depender de cual sea la reacción del partido que controla el Congreso y el Senado. Algunas declaraciones primerizas de parlamentarios republicanos apuntan al rechazo del fin del embargo. Pero Obama parece decidido a no caer en el síndrome del "pato cojo" de la etapa final de los segundos mandatos presidenciales. 

Del lado cubano la decisión también tiene sus riesgos. Raúl Castro parece decidido a profundizar en el modelo chino de economía mixta con férreo control político a través del partido único. Sabe que el peligro de contagio de las ansias de libertad -y de revancha de una parte del exilio cubano- que conllevan unas relaciones económicas, comerciales y turísticas abiertas es mucho mayor entre EE UU y Cuba que entre, por ejemplo, EE UU y China, por tamaño, proximidad geográfica y afinidades culturales. También, que nada une más y justifica errores y penurias que la existencia de un "enemigo exterior" bien real. Pero los hermanos Castro y la dirección del PCC no tenían otra opción que arriesgarse, so pena de perder cualquier fuente de legitimación y, sobre todo, cuando es muy real el peligro de una nueva crisis económica si Venezuela se ve obligada a cesar o reducir su ayuda a Cuba, por el hundimiento de los precios del petróleo y la grave situación económica que padece. El régimen cubano no puede permitirse un segundo "período especial" como el que vivió en los noventa tras el hundimiento de la Unión Soviética y las "democracias populares" europeas. La opción, desde un punto de vista económico es arriesgada pero inevitable y, por otra parte, es lo que ha venido reclamando Cuba desde hace décadas.

La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE UU es una buena noticia en un mundo que últimamente anda escasa de ellas. El fin del embargo debe ser su correlato pero no está garantizado. 

En cualquier caso, desde la izquierda no podemos dejar de decir que la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos son condiciones necesarias en cualquier sociedad justa y que no son incompatibles con el mantenimiento de los logros de la Revolución cubana, que sin duda los tiene.


viernes, 5 de diciembre de 2014

Artículo 135 de la Constitución: ¿modificar o derogar la reforma de 2011?

Publicado en el Blog de la Fundación 1º de Mayo_Economía, Trabajo y Sociedad en el diario digital Público.es 
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/05/articulo-135-de-la-constitucion-modificar-o-derogar-la-reforma-de-2011/

Javier Doz | presidente de la  Fundación 1º de Mayo

La propuesta de revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, efectuada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha servido para que los principales portavoces del PP se hayan lanzado en tromba contra él, tildándole de irresponsable y veleta. Los demás partidos de la oposición se han conformado con llamarle oportunista.
Pero Pedro Sánchez tiene toda la razón en reabrir el debate, al calor de una proposición parlamentaria de la Izquierda Plural, y sólo parte de ella en el alcance que quiere dar a la reforma. Lo que pretende es suprimir la parte más dañina y estrambótica de aquella reforma constitucional, pactada con nocturnidad y alevosía por Zapatero y Rajoy, e implementada en el tiempo récord de quince días de agosto de 2011. Porque su redacción, tal vez fruto de las extraordinarias prisas si no de la impericia de sus redactores y de la irresponsabilidad de los dirigentes de ambos partidos, fue más allá de lo exigido por el diktat del BCE y del gobierno alemán, al establecer la prioridad absoluta del pago de la carga de la deuda sobre cualquier otro gasto presupuestario, por muy vital que fuese para la ciudadanía del Estado Español o para sus instituciones.
¿Nos podemos imaginar cómo se podrían renegociar unas mejores condiciones de pago con los acreedores de España, si estos pueden parapetarse en un mandato de nuestra Constitución para negarse a ello? ¿Por qué no existe esta prescripción de prioridad absoluta de pago ni en la Constitución alemana ni en ninguna otra de la UE? En la vorágine de los últimos tres años de crisis española y europea había caído en relativo olvido uno de sus episodios más oscuros y lamentables. Un episodio en el cual la soberanía y la dignidad de los españoles fueron vapuleadas. A quienes últimamente se llenan la boca con tanta frecuencia con las apelaciones a la soberanía nacional hay que recordar que la peor forma de no respetarla es subordinar los intereses de la inmensa mayoría a los dictados de los poderes económicos y de los mercados y de los poderes políticos exteriores que dicen interpretarlos.
En agosto de 2011 se rompió el consenso constitucional
Ha hecho bien Pedro Sánchez en reabrir el debate. Tiene razón en su propuesta. Pero esta tiene un alcance limitado. Porque lo que habría que hacer es derogar la nueva redacción del artículo 135 de la CE, que lo que hace es elevar la exigencia de déficit presupuestario cero en el conjunto de las Administraciones Públicas al rango constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se hizo no fue otra cosa que constitucionalizar uno de los principios de la corriente más influyente de la economía política alemana, el ordoliberalismo. Esta corriente, fundada en los años treinta del Siglo XX al calor de la hiperinflación de la República de Weimar, está hoy trufada con postulados muy conservadores tomados de la economía neoclásica y de la economía de la oferta que han terminado por configurar lo que podría denominarse también neoliberalismo alemán.
Al constitucionalizar un principio de economía política tan discutible y tan de parte, tan ferozmente antikeynesiano, el PSOE y el PP rompieron, en agosto de 2011, el consenso constitucional más allá de la aritmética de aquella votación parlamentaria. Y lo hicieron introduciendo un precepto que sintetiza como pocos las políticas de austeridad que simultáneamente imponían las instituciones europeas y sobre las cuales la opinión, hoy mayoritaria, entre analistas e instituciones internacionales es que han fracasado, además de ser socialmente injustas por el tipo de reparto de las cargas de la crisis que establecen. Y por si no fueran suficientes estos argumentos para reclamar la derogación de la reforma constitucional del 2011, habría que añadir que ninguna constitución, y menos aún una que se precia de haber nacido sobre la base de un gran consenso político, puede colocar un dogal de tal dimensión sobre las políticas fiscal y presupuestaria de cualquier gobierno futuro.
La reducción del déficit público es necesaria
Por supuesto que es necesario reducir el déficit público y controlar el volumen de la deuda para que el servicio de la misma no suponga una carga insoportable para las cuentas públicas. Pero como muestra el análisis histórico de las políticas aplicadas para hacer frente a las crisis económicas y financieras desde finales del Siglo XIX -uno de los más completos es el contenido en el informe presentado por el propio FMI en la reunión anual de otoño que se celebró en Tokio en octubre de 2012- cuando se aplicaron políticas de austeridad fiscal y presupuestaria, la crisis se prolongó y profundizó, cayeron el crecimiento y el empleo y, por lo general, tampoco se redujeron el déficit y la deuda. Incluso, estos aumentaron por la disminución de los ingresos fiscales debida a la inducida caída de la actividad económica. Sólo las políticas keynesianas de estímulo de la demanda agregada para relanzar el crecimiento y el empleo han sido útiles parta salir de las crisis financieras y económicas
Una vez que las políticas monetarias y fiscales expansivas han logrado la recuperación del crecimiento económico es cuando los gobiernos deberían centrarse en la reducción del déficit y de la deuda -con o sin reestructuración de ésta última-, pero ya desde las mucho mejores condiciones para hacerlo derivadas del crecimiento de la economía.
¿Mantener en la Constitución el núcleo de unas políticas fracasadas?
La gestión política de la crisis actual, la más profunda desde la Gran Depresión, vuelve a corroborar los análisis de la historia económica. La comparación entre los resultados de las políticas de austeridad, reformas estructurales -que no han sido otra cosa que recortes de derechos y prestaciones laborales y sociales- y de devaluación interna, impuestas por Berlín y Bruselas a toda la UE, y en particular a la Zona euro, con los obtenidos por EE UU y los países del G20 que mantuvieron los compromisos y orientaciones de sus cumbres de 2008 y 2009, es evidente. Estos han dado resultados positivos mientras que la austeridad y sus acompañantes han sido un fracaso. Al otro lado del Atlántico se han recuperado niveles de crecimiento y empleo anteriores al estallido de la crisis. La UE, por el contrario, sufrió una segunda recesión y corre el riesgo de caer en una tercera o iniciar un largo período de estancamiento y deflación (a la japonesa). Una mayoría de países europeos, entre ellos España, están muy lejos de recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, mientras que el crédito y la inversión siguen sin repuntar. A esto hay que añadir las insoportables secuelas de pobreza, incremento de la desigualdad y deterioro de los servicios públicos esenciales,
Por todo ello, pienso que es más que razonable reclamar la anulación de una reforma constitucional que simboliza la esencia de una política tan fracasada como injusta, máxime cuando su precepto esencial, el déficit cero, no se cumple porque resulta imposible de cumplir. Es cierto que, en el contexto político actual, la anulación de la reforma podría provocar un aumento de la prima de riesgo e ir contra corriente de las prescripciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012). Sobre lo primero, pienso que para abaratar los intereses de la deuda lo más importantes es entrar en una senda de crecimiento económico sostenible y disponer de un sistema fiscal progresivo que proporcione ingresos suficientes al Estado. Sobre lo segundo, habría que subrayar que la UE vive una crisis política que no puede superarse dentro del actual marco institucional. Las fuertes tendencias centrífugas que la crisis, su mala gestión y la falta de proyecto político de futuro han generado sólo se podrán vencer con una reforma en profundidad de los tratados que permitan revitalizar la UE con un nuevo proyecto más democrático y socialmente avanzado. Y para ese nuevo proyecto buena parte del Fiscal compact y demás instrumentos de “gobernanza de la austeridad” son inservibles.
Por otro lado, como recientemente acaba de recordar Joaquín Estefanía, la redacción primigenia del 135 contenía ya otro párrafo sumamente inconveniente. Aquel que refiriéndose a los créditos destinados a hacer frente al pago de la deuda afirma: “Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Una interpretación literal de este precepto impediría cualquier tipo de reestructuración de la deuda española, sea por quita, ampliación de los plazos de pago o reducción de los tipos de interés que se pagan por ella.
En España, que vive una profunda crisis social y política, la reforma del artículo 135 de la CE, que derogase la modificación de 2011 y otros aspectos como el que acabamos de comentar, debería efectuarse en el marco de una reforma constitucional de calado que abordase todo lo que ha quedado obsoleto, se ha mostrado inconveniente, o se necesita para hacer frente a nuevas situaciones políticas o exigencias de la ciudadanía. Pero este es ya otro capítulo.

viernes, 28 de noviembre de 2014

El Plan Juncker de inversiones: insuficiente y engañoso


El Plan de inversiones presentado por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el 26/11/2014, es una propuesta de ingeniería financiera compleja que pretende promover inversiones, principalmente privadas (al menos 200.000 M€ de los 315.000 M€ que supuestamente podrían movilizarse) a partir de muy poco dinero público. Nada de éste último es, en principio, nuevo.

Si el Plan obtuviera la aprobación del Consejo y del PE, comenzaría a aplicarse, como muy pronto, en junio de 2015, y se desarrollaría a lo largo de tres años, aunque debido a que se indica que deberían primarse las inversiones a largo plazo, el período de ejecución de las mismas será previsiblemente superior.

La ingeniería financiera de Mr. Juncker
El mecanismo de financiación y promoción de inversiones aparece poco o mal descrito en buena parte de las informaciones periodísticas. No se trata de que con 21.000 M€ (16.000 de los presupuestos de la UE y 5.000 del BEI), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o/y el BEI emitan deuda hasta alcanzar una capacidad crediticia de 315.000 M€  (el coeficiente de apalancamiento hubiera sido de 1 a 15). No, los recursos iniciales son mucho más limitados: 63.000 M€ sería el resultado del apalancamiento. Lo que resta, hasta alcanzar los 315.000 M€, no los aporta el Plan. Deberían provenir de las aportaciones de las administraciones públicas estatales, regionales y locales y, en su mayor parte, de los inversores privados. Es decir, de los 315.000 M€, 252.000 son una mera estimación de la potencial capacidad de atraer a otros inversores. En un puro ejercicio de especulación, el Plan decide que 52.000 M€ podrían provenir de inversión pública de los Estados miembros y 200.000 M€ de inversores privados. Para facilitar la inversión pública se propone que no cuente a efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por las instituciones de gobierno de la UE.

El mecanismo para obtener los 63.000 M€ es el siguiente: se dispone de 13.000 M€ (8.000 de los presupuestos y 5.000 del BEI) que se usarán como garantía para cubrir posibles pérdidas en los proyectos en los que se invierta. Los 8.000 M€ no sólo no son nuevos sino que se detraen de lo presupuestado para programas importantes: 3.300 millones del programa Conectar Europa y otros 2.700 del programa Horizonte 2020, de investigación e innovación. Los restantes 2.000 millones provendrán de “márgenes presupuestarios”. Si hubiera que cubrir fallidos por encima de los 13.000 M€, los Estados miembros deberían aportar hasta un total de otros 8.000 M€.

Con este dinero de aval o grantía, el BEI acudiría al mercado, manteniendo su triple A, y emitiría bonos, hasta unos 63.000 M€. Esta cifra sería la dimensión real de la financiación del Plan (apalancamiento de 1 a 3, incluido), la que debería compararse con las cifras del Nuevo Plan Marshall de la DGB o las del plan de inversiones de la CES). El resto que, engañosamente, les permite hablar del multiplicador “15”, son hipotéticas inversiones asociadas de las administraciones públicas nacionales o de  inversores privados.

Instituciones del Plan y proyectos a financiar
Para decidir a qué proyectos se dedicarán esos alrededor de 63.000 millones se creará el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La lista de iniciativas susceptibles de recibir fondos la elaboran la Comisión y el BEI, con la participación de los Estados miembros. La elección final de los proyectos la realizará una Comisión de Inversión formada por expertos independientes, que comprobará la calidad y la viabilidad y validará cada proyecto. El BEI sería el prestamista

Según los cálculos del COM (2014) 903, de 26 de noviembre, que recoge la propuesta, la mayor parte de ese dinero para invertir en los proyectos (más de 200.000 millones) tendría que venir del sector privado dada la situación de las cuentas públicas de algunos países. Según la idea de la Comisión Europea, la mayor partida irá a inversiones a largo plazo; el resto se destinará a pymes de mediana capitalización.

No habrá cuotas por países ni límites en la distribución geográfica de los proyectos o topes en los montos que recibirá cada Estado miembro a la hora de decidir qué programas se beneficiarán del plan: el principal criterio será que sean económicamente viables.

Algunas conclusiones y comparaciones
El Plan es peor que lo anunciado y que lo que reflejan algunos medios de comunicación orientados por los servicios de prensa de la Comisión.

En primer lugar, por la escasa cuantía del mismo. Aún si consideramos la cifra de los 315.000 M€ que no es la que aporta el Plan sino la que muy mayoritariamente deben aportar otros actores y la dividimos por cada uno de los tres años de su aplicación, obtenemos la cifra de 105.000 €. Pues bien, con la crisis, las inversiones anuales (públicas y privadas) en la UE han caído un 26%, pasando de representar el 23% del PIB, en 2007[1], a sólo un 17% en 2013. Esta caída de 6 puntos de PIB, representa, en términos absolutos, una cantidad cercana a los 800.000 M€[2]. En su versión complementada y ampliada, el Plan Juncker sólo aporta poco más del 13% de la caída de la inversión. Pero siendo la financiación real europea máxima que podría aportar de 63.000 M€, es decir de 21.000 millones anuales, estos apenan representan el 2,6% de lo que ha caído la inversión desde que comenzó la crisis.

Si lo comparamos con las propuestas de planes de inversión de la DGB y la CES -250.000 M€, el 2% del PIB, 2,5 billones en los 10 años de duración- la dimensión del Plan Juncker también es limitadísima. Sus 21.000 M€ al año (sólo para 3 años) representan el 8,4% delo que reclama el sindicalismo europeo anualmente (durante 10 años).

Se trata, pues, de un miniplan de una dimensión equivalente a la del Plan de empleo juvenil.

Pero hay un aspecto que resulta especialmente criticable a la hora de señalar los escasísimos fondos presupuestarios europeos que se aportan en el Plan Juncker, -8.000 M€- detrayéndolos además de otras partidas de inversión. Es la comparación con los 55.000 M€ de fondos estructurales y de cohesión no utilizados del Presupuesto plurianual 2007-2013, y que se dibujaron en el papel del non nato Plan de crecimiento y empleo de junio de 2012. Cuando el Parlamento Europeo aprobó, finalmente, el Marco presupuestario plurianual 2014-2020, que suponía un recorte importante respecto al de 2007-2013, se vendió como una concesión importante la autorización para utilizar esos fondos en el nuevo septenato, por encima de las partidas ya aprobadas.

A la luz de la raquítica financiación presupuestaria del Plan Juncker, son preguntas obligadas: ¿Por qué no se han utilizado, por lo menos, estos 55.000 M€ para financiar el Plan Juncker? ¿Dónde está ese dinero? ¿Existe o existirá en algún momento, o se trata de un nuevo engaño? Lo que ya no deja ningún lugar a dudas es que el Plan de crecimiento y empleo, que no se ha cumplido en ningún aspecto[3], no sólo fue un “no plan”, sino que fue un “anti-plan” que sirvió de cortina de humo para no invertir lo ya presupuestado en unos presupuestos escasos, cuando más se necesitaba





[1] Raimond Torres (2014) sobre fuentes de Eurostat
[2] El PIB de la UE en 2012 fue de 12,97 billones de euros corrientes
[3] Tampoco el BEI aumentó en 2013 su inversión crediticia de un modo significativo. De hecho la cifra de 2013, 73.000 M€, fue inferior a la de 2009, 76.000 M€ 

viernes, 7 de noviembre de 2014

La crisis europea es política. La UE necesita un nuevo proyecto político

Publicado el 7 de noviembre de 2014Público.eslicado el 7 de noviembre de 2014 en:

PUBLICO.ES  BLOG DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO


Javier Doz
La crisis económica mundial que estalló en 2008, y que todavía padecemos intensamente, no sólo está teniendo en nuestro continente una profundidad y una duración superior a las que han padecido otras regiones del mundo, sino que ha terminado provocando una profunda crisis política del proyecto europeo. La crisis política de la Unión Europea tiene varias facetas. Por una parte, la relacionada con una opción de política económica para gestionar la crisis equivocada: la austeridad, impuesta por los países acreedores y económicamente más fuertes, encabezados por Alemania, a los endeudados y económicamente más débiles de la periferia europea. Por otra, conectada con la primera, la generada por los efectos sociales de la crisis cuyas principales manifestaciones son la profunda desconfianza de la mayoría de los ciudadanos europeos en sus instituciones y el auge electoral, en las elecciones europeas y en bastantes nacionales (o en los sondeos electorales), de partidos antieuropeos, populistas y de extrema derecha. En tercer lugar, se ha constatado la falta de funcionalidad de las instituciones de la UE, en particular para gobernar la economía de la zona euro, y su gran déficit democrático. Finalmente, a la erosión profunda de la cohesión social que la mala e injusta gestión política de la crisis ha producido en muchos países, entre ellos España, fruto del desempleo masivo y el incremento de la pobreza y la desigualdad, hay que añadir el deterioro de los lazos de confianza y solidaridad entre los Estados miembros, incluso entre sus poblaciones, lazos imprescindibles para sostener un proyecto político supranacional como la UE.

El fracaso de la austeridad
Que las políticas de austeridad y reformas estructurales –entendidas como recortes de los derechos sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva para promover la devaluación salarial- han sido un completo fracaso lo reconoce casi todo el mundo; menos sus principales responsables, el gobierno alemán a la cabeza. Lo han terminado por reconocer incluso uno de los organismos de la troika, el FMI. A su manera, sin autocrítica y con su ya habitual esquizofrenia. Lo han dicho la OIT, por supuesto, pero también la OCDE. Y, finalmente, el propio Mario Draghi, el pasado septiembre en Jackson Hole, ha sugerido “otra política”, porque la política monetaria del BCE, a la que aún le queda recorrido si le dejan, no basta, y porque es necesario impulsar inversiones y coordinar una política fiscal incentivadora del crecimiento.
Que la austeridad nunca fue la receta adecuada para enfrentarse a una recesión económica era cosa bien sabida desde los tiempos de la Gran Depresión. Lo reconocen hasta los más recientes estudios del FMI sobre las crisis económicas y las políticas para salir de ellas (de nuevo la esquizofrenia). Que se pretenda mantener cuando a Europa le ha ido tan mal -dos recesiones y actual riesgo de una tercera- si se compara con los EE UU, los demás países desarrollados o los emergentes entra dentro del campo de la temeridad. A diferencia de Europa, en casi todos ellos ha primado la recuperación del crecimiento y el empleo sobre la reducción de los déficits públicos, mediante una combinación de políticas monetarias expansivas y de incentivación de la demanda.
Desde una perspectiva histórica, podríamos estar viviendo, como ha advertido Joschka Fischer, otra manifestación de la incapacidad de Alemania para liderar Europa, por pretender hacerlo desde una aplicación rígida de su ideología en materia de economía política y desde la imposición de la primacía de sus intereses nacionales (En el Siglo XX, Europa ya vivió otros ejemplos mucho más terribles y antidemocráticos de esta incapacidad alemana).

Políticas de imagen para ocultar la parálisis y las malas decisiones
Desde hace más de dos años, la cantinela oficial es la de que hay que complementar la austeridad y las reformas estructurales con medidas que impulsen el crecimiento y el empleo. Por el momento no se han adoptado ninguna. En junio de 2012, la cumbre del Consejo Europeo aprobó un plan de crecimiento y empleo ficticio, una mera apariencia, del que no se ha realizado absolutamente nada. Los 6.000 millones del miniplan de empleo juvenil, el 5% de la supuesta financiación del plan mayor, todavía no han comenzado a librarse. Cuando hay indicadores que apuntan a una nueva recesión o un estancamiento prolongado, se acaban de celebrar, en octubre, dos cumbres del Consejo que no adoptaron ninguna medida para enfrentarse a la situación. El 8 de octubre, en Milán, se reunieron para hablar de empleo juvenil sin acordar nada; fue la 6ª cumbre para tal fin en año y medio, Los días 23 y 24, en Bruselas, pasaron de largo sobre una situación económica de emergencia. Los líderes europeos esperan que, en diciembre, Jean Claude Juncker les presente su Plan de inversiones de 300.000 millones Pero el gobierno alemán ya ha advertido que no pondrá financiación pública nueva ni permitirá endeudamiento europeo para financiarlo. ¿Se repetirá el fraude del plan de 2012?
Finalmente y para terminar el sombrío panorama, el Bundesbank, con su presidente Jens Weidmann a la cabeza, reúne apoyos para paralizar las intenciones de Draghi de ampliar la “flexibilización cuantitativa” con compras de deuda pública, el recurso principal de política monetaria que le queda por adoptar al BCE.
Es difícil encontrar una tan prolongada sucesión de incapacidades o adopción mala y tardía de decisiones como la que llevan practicando los responsables políticos europeos desde 2010. Algunos dirán que se han producido avances en el gobierno económico de la UE y la zona euro. Reconoceré algunas medidas adoptadas en el campo financiero: una limitada e incompleta Unión Bancaria; los fondos de estabilidad financiera como mecanismos disuasorios, aunque inutilizados para otros fines prácticos relacionados; y lo hecho por el BCE para rebajar los tipos de las deudas nacionales. Pero el resto de los elementos de gobernanza –six pack, two pack, pacto por el euro plus, semestre europeo, y el nuevo Tratado o Fiscal Compact– son inseparables de la austeridad. Están pensados básicamente para aplicarla y, además, ahondan el déficit democrático de la UE, al ceder a la Comisión y el Consejo elementos de soberanía tan esenciales como el presupuestario sin reforzar simultáneamente las competencias del Parlamento Europeo.
Al tiempo, sigue sin haber instrumentos de gobierno económico para la política fiscal, las política de inversión y las industriales y medioambientales, entre otras. En el momento de escribir estas líneas hemos conocido los planes del gobierno irlandés para crear nuevos instrumentos para sus prácticas de dumping fiscal, y el muy grave escándalo del Luxemburgo Leaks, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que denuncia que existen más de 500 acuerdos secretos, entre el gobierno del Gran Ducado y empresas multinacionales, para promover la evasión o elusión fiscales. La mayoría de estos acuerdos fueron firmados cuando Jean Claude Juncker era primer ministro de Luxemburgo.

Existe el riesgo de ruptura
¿Cómo se extrañan todavía algunos gobernantes europeos por el hecho de que, en estas circunstancias la ciudadanía europea les dé la espalda, y también a la UE?
Una manifestación extrema de hasta donde pudiera llegar la crisis política europea en sus componentes nacionales la tenemos en Francia. La posibilidad de que Marine Le Pen, reconvertida a una suerte de neoperonismo a la francesa, pudiera vencer en las próximas elecciones generales es ya real. Si sucediera, la UE recibiría una herida de muerte. Pero en lugar de decir algo que se enfrente al regreso de los nacionalismos europeos, el mal que asoló nuestro continente durante siglos, la derecha en casi todos los países juega a competir con los nacionalistas antieuropeos en el terreno de la agenda política de la extrema derecha. Mientras, la socialdemocracia tiene hoy como políticos más destacados a Manuel Valls y Matteo Renzi, cuya principal aportación política es su voluntad de emular a Tony Blair
Hoy, el problema principal de Europa es la falta de política, de propuestas y de praxis, para enfrentarse a los grandes problemas que sufren los ciudadanos, empezando por la que lleve a restaurar un crecimiento sostenible y superar el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad. Pero para romper el círculo vicioso del descontento ciudadano que retroalimenta la fragilidad e, incluso la ilegitimidad de la UE es imprescindible formular un nuevo proyecto de futuro. Además de ser honestos, y parecerlo, los políticos europeos tienen que acertar en las políticas y decir hacia donde se quiere ir. Ante la clamorosa ausencia de proyecto de futuro, la partida puede perderse frente a los nacionalismos disgregadores de los Estados nación y de los que resurgen con fuerza en el interior de los mismos, como en el caso de Cataluña dentro del Estado Español.

Refundación política sobre la base del federalismo
Creo, con toda convicción, que la solución, en España y en Europa, es el federalismo, un federalismo articulado en dos grandes planos, el de la UE y el de los Estados nación que lo adoptaran. Este sería el núcleo de una propuesta para la refundación política de la UE: retomar y renovar la propuesta de los Estados Unidos de Europa. La democracia, participativa y transparente, tendría que ser una componente insustituible tanto en el proceso constituyente –Convención Europea- como del modelo final de la Europa federal.
¿Planteamiento utópico en el disgregador y gris panorama político europeo? No, por mucho que se tarde en alcanzar un objetivo tan ambicioso, es imprescindible formularlo ya, para comenzar a agrupar fuerzas políticas y sociales europeas en torno a él, y para tener la oportunidad de, primero contrarrestar, y después imponerse democráticamente a la profunda corriente nacionalista y antieuropeísta que recorre Europa.
La izquierda política y social europea tiene que acompañar una propuesta de esta naturaleza con alternativas a más corto plazo, al menos en dos grandes campos: el económico y el sociolaboral. Pueden ayudar bastante para ello dos propuesta elaboradas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES): su plan de inversiones para un crecimiento sostenible y la del Nuevo Contrato Social Europeo.

Es urgente otra política económica
La UE necesita una nueva política económica que promueva el crecimiento y el empleo y, a partir de ellos, alcanzar la estabilidad presupuestaria y financiera de sus Estados. Simultáneamente, se deberían sentar las bases de un cambio de modelo productivo hacia una economía verde, integrando las políticas energética, industrial y medioambiental. Estos objetivos informan el Plan de inversiones de la CES [1], que preconiza un monto anual de las mismas equivalente al 2% del PIB, durante 10 años. Su financiación, en buena parte realizada a través del BEI, descansaría en endeudamiento europeo garantizado por el BCE (eurobonos). El BCE, por su parte, debería adoptar sin demora, todas las medidas de “flexibilización cuantitativa” a su alcance, incluida la de compra de deuda pública de los Estados. Correspondería a la Comisión y al Consejo completar la tercera pata de un plan económico de urgencia mediante la coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de incentivar la demanda interna europea, junto con la adopción de cuantas medidas sean necesarias para acabar con el fraude y la elusión fiscales de empresas y particulares, con el dumping fiscal de ciertos Estados miembros, y para poner fin al escándalo de la existencia de paraísos fiscales bajo la jurisdicción de Estados europeos.

Europa como democracia socialmente avanzada
El pilar social es imprescindible en cualquier proyecto de futuro. Europa solo tendrá futuro como democracia socialmente avanzada. Cohesionando socialmente a los Estados miembros se ayuda a cohesionarlos entre sí. La calidad del empleo y la reducción sustancial de los niveles de pobreza y desigualdad deben de ser los objetivos principales. El nuevo proyecto político europeo tendrá que construirse junto con un sistema de normas políticas, sociales y laborales básicas, que garanticen un mínimo común denominador de derechos y prestaciones a todos los trabajadores y ciudadanos europeos, y la igualdad real de hombres y mujeres y de cualesquiera colectivos de personas que vivan y trabajen en la UE. En el campo del trabajo y de las relaciones laborales hay que garantizar la fortaleza y autonomía de las partes en la negociación colectiva así como dotar de una nueva dimensión al diálogo social europeo que comprenda su articulación con los de ámbito nacional.
En la situación actual de crisis económica, social y política, el proyecto político europeo, tal vez el más relevante del Siglo XX, sólo se salvará si los partidos políticos, viejos o nuevos, son capaces de remontarse sobre el marasmo del tacticismo, el electoralismo y el oportunismo y formular proyectos de futuro coherentes y mostrar la voluntad de realizarlos. ¿Lo harán?

Nota[1]: “Un nuevo rumbo para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos de calidad”. CES, noviembre de 2013

martes, 28 de octubre de 2014

Corrupción. El aire es ya irrespirable. Urge la regeneración de nuestra democracia

La llamada Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha contabilizado en el día de ayer 51 detenidos, entre alcaldes, políticos regionales, altos funcionarios y empresarios de Madrid, Murcia, Valencia y León. Según la Fiscalía anticorrupción formaban parte de una trama delictiva -corruptores y corruptos juntos- que cobraba un 3% del valor de cada uno de los contratos que eran adjudicados a los empresarios.

La parte más densa de la trama se concentra en Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes -cuatro del PP, uno del PSOE y un independiente- y el que fuera durante bastantes años número dos del PP regional y brazo derecho de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. En León, ha caído el Presidente de la Diputación.

Este asunto junto con el de las tarjetas black de Caja Madrid - Bankia van a ser, probablemente, las dos gotas que colmen el vaso de la indignación popular por la corrupción. Máxime cuando han venido acompañados de nuevos episodios, o nuevas informaciones relacionadas por otros episodios de corrupción que podemos llamar "clásicos". La lista es impresionante: Gurtel y Bárcenas (con Acebes y el alcalde de Toledo imputados), Clan Pujol (con los hijos Jordi y Oleguer como protagonistas), Trías, Caixa Catalunya, Bancaja, EREs andaluces y fraudes en la formación, etc., etc.

La impresión de la mayoría de la ciudadanía es que la corrupción es un hecho generalizado entre los políticos españoles. Es posible que sea una afirmación exagerada pero hace tiempo que superamos el nivel de lo que algunos consideran como "inevitable" grado de corrupción de cualquier sociedad democrática. Durante todo el día me he preguntado si estamos llegando a "tangentópolis" y la respuesta que a mí mismo me he dado es que todavía no pero estamos cerca.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, las organizaciones afectadas han respondido suspendiendo de militancia o expulsando a los imputados. Con mayor o menos celeridad y contundencia, eso sí. Son conscientes que la ciudadanía española ya no aguanta más y que, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, en las próximas la corrupción sí va a hacer pagar pesados costes a sus principales protagonistas.

Cuando la desconfianza en quienes nos gobiernas y en las principales instituciones (gobierno, parlamento, partidos políticos) alcanza cotas de entre el 80% y el 90%, el problema es ya de profunda erosión y deslegitimación de las instituciones democráticas. En medio de la grave y prolongada crisis económica que padecemos, y de sus secuelas de desempleo, pobreza y desigualdad, la deslegitimación de las instituciones democráticas nos hace entrar en una zona de alto riesgo político.


A quienes nos gobiernan, a los partidos políticos, en primer y destacado lugar, pero también a los sindicatos y organizaciones empresariales y a  las organizaciones sociales hay que exigirles una reacción urgente y contundente contra la corrupción y por la regeneración de la democracia española.

Esta reacción pasa necesariamente por apartar definitivamente de la política a los corruptos y llevarlos ante la justicia. Pero también hay que apartar de la política a quienes tienen una responsabilidad directa en el encubrimiento de la corrupción. Es inconcebible que pueda encabezar la regeneración de la democracia española el autor del celebre sms "Luis. sé fuerte" dirigido al cuarto tesorero nacional del PP procesado por corrupción, días después de conocerse que tenía cuentas millonarias en Suiza, y dos años después de estallar los casos Gurtel y Bárcenas. O la autora de la famosa explicación del "finiquito, en diferido, a modo de simulación" para justificar por qué se le había estado pagando durante dos años a Luis Bárcenas 24 veces el salario mínimo interprofesional por no realizar ningún trabajo y, por lo tanto, con una finalidad que la lógica y el sentido común indican que no podía ser otra que la de comprar su silencio.

El hecho de que dos de los más graves casos de corrupción de la larga lista afecten directamente a la dirección nacional del PP, hoy en el Gobierno del Estado y de la mayoría de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, dificulta gravemente adoptar soluciones ejemplares y creíbles para erradicar la corrupción. Pero éstas no pueden esperar más tiempo. El aire es ya irrespirable. 

Corresponde a la sociedad, a las organizaciones sociales que representan de diferentes modos y en diferentes momentos y grados a la ciudadanía ponerse a cabeza de esta exigencia nacional e interclasista (aunque quienes más padecen los costes de la corrupción sean siempre los de abajo). A los partidos políticos y a las organizaciones sociales afectadas corresponde ejecutar pronta, eficaz y justamente esta demanda nacional, empezando por depurar a todos los responsables y encubridores. Si no lo hacen sobrarán y otros vendrán si es que la democracia lo aguanta. La hora ha llegado.








miércoles, 15 de octubre de 2014

La crisis del ébola y las políticas de salud pública y cooperación internacional



La crisis provocada por el contagio por el virus del ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, en el Hospital Carlos III, ha puesto de manifiesto, además de los graves fallos y la incompetencia de las autoridades sanitarias del Estado y de la Comunidad de Madrid, la importancia de las políticas de salud pública y el sentido que tienen las de cooperación internacional al desarrollo, aún en momentos de crisis económica.

Es probable que la dimensión de la crisis sea mayor en sus aspectos políticos, en particular en lo que se refiere a la desconfianza de la ciudadanía en sus responsables políticos, que, por el momento, en los estrictamente sanitarios. Aunque una enfermedad infecciosa que tiene una tan elevada tasa de letalidad -entre el 50% y el 90%-,  de la que no existe todavía vacuna, y que es relativamente poco conocida, siempre es un problema grave de salud pública.

La desconfianza de la ciudadanía en los responsables políticos, que tiene una base permanente construida sobre la percepción de una corrupción generalizada y otras malas prácticas, se vio alimentada durante la semana posterior al conocimiento del contagio de Teresa, por una nefasta política de comunicación. Algunos medios sensacionalistas la utilizaron para vender alarmismo. 

La desconfianza se fue trocando en indignación ante actitudes como la del consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que para intentar tapar su responsabilidad en los graves errores de gestión de la crisis, culpabilizó, en tono ofensivo y chulesco, a Teresa de su propio contagio y del peligro de contagio de las personas con las que ella se relacionó. Sus declaraciones, reiteradas durante dos días, han sido un ejemplo descollante de falta de ética. Su irresponsabilidad se ve agravada, y raya en la provocación, por el hecho de haber firmado, en plena crisis, el decreto que liquidaría definitivamente el Carlos III, cuando desde todos los medios sanitarios y desde los ámbitos políticos y sociales se está reclamando justo lo contrario: que vuelva a ser el centro de referencia nacional para el tratamiento de las enfermedades infecciosas graves. 

La decisión del Consejo de Ministros del 10 de octubre de crear un comité de crisis, presidido por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que será asesorado por un comité científico integrado por personalidades de alto nivel, y de nombrar como portavoces oficiales a profesionales sanitarios competentes parece haber mejorado la situación. 

Deseo fervientemente, como la inmensa mayoría de los españoles, la recuperación de Teresa y la confirmación de que no hay más personas contagiadas. También que esto dé paso, si bien no sería imprescindible el retardo, a las  necesarias dimisiones -o ceses- de Ana Mato y Javier Rodríguez. Aunque tengo serias dudas de esto último, conocida la querencia del PP por no asumir -o retrasar su asunción al máximo- las responsabilidades políticas por los graves errores o los casos de corrupción, demostrable por una larga lista de nombres: Prestige, Yak-42, 11-M, Gurtel, Bárcenas, Comunidad Valenciana, etc.

Recortes, descoordinación e infravaloración del papel de las políticas de salud pública como telón de fondo
Sobre la crisis del ébola habrá que hacer un análisis en profundidad de todos los errores y carencias para que no se vuelvan a repetir. Me refiero a las cuestiones políticas de fondo, puesto que la evaluación de lo que ha fallado en lo relativo a la aplicación de los protocolos de actuación sanitaria y sobre la idoneidad de los mismos, tiene que ser urgente y permanente y realizarse por parte de profesionales expertos.

La crisis del ébola ha puesto de manifiesto las graves consecuencias de la política de recortes presupuestarios a la sanidad pública, la falta de importancia que dan los responsables del PP a las políticas de salud pública, la mala coordinación en materia de política sanitaria entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, y, los muy perjudiciales efectos de los drásticos recortes de los fondos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo.

España sin centro de referencia de enfermedades infecciosas
Varias de estas malas prácticas políticas convergen en el hecho de que no haya en España un sólo centro de referencia para el tratamiento de enfermedades contagiosas graves. Cuando el Carlos III lo era,implícitamente, tenía un nivel de seguridad P3, siendo que para el tratamiento de virus con los niveles de peligrosidad del ébola es recomendable un nivel P4. Ahora, las plantas del hospital que se utilizan han sido montadas y desmontadas apresuradamente para atender a los dos religiosos repatriados y a Teresa Romero y a las demás personas en riesgo de contagio. No tiene laboratorio para realizar las analíticas y las muestras tienen que ser trasladadas al Hospital de la Paz. 

Hay que exigir que el Hospital Carlos III se convierta en el centro de referencia de enfermedades infecciosas graves en España, dotándolo de los medios personales y materiales necesarios para ello. Hay que hacer que además de sus funciones terapéuticas, sea un centro de investigación puntero y colabore en las tareas de formación de los profesionales sanitarios y de otros colectivos como policías, personal de aduanas, etc.

Desdén por las políticas de salud pública de los privatizadores madrileños

La importancia que el gobierno de la Comunidad de Madrid da a las políticas de salud pública se puede medir por el hecho de haber suprimido la dirección general de tal nombre, dentro de la estructura de la Consejería de Sanidad. Se adujeron motivos de reducción del gasto. Pero un gobierno que tiene competencias plenas en materia de salud no puede hacer esta barbaridad. 

No tengo dudas de que estas decisiones, que han conllevado un riesgo para la salud de la población madrileña, están en relación con el afán privatizador de los consejeros que antecedieron en el cargo a Javier Rodríguez. Estuvieron bien apoyados por Esperanza Aguirre e Ignacio González, y sólo fueron parados por la impresionante movilización de los trabajadores de la sanidad madrileña (la "marea blanca") y por los tribunales que impidieron consumar el plan de la "tríada de la puerta giratoria": Güemes-Lamela-Lasquetty.

Frente a este desdén por lo público hay que exigir que las políticas de salud pública en general y, en particular, las destinadas a la prevención de las enfermedades infecciosas, tengan la importancia que merecen por parte de unas administraciones, central y autonómicas, que deben coordinar mucho mejor su trabajo y dotarse de las estructuras de gestión necesarias para su aplicación. Tendrían que empezar por la revisión de las estrategias de salud que se refieren a las enfermedades infecciosas y hacerlo en colaboración con el personal sanitario. 



La epidemia está en África: ¿donde está la cooperación oficial española?
El lugar donde hay que parar el ébola es en África, pero la cooperación oficial española para hacerlo apenas existe a pesar de los llamamientos de la OMS. Aportan más las personas individuales que, con extraordinaria generosidad, están trabajando allí como misioneros o miembros de ONG, como Médicos sin Fronteras, que el gobierno español. Esto es debido a que uno de la partidas presupuestarias que más drásticos recortes ha sufrido, como consecuencia de la política de austeridad es la destinada a cooperación internacional para el desarrollo. En los presupuestos del Estado ha caído un 60%. Las partidas destinadas a tal efecto en los presupuestos de la CAM y de los ayuntamientos se han reducido casi a cero. Justamente se está iniciando estos días en Madrid una campaña -Madrid Elige Solidaridad- para denunciar esta situación y exigir al gobierno de la CAM y a los ayuntamientos que restauren las ayudas a la cooperación para el desarrollo.

España tiene que cooperar en la lucha contra el ébola en África en la medida de nuestra riqueza que, ciertamente, está muy tocada por la crisis pero que todavía es enormemente superior a la que tienen países como Guinea, Sierra Leona o Liberia. Hay que hacerlo no sólo como acto de humanidad y solidaridad, razón que debería ser suficiente, sino también por interés. Aquellos a los que la solidaridad con otros pueblos, en momentos difíciles para nosotros, les cause recelo, deberían pensar que es para nosotros del mayor interés acabar con el ébola en sus países de origen. Porque terminar con la actual y mortífera epidemia y luchar por la erradicación completa del virus es también proteger la salud de la población de España, de Europa y del resto del mundo




jueves, 9 de octubre de 2014

La izquierda frente al Estado Islámico (II)

Javier Doz |
nuevatribuna.es | 09 Octubre 2014 

En la primera parte del artículo sostenía que es inevitable realizar una intervención política y militar contra el Estado Islámico en Iraq y Siria para ayudar a la población de los dos Estados y para evitar que una amplia zona del territorio de ambos, si no la totalidad de los mismos, caiga en manos de la más poderosa organización yihadista que haya existido nunca. Su consolidación en ese territorio permitiría al EI utilizarlo como plataforma para preparar acciones terroristas en Europa y otros países y para nuevas guerras de conquista de territorio que le permitieran progresar hacia su califato ideal. Después de ver cumplidas, el 11 de marzo de 2004, las amenazas de Al Qaeda contra España, por la intervención del gobierno de Aznar en la Guerra de Iraq, conviene no menospreciar en absoluto las amenazas de las organizaciones yihadistas.
Por estas razones y las expuestas en la primera parte del artículo no puedo entender que una parte de la izquierda no dé ninguna alternativa práctica para salvaguardar los bienes más preciados a defender en esta compleja y despiadada guerra: la vida, la integridad física y moral, la libertad y el bienestar de millones de personas. Tampoco puedo entender que su discurso y sus argumentos históricos y políticos, algunos de ellos ciertos, acaben siendo el reverso de los discursos intervencionistas que se basan sólo en consideraciones geopolíticas; o que, en algunos casos, se fundamenten casi en exclusiva en la premisa de que todo lo que venga de los EE UU es necesariamente malo.
Para tener un plan político sólido que permita alcanzar los objetivos mencionados, que difícilmente pueden dejar de ser rechazados por cualquier fuerza de izquierdas, hay que resolver, o tener en cuenta, problemas regionales muy profundos y complejos y líneas de fuerza actuantes que contienen factores contradictorios.
La Guerra de Siria
El primero problema, inseparable de cualquier solución, es el de la Guerra Civil Siria, desencadenada meses después de que en el Día de la Ira, del 15 de marzo de 2011, se iniciaran grandes movilizaciones de masas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el ejército de Bashar al-Assad con armamento pesado. Desde entonces, la cifra de víctimas mortales ha superado, según la ONU, las 200.000, y el número de desplazados de sus hogares 9,6 millones, cerca de la mitad de la población, tres de ellos fuera del país. En la lucha militar contra la sanguinaria dictadura de los Assad, el Ejército Libre Sirio (ELS) ha ido perdiendo peso frente a los grupos de combatientes islamistas suníes[1]. Dentro de estos, el ISIS/EI se va convirtiendo aceleradamente en la fuerza principal que lucha contra todos: gobierno de Damasco, ELS y también contra los demás grupos islamistas (incluido Al Nusra, filial de Al Qaeda), al tiempo que implanta la sharia y el terror en los territorios que ocupa en Siria e Iraq, donde acaba por proclamar el Califato. A estas organizaciones, en particular aI EI, se han incorporado miles de yihadistas suníes voluntarios, procedentes de muchos países, principalmente de Europa, Norte de África y Oriente Próximo.  Apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, luchan miles de milicianos chiíes libaneses de Hezbollah y guardianes de la revolución iraníes. Se trata, pues, de una guerra ya regionalizada, aunque sea parcialmente porque todavía no se han enfrentado Estados entre sí, directamente.
Existen otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de plantear una salida justa y duradera. La necesidad de superar -o debilitar al máximo- la componente religiosa del conflicto y sus proyecciones políticas, evitando, por ejemplo, volver a caer en experiencias tan nefastas como la del gobierno sectario de Al Maliki en Iraq. Esto debería contribuir a poner en sordina las grandes y antiguas rivalidades entre Irán y Arabia Saudí por la hegemonía geopolítica en la región, que han incentivado que Arabia Saudí –en competencia con un nuevo rival interno en el campo suní, Qatar- haya financiado y suministrado armas a los yihadistas salafistas, incluidos algunos que se integraron en el EI. Mientras, Irán hacía lo propio con el régimen de Damasco.
Estrategia política y militar en el marco de la ONU
Cualquier intervención militar contra el EI que, como mínimo, pretenda no repetir los fracasos de Afganistán, Iraq y Libia, tiene que ir acompañada de un proyecto político coherente. Como lo tuvieron los Aliados para Alemania, Japón -y el mundo, en general- al término de la 2ª Guerra Mundial (dejando al margen su distorsión como consecuencia de la Guerra Fría). Los pilares de ese proyecto, para Siria e Iraq, son: democracia (por definición laica) y desarrollo económico y social impulsado por un vasto plan de  cooperación internacional. En el caso de Siria, se necesita un esfuerzo especial para reconstruir un país arrasado por la guerra[2]. Para desarrollar todas las componentes de la intervención sería necesario convocar una Conferencia Internacional, auspiciada por la ONU, en la que participaran los países de la Región.
Cualquier nueva intervención en Oriente Próximo también requiere, en paralelo, un abordaje serio y coherente del conflicto entre Israel y Palestina. Y esto pasa necesariamente por un plan que promueva la creación de un Estado palestino y el reconocimiento efectivo de los derechos de su pueblo ya proclamados por la ONU. No se puede pretender ser creíble ante las poblaciones de Oriente Próximo mientras se permite que Israel boicotee impunemente todos los planes de paz y se apoye o acepte pasivamente la masacre de la población civil de Gaza como respuesta a un acto terrorista individual.
Resulta evidente que la legitimidad de un plan de esta naturaleza, como la de cualquier otro similar, requiere de su aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello resulta necesario contar con la colaboración de Rusia que, aunque está interesada en la destrucción del EI, no va a permitir que el Consejo de Seguridad avale con su voto el derrocamiento del gobierno aliado sirio. Rusia, además, mantiene las relaciones con EE UU y la UE bajo mínimos por el conflicto de Ucrania. Pero, la perspectiva de una guerra circular en Siria, con tres bloques, cada uno de los cuales lucha contra los otros dos, no ayuda al fin de la guerra y, menos aún, a una salida política estable y democrática. ¿Significa esto que hay que sacrificar al pueblo sirio y su derecho a vivir en una sociedad democrática al interés inmediato de derrotar al EI? No, en absoluto. De entrada, hay que partir de que la peor perspectiva para el pueblo sirio y para las fuerzas democráticas de oposición a la dictadura de  Al-Assad es la de una continuidad de la guerra, en la que progresivamente EI (flanqueado por Al Nusra, o el Frente Islámico) se hiciera con una completa hegemonía en el bando opositor. Entonces entre Al-Assad y el EI se escogería al primero. Por eso, hay que pactar con Rusia una salida política de la primigenia guerra de Siria que, forzosamente, debe significar la salida del poder de los Assad. Así se podrá aprobar, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el marco jurídico y político de una intervención militar contra el EI y la reconstrucción democrática de Siria. Esto sería la mejor salida para todos, en particular para la oposición democrática, y desde luego para el pueblo sirio. Aunque llevara consigo concesiones geopolíticas a Rusia y una salida no traumática para los actuales gobernantes sirios, merecería ser defendida desde los valores democráticos y de izquierdas dada la complejidad del conflicto y su peligrosidad potencial. Hay que proponer soluciones prácticas que pongan fin a tanto sufrimiento de tanta gente para abrirles un futuro con esperanza. Esa es la razón de ser de la diplomacia.
Diplomacia, financiación y fronteras
Por supuesto que para que una solución de esta índole progrese es necesaria una diplomacia vigorosa, algo que parece ausente del mundo en los últimos años. La UE, como tal, tiene una política exterior muy débil. Las principales potencias diplomáticas europeas (Francia, Alemania y el Reino Unido) se han cuidado de que no fuera fuerte. Catherine Ashtom ha personificado esta debilidad. La nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, es una incógnita completa. Pero no se puede caer en la desesperanza y la melancolía. Hay que comenzar por exigir un plan claro a la UE, los EE UU y la ONU.
Para derrotar al EI, tan importante como la acción militar es acabar con sus fuentes de financiación y con los centros de reclutamiento y las rutas de acceso de las armas y los yihadistas extranjeros. Estos dos tipos de bloqueo requieren de la colaboración decidida de los países vecinos y de otros del Norte de África y Europa. Al respecto, es particularmente importante el papel que Turquía puede jugar. Turquía ha permitido que su frontera con Siria sea un coladero por donde el EI realiza el contrabando de petróleo, su principal fuente de financiación, y por donde entran a Siria los yihadistas extranjeros. El conflicto histórico de Turquía con su población de origen kurdo y la organización política que los representa, el PKK, le ha llevado a desconfiar de un fuerte Kurdistán iraquí, autónomo o independiente, y de que ocurra lo mismo en Siria. Es otro de los principales problemas colaterales a resolver, que interfiere en las soluciones generales, sobre todo si se tiene en cuenta que, en estos momentos, las únicas fuerzas que sobre el terreno se enfrentan decididamente a las tropas del EI son los pesmergas kurdos que luchan por su supervivencia y por su futuro como nación. Al respecto se han sucedido hechos políticos contradictorios: primero el gobierno y el parlamento turcos han aprobado la intervención militar con tropas sobre el terreno contra el Estado Islámico, tanto en Siria como en Iraq; pero, en los últimos días, el gobierno turco parece negarse a intervenir en Kobane, asediada por el EI, lo que ha generado protestas masivas de la población kurda de Turquía, con decenas de muertos.
La mayoría de los analistas militares opinan que no es posible derrotar al EI sólo con bombardeos aéreos, dada la debilidad de las fuerzas de tierra que hasta hoy se le enfrentan, y consideran que es necesario que la coalición de naciones envíe tropas terrestres. Igualmente importante sería su permanencia para asegurar la paz una vez que el EI fuera derrotado. En este caso, una opción legítima sería la de un contingente de Naciones Unidas, que reconvirtiera su misión, tras el fin de las hostilidades, y se convirtiera en un contingente de paz que asegurara la reconstrucción de las zonas devastadas y la construcción del proyecto político democrático.
Las bases de una estrategia
He apuntado algunas de las bases, condiciones y vías de actuación sobre las que debiera asentarse una acción contra el Estado Islámico en Iraq y Siria y por el fin de la Guerra Civil Siria. Se pueden esquematizar en: mandato de la ONU, Conferencia Internacional, coalición político-militar, proyecto político para el futuro de Iraq y Siria – que comprenda: reconstrucción, democracia, cohesión social, laicismo y tolerancia religiosa-, y cooperación internacional para implementarlo. Además, establecer un enfoque bien distinto del dominante hasta el momento, en los EE UU y la UE, sobre el tratamiento del conflicto entre Israel y Palestina que tenga visos de ser aplicado en la práctica.
Algunos objetarán que son demasiados los propósitos y obstáculos para vencer, dados los intereses nacionales e ideológicos en juego, para poner en marcha un plan de esta naturaleza. Y que es casi imposible ir poco más allá de una coalición militar. Se les debe responder que el riesgo de un nuevo fracaso en la región geopolíticamente más explosiva del mundo es muy elevado, y sus consecuencias muy peligrosas, si se interviene sin proyecto político o modelo para construir la paz en la posguerra. No es realista pensar que la región vaya a democratizarse si no se actúa con visión estratégica, coherencia, fortaleza democrática y respeto a las poblaciones. Máxime cuando en la región vecina del Norte de África de los tres países que han tenido revoluciones o rebeliones por la libertad sólo uno permanece con ella: Túnez. Por ello, Túnez debería ser apoyado política y materialmente mucho más de lo que lo está siendo hasta el momento, para que su democracia se consolide y fortalezca. La consolidación de una democracia socialmente justa en Túnez también ayuda en Oriente Próximo. E influiría positivamente para que Egipto retorne del autoritarismo en el que ha vuelto a caer y para que Libia no pierda definitivamente la esperanza de salir del caos en que está sumida.
Luchar contra el paro,  la pobreza y la desigualdad
Un caldo de cultivo de la influencia del islamismo político y del yihadismo es la situación social derivada de la pobreza, la desigualdad y el paro masivo que afecta sobre todo a la población joven, muy mayoritaria en las sociedades árabes. Por eso, algo que habría que proponer en cualquier caso tiene, en el que nos ocupa, doble valor: la reconstrucción material y la construcción política democrática tienen que ir acompañadas de un programa ambicioso de lucha contra el paro, la pobreza y de desarrollo de la cohesión social. En Iraq y Siria, pero también en los demás países de la región y del norte de África.
Conclusión
Una izquierda que quiera transformar la realidad no puede quedarse en declaraciones de principios frente al enorme sufrimiento de millones de personas y el gravísimo riesgo de que un totalitarismo identitario religioso, que practica el terrorismo y el terror de masas, se afiance en un amplio territorio cercano a Europa. Tiene que decir cómo vencer al Estado Islámico, sin caer en los garrafales errores de otras intervenciones – errores que acompañaban a aviesas intenciones ocultas-, y cómo procurar, a las poblaciones que lo  sufren, un futuro de paz, prosperidad y libertad.

[1] Del ELS se escindieron, a finales de 2013, tres organizaciones islamistas que junto con otras cuatro formaron el Frente Islámico. Además, en el verano de 2012 se creó el Frente Al Nusra, que, en abril de 2013, se vinculó a Al Qaeda. Finalmente, en 2013 comenzó a actuar en Siria el Estado Islámico en Iraq y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés), que nació en Iraq como filial de Al Qaeda con quien rompe porque ésta se niega a permitir que amplíe su campo de acción a Siria y porque la considera inoperante. Cuando en junio de 2014 proclama el Califato en los territorios que ocupa en Siria e Iraq pasa a llamarse Estado Islámico (EI)
[2] Samir Aita recoge estimaciones sobre las pérdidas motivadas por la guerra civil y las sitúa en cuatro veces el PIB sirio de 2010 (“¿Qué Siria tras la guerra civil?” en “Siria: esperanzas defraudadas” Alejandra Ortega Ed. Cuadernos de Información Sindical. CCOO.)