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jueves, 29 de mayo de 2014

Las dos caras de Felipe González

Este artículo se publicó en el diario Nueva Tribuna el 29 de mayo de 2014:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/caras-felipe-gonzalez/20140529162221103916.html  


Ayer estuve en Caixa Forum en la presentación del "Informe 2014 sobre la Democracia en España: democracia sin política", de la Fundación Alternativas. Los responsables de la publicación, Joaquín Estefanía y Belén Barreiro, subrayaron el enorme nivel de desconfianza y desafección de los españoles en las instituciones políticas nacionales y europeas. El tercero más elevado de Europa respecto a las propias y el 2º, detrás de Grecia, respecto a las europeas (hablamos del 70%-80%). Ambos coincidieron en la peligrosidad de la fractura entre ciudadanía y élites. Estefanía hizo hincapié en la conciencia general de que la crisis ha sido gobernada para favorecer a los ricos a costa de los demás y en medio de una gran corrupción. Barreiro que hubiera preferido como título del informe "política sin democracia", hizo hincapié en la imperiosa necesidad de que los políticos digan la verdad a la gente sobre los temas vitales del gobierno y la sociedad.

  Pere Portablella manifestó su simpatía por todo lo que se mueve: 15M, mareas, Podemos, movilización social del soberanismo catalán, etc.

   Y el último en hablar fue Felipe González. Hay que reconocer que sigue diciendo cosas que interesan aunque no se esté de acuerdo con ellas. Al principio fueron sus anécdotas de expresidente que se sigue codeando con las élites políticas (y económicas) del mundo. Contó como De la Rúa le llamó en diciembre de 2000, para pedirle consejo para salir de la tremenda crisis política que asolaba Argentina y que, cuando llegó a Buenos Aires, el que se había ido del país y de la presidencia era De la Rúa. Añadió González que para cubrir su ausencia pidió conversar con alguien en que la gente confiara, si es que había alguno, y le dijeron que el único era un obispo llamado Bergoglio, con quien tuvo una larga conversación. O como la presidenta Dilma Rousseff, quince días antes de que estallara en Sao Paulo el movimiento de los indignados brasileños, le contaba que en Brasil no podía suceder nada similar a lo que había ocurrido en España. 

  Sobre la crisis y su gestión, Felipe González dijo algunas cosas interesantes. Situó entre sus causas la pérdida de soberanía de los Estados frentes a los mercados y el aumento de la desigualdad en el reparto de la riqueza. Criticó la gestión europea de la crisis comparándola con la realizada por el gobierno de los EE UU, y afirmó que el mal diseño del euro había agravado la situación. Se refirió a las conclusiones de la cumbre de Pittsburgh del G20 para decir que la regulación financiera que allí se preconizó no se ha realizado en absoluto y que el capital financiero sigue comportándose igual que antes de la crisis y que ello está llevando a la incubación de una nueva burbuja de activos financieros. Ante algunas de estas afirmaciones, sobre todo las relacionadas con la gestión de la crisis en Europa y España, cabría preguntarle cuales fueron sus opiniones sobre lo que hizo el gobierno de Zapatero a partir de mayo de 2010, y cual debiera haber sido la alternativa de la socialdemocracia europea a los diktats de la canciller Merkel en todos estos años (y aún ahora, que seguimos sin conocerla). Pero, en fin, bien está que se situara en el campo de la crítica a conductas y situaciones tan evidentes (excepto para quienes mandan).

   Pero, al final, Felipe González patinó al translucir lo mal que le han sentado los espectaculares resultados electorales de Podemos. Sin nombrar, eso sí, a la estrella ascendente de la política española. Lo hizo con dos frases contundentes. En la primera se reivindicó como miembro de "la casta": "Soy miembro de la casta y como miembro de la casta universalicé la asistencia sanitaria en España". El problema no es que reivindique una de las cosas buenas que hizo mientras gobernó en España, cosa no sólo comprensible sino necesaria, el problema es que "casta" significa para muchos, y no solo para Pablo Iglesias, todo lo malo de la política española (y europea y mundial, si se quiere, pero vivimos y sufrimos en España): corrupción, puertas giratorias (la suya le ha reportado muchos beneficios económicos), desprecio de los intereses de las mayorías, acatamiento de los intereses del poder económico, autoritarismo y represión policial y judicial de la protesta, mentiras, insufribles -por vacías y engañosas- campañas electorales, etc. Y de eso a Felipe González no se le ha escuchado decir nunca nada o, por lo menos, yo no lo recuerdo.

  Pero peor aún fue la referencia al supuesto bolivarianismo de Podemos: "Sería catastrófico que prendiesen alternativas bolivarianas que conducen a lo de siempre: se reparte igual pero miseria, salvo la nomenclatura que nunca se queda con miseria". Colocándose en la misma óptica crítica que los medios de la derecha y del TDTparty, González demuestra su alejamiento de la realidad y su incapacidad para comprender la crisis política española y el modo de enfrentarla. Lo cual es muy lamentable porque una de las componentes más importantes de esa crisis es la crisis de su partido, el PSOE, crisis de liderazgo pero, sobre todo, crisis de su ideología y de su politica. Y como soy de los que sigo pensando que sería muy bueno para la izquierda y para los españoles que el PSOE pudiera resolver bien su crisis, lamento profundamente que Felipe González, que sigue teniendo una influencia importante en el PSOE, pueda descalificar de forma tan sectaria y ramplona uno de los fenómenos nuevos y esperanzadores de la política española.

  Yo le diría a Felipe González que, a pesar de los viajes que hayan podido hacer Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero a Caracas, Podemos, hoy por hoy, nada tiene que ver con el bolivarianismo venezolano. Tiene que ver con una crítica de izquierdas radical al funcionamiento de la democracia y del capitalismo en España y en Europa. Crítica muy justificada, por cierto, en la mayoría de sus argumentos. Algunos de ellos los compartió Gonzalez, "en tono moderado" eso sí, en su charla. Y tiene que ver con el hecho de ser el referente político del 15M, movimiento que llegó a tener la simpatía del 80% de los españoles. Lo que sea en el futuro Podemos no lo sé, ni lo sabe casi nadie. Porque, afortunadamente, tiene su futuro por escribir. Y esto es hoy un valor en la política española. 





lunes, 26 de mayo de 2014

Crisis, desafección ciudadana y refundación de la Unión Europea

[Este artículo fue publicado en el diario digital Nueva Tribuna el 23 de mayo de 2014. Se accede mediante el enlace:
http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/crisis-desafeccion-ciudadana-y-refundacion-union-europea/20140522160836103709.html  ]
Javier Doz
Hay que comenzar sin demora -a partir del 25 de mayo- a sentar las bases para la construcción de un nuevo proyecto europeo democrático, solidario, ecológico y socialmente avanzado.
La situación política y social europea exigía que la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo (PE) sirviera para hacer un debate serio sobre el balance de la gestión de la crisis económica y las alternativas para salir de la misma y para superar la profunda crisis política que vive el propio proyecto europeo. Aunque sólo fuera por los niveles de desapego y desconfianza que la ciudadanía europea muestra con respecto a la UE y sus instituciones (en torno al 70%), sólo superados en muchos Estados por la desconfianza hacia las instituciones democráticas nacionales (80% en España). Lamentablemente, y de nuevo, no ha sido así. Ni en España ni en la mayoría de los países de la UE. Sólo se salvan los debates entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. Pero estos han sido marginados por las televisiones nacionales. En nuestro país, incluso, en buena parte del tiempo de los dos principales debates televisivos y en las informaciones “preparadas” por los dos principales partidos para los telediarios, ni siquiera se ha hablado de Europa. ¿Por qué los dirigentes y estrategas electorales de los partidos principales caen sistemáticamente en los mismos vicios que dicen querer corregir?
El por qué de la desafección ciudadana
Pero además de estos malos modos de hacer política y de los estragos que causa la corrupción y las malas e insuficientes respuestas a ella por parte de los partidos afectados, otras razones inciden hoy en la desafección ciudadana hacia sus instituciones políticas, nacionales y europeas. Son las relacionadas con la responsabilidad de las élites económicas y políticas en la génesis de la crisis, con el modo de gestionarla y las dramáticas consecuencias laborales y sociales que ha producido, con la acertada percepción de que el gobierno de la crisis ha priorizado la preservación de las rentas y los privilegios de los poderes financieros y económicos, con el modo tan poco democrático con el que las instituciones europeas han impuesto unas políticas –de “austeridad”- que a la postre han resultado un fracaso.
Es decir, las causas de la desafección ciudadana se relacionan con el funcionamiento del modelo socioeconómico, con la conducta de las élites y con las malas políticas. La desafección esta muy justificada pero es muy peligrosa. Si los dirigentes, políticos y sociales, y los intelectuales no son capaces de reaccionar con ideas y alternativas serias, será el campo de cultivo para el triunfo de populistas y “salvapatrias”.
Las políticas de austeridad, reformas estructurales –en su mayor parte no otra cosa que recortes de derechos sociales y laborales- y devaluación interna de los Estados con desequilibrios macroeconómicos, impuestas por Alemania al conjunto de la UE, a partir de 2010, han sido un completo fracaso económico, con profundas y negativas consecuencias sociales y políticas. Cuando sus responsables europeos y los ejecutores nacionales se atreven ahora a anunciar su “éxito” a los primeros síntomas de un crecimiento débil e incierto habría que recordarles que: a) provocaron una segunda recesión en Europa (a diferencia de lo ocurrido en EE UU, Japón y los emergentes que mantuvieron políticas opuestas); b) aumentaron el paro hasta los 27 millones (12% de la población activa de la Zona euro, con una distribución enormemente divergente entre el 4% y el 6% de Austria y Alemania y el 26% y 27% en España y Grecia); c) han producido una disminución de los salarios y las pensiones que, junto al paro, han provocado un fuerte aumento de la pobreza, de modo general, y de la desigualdad en muchos países; y, c) provocaron la ruptura del contrato social sobre el que se construyeron los Estados de bienestar europeos después de la 2ª Guerra Mundial. Esta ruptura se produce por el profundo deterioro infringido, en numerosos países, a las prestaciones sociales y los servicios públicos fundamentales así como a los instrumentos básicos de dicho contrato: la negociación colectiva y el diálogo social.
La imposición de recortes, desregulaciones y privatizaciones a través de las condiciones establecidas en los memorandos de entendimiento (MOU) de la troika con los países rescatados (incluida España en su rescate bancario) o de las “recomendaciones por país” de la Comisión, dentro del Semestre Europeo, se ha hecho con una total falta de transparencia y de democracia y en campos que no son competencia de la UE (salarios, pensiones, prestaciones sociales, servicios públicos, negociación colectiva, etc.). Se ha hecho vulnerando la Carta de Derechos Fundamentales y convenios internacionales que obligan a los países de la UE, como los convenios fundamentales de la OIT (su Comité de Libertad Sindical ha fallado contra los gobiernos de Grecia y España por violación de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical). El conjunto de normas de intervención en materia de “gobernanza económica” -Six pack, two pack, Pacto por el euro plus, Semestre Europeo, planes nacionales de reforma y recomendaciones por país y el nuevo Tratado o fiscal compact- tienen un denominador común: la ausencia o debilidad de los mecanismos de control democrático y participación social, sean europeos o nacionales.
La crisis europea es una crisis política
Esta forma de gestionar la crisis europea ha producido divergencias económicas y sociales profundas, entre los Estados y en el interior de los mismos y la mayoritaria desconfianza de los ciudadanos en la UE. En ausencia de un proyecto de futuro por parte de los partidos mayoritarios, de las instituciones europeos o de algún gobierno nacional, y ante la constatación de que se ha gestionado la crisis en beneficio del poder financiero y los poderes económicos y con un gran desprecio por los derechos de los trabajadores y la ciudadanía,  a favor de unas naciones y en detrimento de otras, no hay por qué extrañarse de la desconfianza masiva. Si muchos políticos europeos de los grandes partidos juegan la baza del nacionalismo y aún del populismo por puro electoralismo, resulta muy hipócrita lamentarse del progreso de sus formas más extremas. La crisis europea es ante todo una crisis política, de aplicación de políticas equivocadas e injustas y de ausencia de proyecto común de futuro. El progreso de la extrema derecha, de los partidos xenófobos, populistas y antieuropeos es consecuencia de la crisis política y de la ausencia de liderazgo político europeo positivo.
Hay alternativas y conducen a la refundación de la Unión Europea
Hay que actuar ya para promover una recuperación económica vigorosa y solidaria con un plan de inversiones europeo potente financiado con eurobonos (la Confederación Europea de Sindicatos propone invertir un 2 %  del PIB europeo durante 10 años).  Es imprescindible una armonización fiscal que evite el dumping fiscal y sirva de marco de sistemas fiscales progresivos que proporcionen suficiencia financiera a los Estados y una acción común prioritaria contra el fraude y la elusión y por la erradicación de los paraísos fiscales. Un nuevo proyecto europeo que recobre la confianza de la ciudadanía tiene que basarse en un fuerte pilar social de derechos garantizados por los tratados y gobernar la economía democráticamente, con competencias reforzadas del PE y los parlamentos nacionales. Estos cambios, con la finalidad estratégica de construir una federación de Estados europeos, los Estados Unidos de Europa, son de una profundidad que justifica utilizar la expresión refundación política de Europa. El principal instrumento para la refundación debería ser una convención constituyente en la que también pudieran participar los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
Lo que acabo de sintetizar puede que vaya, hoy, en contra de lo que piensan las mayorías que se configuraren el próximo PE, no digamos de la que conforman los gobiernos nacionales en el Consejo Europeo, bajo la batuta de Alemania. Pero estas heterogéneas mayorías que no quieren o no se atreven a formular “más Europa, pero social y democrática” no llevan a ninguna parte.
Sin un nuevo proyecto político avanzado, que una a grandes mayorías europeas, políticas pero sobre todo sociales, en torno a un nuevo bienestar compartido y solidario, la UE puede llegar a ser insostenible, y quebrarse por sus contradicciones, divergencias y egoísmos nacionales. A pesar de los intereses económicos que todavía actúan de pegamento –bastante más que los vínculos afectivos y culturales que la crisis ha degradado-, el proyecto europeo, al igual que cualquier proyecto político supranacional a lo largo de la historia, no tiene garantizada su supervivencia. La historia nos dice que todos desaparecen si no se transforman en Estado, federación o confederación de Estados. La crisis y las malas políticas han puesto en marcha poderosas fuerzas centrífugas cuando las estructuras jurídico políticas de la UE son todavía débiles, sus mecanismos de funcionamiento y de tomas de decisiones  lentos, ineficaces y poco democráticos, y los vínculos culturales de una nueva identidad europea sólo incipientes. Pararse sería por ello retroceder hacia la ruptura. Y como Europa es necesaria, y la conmemoración del centenario del inicio de la 1ª Guerra Mundial nos recuerda una de las razones principales de su necesidad, habría que comenzar sin demora -a partir del 25 de mayo y desde todos los ámbitos de la política y la sociedad- a sentar las bases para la construcción de un nuevo proyecto europeo democrático, solidario, ecológico y socialmente avanzado

lunes, 12 de mayo de 2014

La Fiscalía y el Gobierno contra el derecho de huelga

Ya no puede considerarse un hecho aislado. Se juntan demasiados casos en los últimos meses y semanas en los que aparece siempre la mano de la fiscalía que, como se sabe, tiene al Gobierno detrás marcando el camino. 

Tamara y Ana han sido condenadas a tres años y un día de cárcel acusadas de tirar pintura al agua de una piscina durante una huelga en 2010. Siendo condenadas en primera instancia a seis meses y multa, la fiscalía recurrió y la Audiencia de Pontevedra les acaba de imponer la pena máxima por tan tremendo delito "contra los derechos de los trabajadores" (¡tremendo sarcasmo!).

Hace tres días conocíamos que la fiscalía de Baleares pedía 4 años y medio de cárcel para Katiana Vicens, secretaria general de CC OO de las Islas Baleares, por participar en un piquete de la huelga general del 29 de marzo de 2012, en el que se rompió una luna de un autobús. Katiana no rompió ningún cristal. Simultáneamente, la fiscalía madrileña pedía siete años y medio a dos sindicalistas madrileños de la UGT -José Manuel Nogales y Ruben Ranz- por atentado a la autoridad y lesiones cuando la policía cargó contra un piquete durante la misma huelga general.

Recientemente, tres sindicalistas de UGT y CIG fueron condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete informativo durante una huelga del transporte en Vigo que tuvo lugar en 2008 

Por participar en un piquete informativo a la puerta de su fábrica -la factoría de AIRBUS de Getafe-, durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, ocho miembros del Comité de empresa (7 de CC OO y uno de UGT, entre ellos el presidente del Comité) han recibido la petición de 8 años de cárcel, nada menos, por parte de la fiscalía de Madrid. Se les acusa de atentado a la autoridad y otros delitos cuando lo más reprochable en los incidentes que acaecieron fue la actuación desproporcionada de la policía que llegó a efectuar disparos con arma de fuego. Por participar, el mismo día, en otro piquete, en Logroño,la fiscalía de la Rioja pidió, en febrero, un año de cárcel contra 5 sindicalistas de CC OO, entre ellos el secretario general de la unión regional, Koldo González.

En conjunto, se han producido condenas o peticiones que suman un total de 140 años de cárcel en 40 procesos. Las peticiones por las huelgas generales de 2010 y 2012 se están produciendo de una forma sospechosamente simultánea. No debe caber dudas sobre la existencia de una orientación general de la Fiscalía General del Estado. Tampoco de la inspiración gubernamental.

Se trata de peticiones o condenas absolutamente desproporcionadas, basadas sólo en testimonios de parte de la policía, los empresarios o los esquiroles.

Estamos asistiendo al mayor ataque al derecho de huelga, pilar fundamental de los derechos de los trabajadores, desde la reinstauración de la democracia en España. Forma parte de la deriva autoritaria de un Gobierno que la considera necesaria para intentar sofocar la protesta que su gestión, profundamente antisocial, de la crisis genera. Las multas gubernativas a los manifestantes y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Ministro Fernández Díaz son algunas otras de las manifestaciones del más rancio autoritarismo de la derecha española del que el Gobierno del PP hace gala.

Esta situación tan seria requiere movilizarse mediante una campaña profunda y sostenida de denuncia ante la opinión pública que se complemente con el recurso a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos, empezando por la OIT.





lunes, 5 de mayo de 2014

Movilizaciones sindicales y sociales en Europa: 2013

[Este artículo forma parte del Informe: “El Estado de la Unión Europea. La ciudadanía europea en tiempos de crisis” (Fundación Alternativas y Friedrich Ebert Stitfung, Madrid, abril de 2014]

Desde el comienzo de la crisis y en particular desde el estallido de la crisis griega y la adopción por parte del Consejo Europeo de las políticas de austeridad (2010), el sindicalismo europeo ha venido desarrollando movilizaciones generales tanto de carácter nacional como europeo para oponerse a tales políticas. Desde entonces hasta finalizar 2013 se han producido más huelgas y jornadas de movilización generales nacionales que en cualquier otro período desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. En mayor medida en los países más afectados por los ajustes fiscales y las reformas y recortes de los derechos sociales y laborales, es decir en los del sur de Europa, pero no sólo allí. También ha habido movilizaciones de carácter europeo, convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Han adoptado la forma de euromanifestaciones y jornadas de acción descentralizadas, en ocasiones coordinadas con movilizaciones de carácter más amplio convocadas en algunos países.

Estas acciones coincidieron, sin embargo, con una tendencia fuerte de reducción de las huelgas sectoriales o de empresa motivadas por demandas de mejora de salarios o condiciones laborales en la negociación colectiva, que ya se había manifestado en la primera década del Siglo XXI respecto a la última del Siglo XX, que son los períodos sobre los que existen análisis fiables basados en información estadística depurada. En bastantes países aumentaron, sin embargo, las movilizaciones ligadas a la defensa del empleo amenazado por procesos de reestructuración o cierre de empresas. El mapa de las movilizaciones sindicales desde el comienzo de la crisis es muy heterogéneo (ya lo era con anterioridad). Su diversidad se relaciona tanto con el muy diferente grado de impacto de la crisis y de los efectos de las políticas de austeridad como por las distintas tradiciones de acción sindical. La mayoría de las movilizaciones de carácter general se han producido en los países del sur y en algunos del centro y el este de Europa, aunque hubo un repunte de acciones en algún otro, como el Reino Unido, donde también las hubo de carácter general en 2011 y 2012

La ofensiva contra el Modelo Social Europeo
La gran extensión de los cambios sufridos desde el comienzo de la crisis (2008) en las reglas que rigen las relaciones industriales y la negociación colectiva y en las leyes laborales está reflejada en el Cuadro 1, elaborado por el Instituto de Estudios Sindicales de la CES (ETUI, 2014). No hay precedentes en la historia de la UE.



Los principales campos afectados han sido: tiempo de trabajo, contratos atípicos (temporales, a tiempo parcial, ETT), despidos (facilidad e indemnizaciones) y negociación colectiva. Su finalidad ha sido la búsqueda de la competitividad y la productividad a través de la reducción de los costes laborales y de la flexibilidad (no negociada en muchos casos). No hay evidencia de que exista esta correlación en las economías europeas de mayor éxito. Cambios anunciados como temporales tienden a ser permanentes. Aunque las reformas están generalizados, su profundidad y regresividad es muchísimo más acusada en los países del sur y del este, lo que contribuye a agrandar la divergencia social europea.

El intervencionismo de las instituciones de la UE en la determinación de los salarios y en la negociación colectiva, campos que no son de competencia comunitaria, ha sido extenso y profundo. Está reflejado, para el período 2011-2013, en el Cuadro 2 de ETUI (2014), basado en Schulten y Müller (2013). Una parte de los cambios regulatorios regresivos son prescripciones establecidas en los MOU de la troika para países rescatados, incluido España por su rescate bancario. Otra parte están contenidos en las Recomendaciones Específicas por País del Semestre Europeo. Las medidas impuestas o recomendadas han debilitado seriamente la negociación colectiva y sus bases legales en los siguientes países: Irlanda, Rumana, Grecia, Portugal, Hungría, Italia y España (ETUI, 2014, 75). En los casos más extremos (Irlanda y Rumania) han impuesto la abolición de convenios colectivos nacionales. En los demás han promovido su modificación unilateral por el empresario, la descentralización hacia el convenio de empresa y el fin de la ultraactividad, dificultando la extensión y permitiendo acuerdos con “grupos de trabajadores” en lugar de con sindicatos.

La  “devaluación interna”, de tan negativas consecuencias para la recuperación de la economía europea, ha tenido en la devaluación salarial su componente principal. Ha sido una decisión política debilitar la negociación colectiva en entornos de paro masivo. En el Cuadro 3 (ETUI, 2014, 77) se muestra como en 18 de los Estados miembros de la UE han disminuido los salarios medios reales entre 2009 y 2013. De forma brutal en Grecia, Chipre y Hungría y muy significativa (5 % o más) en Rumania, Portugal, España, Irlanda, Reino Unido y Eslovaquia. Además, los salarios mínimos por hora han disminuido en 9 de 23 países estudiados: Grecia. Chipre, Reino Unido, España, Estonia, Irlanda, Lituania, Holanda y Bélgica. De nuevo, de forma brutal en Grecia: -28 %. (ETUI 2014, 73). Por último, diremos que las retribuciones de los empleados públicos han disminuido en términos nominales o reales, en sus conceptos generales (los más) o por la pérdida de bonus o complementos especiales en 19 de los 28 países de la UE [1], tanto en los sometidos a las condiciones de la troika o el FMI (9) como en los otros (11).

La respuesta sindical
Para tener datos objetivos sobre la amplitud de la respuesta sindical nos enfrentamos a un hecho sorprendente: las estadísticas sobre el número de huelgas y jornadas de trabajo perdidas sólo están disponibles con años de retraso, no existen o no son fiables. Las autoridades de varios países, en particular del sur de Europa, parecen no tener interés en que se conozcan. “La información oficial sobre las acciones de huelga ha sido “suspendida” en el caso de Portugal (desde 2007), o no está disponible en absoluto en Grecia (desde 1999) o Italia (desde 2010). Para varios otros países, los datos más recientes o se han perdido o ni siquiera han sido recogidos” (ETUI, 2014, 80). He analizado el contenido de la principal base de datos sobre el tema, la de la OIT (ILOSTAT), y comprobado como los datos más actualizados se refieren sólo a algunos países europeos en 2012 y los de España están muy subestimados...



[1] Los 19 Estados en los que los salarios de los empleados públicos disminuyeron nominal o realmente son: GR, LV, HU, RO (entre el 15% y el 30%), ES, IE, IT, PO (más del 10%), CY, CZ, DK, EE, FR, LT, PL, SI, UK, NL y SK. Fuente ETUI (2014, 71)

El artículo completo se encuentra en este enlace que permite acceder al texto completo del Informe:



Salir de la crisis. Refundar Europa


[Este artículo forma parte del libro colectivo "Europa 3.0. 90 miradas desde España a la Unión Europea", cuyos coordinadores han sido Miguel Ángel Benedicto y Eugenio Hernández. El enlace con el texto completo del libro se puede encontrar   en :  http://www.plazayvaldes.es/upload/ficheros/europa3.0_ebook.pdf ]

Las políticas de austeridad, reformas estructurales –en su mayor parte no otra cosa que recortes de derechos sociales y laborales- y devaluación interna de los Estados con desequilibrios macroeconómicos, impuestas por Alemania al conjunto de la UE, a partir de 2010, han sido un completo fracaso económico, con profundas y negativas consecuencias sociales y políticas. Cuando sus responsables europeos y los ejecutores nacionales se atreven ahora a anunciar su “éxito” a los primeros síntomas de un crecimiento débil e incierto habría que recordarles que: a) provocaron una segunda recesión en Europa (a diferencia de lo ocurrido en EE UU, Japón y los emergentes con políticas opuestas); b) aumentaron el paro hasta los 27 millones (12% de la población activa de la UE, con una distribución enormemente divergente entre el 4% y el 6% de Austria y Alemania y el 26% y 27% en España y Grecia); c) han producido una disminución de los salarios y las pensiones que, junto al paro, han provocado un fuerte aumento de la pobreza, de modo general, y la desigualdad en muchos países; y, c) provocaron la ruptura del contrato social sobre el que se construyeron los Estados de bienestar europeos después de la 2ª Guerra Mundial por el deterioro infringido, en numerosos países, a las prestaciones sociales y los servicios públicos fundamentales así como a los instrumentos básicos de dicho contrato: la negociación colectiva y el diálogo social.

La imposición de recortes, desregulaciones y privatizaciones a través de las condiciones establecidas en los memorandos de entendimiento (MOU) de la troika con los países rescatados (incluida España en su rescate bancario) o de las “recomendaciones por país” de la Comisión, dentro del Semestre europeo, se ha hecho con una total falta de transparencia y de democracia y en campos que no son competencia de la UE (salarios, pensiones, prestaciones sociales, servicios públicos, negociación colectiva, etc.). Se ha hecho vulnerando la Carta de Derechos Fundamentales y convenios internacionales que obligan a los países de la UE, como los convenios fundamentales de la OIT (su Comité de Libertad Sindical ha fallado contra los gobiernos de Grecia y España por violación de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical). El conjunto de normas de intervención en materia de “gobernanza económica” –Six pack, two pack, Pacto por el euro plus, Semestre Europeo, planes nacionales de reforma y recomendaciones por país y el nuevo Tratado o fiscal compact- tienen un denominador común: la ausencia o debilidad de los mecanismos de control democrático y participación social, sean europeos o nacionales.

Esta forma de gestionar la crisis europea ha producido divergencias económicas y sociales profundas, entre los Estados y en el interior de los mismos. También, una mayoritaria desconfianza de los ciudadanos en la UE. En ausencia de un proyecto de futuro por parte de los partidos mayoritarios, de las instituciones europeos o de algún gobierno nacional, y ante la constatación de que se ha gestionado la crisis en beneficio del poder financiero y los poderes económicos y con un gran desprecio por los derechos de los trabajadores y la ciudadanía,  a favor de unas naciones y en detrimento de otras, no hay por qué extrañarse de la desconfianza masiva. Si muchos políticos europeos juegan la baza del nacionalismo y aún del populismo por puro electoralismo, resulta muy hipócrita lamentarse del progreso de sus formas más extremas. La crisis europea es ante todo una crisis política, de aplicación de políticas equivocadas e injustas y de ausencia de proyecto común de futuro. El progreso de la extrema derecha, de los partidos xenófobos, populistas y antieuropeos es consecuencia de la crisis política y de la ausencia de liderazgo político europeo positivo.


Hay que actuar ya para promover una recuperación económica vigorosa y solidaria con un plan de inversiones europeo potente financiado con eurobonos (la Confederación Europea de Sindicatos propone invertir un 2 %  del PIB europeo durante 10 años).  Es imprescindible una armonización fiscal que evite el dumping fiscal y sirva de marco de sistemas fiscales progresivos que proporcionen suficiencia financiera a los Estados y una acción común prioritaria contra el fraude y la elusión y en pro de la erradicación de los paraísos fiscales. Un nuevo proyecto europeo que recobre la confianza de la ciudadanía tiene que basarse en un fuerte pilar social de derechos garantizados por los tratados y gobernar la economía democráticamente, con competencias reforzadas del PE y los parlamentos nacionales. Estos cambios, con la finalidad estratégica de construir una federación de Estados europeos, tienen que ser de una profundidad que justifica utilizar la expresión refundación política de Europa. El principal instrumento para la refundación debería ser una convención constituyente en la que también pudieran participar los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Lo que sintetizo aquí puede que vaya contra la corriente principal, pero ésta no lleva a ninguna parte. Sin un nuevo proyecto político avanzado, que una a grandes mayorías europeas en torno a un nuevo bienestar compartido y solidario, la UE puede llegar a ser insostenible, y quebrarse por sus contradicciones, divergencias y egoismos nacionales.