Corrupción. El aire es ya irrespirable. Urge la regeneración de nuestra democracia

La llamada Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha contabilizado en el día de ayer 51 detenidos, entre alcaldes, políticos regionales, altos funcionarios y empresarios de Madrid, Murcia, Valencia y León. Según la Fiscalía anticorrupción formaban parte de una trama delictiva -corruptores y corruptos juntos- que cobraba un 3% del valor de cada uno de los contratos que eran adjudicados a los empresarios.

La parte más densa de la trama se concentra en Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes -cuatro del PP, uno del PSOE y un independiente- y el que fuera durante bastantes años número dos del PP regional y brazo derecho de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. En León, ha caído el Presidente de la Diputación.

Este asunto junto con el de las tarjetas black de Caja Madrid - Bankia van a ser, probablemente, las dos gotas que colmen el vaso de la indignación popular por la corrupción. Máxime cuando han venido acompañados de nuevos episodios, o nuevas informaciones relacionadas por otros episodios de corrupción que podemos llamar "clásicos". La lista es impresionante: Gurtel y Bárcenas (con Acebes y el alcalde de Toledo imputados), Clan Pujol (con los hijos Jordi y Oleguer como protagonistas), Trías, Caixa Catalunya, Bancaja, EREs andaluces y fraudes en la formación, etc., etc.

La impresión de la mayoría de la ciudadanía es que la corrupción es un hecho generalizado entre los políticos españoles. Es posible que sea una afirmación exagerada pero hace tiempo que superamos el nivel de lo que algunos consideran como "inevitable" grado de corrupción de cualquier sociedad democrática. Durante todo el día me he preguntado si estamos llegando a "tangentópolis" y la respuesta que a mí mismo me he dado es que todavía no pero estamos cerca.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, las organizaciones afectadas han respondido suspendiendo de militancia o expulsando a los imputados. Con mayor o menos celeridad y contundencia, eso sí. Son conscientes que la ciudadanía española ya no aguanta más y que, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, en las próximas la corrupción sí va a hacer pagar pesados costes a sus principales protagonistas.

Cuando la desconfianza en quienes nos gobiernas y en las principales instituciones (gobierno, parlamento, partidos políticos) alcanza cotas de entre el 80% y el 90%, el problema es ya de profunda erosión y deslegitimación de las instituciones democráticas. En medio de la grave y prolongada crisis económica que padecemos, y de sus secuelas de desempleo, pobreza y desigualdad, la deslegitimación de las instituciones democráticas nos hace entrar en una zona de alto riesgo político.

A quienes nos gobiernan, a los partidos políticos, en primer y destacado lugar, pero también a los sindicatos y organizaciones empresariales y a  las organizaciones sociales hay que exigirles una reacción urgente y contundente contra la corrupción y por la regeneración de la democracia española.

Esta reacción pasa necesariamente por apartar definitivamente de la política a los corruptos y llevarlos ante la justicia. Pero también hay que apartar de la política a quienes tienen una responsabilidad directa en el encubrimiento de la corrupción. Es inconcebible que pueda encabezar la regeneración de la democracia española el autor del celebre sms "Luis. sé fuerte" dirigido al cuarto tesorero nacional del PP procesado por corrupción, días después de conocerse que tenía cuentas millonarias en Suiza, y dos años después de estallar los casos Gurtel y Bárcenas. O la autora de la famosa explicación del "finiquito, en diferido, a modo de simulación" para justificar por qué se le había estado pagando durante dos años a Luis Bárcenas 24 veces el salario mínimo interprofesional por no realizar ningún trabajo y, por lo tanto, con una finalidad que la lógica y el sentido común indican que no podía ser otra que la de comprar su silencio.

El hecho de que dos de los más graves casos de corrupción de la larga lista afecten directamente a la dirección nacional del PP, hoy en el Gobierno del Estado y de la mayoría de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, dificulta gravemente adoptar soluciones ejemplares y creíbles para erradicar la corrupción. Pero éstas no pueden esperar más tiempo. El aire es ya irrespirable. 

Corresponde a la sociedad, a las organizaciones sociales que representan de diferentes modos y en diferentes momentos y grados a la ciudadanía ponerse a cabeza de esta exigencia nacional e interclasista (aunque quienes más padecen los costes de la corrupción sean siempre los de abajo). A los partidos políticos y a las organizaciones sociales afectadas corresponde ejecutar pronta, eficaz y justamente esta demanda nacional, empezando por depurar a todos los responsables y encubridores. Si no lo hacen sobrarán y otros vendrán si es que la democracia lo aguanta. La hora ha llegado.