Seguir por correo electrónico

viernes, 28 de noviembre de 2014

El Plan Juncker de inversiones: insuficiente y engañoso


El Plan de inversiones presentado por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el 26/11/2014, es una propuesta de ingeniería financiera compleja que pretende promover inversiones, principalmente privadas (al menos 200.000 M€ de los 315.000 M€ que supuestamente podrían movilizarse) a partir de muy poco dinero público. Nada de éste último es, en principio, nuevo.

Si el Plan obtuviera la aprobación del Consejo y del PE, comenzaría a aplicarse, como muy pronto, en junio de 2015, y se desarrollaría a lo largo de tres años, aunque debido a que se indica que deberían primarse las inversiones a largo plazo, el período de ejecución de las mismas será previsiblemente superior.

La ingeniería financiera de Mr. Juncker
El mecanismo de financiación y promoción de inversiones aparece poco o mal descrito en buena parte de las informaciones periodísticas. No se trata de que con 21.000 M€ (16.000 de los presupuestos de la UE y 5.000 del BEI), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o/y el BEI emitan deuda hasta alcanzar una capacidad crediticia de 315.000 M€  (el coeficiente de apalancamiento hubiera sido de 1 a 15). No, los recursos iniciales son mucho más limitados: 63.000 M€ sería el resultado del apalancamiento. Lo que resta, hasta alcanzar los 315.000 M€, no los aporta el Plan. Deberían provenir de las aportaciones de las administraciones públicas estatales, regionales y locales y, en su mayor parte, de los inversores privados. Es decir, de los 315.000 M€, 252.000 son una mera estimación de la potencial capacidad de atraer a otros inversores. En un puro ejercicio de especulación, el Plan decide que 52.000 M€ podrían provenir de inversión pública de los Estados miembros y 200.000 M€ de inversores privados. Para facilitar la inversión pública se propone que no cuente a efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por las instituciones de gobierno de la UE.

El mecanismo para obtener los 63.000 M€ es el siguiente: se dispone de 13.000 M€ (8.000 de los presupuestos y 5.000 del BEI) que se usarán como garantía para cubrir posibles pérdidas en los proyectos en los que se invierta. Los 8.000 M€ no sólo no son nuevos sino que se detraen de lo presupuestado para programas importantes: 3.300 millones del programa Conectar Europa y otros 2.700 del programa Horizonte 2020, de investigación e innovación. Los restantes 2.000 millones provendrán de “márgenes presupuestarios”. Si hubiera que cubrir fallidos por encima de los 13.000 M€, los Estados miembros deberían aportar hasta un total de otros 8.000 M€.

Con este dinero de aval o grantía, el BEI acudiría al mercado, manteniendo su triple A, y emitiría bonos, hasta unos 63.000 M€. Esta cifra sería la dimensión real de la financiación del Plan (apalancamiento de 1 a 3, incluido), la que debería compararse con las cifras del Nuevo Plan Marshall de la DGB o las del plan de inversiones de la CES). El resto que, engañosamente, les permite hablar del multiplicador “15”, son hipotéticas inversiones asociadas de las administraciones públicas nacionales o de  inversores privados.

Instituciones del Plan y proyectos a financiar
Para decidir a qué proyectos se dedicarán esos alrededor de 63.000 millones se creará el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La lista de iniciativas susceptibles de recibir fondos la elaboran la Comisión y el BEI, con la participación de los Estados miembros. La elección final de los proyectos la realizará una Comisión de Inversión formada por expertos independientes, que comprobará la calidad y la viabilidad y validará cada proyecto. El BEI sería el prestamista

Según los cálculos del COM (2014) 903, de 26 de noviembre, que recoge la propuesta, la mayor parte de ese dinero para invertir en los proyectos (más de 200.000 millones) tendría que venir del sector privado dada la situación de las cuentas públicas de algunos países. Según la idea de la Comisión Europea, la mayor partida irá a inversiones a largo plazo; el resto se destinará a pymes de mediana capitalización.

No habrá cuotas por países ni límites en la distribución geográfica de los proyectos o topes en los montos que recibirá cada Estado miembro a la hora de decidir qué programas se beneficiarán del plan: el principal criterio será que sean económicamente viables.

Algunas conclusiones y comparaciones
El Plan es peor que lo anunciado y que lo que reflejan algunos medios de comunicación orientados por los servicios de prensa de la Comisión.

En primer lugar, por la escasa cuantía del mismo. Aún si consideramos la cifra de los 315.000 M€ que no es la que aporta el Plan sino la que muy mayoritariamente deben aportar otros actores y la dividimos por cada uno de los tres años de su aplicación, obtenemos la cifra de 105.000 €. Pues bien, con la crisis, las inversiones anuales (públicas y privadas) en la UE han caído un 26%, pasando de representar el 23% del PIB, en 2007[1], a sólo un 17% en 2013. Esta caída de 6 puntos de PIB, representa, en términos absolutos, una cantidad cercana a los 800.000 M€[2]. En su versión complementada y ampliada, el Plan Juncker sólo aporta poco más del 13% de la caída de la inversión. Pero siendo la financiación real europea máxima que podría aportar de 63.000 M€, es decir de 21.000 millones anuales, estos apenan representan el 2,6% de lo que ha caído la inversión desde que comenzó la crisis.

Si lo comparamos con las propuestas de planes de inversión de la DGB y la CES -250.000 M€, el 2% del PIB, 2,5 billones en los 10 años de duración- la dimensión del Plan Juncker también es limitadísima. Sus 21.000 M€ al año (sólo para 3 años) representan el 8,4% delo que reclama el sindicalismo europeo anualmente (durante 10 años).

Se trata, pues, de un miniplan de una dimensión equivalente a la del Plan de empleo juvenil.

Pero hay un aspecto que resulta especialmente criticable a la hora de señalar los escasísimos fondos presupuestarios europeos que se aportan en el Plan Juncker, -8.000 M€- detrayéndolos además de otras partidas de inversión. Es la comparación con los 55.000 M€ de fondos estructurales y de cohesión no utilizados del Presupuesto plurianual 2007-2013, y que se dibujaron en el papel del non nato Plan de crecimiento y empleo de junio de 2012. Cuando el Parlamento Europeo aprobó, finalmente, el Marco presupuestario plurianual 2014-2020, que suponía un recorte importante respecto al de 2007-2013, se vendió como una concesión importante la autorización para utilizar esos fondos en el nuevo septenato, por encima de las partidas ya aprobadas.

A la luz de la raquítica financiación presupuestaria del Plan Juncker, son preguntas obligadas: ¿Por qué no se han utilizado, por lo menos, estos 55.000 M€ para financiar el Plan Juncker? ¿Dónde está ese dinero? ¿Existe o existirá en algún momento, o se trata de un nuevo engaño? Lo que ya no deja ningún lugar a dudas es que el Plan de crecimiento y empleo, que no se ha cumplido en ningún aspecto[3], no sólo fue un “no plan”, sino que fue un “anti-plan” que sirvió de cortina de humo para no invertir lo ya presupuestado en unos presupuestos escasos, cuando más se necesitaba





[1] Raimond Torres (2014) sobre fuentes de Eurostat
[2] El PIB de la UE en 2012 fue de 12,97 billones de euros corrientes
[3] Tampoco el BEI aumentó en 2013 su inversión crediticia de un modo significativo. De hecho la cifra de 2013, 73.000 M€, fue inferior a la de 2009, 76.000 M€ 

viernes, 7 de noviembre de 2014

La crisis europea es política. La UE necesita un nuevo proyecto político

Publicado el 7 de noviembre de 2014Público.eslicado el 7 de noviembre de 2014 en:

PUBLICO.ES  BLOG DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO


Javier Doz
La crisis económica mundial que estalló en 2008, y que todavía padecemos intensamente, no sólo está teniendo en nuestro continente una profundidad y una duración superior a las que han padecido otras regiones del mundo, sino que ha terminado provocando una profunda crisis política del proyecto europeo. La crisis política de la Unión Europea tiene varias facetas. Por una parte, la relacionada con una opción de política económica para gestionar la crisis equivocada: la austeridad, impuesta por los países acreedores y económicamente más fuertes, encabezados por Alemania, a los endeudados y económicamente más débiles de la periferia europea. Por otra, conectada con la primera, la generada por los efectos sociales de la crisis cuyas principales manifestaciones son la profunda desconfianza de la mayoría de los ciudadanos europeos en sus instituciones y el auge electoral, en las elecciones europeas y en bastantes nacionales (o en los sondeos electorales), de partidos antieuropeos, populistas y de extrema derecha. En tercer lugar, se ha constatado la falta de funcionalidad de las instituciones de la UE, en particular para gobernar la economía de la zona euro, y su gran déficit democrático. Finalmente, a la erosión profunda de la cohesión social que la mala e injusta gestión política de la crisis ha producido en muchos países, entre ellos España, fruto del desempleo masivo y el incremento de la pobreza y la desigualdad, hay que añadir el deterioro de los lazos de confianza y solidaridad entre los Estados miembros, incluso entre sus poblaciones, lazos imprescindibles para sostener un proyecto político supranacional como la UE.

El fracaso de la austeridad
Que las políticas de austeridad y reformas estructurales –entendidas como recortes de los derechos sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva para promover la devaluación salarial- han sido un completo fracaso lo reconoce casi todo el mundo; menos sus principales responsables, el gobierno alemán a la cabeza. Lo han terminado por reconocer incluso uno de los organismos de la troika, el FMI. A su manera, sin autocrítica y con su ya habitual esquizofrenia. Lo han dicho la OIT, por supuesto, pero también la OCDE. Y, finalmente, el propio Mario Draghi, el pasado septiembre en Jackson Hole, ha sugerido “otra política”, porque la política monetaria del BCE, a la que aún le queda recorrido si le dejan, no basta, y porque es necesario impulsar inversiones y coordinar una política fiscal incentivadora del crecimiento.
Que la austeridad nunca fue la receta adecuada para enfrentarse a una recesión económica era cosa bien sabida desde los tiempos de la Gran Depresión. Lo reconocen hasta los más recientes estudios del FMI sobre las crisis económicas y las políticas para salir de ellas (de nuevo la esquizofrenia). Que se pretenda mantener cuando a Europa le ha ido tan mal -dos recesiones y actual riesgo de una tercera- si se compara con los EE UU, los demás países desarrollados o los emergentes entra dentro del campo de la temeridad. A diferencia de Europa, en casi todos ellos ha primado la recuperación del crecimiento y el empleo sobre la reducción de los déficits públicos, mediante una combinación de políticas monetarias expansivas y de incentivación de la demanda.
Desde una perspectiva histórica, podríamos estar viviendo, como ha advertido Joschka Fischer, otra manifestación de la incapacidad de Alemania para liderar Europa, por pretender hacerlo desde una aplicación rígida de su ideología en materia de economía política y desde la imposición de la primacía de sus intereses nacionales (En el Siglo XX, Europa ya vivió otros ejemplos mucho más terribles y antidemocráticos de esta incapacidad alemana).

Políticas de imagen para ocultar la parálisis y las malas decisiones
Desde hace más de dos años, la cantinela oficial es la de que hay que complementar la austeridad y las reformas estructurales con medidas que impulsen el crecimiento y el empleo. Por el momento no se han adoptado ninguna. En junio de 2012, la cumbre del Consejo Europeo aprobó un plan de crecimiento y empleo ficticio, una mera apariencia, del que no se ha realizado absolutamente nada. Los 6.000 millones del miniplan de empleo juvenil, el 5% de la supuesta financiación del plan mayor, todavía no han comenzado a librarse. Cuando hay indicadores que apuntan a una nueva recesión o un estancamiento prolongado, se acaban de celebrar, en octubre, dos cumbres del Consejo que no adoptaron ninguna medida para enfrentarse a la situación. El 8 de octubre, en Milán, se reunieron para hablar de empleo juvenil sin acordar nada; fue la 6ª cumbre para tal fin en año y medio, Los días 23 y 24, en Bruselas, pasaron de largo sobre una situación económica de emergencia. Los líderes europeos esperan que, en diciembre, Jean Claude Juncker les presente su Plan de inversiones de 300.000 millones Pero el gobierno alemán ya ha advertido que no pondrá financiación pública nueva ni permitirá endeudamiento europeo para financiarlo. ¿Se repetirá el fraude del plan de 2012?
Finalmente y para terminar el sombrío panorama, el Bundesbank, con su presidente Jens Weidmann a la cabeza, reúne apoyos para paralizar las intenciones de Draghi de ampliar la “flexibilización cuantitativa” con compras de deuda pública, el recurso principal de política monetaria que le queda por adoptar al BCE.
Es difícil encontrar una tan prolongada sucesión de incapacidades o adopción mala y tardía de decisiones como la que llevan practicando los responsables políticos europeos desde 2010. Algunos dirán que se han producido avances en el gobierno económico de la UE y la zona euro. Reconoceré algunas medidas adoptadas en el campo financiero: una limitada e incompleta Unión Bancaria; los fondos de estabilidad financiera como mecanismos disuasorios, aunque inutilizados para otros fines prácticos relacionados; y lo hecho por el BCE para rebajar los tipos de las deudas nacionales. Pero el resto de los elementos de gobernanza –six pack, two pack, pacto por el euro plus, semestre europeo, y el nuevo Tratado o Fiscal Compact– son inseparables de la austeridad. Están pensados básicamente para aplicarla y, además, ahondan el déficit democrático de la UE, al ceder a la Comisión y el Consejo elementos de soberanía tan esenciales como el presupuestario sin reforzar simultáneamente las competencias del Parlamento Europeo.
Al tiempo, sigue sin haber instrumentos de gobierno económico para la política fiscal, las política de inversión y las industriales y medioambientales, entre otras. En el momento de escribir estas líneas hemos conocido los planes del gobierno irlandés para crear nuevos instrumentos para sus prácticas de dumping fiscal, y el muy grave escándalo del Luxemburgo Leaks, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que denuncia que existen más de 500 acuerdos secretos, entre el gobierno del Gran Ducado y empresas multinacionales, para promover la evasión o elusión fiscales. La mayoría de estos acuerdos fueron firmados cuando Jean Claude Juncker era primer ministro de Luxemburgo.

Existe el riesgo de ruptura
¿Cómo se extrañan todavía algunos gobernantes europeos por el hecho de que, en estas circunstancias la ciudadanía europea les dé la espalda, y también a la UE?
Una manifestación extrema de hasta donde pudiera llegar la crisis política europea en sus componentes nacionales la tenemos en Francia. La posibilidad de que Marine Le Pen, reconvertida a una suerte de neoperonismo a la francesa, pudiera vencer en las próximas elecciones generales es ya real. Si sucediera, la UE recibiría una herida de muerte. Pero en lugar de decir algo que se enfrente al regreso de los nacionalismos europeos, el mal que asoló nuestro continente durante siglos, la derecha en casi todos los países juega a competir con los nacionalistas antieuropeos en el terreno de la agenda política de la extrema derecha. Mientras, la socialdemocracia tiene hoy como políticos más destacados a Manuel Valls y Matteo Renzi, cuya principal aportación política es su voluntad de emular a Tony Blair
Hoy, el problema principal de Europa es la falta de política, de propuestas y de praxis, para enfrentarse a los grandes problemas que sufren los ciudadanos, empezando por la que lleve a restaurar un crecimiento sostenible y superar el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad. Pero para romper el círculo vicioso del descontento ciudadano que retroalimenta la fragilidad e, incluso la ilegitimidad de la UE es imprescindible formular un nuevo proyecto de futuro. Además de ser honestos, y parecerlo, los políticos europeos tienen que acertar en las políticas y decir hacia donde se quiere ir. Ante la clamorosa ausencia de proyecto de futuro, la partida puede perderse frente a los nacionalismos disgregadores de los Estados nación y de los que resurgen con fuerza en el interior de los mismos, como en el caso de Cataluña dentro del Estado Español.

Refundación política sobre la base del federalismo
Creo, con toda convicción, que la solución, en España y en Europa, es el federalismo, un federalismo articulado en dos grandes planos, el de la UE y el de los Estados nación que lo adoptaran. Este sería el núcleo de una propuesta para la refundación política de la UE: retomar y renovar la propuesta de los Estados Unidos de Europa. La democracia, participativa y transparente, tendría que ser una componente insustituible tanto en el proceso constituyente –Convención Europea- como del modelo final de la Europa federal.
¿Planteamiento utópico en el disgregador y gris panorama político europeo? No, por mucho que se tarde en alcanzar un objetivo tan ambicioso, es imprescindible formularlo ya, para comenzar a agrupar fuerzas políticas y sociales europeas en torno a él, y para tener la oportunidad de, primero contrarrestar, y después imponerse democráticamente a la profunda corriente nacionalista y antieuropeísta que recorre Europa.
La izquierda política y social europea tiene que acompañar una propuesta de esta naturaleza con alternativas a más corto plazo, al menos en dos grandes campos: el económico y el sociolaboral. Pueden ayudar bastante para ello dos propuesta elaboradas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES): su plan de inversiones para un crecimiento sostenible y la del Nuevo Contrato Social Europeo.

Es urgente otra política económica
La UE necesita una nueva política económica que promueva el crecimiento y el empleo y, a partir de ellos, alcanzar la estabilidad presupuestaria y financiera de sus Estados. Simultáneamente, se deberían sentar las bases de un cambio de modelo productivo hacia una economía verde, integrando las políticas energética, industrial y medioambiental. Estos objetivos informan el Plan de inversiones de la CES [1], que preconiza un monto anual de las mismas equivalente al 2% del PIB, durante 10 años. Su financiación, en buena parte realizada a través del BEI, descansaría en endeudamiento europeo garantizado por el BCE (eurobonos). El BCE, por su parte, debería adoptar sin demora, todas las medidas de “flexibilización cuantitativa” a su alcance, incluida la de compra de deuda pública de los Estados. Correspondería a la Comisión y al Consejo completar la tercera pata de un plan económico de urgencia mediante la coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de incentivar la demanda interna europea, junto con la adopción de cuantas medidas sean necesarias para acabar con el fraude y la elusión fiscales de empresas y particulares, con el dumping fiscal de ciertos Estados miembros, y para poner fin al escándalo de la existencia de paraísos fiscales bajo la jurisdicción de Estados europeos.

Europa como democracia socialmente avanzada
El pilar social es imprescindible en cualquier proyecto de futuro. Europa solo tendrá futuro como democracia socialmente avanzada. Cohesionando socialmente a los Estados miembros se ayuda a cohesionarlos entre sí. La calidad del empleo y la reducción sustancial de los niveles de pobreza y desigualdad deben de ser los objetivos principales. El nuevo proyecto político europeo tendrá que construirse junto con un sistema de normas políticas, sociales y laborales básicas, que garanticen un mínimo común denominador de derechos y prestaciones a todos los trabajadores y ciudadanos europeos, y la igualdad real de hombres y mujeres y de cualesquiera colectivos de personas que vivan y trabajen en la UE. En el campo del trabajo y de las relaciones laborales hay que garantizar la fortaleza y autonomía de las partes en la negociación colectiva así como dotar de una nueva dimensión al diálogo social europeo que comprenda su articulación con los de ámbito nacional.
En la situación actual de crisis económica, social y política, el proyecto político europeo, tal vez el más relevante del Siglo XX, sólo se salvará si los partidos políticos, viejos o nuevos, son capaces de remontarse sobre el marasmo del tacticismo, el electoralismo y el oportunismo y formular proyectos de futuro coherentes y mostrar la voluntad de realizarlos. ¿Lo harán?

Nota[1]: “Un nuevo rumbo para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos de calidad”. CES, noviembre de 2013