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martes, 30 de diciembre de 2014

Grecia: las mentiras y el miedo de las élites gobernantes europeas

La utilización sistemática de la mentira es la conducta habitual de las élites gobernantes. Máxime en tiempos de crisis. Respecto a Grecia,cuya situación económica y social provocada por las políticas de la troika es la peor de Europa,el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble acaba de decir, en su primera advertencia ante el riesgo de victoria de Syriza en las elecciones del 25 de enero: "Las reformas emprendidas en Grecia han dado sus frutos y no hay alternativa a ese camino". 

Uno de los mayores responsables del hundimiento económico y social que vive Grecia como consecuencia de las políticas de austeridad, recortes de derechos sociales y laborales (no otra cosa son las cacareadas "reformas estructurales") y devaluación salarial, impuestas por Alemania a los países periféricos de la UE, tiene la desfachatez de afirmar que las reformas han dado sus frutos por el hecho de que después de seis años de caída del PIB, éste haya dado positivo ¡un trimestre!.


Si estos son los frutos ¿como cabría calificar lo esencial de la situación de Grecia? Esta se puede resumir en las siguientes cifras. PIB: - 25%;  renta disponible de las familias: -40%; pobreza: 33% de la población; sin acceso a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social: 30% de la población, más de tres millones de personas; cientos de miles de familias sin calefacción; bolsas de hambre y desnutrición; índice de suicidios disparado; etc.. Y la deuda pública, cuya reducción era el supuesto gran objetivo de las políticas de austeridad, disparada: ha pasado de representar el 129% del PIB en 2009 a casi el 180% en la actualidad, después de haber tenido una quita de nada menos que del 52% de su valor nominal en 2012. Los políticos como Schäuble no pueden calificar esto, simplemente pretenden ocultarlo, ignorarlo y cubrirlo con un manto de mentiras.


Pero como es imposible hacerlo, sólo les queda provocar el miedo. Por eso, los responsables de unas políticas que cualquier observador riguroso no podría sino calificar de absoluto fracaso, con tremendos costes sociales injustamente repartidos, se apresuran a añadir que no hay alternativa ninguna, que salirse de ellas conduce a la hecatombe, que los que quieren apartarse de tan virtuoso y fructífero camino son unos populistas.


Pero sólo defienden intereses de parte desde postulados de economía política extremadamente conservadores que no han sido refrendados por la realidad en ningún momento de la historia de las crisis económicas. Por el contrario, han sido refutados.


Es cuestión de salud pública desalojar democráticamente a estas élites del poder en toda Europa.


jueves, 18 de diciembre de 2014

CUBA

Casi 56 años después de que, en la madrugada del 1 de enero de 1959 entraran en La Habana las tropas del 2º Frente Nacional de Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo -al día siguiente lo harían las del Movimiento 26 de julio con los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara al frente, mientras que el mismo día uno Fidel Castro tomó Santiago de Cuba-, casi 54 años después de que Estados Unidos rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba, iniciando un embargo económico total, amén de emprender numerosas intentonas para derrocar al régimen castrista, los presidentes Obama y Raul Castro anunciaron ayer simultáneamente el propósito de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Al mismo tiempo se produjo un intercambio de presos condenados por actividades de espionaje: dos estadounidenses y tres cubanos.

Dos son, a mi juicio, los mensajes principales de la declaración de Obama. Uno dirigido al exilio cubano de Miami y a la derecha del Partido Republicano y de su propio partido: 50 años de hostilidad y embargo no han servido para alcanzar ninguno de los objetivos para los que fue establecido. El segundo tenía como destinatarios a las naciones de América Latina, ante las cuales la posición de los EE UU frente a Cuba estaba cada vez más aislada: "Todos somos americanos". ¿Inaugurará una nueva etapa de mayor interés de los EE UU hacia América Latina, y de nuevas relaciones basadas en la igualdad y la cooperación? Aún es pronto para saberlo y en parte va a depender de cual sea la reacción del partido que controla el Congreso y el Senado. Algunas declaraciones primerizas de parlamentarios republicanos apuntan al rechazo del fin del embargo. Pero Obama parece decidido a no caer en el síndrome del "pato cojo" de la etapa final de los segundos mandatos presidenciales. 

Del lado cubano la decisión también tiene sus riesgos. Raúl Castro parece decidido a profundizar en el modelo chino de economía mixta con férreo control político a través del partido único. Sabe que el peligro de contagio de las ansias de libertad -y de revancha de una parte del exilio cubano- que conllevan unas relaciones económicas, comerciales y turísticas abiertas es mucho mayor entre EE UU y Cuba que entre, por ejemplo, EE UU y China, por tamaño, proximidad geográfica y afinidades culturales. También, que nada une más y justifica errores y penurias que la existencia de un "enemigo exterior" bien real. Pero los hermanos Castro y la dirección del PCC no tenían otra opción que arriesgarse, so pena de perder cualquier fuente de legitimación y, sobre todo, cuando es muy real el peligro de una nueva crisis económica si Venezuela se ve obligada a cesar o reducir su ayuda a Cuba, por el hundimiento de los precios del petróleo y la grave situación económica que padece. El régimen cubano no puede permitirse un segundo "período especial" como el que vivió en los noventa tras el hundimiento de la Unión Soviética y las "democracias populares" europeas. La opción, desde un punto de vista económico es arriesgada pero inevitable y, por otra parte, es lo que ha venido reclamando Cuba desde hace décadas.

La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE UU es una buena noticia en un mundo que últimamente anda escasa de ellas. El fin del embargo debe ser su correlato pero no está garantizado. 

En cualquier caso, desde la izquierda no podemos dejar de decir que la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos son condiciones necesarias en cualquier sociedad justa y que no son incompatibles con el mantenimiento de los logros de la Revolución cubana, que sin duda los tiene.


viernes, 5 de diciembre de 2014

Artículo 135 de la Constitución: ¿modificar o derogar la reforma de 2011?

Publicado en el Blog de la Fundación 1º de Mayo_Economía, Trabajo y Sociedad en el diario digital Público.es 
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/05/articulo-135-de-la-constitucion-modificar-o-derogar-la-reforma-de-2011/

Javier Doz | presidente de la  Fundación 1º de Mayo

La propuesta de revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, efectuada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha servido para que los principales portavoces del PP se hayan lanzado en tromba contra él, tildándole de irresponsable y veleta. Los demás partidos de la oposición se han conformado con llamarle oportunista.
Pero Pedro Sánchez tiene toda la razón en reabrir el debate, al calor de una proposición parlamentaria de la Izquierda Plural, y sólo parte de ella en el alcance que quiere dar a la reforma. Lo que pretende es suprimir la parte más dañina y estrambótica de aquella reforma constitucional, pactada con nocturnidad y alevosía por Zapatero y Rajoy, e implementada en el tiempo récord de quince días de agosto de 2011. Porque su redacción, tal vez fruto de las extraordinarias prisas si no de la impericia de sus redactores y de la irresponsabilidad de los dirigentes de ambos partidos, fue más allá de lo exigido por el diktat del BCE y del gobierno alemán, al establecer la prioridad absoluta del pago de la carga de la deuda sobre cualquier otro gasto presupuestario, por muy vital que fuese para la ciudadanía del Estado Español o para sus instituciones.
¿Nos podemos imaginar cómo se podrían renegociar unas mejores condiciones de pago con los acreedores de España, si estos pueden parapetarse en un mandato de nuestra Constitución para negarse a ello? ¿Por qué no existe esta prescripción de prioridad absoluta de pago ni en la Constitución alemana ni en ninguna otra de la UE? En la vorágine de los últimos tres años de crisis española y europea había caído en relativo olvido uno de sus episodios más oscuros y lamentables. Un episodio en el cual la soberanía y la dignidad de los españoles fueron vapuleadas. A quienes últimamente se llenan la boca con tanta frecuencia con las apelaciones a la soberanía nacional hay que recordar que la peor forma de no respetarla es subordinar los intereses de la inmensa mayoría a los dictados de los poderes económicos y de los mercados y de los poderes políticos exteriores que dicen interpretarlos.
En agosto de 2011 se rompió el consenso constitucional
Ha hecho bien Pedro Sánchez en reabrir el debate. Tiene razón en su propuesta. Pero esta tiene un alcance limitado. Porque lo que habría que hacer es derogar la nueva redacción del artículo 135 de la CE, que lo que hace es elevar la exigencia de déficit presupuestario cero en el conjunto de las Administraciones Públicas al rango constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se hizo no fue otra cosa que constitucionalizar uno de los principios de la corriente más influyente de la economía política alemana, el ordoliberalismo. Esta corriente, fundada en los años treinta del Siglo XX al calor de la hiperinflación de la República de Weimar, está hoy trufada con postulados muy conservadores tomados de la economía neoclásica y de la economía de la oferta que han terminado por configurar lo que podría denominarse también neoliberalismo alemán.
Al constitucionalizar un principio de economía política tan discutible y tan de parte, tan ferozmente antikeynesiano, el PSOE y el PP rompieron, en agosto de 2011, el consenso constitucional más allá de la aritmética de aquella votación parlamentaria. Y lo hicieron introduciendo un precepto que sintetiza como pocos las políticas de austeridad que simultáneamente imponían las instituciones europeas y sobre las cuales la opinión, hoy mayoritaria, entre analistas e instituciones internacionales es que han fracasado, además de ser socialmente injustas por el tipo de reparto de las cargas de la crisis que establecen. Y por si no fueran suficientes estos argumentos para reclamar la derogación de la reforma constitucional del 2011, habría que añadir que ninguna constitución, y menos aún una que se precia de haber nacido sobre la base de un gran consenso político, puede colocar un dogal de tal dimensión sobre las políticas fiscal y presupuestaria de cualquier gobierno futuro.
La reducción del déficit público es necesaria
Por supuesto que es necesario reducir el déficit público y controlar el volumen de la deuda para que el servicio de la misma no suponga una carga insoportable para las cuentas públicas. Pero como muestra el análisis histórico de las políticas aplicadas para hacer frente a las crisis económicas y financieras desde finales del Siglo XIX -uno de los más completos es el contenido en el informe presentado por el propio FMI en la reunión anual de otoño que se celebró en Tokio en octubre de 2012- cuando se aplicaron políticas de austeridad fiscal y presupuestaria, la crisis se prolongó y profundizó, cayeron el crecimiento y el empleo y, por lo general, tampoco se redujeron el déficit y la deuda. Incluso, estos aumentaron por la disminución de los ingresos fiscales debida a la inducida caída de la actividad económica. Sólo las políticas keynesianas de estímulo de la demanda agregada para relanzar el crecimiento y el empleo han sido útiles parta salir de las crisis financieras y económicas
Una vez que las políticas monetarias y fiscales expansivas han logrado la recuperación del crecimiento económico es cuando los gobiernos deberían centrarse en la reducción del déficit y de la deuda -con o sin reestructuración de ésta última-, pero ya desde las mucho mejores condiciones para hacerlo derivadas del crecimiento de la economía.
¿Mantener en la Constitución el núcleo de unas políticas fracasadas?
La gestión política de la crisis actual, la más profunda desde la Gran Depresión, vuelve a corroborar los análisis de la historia económica. La comparación entre los resultados de las políticas de austeridad, reformas estructurales -que no han sido otra cosa que recortes de derechos y prestaciones laborales y sociales- y de devaluación interna, impuestas por Berlín y Bruselas a toda la UE, y en particular a la Zona euro, con los obtenidos por EE UU y los países del G20 que mantuvieron los compromisos y orientaciones de sus cumbres de 2008 y 2009, es evidente. Estos han dado resultados positivos mientras que la austeridad y sus acompañantes han sido un fracaso. Al otro lado del Atlántico se han recuperado niveles de crecimiento y empleo anteriores al estallido de la crisis. La UE, por el contrario, sufrió una segunda recesión y corre el riesgo de caer en una tercera o iniciar un largo período de estancamiento y deflación (a la japonesa). Una mayoría de países europeos, entre ellos España, están muy lejos de recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, mientras que el crédito y la inversión siguen sin repuntar. A esto hay que añadir las insoportables secuelas de pobreza, incremento de la desigualdad y deterioro de los servicios públicos esenciales,
Por todo ello, pienso que es más que razonable reclamar la anulación de una reforma constitucional que simboliza la esencia de una política tan fracasada como injusta, máxime cuando su precepto esencial, el déficit cero, no se cumple porque resulta imposible de cumplir. Es cierto que, en el contexto político actual, la anulación de la reforma podría provocar un aumento de la prima de riesgo e ir contra corriente de las prescripciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012). Sobre lo primero, pienso que para abaratar los intereses de la deuda lo más importantes es entrar en una senda de crecimiento económico sostenible y disponer de un sistema fiscal progresivo que proporcione ingresos suficientes al Estado. Sobre lo segundo, habría que subrayar que la UE vive una crisis política que no puede superarse dentro del actual marco institucional. Las fuertes tendencias centrífugas que la crisis, su mala gestión y la falta de proyecto político de futuro han generado sólo se podrán vencer con una reforma en profundidad de los tratados que permitan revitalizar la UE con un nuevo proyecto más democrático y socialmente avanzado. Y para ese nuevo proyecto buena parte del Fiscal compact y demás instrumentos de “gobernanza de la austeridad” son inservibles.
Por otro lado, como recientemente acaba de recordar Joaquín Estefanía, la redacción primigenia del 135 contenía ya otro párrafo sumamente inconveniente. Aquel que refiriéndose a los créditos destinados a hacer frente al pago de la deuda afirma: “Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Una interpretación literal de este precepto impediría cualquier tipo de reestructuración de la deuda española, sea por quita, ampliación de los plazos de pago o reducción de los tipos de interés que se pagan por ella.
En España, que vive una profunda crisis social y política, la reforma del artículo 135 de la CE, que derogase la modificación de 2011 y otros aspectos como el que acabamos de comentar, debería efectuarse en el marco de una reforma constitucional de calado que abordase todo lo que ha quedado obsoleto, se ha mostrado inconveniente, o se necesita para hacer frente a nuevas situaciones políticas o exigencias de la ciudadanía. Pero este es ya otro capítulo.