Seguir por correo electrónico

viernes, 4 de diciembre de 2015

El cambio y el proyecto de futuro de la izquierda para España


Este artículo ha sido publicado en Espacio Público del diario digital Público:
http://www.espacio-publico.com/20-d-oportunidad-de-cambio#comment-5239


El cambio pasa porque la izquierda tenga un proyecto de futuro para España que implique una transformación profunda –económica, política y social- que sea creíble para una mayoría de la ciudadanía para que les vote, y factible de realizar desde el poder alcanzado democráticamente.

El proyecto tiene que tener necesariamente una dimensión europea y tener en cuenta el marco global; sin sometimientos deterministas a los mismos; con capacidad de articulación con otras fuerzas políticas y sociales, europeas y mundiales, que se planteen la transformación democrática y social de dichos marcos; pero sin ingenuidad y con realismo respecto de los ritmos posibles del cambio europeo y mundial.

Me parece una obviedad decir que para avanzar por este camino –desde el poder democrático y desde una sociedad movilizada- es necesario que el proyecto lo sea de toda la izquierda; y que no se olvide que para determinados pasos, por ejemplo para la imprescindible reforma constitucional, se necesitarían consensos más amplios. Misión imposible con tantas condiciones, dirán algunos. No lo es para mí: el proyecto es difícil y complejo, pero posible. En todo caso, es la única vía para el cambio, en sociedades democráticas. Lo imposible es pretender realizarlo de otro modo. Porque, aunque me parece fundamental la movilización social –hay que reconocer la gran contribución del 15M para abrir la oportunidad de un cambio que conlleve una regeneración democrática- y piense que hay que desarrollar fórmulas de democracia participativa, el único cambio posible tiene que ser pacífico y respetuoso con lo legalidad democrática, aunque haya que cambiar muchas cosas de esta última, pero no su esencia.

Mirando el panorama político de muchos países europeos que sufren también crisis políticas e institucionales de envergadura, que están promoviendo un auge, sin precedentes desde el fin de la 2ª Guerra Mundial, de partidos de extrema derecha, xenófobos, antieuropeístas, populistas o antisistema, tiene que reconfortarnos pensar que los dos partidos nuevos que han surgido de la crisis política española son Podemos y Ciudadanos. Todo un motivo para el optimismo.

Los tres principales factores de la política interna en el 20D
La importancia de las elecciones generales del 20 de diciembre radica en la confluencia de tres grandes factores de política interna en un contexto marcado por la crisis política del proyecto europeo, la crisis de seguridad en la región Mediterráneo - Oriente Próximo, plagada de guerras, conflictos y terrorismo -una de cuyas últimas manifestaciones ha sido la matanza que el pueblo de París acaba de sufrir a manos de terroristas del Estado Islámico-, y la crisis ecológica y de gobernanza global de nuestro planeta.
La crisis financiera y económica y su gestión por las instituciones europeas y los gobiernos de España, desde 2010, han hecho aumentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país hasta niveles insoportables, al tiempo que han deteriorado prestaciones sociales y servicios públicos y reducido drásticamente el gasto público en las principales palancas para un cambio hacia un futuro mejor, como son la educación y el sistema de I+D+i.  El segundo factor es el agotamiento del modelo político de la transición, condensado en la Constitución de 1978, por el efecto combinado de la crisis, una corrupción política muy extendida y el anquilosamiento de instituciones clave como el Parlamento. El tercer factor es el desafío lanzado por el bloque de partidos secesionistas catalanes, nacido al calor de las dos crisis que acabo de mencionar, que el pasado 9 de noviembre declaró en el Parlament que creará, en 18 meses, una “República catalana” al margen de la Constitución y las leyes españolas y de la obediencia a los tribunales.
La crisis política de la Unión Europea es una crisis de proyecto de futuro, agudizada por la mala gestión política de la crisis económica, el resquebrajamiento de la cohesión entre países y de la cohesión social interna en muchos de ellos, y el auge ideológico y político de los nacionalismos en sus diversas variantes. La vergonzosa actitud de muchos gobiernos nacionales en la crisis de los refugiados, que ha impedido la adopción de una posición común de la UE sobre la base de valores democráticos y solidarios y del cumplimiento de la legislación internacional, es la última manifestación de esta crisis política. El próximo episodio puede venir con la negociación con el gobierno de Cameron sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.
Es inevitable que la cuestión catalana sea un punto nodal de la campaña del 20D, cuando  está planteada nada menos que la ruptura territorial del Estado español con todas las consecuencias que un trauma así arrastraría. Por eso, la izquierda, en lugar de lamentarse porque el terreno de juego pudiera ser más favorable al PP si la cuestión catalana tiene un importante sitio en el debate electoral, debería formular sin complejos su proyecto de futuro para España, su proyecto para que la convivencia y la vida política vuelvan a ser atractivas y respetadas por una mayoría de la ciudadanía dentro de ella. Así se logrará que  cuestiones esenciales como la construcción de un nuevo modelo productivo y los instrumentos para un reparto más igualitario de la riqueza puedan destacar como ejes principales del proyecto. Un proyecto de futuro para todos los españoles y las españolas, también para catalanes y vascos.
Igualdad y reparto de la riqueza base de la izquierda
Para lograr un reparto más igualitario de la riqueza hay que restaurar el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, derogando la reforma laboral, y realizar una reforma fiscal integral que aumente con fuerza la progresividad y la suficiencia perdidas por nuestro sistema fiscal, al tiempo que se hace de la lucha contra el fraude y la elusión fiscales una prioridad absoluta en materia fiscal. Esta intervención decidida en los ámbitos primario y secundario del reparto de la riqueza permitirá también –vía aumento de los ingresos fiscales y por cotizaciones sociales- tener los recursos suficientes para fortalecer los servicios públicos y los sistemas de protección social, que también actúan como instrumentos para la igualdad. Este es, a mi juicio, el núcleo de cualquier política de izquierdas en una sociedad democrática, y lo que hoy necesita la sociedad española. Y es perfectamente compatible con otro gran objetivo de la política económica, la creación de empleo de calidad, que se logra favoreciendo la inversión, pública y privada, la demanda interna, y con medidas legales y contractuales que combatan la precariedad laboral. El pilar económico de una alternativa de  izquierdas debe  incluir también el proyecto de cambio de modelo productivo: política industrial para la construcción de una economía verde y productividad basada en el conocimiento. Para ello, la educación y un sistema robusto de I+D+i, bien conectado con la economía, son las palancas fundamentales.

Este pilar económico y social del cambio no será posible sin unos sindicatos fuertes, sin que se restaure la capacidad de acción de los interlocutores sociales. El fuego batido al que se ha sometido al sindicalismo de clase desde el comienzo de la crisis, y que ha incluido el “fuego amigo” de algunos sectores de la izquierda, solo ha favorecido los intereses de las élites económicas y políticas que la han gestionado. Por supuesto que, por su parte, el sindicalismo confederal tiene que aceptar las críticas justas que ha recibido, corregir sus errores y proceder a una renovación que refuerce su capacidad de organización y acción en un marco de organización del trabajo y relaciones laborales que ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas.

Regeneración democrática y reforma federal del Estado

El segundo pilar de una propuesta de izquierdas para España es el de la regeneración de la vida democrática, que debe incluir medidas para combatir la corrupción, asegurar la transparencia de las instituciones –incluidos los partidos y las organizaciones sociales-, revitalizar la vida parlamentaria, promover la participación de la ciudadanía en la vida política, y asegurar una efectiva separación de poderes así como la independencia y neutralidad de las instituciones de gobierno y control de los distintos poderes del Estado y de los medios públicos de comunicación.

No creo que haya mejor fórmula para intentar superar el conflicto promovido por el nacionalismo secesionista catalán, y agudizado por el inmovilismo político del PP, que una reforma federal del Estado, que al tiempo serviría para renovar un modelo de distribución del poder territorial que ya ha cumplido su ciclo vital. Y esto es válido aunque, en un principio, todos los independentistas lo rechazaran de plano. De lo que trata es de buscar el apoyo de una mayoría de la población catalana y de la española. Modelos federales hay en el mundo que pueden servir, algunos cercanos como el alemán.

La reforma federal debe implicar que la ciudadanía de las comunidades-estados compruebe que, a través de sus instituciones propias, puede participar en la vida política y en las decisiones del Estado federal. También, que el sistema de financiación esté basado en criterios claros de equidad y justicia fiscal.

No comparto la opinión de las organizaciones de izquierda que han colocado en primer plano de su programa electoral la realización de un referéndum de autodeterminación; en Cataluña, o, incluso, abriendo la posibilidad a todas las comunidades autónomas. Preconizarlo significa que se sitúa, de entrada, la soberanía en la población de cada comunidad autónoma y no en el conjunto del pueblo español. Esto llevaría a que, en el nuevo modelo territorial que saliera de la reforma constitucional, el vínculo entre España y sus comunidades-estados sería, como mucho, confederal, con capacidad para separarse a voluntad de la parte. A ello se podría llegar, en el mejor de los casos, como consecuencia de un consenso constitucional, pero situarlo como condición de entrada es rendirse al nacionalismo independentista.

Reforma constitucional y consenso político
La amplitud y calado de los cambios políticos que acabo de esquematizar requieren una reforma en profundidad de la Constitución de 1978, para proceder a la reforma del Estado en un sentido federal, para promover la efectividad de los derechos sociales y laborales fundamentales y para anclar en ella los elementos más importantes de regeneración de la vida democrática. Sólo será posible si la izquierda vence el 20D, primero, luego es capaz de formular una propuesta común, y, más tarde, promueve un consenso más amplio para la reforma constitucional, con todo o parte del centro y la derecha. Misión difícil pero no imposible.

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en aspectos esenciales y aunque su ciclo político esté agotado ha prestado servicios muy importantes a la sociedad española, también a los trabajadores. La transición tuvo errores –en relación, por ejemplo, a la memoria histórica del franquismo-, pero su valor político más universal -la búsqueda y el logro de un amplio consenso político para un cambio pactado y pacifico de la dictadura a la democracia que incluía el consenso constitucional como uno de sus elementos esenciales- sigue conservando su validez desde la perspectiva que ya le da la historia.

La reciente y justa concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, esa plataforma de la sociedad civil tunecina que, cuando el país estaba al borde de la guerra civil, promovió el acuerdo entre islamistas y laicos que condujo a una Constitución laica y a que su país sea el único que mantiene la democracia tras el reflujo general de la Primavera árabe, me recordó vivamente los tres viajes que realicé a Túnez, invitado por la principal organización del Cuarteto, el sindicato UGTT, en los meses que siguieron a la revolución de enero de 2011 (entonces yo era secretario de internacional de CC OO). En todos ellos, los miembros de las delegaciones españolas hablamos de la transición política española. El interés principal de los sindicalistas tunecinos, que habían promovido las movilizaciones que derribaron la dictadura de Ben Ali, era conocer experiencias de construcción pacífica de un sistema democrático. Y en Túnez sí hubo ruptura con la dictadura. Por supuesto que los momentos y situaciones son diferentes, y España vive en una democracia consolidada, aunque sumamente imperfecta. Pero cuando se viven crisis profundas, y España y Europa están en esa situación, el cambio duradero tiene que basarse en los máximos niveles de consenso o las más amplias mayorías posibles.

Algo sobre Europa
En los límites, ya extensos, de este artículo no puedo desarrollar la  imprescindible dimensión europea e internacional que tiene que incluir cualquier propuesta de una izquierda transformadora y democrática.
Solo apuntaré que la Unión Europea requiere un cambio al menos tan profundo como el que necesita la sociedad española, y en su misma dirección. No sólo para que vuelva a merecer la pena un proyecto de integración, económica y política, necesario como pocos en el mundo a la luz de la historia europea, sino, incluso, para que pueda pervivir, superando todas las contradicciones que la crisis y su mala gestión han puesto de manifiesto.
Hay que ser conscientes que va a costar más que el cambio político que preconizo para España,  porque las fuerzas políticas y sociales que pueden ser los actores de ese cambio todavía no acaban de ser conscientes de lo necesario que es actuar en dimensión europea. Tras los estragos económicos, sociales y políticos del austericidio, aplicado por procedimientos escasa o nulamente democráticos, la primera tarea política es construir una izquierda política y social europea que sea capaz de formular un proyecto político ambicioso de refundación política de Europa, en clave federal, social y democrática. Y mientras se alcanza una mayoría suficiente para ponerlo en práctica, hay que avanzar en aquello sobre lo que se podrían concitar ya mayorías europeas claras. 
Por ejemplo, hacer que la eurozona vaya reuniendo los requisitos exigibles a cualquier “zona monetaria óptima” o impedir, sin más demora, que existan paraísos fiscales bajo jurisdicciones de la UE, o que haya Estados miembros que practiquen descaradamente el dumping fiscal para que las empresas multinacionales paguen el 1% o menos de sus inmensos beneficios.


Lo primero que tiene que hacer la izquierda es recobrar el discurso, luchar por la hegemonía ideológica y cultural del mismo en la sociedad, y ser capaz de volver a formular proyectos globales de cambio coherentes. 

miércoles, 25 de noviembre de 2015

El 24 de noviembre se celebró, en la sala "Las trece Rosas" de CC OO de Madrid, el Encuentro ‘Cultura y Comunicación para la Igualdad’, organizado por la Fundación 1º de Mayo. Intervinieron Federico Mayor Zaragoza, Luis García Montero, Manuel Núñez Encabo, Cristina Bermejo, Rafael Díaz Arias, Inmaculada Ballesteros, Iñaki Guevara, Marife Bolaños, Jaime Cedrún y Javier Doz. En el Encuentro se presentó el manifiesto que se reproduce a continuación:

MANIFIESTO DEL ENCUENTRO: CULTURA Y COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD
La crisis económica está golpeando a la cultura española por todos los ángulos al mismo tiempo. Por el lado del consumo, los efectos de la depresión castigan  la demanda, y la subida del IVA contribuye a maximizar esos efectos. En cuanto a la oferta, el desplome de las políticas públicas está agudizando la quiebra de cientos de creadores y de pequeñas empresas, destruyendo una red de supervivencia que, aunque minoritaria en la financiación, constituía en muchos casos un sostén esencial. Las promesas incumplidas de nuevos sistemas de financiación, como el fomento del mecenazgo, deja por el momento sin esperanzas a miles de agentes del sector de la cultura.
Sin embargo, es preciso relativizar y matizar el diagnóstico de la situación. La cultura española no desaparecerá, como no lo ha hecho nunca, incluso en las épocas más tenebrosas de nuestra historia. Y probablemente se recuperará en parte con la salida de la crisis económica. Pero los nuevos equilibrios para entonces serán muy diferentes a los que hemos vivido en las últimas décadas: generaciones de ideas, proyectos y creadores se han perdido o son invisibles para la sociedad; nuevos dominios de los grupos más potentes; retroceso relevante de la proyección exterior de nuestras creaciones que costará tiempo recuperar. En plena transición al mundo digital, corremos además el riesgo de perder pie en ese proceso, y de catalizar y agigantar en ese camino todas nuestras carencias en los terrenos anteriores.
En suma, la mayor amenaza consiste en una disminución de la diversidad cultural de la sociedad española y, con ella, de la calidad entera de su democracia. Multitud de ideas y proyectos culturales de varias generaciones, se habrán perdido sin remedio, con un daño considerable en el terreno creativo y económico.
Con todo, más grave que los efectos sociales y económicos inmediatos, es la crisis de valores que bloquea las alternativas a esta situación. El concepto de la cultura como base insoslayable de una sociedad democrática y, en consecuencia, la legitimidad y necesidad de políticas públicas para su sostén, se han ido deteriorando en España en las dos últimas décadas. En buena medida por el avance del pensamiento neoliberal que homologaba a la cultura con la economía general, con escasas excepciones; pero también por el debilitamiento del pensamiento sobre el valor regenerador de la instrucción pública, de la cultura como derecho. Términos como los de “industrias del entretenimiento” o del “ocio”, o más novedosos como los de “industrias de contenido” o “industrias creativas”, aplaudidos por muchos creadores y sociedades culturales durante estos años como sinónimos de su importancia económica, han contribuido a esa banalización de la cultura y a su integración en el magma de “todo es economía”. Y han coadyuvado a justificar el recorte y el giro de las políticas públicas.
Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos cultura y comunicación para la igualdad? Hablamos de igualdad de oportunidades, de que todas las personas han de tener las mismas oportunidades, que han de ser iguales ante la ley y que la ciudadanía ha de interiorizar que ningún ser humano puede ser discriminado por razón de sexo,  género,  religión, ideología, o cualquier otra circunstancia personal o social. Es decir que el hecho de nacer  nos debe situar  en el mismo punto de partida, sea cual sea nuestro origen o condición, y que las instituciones deben apoyar con los recursos necesarios a aquellas personas que por sus especificidades así lo requieran. Pero también hablamos de igualdad en la distribución de la riqueza, de que los trabajadores y las trabajadoras, a través de la negociación colectiva, y la ciudadanía, a través de sistemas fiscales y de protección social justos, pongan fin a la escandalosa desigualdad en los ingresos y establezcan un reparto mucho más igualitario de la riqueza.
La crisis no solamente ha sustraído recursos para atender a las personas dependientes,  a los servicios públicos, al mantenimiento de unas prestaciones sociales suficientes y a los servicios culturales, sino que ha supuesto la pérdida de millones de puestos de trabajo. En los medios de comunicación y en la industria cultural se han perdido decenas de miles de empleos, se han cerrado un gran número de empresas, se han reducido los salarios fuertemente y se ha precarizado aún más el empleo en un sector ya muy afectado por esta lacra.
También hablamos de igualdad de género, porque como dicen las organizaciones de mujeres profesionales, una cultura desigual crea desigualdad. Una cultura científica y artística en manos, principalmente, de hombres produce unos contenidos que refuerzan el protagonismo masculino, que los presenta  como sujetos y su experiencia como universal, mientras que la mujer es representada como un ser secundario, accesorio o ausente. Esos contenidos pasan al sistema educativo, con lo que se  perpetúa y justifica la desigualdad. La voluntad reiteradamente expresada por nuestra sociedad de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres queda sin efecto ante el poder de unos modelos culturales sesgados.
Frente a la misoginia y la discriminación de género, frente a la homofobia, el racismo y  la xenofobia es necesario consolidar políticas de igualdad y tomar medidas específicas para evitar que, las mujeres y todos los colectivos susceptibles de sufrir discriminación,  se vean relegados al paro o a la economía sumergida. Para combatir cualquier tipo de discriminación es necesario defender también los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.
Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de difundir el trabajo científico y artístico de las mujeres y darles la visibilidad que merecen. Y, como se recogía hace unos días en una reunión de periodistas para hablar del tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, los medios de comunicación han de cuidar el lenguaje porque este no es inocente y tiende a representar el mundo simbólico dominante.
La desigualdad entre los seres humanos, en cualquier ámbito que se produzca, constituye un grave déficit democrático. No existe verdadera democracia sin una distribución equilibrada del poder y de la riqueza
En Europa germinó la idea de que los medios audiovisuales son demasiado poderosos como para dejarlos exclusivamente en manos de intereses privados. La necesidad de unos medios públicos sujetos a rigurosos controles de calidad y lo suficientemente potentes como para ser referentes en el ámbito de la comunicación audiovisual, parte de la conciencia de que a través de la radio y la televisión no solo se transmiten noticias y entretenimiento, sino también actitudes, emociones, sentimientos, prejuicios y estados de ánimo que contribuyen a conformar la opinión de la sociedad. Todo ese poder no puede depender en exclusiva de las leyes de la oferta y la demanda.
La noción de “servicio público” aplicada a los medios de comunicación es un logro de las sociedades europeas y se inscribe en el marco ideológico que sustentó la construcción del llamado “Estado del Bienestar”. No es de sorprender por tanto que desde el mundo ultraliberal, los medios de comunicación públicos hayan sido siempre objeto de furibundos ataques.
Como han demostrado algunos de los mejores economistas y pensadores mundiales, la desigualdad ha generado la crisis económica que seguimos padeciendo, y la crisis ha producido aún más desigualdad. Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las expresiones de la desigualdad. En el ámbito de la cultura y la comunicación esto requiere la intervención del Estado para garantizar la igualdad en el acceso a la información, la educación, el patrimonio cultural y la promoción de las capacidades creativas.
La igualdad pasa por garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, la protección social adecuada, y el respeto a sus derechos laborales y sindicales –muy en particular los derechos de huelga y negociación colectiva, hoy amenazados- como fundamentos de un crecimiento económico sostenible.
Así mismo, son necesarias reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal y una mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica. La lucha contra el fraude fiscal y la erradicación de los paraísos fiscales tendrían que ser prioridades de Estado y de la Unión Europea.
Una alternativa de progreso para superar la crisis tiene que basarse también en un nuevo modelo productivo que tenga como pilares la educación, el conocimiento y la cultura; la investigación y la innovación; y la industria. Un nuevo modelo que entierre el basado en la especulación financiera e inmobiliaria que nos llevó a la gran crisis.
Los valores culturales no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra del avance de la humanidad en la construcción de estructuras sociales asentadas en el concepto de la igualdad. El futuro será el de la igualdad entre todos los seres humanos o no será.

 DIEZ PROPUESTAS
1.- Cultura, educación, ciencia e investigación tienen que convertirse en campos prioritarios de inversión de las políticas presupuestarias de las Administraciones Públicas, que tienen que coordinar y articular sus intervenciones estos campos, de modo que la Administración Central compense las desigualdades territoriales.
2.- Promover y facilitar la inversión en las industrias audiovisuales y culturales para conseguir el desarrollo de sectores estratégicos sin los cuales no es posible plantearse una civilización con futuro.
3.- Rebajar el IVA cultural a los niveles de los países de nuestro entorno con el fin de  facilitar  el acceso a la oferta cultural y poner fin a la grave situación que atraviesa el sector y que dicha subida ha contribuido a agravar.
4.- Promover una reforma fiscal integral encaminada a conseguir la equidad, la solidaridad y una mayor contribución de los que más tienen, y que garantice la suficiencia de los ingresos del Estado para que pueda aumentar establecer un sistema avanzado des prestaciones sociales y ejercer de un potente impulsor de la actividad económica.
5.- Actuar desde todas las instancias posibles, empezando lógicamente en el campo sindical, para reducir sustancialmente la precariedad en el empleo y procurar el establecimiento de salarios dignos en los distintos sectores de la comunicación y la cultura.
6.- Garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, plural y de calidad. La existencia de unos medios de comunicación públicos son una garantía de este derecho pero para ello se requiere que todas las Administraciones Públicas de las que dependen establezcan en sus estatutos los principios y sistemas de control que preserven su independencia, pluralidad y profesionalidad.
7.- Promover el respeto a la libertad de expresión como uno de los derechos democráticos fundamentales. Combatir con energía todas las amenazas que se ciernen contra ella, tanto por parte de los poderes públicos como de agentes no estatales.
8.- Desarrollar un programa permanente y campañas específicas contra el racismo, la xenofobia y la misoginia en los ámbitos de la educación, la comunicación y la cultura. Visualizar en ellas las relaciones existentes entre esta lucha y las actitudes y medidas que defienden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, incluidos los extranjeros,  y el respeto jurídico a la dignidad de las personas.
9.- Vigilar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Igualdad en lo que se refiere a la oferta cultural de creadores y creadoras, científicos y científicas; y al acceso a los puestos de decisión, a la promoción profesional y a los premios en las ciencias y las artes, de modo que la selección se haga mediante criterios objetivos, con voluntad de respetar la igualdad de oportunidades.
10.- Promover el establecimiento de vínculos fuertes entre medios de comunicación, instituciones culturales y organizaciones de la cultura, y el sistema educativo y sus centros en todos sus niveles, para promover la formación artística y cultural de niños y niñas y jóvenes, para dar a las obras y logros de artistas, creadores y creadoras, científicas y científicos toda la visibilidad que merecen, y para contribuir a promover la cultura y el arte entre toda la ciudadanía.
24 de noviembre de 2015

jueves, 22 de octubre de 2015

Un Congreso contra la pobreza y la desigualdad

Publicado en:

Público.es  y,
http://goo.gl/GipNaa

Nueva Tribuna.es
http://goo.gl/DcLSKn

Javier Doz. Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Que la desigualdad ha llegado en nuestro país, y en muchos otros países europeos, a niveles insoportables es algo que reconocen hasta algunos de los políticos o ideólogos que han ayudado a que esto sucediera. El fenómeno afecta -con distintos grados, ritmos de crecimiento y puntos de partida- a gran número de países desarrollados, emergentes o en vías de desarrollo (PVD, eufemismo para designar a los más pobres). No a todos, hay que subrayar. Tampoco es refutable, de acuerdo con los estudios sobre el tema, que este incremento de la desigualdad arranca en los años ochenta, a caballo entre el segundo gran proceso de globalización del capitalismo y la economía política hegemónica que lo ha gestionado: el neoliberalismo.
En muchos casos, como en la mayoría de las naciones desarrolladas, el fenómeno del incremento de la desigualdad ha venido acompañado de un aumento de la pobreza. De la pobreza relativa (percibir rentas inferiores al 60% del valor promedio del país) y de la absoluta, en la que no son cubiertas todas las necesidades vitales de las personas. Esta tendencia se ha agudizado a partir de la crisis. Las políticas de austeridad y devaluación interna, impulsadas por el gobierno alemán y aceptadas acríticamente por los demás gobiernos europeos –excepto por el griego de Siryza- y por las instituciones de la UE, han hecho que este aumento haya sido especialmente severo en nuestro continente, en particular en los países sometidos a planes de rescate.
En bastantes países desarrollados, especialmente en los EE UU, el incremento de la desigualdad ha sido una de las causas de la crisis. Las élites económicas y las familias de mayores ingresos se habían venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no podían consumir por lo que las dedicaban a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos, también se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Mediante este perverso mecanismo de especulación y endeudamiento, la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió en un factor muy poderoso de génesis de la crisis.
Pero no en todos los países se ha producido el mismo fenómeno. En América Latina, mientras se siguieron las directrices del FMI, en los 80 y 90, la mayoría de sus Estados conoció un fuerte aumento de la desigualdad –es la región con mayores índices de desigualdad del mundo- y de la pobreza, además de una prolongación de los efectos de sus crisis financieras. En cambio, ya en el Siglo XXI, las políticas desarrolladas por gobiernos de izquierda y centro izquierda han logrado, en la gran mayoría de los casos, combinar un importante crecimiento económico con una disminución grande de la pobreza y una reducción significativa de la desigualdad.
No siempre los aumentos de la desigualdad y de la pobreza, sobre todo de la pobreza severa van unidos. El caso más descollante es el de China. Gracias a las impresionantes tasas de crecimiento económico que vive desde 1978, ha logrado sacar de la pobreza absoluta, desde esta fecha, a más de 400 millones de personas (125 millones aún permanecen en ella); sin embargo, sus indicadores de desigualdad están ya en el rango de los de América Latina.
La situación de Europa, y la de España en particular, son intolerables, habida cuenta de sus niveles de riqueza, a pesar de la crisis, y de los principios que se suponen informan sus tratados, constituciones y leyes fundamentales. Según los datos que Eurostat acaba de publicar la víspera del 17 de octubre (Jornada Mundial de lucha contra la pobreza), una cuarta parte de la población europea –un 24,4%- está en riesgo de pobreza o exclusión social. En el grupo de cabeza de este indicador están los países “rescatados” de la zona euro, en donde se manifiesta un fuerte aumento en el período 2008-2014: Grecia, 36% (+7,9 puntos porcentuales); Irlanda, 29,5% (+5,8); España, 29,2% (+5,7); Portugal, 27,5% (+1.5); y Chipre, 27,4% (+4,1). A ellos hay que añadir Italia, con una tasa del 28,1% y un aumento de 2,8 puntos porcentuales. Las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social de toda la UE las ostentan todavía dos países del este que no pertenecen a la zona euro, pero es significativo que partiendo de niveles muy altos sus tasas hayan disminuido en los siete años de crisis. Rumania la tiene del 40,2% (-4,0 puntos) y la de Bulgaria es del 40,1% (-4,7).

El insoportable crecimiento de la desigualdad en España
La crisis y las durísimas políticas de austeridad que han practicado los gobiernos del PSOE y el PP desde 2010, basadas en la devaluación salarial y el recorte de los gastos sociales (éste último aspecto de modo mucho más profundo bajo el gobierno de Rajoy), han colocado a España en los puestos de cabeza de la desigualdad social en Europa, con una velocidad de crecimiento desconocida en la historia de las estadísticas.
Si utilizamos como indicador el índice de Gini[1], un indicador muy sensible cuyas pequeñas variaciones indican cambios significativos en los niveles de desigualdad social nos encontramos con una subida desde 31,9 (2007) hasta 34,7 (2014). Esta subida de la tasa en un 8,7% es, con mucha diferencia, la más importante conocida por cualquier país europeo, no sólo en los años de la crisis sino en la historia de esta estadística en un período de tiempo tan limitado. Ha convertido a España en el 2º país más desigual de la UE, empatada con Rumania, pero con una diferencia: en esos siete años, en Rumania la desigualdad bajó desde un coeficiente de 37,8, es decir un 8,2%. El único país que supera a España es Bulgaria con un índice de Gini de 35,4 (2014) que permaneció estable desde 2007. Incluso el país que más ha sufrido las políticas de austeridad y que ha visto incrementar más sus niveles de pobreza, Grecia, no ha visto aumentar apreciablemente sus altos niveles de desigualdad desde el comienzo de la crisis: ha pasado de 34,3 (2007) a 34,5 (2014). Para terminar de hacerse una idea del comportamiento de la desigualdad en Europa, a través del indicador de Gini, conviene decir que el valor medio para toda la UE ha pasado de 30,6 (2007) a 31,0 (2014) y que la zona euro mantiene cifras muy parecidas. Los países más igualitarios son, en 2014: Eslovenia (25,0), República Checa (25,1), Suecia (25,4) y Bélgica (25,9). Y en la Europa no comunitaria: Noruega (22,7) e Islandia (24,0).
El otro gran indicador de la desigualdad, el cociente 20/20, presenta una evolución paralela que nos convierte en campeones europeos del crecimiento de la desigualdad. En España, en 2007, el 20% de la población con mayores ingresos ganaba por término medio 5,5 veces más que el 20% de la población de menor renta. En 2014, eran 6,8 veces más. El cociente había aumentado, nada menos que en un 24%. En este indicador sólo nos superaba, en 2014, Rumania con un valor del cociente de 7,2, pero descendiendo desde 7,8; y estamos empatados con Bulgaria que también vio disminuir el cociente desde su valor de 7 en 2007. Al igual que con el índice de Gini, Grecia, país con unos niveles de desigualdad muy altos a lo largo de toda su historia reciente, ya estaba ligeramente por debajo de España en 2014: su cociente 20/20 era 6,5 y había subido desde 6,0, en 2007. En la media de la UE, los valores han pasado de 5,0 (2007) a 5,2 (2014).
Para terminar, unas cifras sobre la contribución de las desigualdades salariales al aumento de la desigualdad en España. Según los datos del estudio que CCOO hizo público el pasado 13 de octubre sobre la evolución de los salarios y otras retribuciones en las empresas del IBEX35, en 2014. Los primeros ejecutivos de cada empresa se hicieron aumentar sus retribuciones totales en un 80%; los consejeros en un 30%; el conjunto de los directivos vieron aumentar sus ingresos salariales en un 14,3%; y los accionistas sus dividendos en un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. De este modo ha sido posible que el pasado año la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del IBEX fuera 90 veces superior al salario medio de sus trabajadores; y el de los presidentes y consejeros delegados, 158 veces. ¡Hay quien pueda realizar una ofrenda más brutal en el altar de la desigualdad!

La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe ser una prioridad política
Esta situación que yo me atrevería a calificar de emergencia no es el fruto de la crisis sumada al ciego comportamiento de las fuerzas del mercado. Tampoco puede atribuirse a las insuficiencias del trabajo de los sindicatos que, sin duda, las tenemos y han podido influir. Principalmente, es el resultado de políticas establecidas en connivencia por las élites económicas y políticas españolas y europeas de cara a asegurarse una salida de la crisis que mantuviera y reforzara sus posiciones de privilegio en el reparto de la renta y sus posiciones de poder. Para lograrlo no han dudado en propiciar la ruptura del contrato social implícito que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha regido por lo general las relaciones laborales y sociales europeas, la construcción de sus Estados de bienestar y el modelo social europeo (con los conocidos desfases temporales de las historias nacionales).
Las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna han sido conscientemente diseñadas para promover una más desigual distribución de la riqueza, tanto en el nivel primario como en el secundario. En el nivel primario: debilitando o anulando la negociación colectiva, reduciendo el diálogo social a un mero trámite formal o anulándolo, reformando regresivamente, por ley, aspectos como el despido o la contratación, para producir, mediante todo ello, una devaluación de los costes salariales. Simultáneamente, en el nivel secundario de distribución de la riqueza, se ha actuado en todos los frentes y con idéntico objetivo: recortando los gastos sociales en aspectos esenciales del salario diferido (pensiones; prestaciones por desempleo; ayudas sociales; gratuidad, universalidad y calidad de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, etc.); y mediante reformas y políticas fiscales regresivas en los ámbitos nacionales al tiempo que se ha seguido consintiendo el dumping fiscal en la UE y no se ha abordado con decisión la lucha contra el fraude fiscal ni la erradicación de los paraísos fiscales.
Con un elevado grado de irresponsabilidad, las élites económicas y políticas se han aprovechado de la debilidad que los trabajadores y sus sindicatos acaban teniendo si se prolongan las situaciones de paro masivo, y del hecho de que las movilizaciones contra la austeridad y sus secuelas –que ha habido muchas y fuertes, nada menos que 40 huelgas generales desde 2010 (27 en Grecia), amén de muchas otras movilizaciones nacionales y regionales- se han desarrollado básicamente en los ámbitos nacionales, mientras que los centros de decisión políticos eran de carácter europeo.

2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad
Para analizar los rasgos fundamentales de esta situación insostenible, en términos políticos y éticos, examinar las alternativas que contribuyan a cambiarla y ayudar a colocar la lucha por la igualdad en el centro del debate político de nuestro país, la Fundación 1º de Mayo de CC OO -en colaboración con la Fundación Ateneo Sindical 1º de Mayo, la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI)- ha convocado, entre los días 21 y 23 de octubre el II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad[2]. Su lema es “Crisis y desigualdad: alternativas sindicales”. La conferencia inaugural[3] la pronunciará, en la tarde del día 21, James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en donde dirige el Proyecto Desigualdad. Está considerado como una o de las mayores autoridades mundiales en el tema. En el Congreso participarán, en sus sesiones plenarias y en sus talleres de trabajo, académicos y expertos de alto nivel de distintas áreas de conocimiento, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales y de los principales partidos políticos.
La igualdad en la distribución de la riqueza tiene que convertirse ya en objetivo principal de las políticas económicas y sociales. Para plasmarlo en la realidad hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza. También, hay que establecer una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

[1] Los datos sobre coeficientes de Gini, así como sobre los cocientes 20/20, están tomados de la última actualización de las estadísticas sobre la desigualdad en Europa de Eurostat, realizada el 16 de octubre de 2015
[2] A la página web del II Congreso TES se accede en:http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1278

[3] Como las demás sesiones plenarias del Congreso, se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega 40, de Madrid.

jueves, 15 de octubre de 2015

Colocar la lucha contra la desigualdad en el centro del debate político

Publicado en:      Revista de Estudios y Cultura 73


Javier Doz 
Presidente de la Fundación 1º de Mayo     

Lo que expresa el título de este comentario editorial es el objetivo principal del II Congreso Trabajo Economía y Sociedad, tema principal de este nº73 de la Revista de Estudios y Cultura. Dicho en positivo, el objetivo sería promover que la búsqueda de la igualdad sea el valor o principio activo que informe todas las políticas. En España, en Europa y en el mundo. Partimos de que hay que promover la igualdad y erradicar las desigualdades y discriminaciones en todo el campo de los derechos políticos, sociales y ciudadanos, tanto en los derechos de ciudadanía clásicos como en los más modernos, como son la igualdad de género o la de orientación sexual. El sindicalismo confederal lleva ya bastantes años incluyendo estos nuevos enfoques en su acción reivindicativa.

El aumento insostenible de la desigualdad en la distribución de la riqueza
Pero en este congreso se hablará sobre todo de una desigualdad esencial, aquella que se refiere a la distribución de la riqueza. Aunque no olvidaremos la importante componente de género bajo la cual también se expresa esta desigualdad en nuestras sociedades. Es una cuestión que se ha pretendido colocar en un lugar secundario del debate ideológico y político desde la “revolución” conservadora de los años ochenta, que coincidió con el inicio del segundo gran proceso de globalización del capitalismo, y se fortaleció con el auge del neoliberalismo en los 90 y el crecimiento de las grandes burbujas especulativas financieras e inmobiliarias que llevaron a la Gran Recesión. 

Los mantras justificadores de las decisiones que en el campo de la economía política han llevado a un tan fuerte aumento de la desigualdad han sido principalmente dos: la necesidad de ganar competitividad en una economía globalizada y la necesidad de reducir el Estado para incentivar la iniciativa privada, incluida la inversión. Una variante de este último mantra son las políticas de austeridad que, en situaciones de crisis, hacen descargar la reducción de los niveles de déficit y deuda públicos en el recorte del gasto público, principalmente del gasto social.

En el modelo económico neoliberal la ganancia de competitividad se sustenta en la reducción de los costes salariales y sociales para lo que se impulsa, en las sociedades desarrolladas con organizaciones sindicales y negociación colectiva relativamente fuertes, un debilitamiento de ambas y la anulación práctica del diálogo social. Las políticas de austeridad y devaluación interna puestas en práctica por las instituciones de la UE a partir de mayo de 2010, pero concebidas desde bastantes años antes por  altos funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y del BCE, son un ejemplo destacadísimo de políticas fomentadoras de la desigualdad, amén de políticas de probada ineficacia económica. Han sido impuestas a los gobiernos de la zona euro, especialmente a aquellos necesitados del rescate de sus finanzas públicas o de sus sistemas financieros, que han perdido por completo la soberanía en materia de política monetaria sin que la UE haya construido aún los instrumentos necesarios para gobernar cualquier zona monetaria común, ni sus responsables políticos parezcan tener prisa en hacerlo.

Al tiempo que imponían o/y promovían la devaluación salarial -con la aquiescencia activa o la incapacidad de formular alternativas distintas por parte de los gobiernos nacionales de centro derecha o centro izquierda- las autoridades de la nueva gobernanza económica europea (Troika, Eurogrupo, etc.) no adoptaron ninguna medida que pudiera afectar a la capacidad de acumulación de renta por parte de las élites económicas. Los resultados no se han hecho esperar. Por poner un solo ejemplo: mientras que los trabajadores españoles han visto disminuida su renta desde 2010, en cualquiera de sus parámetros de medición, los consejeros de las empresas del IBEX han aumentado sus ingresos, entre 2010 y 2014, nada menos que en un 22%.

Derrota fiscal, debilitamiento del Estado
El otro gran instrumento para el fomento de la desigualdad dentro del modelo neoliberal hegemónico son las políticas fiscal y presupuestaria. En Europa y en el mundo se ha venido consintiendo –cuando no fomentando- el dumping fiscal, los paraísos fiscales, el fraude y la elusión fiscales, y promoviendo reformas fiscales de signo regresivo (que han afectado negativamente a la suficiencia de los ingresos y a la progresividad de la tributación), al tiempo que se han desarrollado sistemáticas políticas tendentes a privatizar, total o parcialmente, los servicios públicos y a reducir en general la fortaleza del Estado. La imprescindible armonización fiscal de la UE, que en el caso de la zona euro debería llevar al establecimiento de una política fiscal común, continúa siendo una utopía mientras no cambien las élites políticas europeas. La armonización fiscal ni siquiera se formula como objetivo en el documento de los cinco presidentes.

Algunos argumentarán que se están tomando algunas medidas para combatir el fraude fiscal en el ámbito de la UE, de la OCDE (recomendaciones del GAFI) y del G20. La presión de la opinión pública obliga a declaraciones y a ciertas medidas, algunas de compleja y prolongada implementación. Pero bastarían dos hechos incontrovertibles para poner en duda la seriedad de los planteamientos de lucha contra el fraude fiscal de las élites económicas y políticas. El primero es que Europa sigue albergando sin problema paraísos fiscales que acumulan más de la mitad de los capitales opacos totales, en su mayor parte procedentes del fraude fiscal y de las organizaciones de la economía criminal. Con un mínimo de voluntad política compartida, simplemente dejarían de existir. El segundo, de un enorme simbolismo, es que Jean Claude Juncker ha sido elegido presidente de la Comisión Europea después de conocerse que Luxemburgo había establecido convenios con cientos de empresas multinacionales para permitir que estas incumplieran sus obligaciones fiscales en los países en donde desarrollaban su actividad, mientras desempeñaba los cargos de primer ministro y ministro de finanzas del pequeño país centroeuropeo.

Cuando de un modo consciente y planificado se debilitan los instrumentos que tienen los trabajadores para participar en la redistribución de la riqueza en el nivel primario (negociación colectiva, poder sindical, legislación laboral) y se actúa en el nivel secundario (sistema impositivo, políticas presupuestarias, prestaciones sociales, servicios públicos y otros instrumentos de salario diferido) para promover una redistribución de la riqueza favorable para la minoría de la sociedad de mayor nivel de renta, especialmente del 1% más rico, los resultados no pueden ser sino un gran aumento de la desigualdad.

Poner fin a una situación insostenible
En España la crisis y su gestión han llevado la desigualdad hasta extremos insoportables. Ha crecido a una velocidad desconocida en la historia estadística: hemos pasado de ocupar un lugar medio en el ranking de la desigualdad europea, en 2009, a ser hoy el 2º país más desigual de Europa, medido tanto por el coeficiente de Gini como por los cocientes de la renta media entre los tramos de la población de mayor y menor renta.

En Europa, los resultados de haber aplicado en la gestión de la crisis las políticas neoliberales, trufadas con el ordoliberalismo alemán, no sólo han hecho aumentar la desigualdad social en muchos países deteriorando su cohesión social interna, sino que han promovido el camino inverso al generalmente constatado en la integración europea hasta este momento, el camino de la divergencia entre los Estados. Al deterioro de la cohesión entre los Estados, embarcados en un proyecto común tan complejo como la UE, se une la desconfianza hacia las instituciones que la rigen. El contrato social de la posguerra, uno de los pilares de la prosperidad y la cohesión de las sociedades europeas, ha sido roto en una de sus bases esenciales, la igualdad.

Thomas Piketty, en su monumental obra El Capital en el Siglo XXI, muestra como el capitalismo en su actual  fase histórica está produciendo en los países desarrollados unos niveles de desigualdad similares a los que se generaron en la primera gran oleada de globalización, la vivida en la antesala de la primera guerra mundial. Piketty, al igual que economistas norteamericanos de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o James K. Galbraith, o, incluso, de economistas del FMI como Kumfof y Rancière, entre otros, han demostrado que el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, fenómeno que se viene produciendo desde la década de los ochenta del pasado siglo, ha sido uno de los factores principales que han generado una crisis de la dimensión de la actual. Las élites económicas se han venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no pueden consumir sino que han dedicado a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos,   como en los EE UU, se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Por este perverso mecanismo la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió es un factor muy poderoso en la génesis de la crisis. Una vez que la crisis estalla, esas mismas élites, en Europa, promueven una nueva vuelta de tuerca en el crecimiento de la desigualdad a través de las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna.

Esta es una situación insostenible, en España y en Europa, a la que hay que poner fin. Mediante un cambio profundo de las políticas y del modelo económico que coloquen el objetivo de la igualdad en la distribución de la riqueza como un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales, al mismo nivel que el del crecimiento de la economía y el empleo. Para ello hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza a los que nos hemos referido en este artículo. Requerirá también un cambio en las personas y los partidos que nos gobiernan, y, desde luego, una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

De todo esto vamos a hablar en el 2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad que James K. Galbraith inaugurará en la tarde del 21 de octubre.


jueves, 1 de octubre de 2015

Europa en la pendiente

Publicado en:
nuevatribuna.es
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/europa-pendiente/20150930085405120679.html , y en 
Público.es_Blog de la Fundación 1º de Mayo
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/09/30/europa-en-la-pendiente/
El verano europeo que acabamos de terminar ha sido tan caluroso en lo atmosférico como en la temperatura política sintomática de la enfermedad que padece la Unión Europea. La enfermedad se llama crisis política, y es debida a la pérdida de valores compartidos, de valores sin los cuales no se puede construir, ni siquiera hacer pervivir, ningún proyecto político. Menos aún uno tan complejo e importante como es el de la Unión Europea. Los valores perdidos, o a punto de perderse en esta pendiente por la que se desliza la UE desde los primeros años del Siglo XXI, y a velocidad de vértigo desde 2010, se llaman solidaridad, igualdad, justicia social e, incluso, aquellos que obligan a colocar a la democracia y el respeto a los derechos humanos en el centro del discurso y la práctica políticos.
Estos valores se están perdiendo principalmente por la progresiva hegemonía de la ideología neoliberal en materia de economía política, que ha roto con los diques de contención que el contrato social de la posguerra europea había establecido a través de la llamada Europa Social, hoy una entelequia, y por el auge de los nacionalismos en sus diversas variantes. La confluencia de la ruptura de la cohesión social con la de la cohesión territorial, o política, entre los Estados de la UE, o en el interior de los mismos, supone un peligro mortal para la propia pervivencia del proyecto europeo.
Me temo que ya no vale el tópico de que Europa progresa a través de las crisis. Ha sido más o menos cierto en el pasado pero la crisis política que hoy vive la UE no se resuelve con pequeños arreglos parciales para ir tirando. Lo mismo que en España ya no vale el bagaje que la transición y la Constitución nos dejaron, por mucho que haya que reconocer los positivos servicios prestados, para mantener la cohesión territorial  y la confianza de la mayoría de la ciudadanía en sus instituciones políticas.
Dos son los acontecimientos principales de este verano, en donde se han manifestado las conductas que, de no revertirse, hacen inviable el proyecto europeo. En julio, el nuevo episodio agudo de la crisis griega condujo a un acuerdo entre el cuarteto (la troika más el MEDE) y el Gobierno griego de Syriza para un tercer rescate por valor de 86.000 millones de euros. A partir de agosto, la crisis de los refugiados, que ya ha costado la vida a más de 2.600 personas en lo que va de año, adquiere una dimensión desconocida al penetrar por las fronteras de diversos países de la UE decenas de miles de personas que inician su camino europeo, ahora en mayor medida, a través de Grecia.
Nuevo acto del drama griego
Algunos dirán que el acuerdo sobre Grecia de julio es una muestra de que la UE resuelve, mal que bien, los problemas graves aunque sea a través de parches y cuando la campana ya ha sonado. No analizaré detalladamente aquí los términos del rescate. En mi opinión, sólo si se procede a una reestructuración de la deuda -cosa que sí quiere el FMI, que en otros aspectos tuvo una posición muy negativa en las negociaciones, pero no Alemania, el poder político dominante en la UE- y recibe, al mismo tiempo, una fuerte inyección de inversiones del débil Plan Juncker el tercer rescate podría funcionar.
Pero lo que realmente podría apartar definitivamente de cualquier tipo de apoyo al proyecto europeo -al menos a quienes se resisten a creer que las políticas de austeridad y la economía política neoliberal que las sustenta son la única forma de gobernar la economía europea a pesar de su fracaso económico y la desigualdad e injusticia social que han producido-, es haber presenciado durante seis meses la sistemática operación de acoso y derribo del único gobierno que se ha enfrentado en serio a esas políticas. Porque ese ha sido el núcleo de la actuación política de los interlocutores del Gobierno de Syriza en las innecesariamente prolongadas negociaciones sobre el tercer rescate de Grecia. En más de una ocasión, cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse, tras alguna reunión de la cumbre del Consejo Europeo, fue torpedeado. A veces por el FMI que exigía “más reformas” pero se oponía a una de las más necesarias. Tal es el caso de la reforma fiscal del gobierno de Tsipras que pretendía que las empresas y las rentas de capital pagaran lo que era justo. Otras veces era Schäuble, que no tuvo recato en afirmar públicamente que no creía en un nuevo rescate y que lo mejor era el Grexit. Son abundantes los testimonios, más allá de lo contado por Varufakis, que acreditan cual era el objetivo político perseguido: impedir todo aquello que pudiera considerarse como una victoria, siquiera fuese parcial, del Gobierno de Syriza y evitar, por cualquier medio, que se contagiara el cuestionamiento de las políticas de austeridad y devaluación interna y que esto influyera en un cambio en el mapa político europeo.
A esta operación se apuntaron gobiernos como el de Rajoy, con todo su aparato mediático empeñado en echar el “fracaso” de Syriza en la cabeza de Podemos, o el portugués de Passos Coelho, sacrificando los intereses nacionales. Tampoco los gobiernos socialdemócratas, más allá de introducir algunos matices, han sido capaces de plantear una política distinta, situación en la que llevan desde hace cinco años y que ya conocimos en España durante los dos últimos años de gobierno de Zapatero. Todos han acabado plegándose a los dictados del gobierno de Angela Merkel, que ha contado con el presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem como uno de sus más fieles ejecutores.
Pero ha sido sin duda el BCE quien ha colocado al Gobierno de Tsipras en la tesitura de aceptar los términos finales del Memorandum del tercer rescate, a pesar de su desacuerdo con una parte de sus condiciones. La alternativa era salir del euro. Y no porque esté establecido el procedimiento para ello. Aquí se actuó de facto, al margen de cualquier procedimiento o garantía jurídicamente establecidos, a través de un proceso bastante simple: el modo de negociación y la sistemática campaña contra el gobierno griego producen una masiva fuga de capitales (en una Europa que acoge, sin corrección real ni recato, los paraísos fiscales más potentes del mundo); el BCE restringe la liquidez en euros y obliga al gobierno griego a establecer un “corralito”. Como esta situación es insostenible en un plazo corto, o bien se aceptaban las condiciones de los acreedores –las instituciones de la UE no han actuado como una unidad política con un proyecto común, sino como un club de acreedores- y Grecia permanecía en la eurozona, o tenía que establecer una moneda propia. Esta ha sido la fórmula práctica –“la pistola de Dragui”- para soslayar la falta de normas y procedimientos democráticos para abordar una situación semejante. Como razonablemente, y de acuerdo con el sentir muy mayoritario del pueblo griego, la mayoría del gobierno griego y de Syriza no querían salir del euro, acabaron aceptando condiciones, algunas de las cuales habían rechazado en el referéndum que convocó y ganó Alexis Tsipras.
A continuación, los mismos portavoces políticos y medios de comunicación, que habían falseado u ocultado las posiciones de cada parte en las negociaciones, se han apresurado a pintar la aceptación de los términos del acuerdo final como una derrota absoluta, sin matices. Pero el objetivo final, que daría a las fuerzas políticas europeas que han participado en esta operación de acoso y derribo del gobierno de Syriza la victoria completa, no lo han logrado. Con lo poco conseguido y contando a los griegos la verdad, Tsipras y Syriza han vuelto a vencer en las elecciones del pasado 20 de septiembre, en unas condiciones especialmente difíciles, ruptura del partido incluida.
Buena parte de las condiciones del memorándum del rescate están por supuesto muy alejadas de las pretensiones que tenía el gobierno griego y están dentro del marco de la economía política conservadora, hegemónica en Europa; pero hay más reformas que recortes y no todas son las del recetario de la austeridad. Inversiones y reestructuración de la deuda aparecen en el texto del acuerdo pero sin referencia ni al cuanto ni al cómo. Por ello tampoco se puede decir que estén garantizadas por el mismo, máxime con los antecedentes de incumplimiento habidos.
La consecuencia de lo sucedido es clara: no se puede mantener la cohesión que garantice la pervivencia de la UE con unas políticas que fomentan la divergencia entre los Estados de la Unión en término de riqueza y de poder político y utilizando unos procedimientos escasamente democráticos, y sin unas reglas claras de funcionamiento en todo caso.
Crisis de los refugiados
Acoger a los refugiados que huyen de situaciones de guerra, persecución o catástrofe, y brindarles la debida asistencia, no es sólo una obligación moral inscrita en los valores y principios que inspiran la UE según sus tratados. Es, además, un imperativo legal que se deduce de varias normas fundamentales que obligan a la UE y a los gobiernos de sus Estados miembros. No se trata sólo de cumplir con los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) sino con los preceptos incluidos en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado (ONU, 1951), en la Convención Europea de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1950) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE, 2000), por citar sólo algunas de las principales normas que obligan a las instituciones de la UE y a sus gobiernos nacionales.
Sin embargo, en lugar de organizar la acogida y procurar los medios materiales para hacerlo en las mejores condiciones posibles, hemos asistido en los últimos dos meses a algunos de los espectáculos más bochornosos que nos ha deparado la vida política europea en muchos años.
Por una parte, a un regateo vergonzoso sobre el número de refugiados que debía acoger cada país. Cuando cuatro países fronterizos con Siria, mucho más pobres que la media de la UE, albergan a 4,1 millones de refugiados sirios; cuando los que están en el Líbano representan hasta el 28% de su población; cuando ACNUR sólo ha logrado reunir el 37% de la financiación necesaria para alimentar a quienes sobreviven en sus hacinados campos porque los países desarrollados, incluidos los europeos, no aportan los fondos imprescindibles para ello; cuando en lo que va de año han muerto 2.600 personas intentando llegar a Europa; al tiempo que sucede todo esto, al conjunto de los Estados miembros de la UE le resulta extraordinariamente difícil distribuir a 120.000 refugiados -¡el 0.023% de la población europea!- entre todos ellos. Aún si la cifra real de los que acabaran entrando fueses siete veces mayor, como se calcula, los 720.000 resultantes sólo serían el 0,14% de la población europea.
Por otro lado, resulta intolerable que un Estado miembro, Hungría, en lugar de cumplir su obligación de asilo construya altas vayas con cuchillas en sus fronteras para que no se acerquen los refugiados y dicte leyes que los llevarían a la cárcel si entran “sin permiso”. Pero los responsables políticos europeos no han hecho nada al respecto y el partido del aprendiz de dictador húngaro, Viktor Orban, el FIDESZ, que es miembro del Partido Popular Europeo, puede permitirse el lujo de reunirse con la CSU bávara para hacer campaña conjunta contra los “excesos de generosidad” de la Canciller Merkel ; y ser un factor de presión para la contraofensiva que se está produciendo en Alemania contra la política de cumplir las obligaciones que impone el derecho de asilo de los refugiados.
Una pérdida de los valores y principios democráticos y sociales tan acusada y una primacía tan fuerte de los intereses nacionales, interpretados por políticos conservadores muy reñidos con los conceptos de solidaridad y cohesión, como la que se ha dado en el modo de abordar las dos crisis comentadas en este artículo son nuevas muestras de la pendiente por la que desciende la UE, que de no cambiar el rumbo, podría suponer incluso su fin como proyecto político supranacional democrático de los europeos
El Plan Juncker, el Manifiesto de los cinco presidentes y la inauguración del Congreso de la CES
Se pretende hacer creer que el Plan Juncker y las propuestas contenidas en el llamado Manifiesto de los cinco presidentes suponen un cambio importante para abordar “de otra manera” la crisis económica y la crisis política que vive la UE. Lamento no poder ser tan optimista.
El Plan de inversiones que lleva el nombre del presidente de la Comisión Europea tiene un monto insuficiente y unos objetivos que tendrían que ser más ambiciosos (salir de la crisis y cambiar el modelo de crecimiento de las economías europeas) y, sobre todo, partiendo de una muy escasa financiación pública europea, no resulta nada claro cómo va actuar de palanca para la movilización de otros recursos que se pretende sean privados en gran parte .
En cuanto al Manifiesto de los cinco presidentes es muy limitado en sus propósitos y en sus propuestas, y manifiesta un error de partida: no se asienta en ningún tipo de diagnóstico acerca del tipo de crisis política que vive la UE. Además de contener propuestas sumamente peligrosas como es el papel preponderante que se quiere dar al “Sistema de autoridades nacionales de competitividad” en el Semestre europeo o en las negociaciones salariales en los ámbitos nacionales, el documento se olvida completamente del pilar social de la construcción de la Unión Económica y Monetaria.
Ignacio Fernández Toxo, que presidió ayer en París la sesión inaugural del XIII Congreso de la CES en la Maison de la Mutualité, tras escuchar la intervención de Jean Claude Juncker, en la que el presidente de la Comisión subrayó la importancia de reforzar la dimensión social de la UE, le contestó con ironía invitándole a realizar una adenda al Manifiesto que había redactado.
Martin Schulz y François Hollande, al igual que Junker, levantaron la bandera del progreso social con palabras que traslucían tanto las habituales ganas de los políticos de agradar a los auditorios como la mala conciencia por las evidentes regresiones sociales que está padeciendo la UE y muchos de sus Estados en los últimos años.
Las palabras, sobre todo si son palabras muy gastadas por el uso, tienen una eficacia limitada. También las de los sindicalistas. La contribución del sindicalismo europeo a sacar de la pendiente a la UE y hacer variar su rumbo tendría que ser importante. A pesar de lo que ha llovido en los últimos años, el sindicalismo europeo sigue siendo europeísta, valga la redundancia, cada vez más europeísta de “otra Europa”. Pero para poder ser una fuerza relevante en el cambio de rumbo de la UE, en el que el protagonismo corresponde a los actores políticos, el sindicalismo tiene que afrontar su propia renovación que incluya necesariamente, además de la claridad de un proyecto, el reforzamiento de sus capacidades organizativas y de acción supranacionales. Pero esto corresponde ya a otra reflexión