Luces y sombras de la “expansión cuantitativa” del BCE

El Consejo de Gobierno del BCE ha aprobado, en su reunión del 22 de enero de 2015, el primer programa monetario de “expansión cuantitativa” (EC) (“quatitative easing”) de su historia que contempla compra masiva de deuda pública de los Estados de la zona euro. La Reserva Federal de los EE UU ya había iniciado este tipo de actuaciones  a finales de 2008. Los bancos de Inglaterra y Japón pronto se unieron a esta política. Los resultados en términos de crecimiento y empleo han sido mejores (mucho mejores en el caso de los EE UU) que los obtenidos en la zona euro de la UE. Y la inflación sigue contenida en los tres países. La UE, por el contrario está en deflación y con el crecimiento estancado.

Analizaré brevemente la decisión del BCE:

-   El programa ha sido cuantitativamente más ambicioso de lo esperado: hasta 60.000 M€ durante 17 meses (de marzo de 2015 a septiembre de 2016) permitirían comprar hasta 1,02 billones de euros de deuda. Por las palabras de Mario Draghi es revisable (al alza o a la baja) en función de las circunstancias, ante todo en relación a cómo se avance en la consecución del objetivo de inflación: 2% del PIB.

-    La cifra de 60.000 millones sería suma de 45.000 M€ para compras de deuda pública de los Estados y 15.000 M€ de compra de deuda privada. En este último punto se solapará (sin sumarse) con el programa vigente de hasta 13.000 M€ mensuales.

- Las compras se realizarán, según todos los indicios, en el mercado secundario. 

-  Los mercados financieros que ya venían anticipando el apoyo al programa de EC europeo han reaccionado con claro optimismo. A las subidas en el mercado de renta variable se añade la caída de los tipos de interés de las deudas soberanas. La española cuyos bonos a 10 años cotizaban el día 21 de enero al 1,53%, cayeron el día de la decisión al 1,39%.  La prima de riesgo de la deuda española bajó de 106 puntos básicos, la víspera de la decisión, a 97. Las bajadas de los tipos de interés de los bonos de deuda pública son generales (incluso fuera de la zona euro y a nivel mundial). El bono alemán a diez años también alcanza mínimos históricos: 0,44 % el día 22, y 0,37% el día 25. Por no hablar de la deuda suiza a largo plazo: ¡-0,26 %!

-       --- El tipo de cambio del euro respecto del dólar se situó, el día 22, en 1,142. Al día siguiente bajó de golpe un 3,6% para situarse en el 1,128. Fue la 2ª mayor caída en un día desde la creación del euro. La devaluación del euro ha sido del 18% desde su último pico máximo de hace unos meses. El euro ha perdido un 18% desde su último pico de máximos de hace unos meses. 

Todo esto puede suponer un abaratamiento extremo del dinero, una mayor disponibilidad del mismo y una definitiva pérdida de atractivo de la deuda pública para los bancos, lo que debería traducirse –todo ello- en un aumento del crédito a empresas y particulares (proceso que como todo el mundo sabe no es automático), con el  consiguiente incremento de la demanda interna. El abaratamiento de la deuda pública que podría llegar, en el caso de España, a, por lo menos, congelar la carga de la deuda en los presupuestos (en la verosímil hipótesis de continuar necesitando emisiones de deuda nueva).También puede promover el crecimiento económico al facilitar las exportaciones de los países de la zona euro.

Pero la decisión del BCE tiene también serias sombras económicas y políticas, derivadas casi todas ellas de las concesiones que Mario Draghi ha tenido que hacer a Ángel Merkel (la independencia del BCE siempre es relativa) para que le autorizara el programa de EC a pesar de las grandes reticencias de la opinión pública alemana. Y de la oposición del Bundesbank cuyo presidente, Jens Weidmann continuó haciéndolo en el Consejo de Gobierno del BCE, a pesar de dichas concesiones.

Los aspectos negativos y las insuficiencias del acuerdo del BCE son:

-   Se comprará deuda en función del peso de cada país en el Eurosistema. No hay ninguna prima a los Estados con mayor necesidad. El programa podría permitir a España la compra de hasta 7.800 M€ mensuales durante su vigencia.

-  El BCE sólo garantizará el 20% de lo comprado en caso de que la operación generara finalmente pérdidas (hipótesis muy probable). El 80% lo harán los bancos centrales de cada país. Aunque algunos dirán que es un avance hacia la mutualización de la deuda y la creación de eurobonos, a estas alturas es un avance insuficiente. Porque no puede continuar, por más tiempo, la negativa a establecer las condiciones que debe reunir cualquier unión monetaria y una de ellas, imprescindible, es que el banco emisor garantice todas sus emisiones y compras. Es una mala señal política que expresa la falta de voluntad de construir una auténtica Unión Monetaria. También se disculpa esta condición -inequívocamente alemana- diciendo que, en última instancia, si los bancos centrales nacionales fueran a quebrar por no poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por garantizar 4/5 de las compras, el BCE terminaría por asumir las pérdidas. De nuevo estaríamos en el escenario de hipotéticas decisiones de salvamento tomadas al borde del abismo, después de haber producido todo tipo de destrozos económicos y sociales, a las que nos tiene tan acostumbrados la gobernanza de la UE. Escenario que habría que erradicar en lugar de arriesgarse a volverlo a propiciar.

-   El BCE no comprará bonos que tenga la calificación crediticia de bonos basura. De nuevo se da a las agencias de calificación de riesgos, cuyo mercado sigue dominado por las tres empresas norteamericanas co-responsables de la creación de la burbuja especulativa que nos llevó a la crisis que padecemos, un papel fundamental en la determinación de qué países pueden ser ayudados o no. De entrada esto excluiría a algunos de los más necesitados: Grecia y Chipre. Algunas informaciones añaden a Portugal (en este como en otros puntos las decisiones del Consejo de gobierno del BCE son ambiguas, cosa que también reflejan las actas cuando son publicadas).

-    No se comprará deuda por encima del 33% del PIB del país emisor. Este criterio también excluiría a Grecia porque el BCE ya compró, en su día, deuda griega que alcanza ya esa cifra. Al menos no podrá hacerlo hasta que dicha deuda venza, a finales de junio, lo que conformará un período de tiempo de presión al gobierno griego que salga de las urnas del 25 de enero.

Que no basta la política monetaria para salir de la crisis en las actuales condiciones de bajísimos tipos  de interés y enorme liquidez mundial está muy claro. Lo dijo el propio Mario Draghi el pasado mes de septiembre en su comentado discurso de Jackson Hole, en la reunión de presidentes de bancos centrales. Son necesarias políticas fiscales que estimulen la demanda. Y estas fallan.

El Plan Juncker de inversiones es radicalmente insuficiente. Es insuficiente en su cuantía soñada, 315.000 M€, el 80% de la cual debería ser aportada por inversores privados. Es radicalmente insuficiente la aportación de los presupuestos de la UE: 15.000 M€ de dinero viejo sacados de  otras partidas de inversión (compárese con los 45.000€ de inversión no gastada de los presupuestos 2007-2013 que se trasladaron al período 2014-2020, después de pasar por el nunca nacido Plan de crecimiento y empleo de 2012). El diseño del modelo de colaboración pública-privada es cuanto menos enormemente voluntarista con unas tasas de apalancamiento poco realistas y una dependencia excesiva del capital privado.

En cuanto a la coordinación de las políticas fiscales de la Zona euro para impulsar la demanda, de nuevo nos encontramos con la oposición de Alemania. Quien debiera empezar por utilizar estímulos fiscales y hacerlo con mayor intensidad es Alemania (seguido de Austria, países nórdicos,…). Sin embargo, Alemania se niega a hacerlo priorizando mantener el déficit presupuestario cero que acaba de alcanzar.

Grecia en la crisis europea

Este artículo ha sido publicado en:

blog de la fundación 1º de mayo en público.es
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/16/grecia-en-la-crisis-europea/

nuevatribuna.es
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/grecia-crisis-europea/20150116174417111333.html


Cuando los ecos del brutal ataque del terrorismo yihadista, en París, y de la impresionante respuesta de la ciudadanía francesa se van mitigando, volvemos a tener el nombre de Grecia en el centro de la política europea. Por las elecciones del próximo 25 de enero, por la inestabilidad de los mercados financieros y por las presiones que electores y políticos griegos están sufriendo por parte de los paladines de las políticas de austeridad que, según parece, son incombustibles ante su clamoroso fracaso.

Fue en 2010 cuando la crisis económica mundial comenzó a vivir su fase europea, de la que todavía hoy no se ha salido. El epicentro fue Grecia. Su estallido tuvo lugar en mayo cuando, a través del Ecofin, Alemania impuso su condena a Grecia en forma de rescate, obligando de paso a los países de la Zona euro a adoptar las prescripciones de su economía política más conservadora para gestionar la crisis: austeridad presupuestaria extrema, reformas estructurales que recorten prestaciones y servicios públicos, y devaluación salarial de los países endeudados y sometidos a procesos de rescate para compensar, supuestamente, los efectos recesivos de la austeridad mediante ganancias de competitividad.

Cinco años más tarde, y con la crisis del euro convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de su nueva fase. ¿Será la del inicio de la rectificación? ¿O continuará el progreso de cuarteamiento de la UE?

Tras la convocatoria de elecciones generales, por el fracaso de Nueva Democracia en la elección de su candidato a Presidente de la República, se han vuelto a generar presiones políticas tendentes a impedir que el partido al que todas las encuestas señalan como favorito, Syriza, pueda formar un gobierno que ponga en cuestión la continuidad de las políticas de austeridad y promueva la reestructuración de la deuda griega. No son nuevas. Conocidas son las que obligaron a dimitir a Yorgos Papandréu y auparon a Antonis Samarás.  Poco importó, en este caso, que fuese su partido, Nueva Democracia, el responsable de la falsificación de las cuentas públicas griegas que sirvieron de justificación para unos tipos de interés de castigo, impuestos inicialmente en el primer rescate griego al calor de la campaña de la prensa amarilla alemana. Ahora, han sido primero las “declaraciones de fuentes gubernamentales” al semanario Der Spiegel, luego las del presidente del think tank IFO, Hans Werner Sinn, las que han planteando el bajo coste o la necesidad de la salida de Grecia del euro. Matizaciones del gobierno alemán o desmentidos de la Comisión Europea aparte, los mensajes han quedado para su uso en la campaña electoral griega y para alimentar el nerviosismo de los mercados financieros. La jugada es conocida: se alimenta ese fácil nerviosismo y luego se achaca al temor de que la izquierda gane. Profecía autocumplida se llama.

Una de las más inaceptables paradojas de la situación política europea es, sin duda, ésta: los máximos responsables de la imposición a Grecia de una política completamente fracasada, que ha producido un hundimiento económico histórico en Europa después de la 2ª Guerra Mundial, amén de estragos sociales y políticos de parecido o peor calibre, en lugar de cambiarla, tienen la osadía de presionar para que los griegos no voten a aquellas formaciones que preconizan el más que justificado cambio. Siendo el gobierno de Alemania el principal responsable de la dirección de la política económica europea, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que una nación que actúa así pueda seguir ejerciendo -lo quieran o no sus gobernantes- el liderazgo político de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un liderazgo alemán de esta clase? Recientemente, Hans Kundnani ha sumado su voz a la de Joschka Fisher para volver a subrayar esa histórica incapacidad de liderazgo positivo de Alemania sobre Europa. Y no son precisamente “enemigos” de Alemania.

El mal gobierno, la corrupción y la irresponsabilidad de las élites políticas y económicas de Grecia junto con la austeridad extrema han hundido al país. Caída del PIB del 24%, y del 40% de la renta disponible de las familias. Tasas de paro y de pobreza del 26% y del 33%, respectivamente, gravísimo deterioro de los sistemas educativo, sanitario (3 millones de excluidos de la asistencia sanitaria de la seguridad social) y de protección social, drástico recorte de salarios y pensiones, destrucción del diálogo social y la negociación colectiva, vulneración de los convenios internacionales (OIT, Consejo de Europa), bolsas de hambre y desnutrición, etc., etc. Y su deuda pública, si antes del rescate era del 129% del PIB (2009), hoy supera el 180%, después de haber experimentado una quita del 53% de su valor nominal. ¿Puede haber una superior acumulación de pruebas sobre el fracaso absoluto de una política?

Si Grecia es el caso extremo, las consecuencias de la mala “gestión alemana” de la crisis europea afectan a toda la UE: segunda recesión y situación actual de riesgo de estancamiento con deflación. La tendencia general no oculta la profunda divergencia por países de las dos variables principales, crecimiento y empleo. Mientras que los países rescatados, incluido España, Italia y otros están lejos de haber recuperado los niveles de PIB y empleo previos a la crisis, Alemania y otros del Norte ya recuperaron, en 2012, su PIB de 2007. Sin negar el papel de las fortalezas y debilidades internas para este comportamiento tan desigual, no hay duda de que el masivo flujo de capitales hacia Alemania y el Norte de Europa, motivado por decisiones políticas (o la falta de ellas), está siendo una poderosa causa de divergencia. Y si la Unión Europea pasa a ser un factor de divergencia entre sus miembros, invirtiendo el papel jugado desde su fundación, será insostenible a largo o medio plazo.

Hoy reclaman un cambio de rumbo de la política económica europea no sólo los  sindicatos y organizaciones sociales y buena parte de los partidos de izquierda, sino un número creciente de instituciones internacionales y gobiernos y académicos de variado signo político. Lo ha hecho el propio Mario Draghi, con palabras medidas, en Jackson Hole. Pero el poder político determinante de la UE se resiste a reconocer su fracaso. El Consejo Europeo y el BCE, fuertemente presionados, sólo rectifican parcialmente, con retraso, sin plantearse la coordinación de medidas monetarias, fiscales y de inversión. Mientras se está a la espera de que el BCE, el próximo 22 de enero, de un paso más en su política de expansión monetaria, comprando deuda de los Estados, se ve sometido a la oposición del Bundesbank y a la presión de Angela Merkel para que, si lo hace, lo haga en cuantía reducida después de imponer una contraproducente espera. El Plan Juncker está muy lejos, en sus objetivos, de lo que la UE necesitaría para reducir sustancialmente la caída de la inversión que la crisis ha producido (siete puntos de PIB). Que la inversión privada aporte el 80% de la financiación es sólo un deseo. Lo que aportan los presupuestos de la UE, sacándolo de otras partidas de inversión, son unos ridículos 15.000 millones de euros. Compárese esta cifra con los 45.000 millones de inversiones que se dejaron de gastar en los presupuestos ordinarios de 2007-2013 y se trasladaron a 2014-2020, después de ser sólo dibujados en el Plan de crecimiento y empleo de 2012. Pues bien, ni siquiera se aporta esta última cantidad que figuraba en ese fraudulento Plan, aprobado por la cumbre del Consejo y que nunca gastó nada porque no se realizó nada. A pesar de todo ello, el gobierno alemán pone pegas y retrasa la aprobación del Plan Juncker, de modo que su aplicación no se iniciará, en el mejor de los casos, hasta finales de 2015.

Una forma de gobernar así es insostenible. Pone en peligro la existencia de la propia UE. La deriva económica del continente europeo no se arregla con algo más de flexibilidad en los periodos de cumplimiento de los objetivos de déficit (de los de deuda, mejor no hablar porque son inalcanzables para muchos países), algo de expansión monetaria y un poco de inversión. Se necesitaría hacer coincidir en el tiempo y con la mayor intensidad posible cuatro actuaciones: un plan europeo de inversiones como el que propone la Confederación Europea de Sindicatos (250.000 millones anuales durante diez años); la aplicación de toda la gama de medidas de flexibilización cuantitativa por parte del BCE, incluida la compra de deuda de los Estados; una coordinación de las políticas fiscales para activar la demanda; y un plan efectivo contra la evasión y la elusión fiscales. A partir del crecimiento que generaría la combinación de estas medidas se plantearía un mucho más efectivo y menos dañino programa de reducción de los déficits y deudas nacionales. La mutualización de una parte significativa de las deudas de los Estados mediante su conversión a eurobonos, reduciría la necesidad de proceder a reestructuraciones de las mismas. En los casos inevitables (lo es, al menos, el de Grecia) debería procederse con orden y prontitud. Reestructurar la deuda no equivale a su impago. Existen diversas modalidades aplicables a empresas y a Estados. Entre los países europeos que, después de la 2ª Guerra Mundial, reestructuraron su deuda se encuentra Alemania. Lo hizo en 1953, y ayudó poderosamente al “milagro económico alemán”.

Pero aún más preocupante es, a mi juicio, la falta de proyecto político de futuro para Europa que atenaza a las dos principales corrientes políticas del continente, populares y socialdemócratas, en particular cuando desde los gobiernos configuran el poder principal de la UE, el Consejo Europeo. No ha habido ninguna alternativa mínimamente articulada a la política de la “Europa alemana” (la austeridad) como política para la gestión de la  crisis. Y ahora, para enfrentarse a una situación muy difícil, compleja y peligrosa, con manifestaciones mayoritarias de desconfianza de la población hacia las instituciones políticas europeas y nacionales, con síntomas serios de deslegitimación de los sistemas democráticos, con un auge de las corrientes políticas nacionalistas, xenófobas, populistas o de extrema derecha en numerosos países europeos, todas ellas contrarias a la existencia misma de la UE y algunas de ellas con aspiraciones a ser la primera fuerza política en países centrales (Frente Nacional en Francia), ¿cuál es la respuesta de los principales líderes políticos europeos? Simplemente, capear el temporal, sin ideas ni proyectos. Se cede en la vía de la renacionalización de las políticas, como  es el caso del programa REFIT que, con la excusa de simplificar la legislación europea, va a eliminar importantes directivas que protegen derechos sociales o medioambientales. Idéntica dirección llevan las concesiones que se están preparando para que el gobierno de Cameron no convoque el anunciado referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. En los ámbitos nacionales, son muchos los partidos, en el gobierno o en la posición, que adoptan puntos de vista propios de la agenda de la extrema derecha antieuropeísta, en cuestiones como las migraciones o la movilidad de los ciudadanos de la UE.

Actuando así no sólo no se solucionará la crisis política que atenaza la UE sino que se agudizará. Los lazos de cohesión imprescindibles para mantener unido el proyecto europeo continuarán deteriorándose.  Para superar la desconfianza profunda de la ciudadanía en los responsables políticos y las instituciones de la UE se necesitan, sobre todo, dos cosas: por un lado percibir de un modo efectivo que las decisiones que se adoptan enfrentan correctamente los problemas en beneficio de la mayoría, que no generan desigualdad, de trato ni de resultados, entre los Estados o en el interior de los mismos; por otro, que los líderes políticos, los partidos políticos europeos (¿existen realmente?)  tengan un proyecto claro de hacia dónde debe ir Europa y que medios se necesitan para ello.

La crisis política que vive la UE sólo se solucionará con más Europa, pero con una Europa mucho más democrática, socialmente avanzada y solidaria. Caminar hacia ella puede requerir probablemente una refundación política y la adopción de un modelo que no se puede alejar mucho del propio de una federación o confederación de Estados. Las fuerzas políticas y sociales que realmente creen en un proyecto europeo fundamentado en dichos valores tienen que salir de la posición defensiva que les ha atenazado durante más de una década y comenzar a dar la batalla ideológica y política para construir una mayoría social de escala europea que lo sustente. El 11 de diciembre, en París y otras ciudades de Francia, el pueblo francés con la presencia simbólica de los demás pueblos europeos se enfrentó unido a quienes quieren acabar con una parte de las ideas y valores sobre los que se sustenta la Unión Europea. No debiera ser flor de un día, como algunos quieren ya convertirlo.

Europa, la UE, para recobrar su alma y su impulso necesitan ideas y valores sólidos y cohesionadores. Las próximas elecciones griegas y las reacciones que desencadenen sus resultados, sobre todo si se confirma el triunfo de Syriza, deberían servir de ayuda para la superación de las malas ideas y las malas prácticas que llevan hacia el fin del proyecto político más importante del Siglo XX (que ya no lo está pareciendo en lo que llevamos de Siglo XXI),  y a la apertura de un proceso de reflexión y debate públicos sobre la Europa del futuro.

Grecia en la crisis europea (Breve)

Fue en 2010, con una gestación que se inicia a finales de 2009, cuando la crisis económica mundial comienza a vivir públicamente su fase europea, de la que hoy todavía no se ha salido. El epicentro fue Grecia. Su estallido tuvo lugar en mayo cuando, a través del Ecofin, Alemania impone su condena a Grecia en forma de rescate y de paso obliga a los países de la Zona euro a adoptar los principios de su visión de economía política para gestionar la crisis: austeridad presupuestaria hasta alacnazar el déficit cero, reformas estructurales que recorten prestaciones y servicios públicos y devaluación salarial de los países endeudados y sometidos a procesos de rescate para compensar supuestamente los efectos recesivos de la austeridad mediante ganancias de competitividad.

Cinco años más tarde, y con la crisis del euro convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de una nueva fase de la agudización de la crisis europea. La convocatoria de las elecciones generales griegas del 25 de enero, tras fracasar Nueva Democracia en la elección de su candidato a Presidente de la República, ha vuelto a generar presiones políticas tendentes a impedir que el Partido al que todas las encuestas señalan como favorito, Syriza, pueda formar un gobierno que ponga en cuestión la continuidad de las políticas de austeridad y promueva la reestructuración de la deuda griega.

Es decir, los máximos responsables de la imposición a Grecia de una política completamente fracasada, que ha producido un hundimiento económico de un nivel desconocido en Europa después de la 2ª Guerra Mundial, amén de estragos sociales y políticos de parecido o peor calibre, tienen la desfachatez de presionar para que los griegos no voten a aquellas formaciones que quieren cambiarla.

¿Cómo es posible que una nación que actúa así pueda seguir ejerciendo -lo quieran o no sus gobernantes- el liderazgo político de Europa?