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miércoles, 26 de octubre de 2016

La política tiene que valer a la gente

Comento brevemente, a continuación, el artículo de Unai Sordo "La política va a ayudar poco", publicado en su blog: http://unaisordo.com/la-politica-va-a-ayudar-poco


La responsabilidad de los dos partidos de la izquierda, PSOE y Podemos y sus coaliciones (Izquierda Unida está ya diluida en Podemos), por no haber desplazado del gobierno al PP es enorme. Lo han sido en diferentes grados, y alternándose, según en qué momentos del largo maratón electoral. Han dejado de lado la política, entendida como la acción encaminada a resolver los problemas de la gente, para dar primacía a las tácticas -y los miedos- encaminados a mantener o alcanzar la hegemonía dentro del espacio político entre el centro izquierda y la izquierda. Uno de los mejores mapas políticos de Europa, el que quedó dibujado tras las elecciones de noviembre de 2015 -sí, de veras, así están las cosas en Europa-, ha sido malgastado por las acciones y omisiones de unos muy malos líderes políticos.

Ahora sólo queda condicionar al nuevo gobierno del PP, desde el Parlamento y desde la sociedad, para arrancarle unas cuantas cosas importantes e impedir algunos de sus malos propósitos. ¿Serán capaces de entenderlo los líderes del PSOE y de Podemos y de hacer buena política al servicio de la gente? ¿O seguirá primando el sectarismo y la politiquería de los insoportables diez meses últimos?


lunes, 10 de octubre de 2016

Paraísos del dinero y la hipocresía



Este artículo ha sido publicado en el diario digital Bez el 11/10/2016:

http://www.bez.es/119674388/Paraisos-del-dinero-y-la-hipocresia.html


Aunque su evidente existencia y su fortaleza son, hoy en día, uno de los mayores problemas para el gobierno del mundo y para el desarrollo de políticas sociales y de inversión pública en cualquier región de nuestro planeta, cabría dudarlo a tenor de una reciente decisión de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a un hecho que apenas ha trascendido a la opinión pública a pesar de su gran importancia: la publicación, el pasado 14 de julio, de la lista de paraísos fiscales  o “terceros países de alto riesgo”, aprobada por la Comisión Europea. La lista no hace sino recoger la acordada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1] de la OCDE en su reunión de Busan, Corea del Sur, del 23 de junio de 2016.

Pues bien, la lista de “terceros países de alto riesgo”, del Reglamento Delegado de la Comisión Europea de 14 de julio[2], contiene los nombres de sólo once Estados, clasificados en tres Grupos. En el Grupo III, donde están aquellos que no colaboran para subsanar las deficiencias que les hacen estar clasificados como países de alto riesgo, sólo hay uno: la RPD de Corea. En el Grupo I, de los países que se han comprometido a subsanar las deficiencias y han elaborado un plan de acción con el GAFI, figuran nueve países: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, RDP de Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Por último, en el Grupo II de aquellos países que han adoptado el citado compromiso y solicitado asistencia técnica al GAFI para aplicar el plan de acción, siendo señalados por ello en una Declaración Pública, sólo figura Irán. Es decir, que dentro de no mucho tiempo, si se aplican en sus compromisos los países de los grupos I y II,  podríamos tener como único paraíso fiscal a la Corea de Kim Yong-un. Mientras, el lavado de dinero procedente del fraude y la elusión fiscales y de todas las demás actividades de la economía criminal, continuará en aumento, como viene sucediendo en los últimos años, en los grandes paraísos fiscales. Y la hipocresía de las élites políticas y económicas también.

Las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Resulta injustificable que decisiones políticas echen por tierra buena parte del trabajo realizado por los expertos del GAFI y los funcionarios de la Comisión. Porque las 40 Recomendaciones del GAFI (2012)[3] siguen siendo un buen manual para gobiernos, policías, jueces e instituciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. En el ámbito de la UE, la 4ª Directiva  sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (mayo de 2015) –en trámite de transposición por los Estados miembros- y la propuesta de 5ª Directiva (julio de 2016) sobre el mismo tema –en trámite de consulta y aprobación por las instituciones europeas- deberían ser instrumentos útiles para luchar contra dichas lacras y su realización en los paraísos fiscales.



Como consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) soy ponente del dictamen sobre la propuesta de 5ª Directiva, que complementa y profundiza la . Dada la importancia y urgencia del tema, es encomiable el propósito de la Comisión de acelerar el trámite de aprobación y transposición de ambas directivas para que pudieran entrar en vigor en todos los Estados miembros el 1 de enero de 2017; aunque va a ser una misión casi imposible de, habida cuenta de las reticencias de algunos Estados miembros y la ineficacia del Consejo.

Además de introducir medidas de control de los usuarios de las monedas virtuales y las tarjetas prepago, la 5ª AMLD[4] establece la obligación de identificación de los titulares reales de cuentas bancarias y empresas, y de los fideicomisos, las fundaciones y demás instrumentos de intermediación para la ocultación de los auténticos propietarios de los activos financieros y dinerarios. Obliga, además, a que se creen en todos los Estados miembros Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que deberán establecer bases de datos nacionales de entidades, personas y operaciones sospechosas. La propuesta de Directiva pretende la coordinación de las UIF en el ámbito de la UE y la comunicación de los datos de cada base nacional cuando lo demanden las autoridades competentes de otro Estado. Una de las medidas principales de la propuesta de Directiva, contenida en su artículo 18bis,  son las sanciones que fija para los “terceros países de alto riesgo” que no colaboren en las investigaciones judiciales que, pueden llegar hasta la prohibición de establecimiento de filiales de empresas europeas en dichos territorios. Pues bien, la virtualidad de estas medidas queda prácticamente anulada puesto que las medidas sólo se podrían aplicar a los países de la lista del 14 de julio.

El insólito hecho de querer aprobar una propuesta legal que modifica otra que todavía no ha entrado en vigor se justifica, en el preámbulo de la propuesta de 5ª AMLD, por las revelaciones del ICIJ[5] sobre los Papeles de Panamá y los datos de las investigaciones de los atentados de París y Bruselas. Pues bien, ni uno solo de los 21 Estados o jurisdicciones mencionados en los Papeles de Panamá como paraísos fiscales, y utilizados por más de 214.000 empresas, fideicomisos, fundaciones y otras entidades creadas y gestionadas por el Despacho Mossack-Fonseca para defraudar o eludir al fisco y, en su caso, lavar dinero, figuran en la lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea.

Junto a lo anterior hay otro hecho que puede reducir aún más el valor de la Directiva para luchar contra las actividades de los paraísos fiscales: no está nada claro, y así lo han afirmado los funcionarios de la Comisión, que la Directiva pueda aplicarse a los territorios con jurisdicciones fiscales especiales dependientes de Estados miembros, es decir a los paraísos fiscales de la UE. Cuatro de ellos figuran en los Papeles de Panamá: Isla de Man, Jersey, Anguila Británica e Islas Vírgenes, todos ellos de soberanía británica. Estos podrían quedar excluidos del ámbito de aplicación de la directiva que, sin embargo se aplicaría al Reino Unido –mientras no se ejecute el Brexit-, Malta y Chipre, que el ICIJ incluye con razón en la lista de Estados europeos que facilitan el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero.

El Doctor Jekill y Mr. Hyde ante los paraísos fiscales
¿Por qué esta decisión de la Comisión Europea, tan contradictoria con otras como la valiente propuesta de la comisaria de la competencia, Margrethe Vestagen, de exigir a Apple que pague los 13.000 millones de euros (más intereses), que dejó de pagar al Gobierno de Irlanda, que en lugar de aplicarle el tipo del 12% del impuesto de sociedades irlandés –tipo ya de auténtico “dumping fiscal”-, sólo le exige el 0,001%, por todos los beneficios de la multinacional en Europa, que previamente ha trasladado de forma fraudulenta –“ingeniería fiscal”- a la verde isla?

El comportamiento de la Comisión es propio de la doble personalidad del Doctor Jekill y de Mr. Hyde. Quien mejor puede representarla es su propio presidente, Jean Claude Juncker, que mientras fue primer ministro de Luxemburgo propició[6] la firma de convenios fiscales con cientos de multinacionales para que estas trasladaran sus beneficios europeos al Gran Ducado, para pagar allí el 1%. Ahora promueve directivas para lograr que las multinacionales paguen en cada país los impuestos correspondientes a los beneficios de la actividad económica desarrollada en ellos y para establecer una base común consolidada europea del impuesto de sociedades. Es un avance, pero no alcanza a plantear algo muy necesario: un tipo mínimo común europeo ante la férrea oposición de numerosos Estados miembros, entre ellos aquellos que, yendo más allá del dumping, propician el fraude o la elusión fiscal[7] de las multinacionales, entre los que, además de Luxemburgo, se encuentran otros dos países fundadores: Holanda y la propia Bélgica que también suscriben convenios para que las grandes empresas multinacionales sólo paguen el 1%.

El problema es mundial, por supuesto. El Gobierno de los Estados Unidos, tampoco logra hacer pagar a Apple los impuestos que debe. La multinacional de la manzana prefiere pedir prestado para asegurar la liquidez cotidiana de la empresa antes que retirar de los paraísos fiscales los 230.000 millones de dólares que allí mantiene[8], porque entonces el Tesoro de los EE UU, le reclamaría muchos miles de millones en impuesto no pagados.

La esquizofrenia es fruto de poderosas tendencias contrapuestas. Por un lado, los principios éticos, intelectuales y políticos que hacen insoportable a las opiniones públicas que en cualquier circunstancia, pero más aún cuando la crisis ha producido tanto paro, pobreza y desigualdad, se consienta que las empresas multinacionales y las élites políticas, económicas, culturales y deportivas paguen menos impuestos que los asalariados y las clases medias, o que simplemente no paguen. Y que con ello roben a los Estados los recursos necesarios para la protección social y las demás políticas públicas. Y para más agravante, que lo hagan en unos lugares y con unos procedimientos comunes a los empleados por las peores organizaciones de la economía criminal –mafias, traficantes de drogas, armas, personas, órganos, etc.- y en ocasiones también por las organizaciones terroristas, hoy encabezadas por las del yihadismo global.

Pero frente a la oposición a éste que , a mi juicio, es el principal escándalo de la política mundial pesan más los vectores contrapuestos: los paraísos fiscales son utilizados como lubricadores del sistema financiero internacional en la época de la economía financiarizada y, además, como demuestran las numerosas revelaciones de los últimos tiempos (Lista Falciani, Papeles de Panamá y de las Bahamas, etc.) son los lugares utilizados por las élites políticas, económicas y mediáticas para pagar menos impuestos o no pagarlos. Y estos factores terminan pesando más fuertes que los anteriores, por muy lamentable e inaceptable que sea en unas sociedades democráticas. Y hacen de las decisiones contradictorias sobre los paraísos fiscales un refinado ejemplo de hipocresía

Unos pocos ejemplos, de los muchos posibles, lo pueden atestiguar. Tuve ocasión de asistir, el pasado 27 de septiembre, a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo. Fue una audiencia pública en la que depositaron su testimonio un grupo relevante de periodistas, de los muchos que han colaborado en el tratamiento de los 11,5 millones de documentos anónimamente entregados al Süddeutsche Zeitung. De las muchas e interesantes cosas que dijeron me llamó sobre todo la atención, el destacado papel de algunos de los principales bancos de la UE y de Suiza para facilitar a sus clientes más distinguidos la creación de sociedades, fideicomisos o fundaciones pantalla para ocultar su identidad, y orientarlos para fijar su domicilio social a través del despacho panameño de Mossack-Fonseca (lo mismo que hacen con otras decenas de despachos de abogados especializados en el blanqueo de capitales). Este despacho, a su vez, utilizaba miles de testaferros para nuevas operaciones de creación y relocalización de  sociedades que terminaban de completar la tupida red de ocultamiento. La nómina de fortunas personales, famosos del deporte y la cultura y de políticos es bien conocida. Llama la atención que de los 140 políticos incluidos en la lista sólo el ex-primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y “nuestro” ministro Soria hayan dimitido a estas alturas. Los comparecientes en el PE dieron detalles de los personas del entorno más próximo de Vladimir Putin que suman 2.000 millones de euros en numerosas sociedades offshore gestionadas por Mossack-Fonseca. Su adversario, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, intentó ocultar su identidad sin intermediarios. También resulta significativo que apenas haya habido presentación de demandas judiciales. En Finlandia, donde el banco Nordea, con participación del Estado, ayudó a la creación de más de 400 empresas pantalla, la única persona procesada, por revelación de secretos, es la periodista del ICIJ Mina Knus-Galan.

La función de engrasadores del capitalismo financiero de los paraísos fiscales queda reflejada por la procedencia de la inversión extranjera directa. Según Gabriel Zucman (2013)[9] el 40% del total mundial procede de los paraísos fiscales. En España, el mismo porcentaje sería nada menos que del 66%, según José Carlos García Fajardo (2016)[10], que añade que el flujo de capitales desde los paraísos fiscales hacia España aumentó en un 27,4% en 2015, respecto a 2014. El número de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales pasó de 810 a 891 (2014/2013). Un 45,4% del total, 420 empresas, están radicadas en Delaware, donde se crearon 65 nuevas filiales en 2015. Mientras, a pesar de llevar ya más de dos años de crecimiento, la recaudación del impuesto de sociedades seguía siendo, en 2015, 22.219 millones de euros (un 49,4%) inferior a la de 2007.

La lucha contra el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero debería ser una prioridad máxima de cualquier política democrática en España, en Europa y en el mundo. No digamos ya de una política de izquierdas. Y no es posible llevarla a cabo con un mínimo de eficacia sin acabar con los paraísos fiscales. La erradicación de los paraísos fiscales es la piedra de toque de la posibilidad de un gobierno democrático en Europa y en el mundo.




[1] Más conocido por sus siglas en inglés como FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), el GAFI está integrado por los 31 Estados de la OCDE, además de por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Diversos organismos internacionales, entre ellos el FMI y el BM, tienen estatuto de observadores.
[2] Anexo I del Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas, C (2016) 4180, de 14/07/2016. Esta lista, coincidente con la última del GAFI, contiene sólo ligeras variantes con la anterior de este organismo que incluía doce países. Myanmar ya no está en ella
[3] “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”. GAFI, febrero de 2012.
[4] Como se la conoce en la jerga de Bruselas, por ser AMLD las siglas, en inglés, de Anti-Money Laundering Directive.

[5] ICIJ son las siglas, en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
[6] Las excusas de Juncker para ser elegido presidente de la Comisión se basaban en la inverosímil tesis de que los tratos con las multinacionales eran obra de la Autoridad Fiscal de Luxemburgo, de carácter independiente, que no informaba al Gobierno. Quedaron recientemente en entredicho por las revelaciones, recogidas en diversos medios europeos, sobre las entrevistas secretas de Juncker, primer ministro de Luxemburgo, con los altos directivos de Amazon responsables de la fiscalidad de la empresa, antes de la firma del correspondiente convenio.
[7] No hay una distinción clara entre el fraude y la elusión fiscales. La ingeniería fiscal consistente en decir que la empresa matriz, afincada en Irlanda o Luxemburgo, ha realizado préstamos a las filiales alemanas, francesas o españolas, por los que cobra enormes intereses, o que tiene que recibir pagos de royalties astronómicos, debería ser catalogada de “ingeniería del fraude fiscal”.
[8] Buena parte de ellos están en Delaware, que, como otros Estados de la Unión –Wyoming, Nevada-, se está convirtiendo en uno de los más florecientes y “civilizados” paraísos fiscales.
[9] Gabriel Zucman: “The Missing Wealth of Nations” (2013) citado por Pia Hüttland y Álvaro Leandro: “The implications of the Panama Papers” (Bruegel, 18/04/2016)
[10] José Carlos García Fakardo: “Empresas del IBEX35 en paraísos fiscales” (ATTAC España, 12/06/2016)

martes, 4 de octubre de 2016

La encrucijada europea desde el observatorio del CESE

Este artículo ha sido publicado en el nº 78 de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo de CC OO 



     1. Algunas notas sobre la crisis europea

Aunque no se coincida en el diagnóstico de su génesis, desarrollo y características y, menos aún, en el modo de superarla, es una opinión generalizada que la Unión Europea vive una grave crisis política, probablemente la más profunda desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Hace unos días fue la canciller Merkel quien, en el encuentro con François Hollande previo a la cumbre de Bratislava, afirmó que la UE vivía una “crisis existencial” y que había que adoptar medidas para enfrentarse a ella.

No se tomaron precisamente en la capital de Eslovaquia, en donde la primera reunión de jefes de Estado y de gobierno del Consejo Europeo sin la presencia del Reino Unido no hizo sino subrayar la profundidad de la crisis y la impotencia de los gobernantes de esa “vieja Europa”, a la que se refirió en su día malévolamente Donald Rumsfeld, para enfrentarse a los Orban, Szydlo y Fico que lograron, con la colaboración del polaco Donald Tusk, que la declaración final de la reunión se centrara en el modo de impedir la entrada de los “migrantes irregulares” (los refugiados ya, definitiva y vergonzosamente, equiparados a los migrantes y a esa clase de personas “ilegales”).

En un momento en el que el Brexit exigía una reafirmación de los valores democráticos, sociales y solidarios del proyecto europeo y,  al menos, la expresión compartida de la voluntad de renovarlo en base a ellos, y de resolver los graves problemas de funcionamiento de la UE, su institución con más poder, lejos de ir por este camino vuelve a decir unas pocas generalidades vacías además de someterse a la lógica de los nacionalismos de derecha y extrema derecha, en dos de los temas que más les ayudan a ascender: refugiados y migrantes. Y además, se olvida, lo que resulta lo más grave de todo, que cumplir la Convención de Ginebra (1951) sobre los refugiados no es un acto solidario o una opción política más: es una obligación legal consagrada en los tratados de la UE y en las constituciones y leyes fundamentales de sus Estados miembros.

Es decir, la cumbre de Bratislava, en lugar de convertirse en una reunión de reafirmación de lo que une a Europa y de voluntad de renovación democrática, no ha ido mucho más allá de la reafirmación por parte del Consejo Europeo del “Acuerdo de la vergüenza” entre la UE y Turquía para la deportación de los refugiados, un acuerdo que no es sino el paradigma de una UE sin alma y sin proyecto. Un Acuerdo que, además, no se está cumpliendo, por lo que los refugiados continúan hacinados en condiciones infrahumanas en Moria y otros campamentos de Grecia.

Si los líderes de los principales países europeos terminan haciendo suyo el discurso político de los nacionalistas de derecha y extrema derecha -ya en los gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia-, el aroma político de entreguerras del Siglo XX, que ya empieza a olerse en la Mitteleuropa, terminará por ahogarnos a todos y la UE estará definitivamente perdida.

Todavía estamos a tiempo para cambiar la situación, aunque no se percibe reacción fuerte ni coherente, reacción de política seria con proyección de futuro, en ninguna de las dos grandes formaciones tradicionales -populares y socialistas- que aún vertebran políticamente a Europa, a pesar de su declive y de sus crisis. Los partidos parecen hacer presidir su trabajo sólo por la ávida lectura de las encuestas, por el cortoplacismo más feroz.  Y cuando la canciller Merkel se olvida, por un momento, de estos hábitos que ha practicado tan profusamente y prioriza los valores y la legalidad para abrir las fronteras alemanas a los refugiados de la Guerra de Siria y de otras guerras, la “opinión pública” alemana y su propio partido, terminan por atacarla frontalmente, alimentados desde el exterior por un coro de gobiernos europeos de impresentable insolidaridad, no sólo con los refugiados sino con el proyecto común europeo, y por unos medios de comunicación ávidos de sensaciones populistas. Por ello, el remedio, el cambio que nos aleje del precipicio de la destrucción de la UE, no puede venir solo de los líderes y de los partidos políticos, tiene que venir también de la misma sociedad, de sus organizaciones, en primer lugar de los interlocutores sociales.

El agotamiento del proyecto político europeo viene de más lejos. Con anterioridad al estallido de la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, ya se habían manifestado algunos de sus síntomas, como eran las diferencias políticas importantes a la hora de establecer la Unión Monetaria (UEM), que no podían arreglarse mediante el modelo de gestión de avance por pequeños pasos dados en el último minuto para desbloquear conflictos paralizantes. Las grietas se parcheaban en lugar de ser reparadas. La UEM, diseñada en 1993, empezó a utilizar el euro como moneda común con fallos de diseño muy graves que no han sido reparados ni siquiera cuando estuvieron a punto de acabar con la moneda en 2010-2013. Sólo se han puesto parches y permitido que el BCE fuerce al máximo sus capacidades de desarrollo de una política monetaria expansiva. Mientras, Alemania sigue negándose a crear las condiciones políticas y económicas que debe tener toda zona monetaria común y a reciclar los excedentes de su enorme superávit comercial y de la balanza de pagos (8,5% de su PIB).

Antes de la mayor de las ampliaciones, que incorporó entre 2004 y 2007 a doce nuevos Estados -la mayoría del centro y el este de Europa procedentes del antiguo bloque soviético-, en 2013, la mayor parte de estos países se habían alineado con la irresponsable e ilegal aventura que el gobierno de los EE UU, el de George W. Bush, llevó a cabo en Iraq, en 2003 -en compañía del Reino Unido de Blair y con la España de Aznar en un papel secundario- , en contra de la posición de Alemania y Francia y de la mayoría de Estados de la UE. Fue todo un anticipo de la orientación y los valores políticos que han venido de los gobiernos de los nuevos socios del centro y el este de Europa.

El miedo y el rechazo a la globalización,  realizada bajo el modelo neoliberal, y a la cesión de soberanía a una UE percibida como poco democrática y gobernada bajo los mismos principios de economía política que aquella, producen, ante la ausencia de alternativas que parezcan viables, a una peligrosa crisis de confianza en las instituciones democráticas. Estuvieron, a mi juicio, en la base del rechazo al proyecto de Constitución europea en los referendos francés y holandés de 2005. Tal vez fuese ese el momento de inflexión, de agotamiento de las energías y de la voluntad de progresar en la integración europea. La crisis agudizó esta percepción con la comprobación de que se vive peor que en el pasado y de que, probablemente, los hijos vivirán peor mientras que una minoría se enriquece sin freno. En todo caso de trata de fenómenos no exclusivos del continente europeo.

La gestión de la crisis financiera y económica, a partir de mayo de 2010, mediante la imposición de las recetas de la economía política más conservadora, hegemónica en Alemania -síntesis del ordoliberalismo germánico tradicional y del neoliberalismo- ha agudizado las tendencias centrífugas de la UE y su crisis política. Por una parte, ha producido negativos efectos económicos -recesión más larga y profunda que en otras regiones del mundo y crecimiento anémico en la salida- y desastrosos efectos sociales y políticos: paro, pobreza y desigualdad; ruptura de la cohesión social en muchos países; divergencia económica y política entre los Estados de la UE; choque de las opiniones públicas mayoritarias entre los países del Norte y del Sur, del Oeste y del Este; y, fuerte aumento de los nacionalismos xenófobos y de las corrientes políticas euroescépticas, antieuropeas y de extrema derecha.

La nefasta gestión de la llamada crisis de los refugiados o de las migraciones es manifestación y consecuencia de la influencia de negativas corrientes ideológicas y políticas de derecha extrema que han contagiado a bastantes partidos de centro derecha y socialdemócratas, en muchos Estados de la UE, y han llevado al olvido de los valores y principios democráticos y solidarios, esenciales para la pervivencia de la UE, y  del respeto a la legalidad internacional y a los propios Tratados.

La pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y sus políticas tiene su correlato también en numerosos Estados miembros, con derivas en muchos de ellos peligrosamente nacionalistas y euroescépticas e incluso de cuestionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, la crisis de legitimidad no afecta sólo a las instituciones europeas, de una discutible democraticidad en la toma de decisiones, sino también a las instituciones democráticas nacionales de bastantes Estados europeos.    

Hay bastantes rasgos comunes entre las razones por las cuales las descaradas manipulaciones y mentiras de los partidarios del Brexit, pudieron calar hasta el punto de que una mayoría del electorado británico votara la salida de la UE, y las que han llevado a un individuo tan ignorante, estrafalario y peligroso como Donald Trump a ser un candidato con posibilidades de ser elegido Presidente de los EE UU.  Los sindicalistas tenemos que tener bien presente un fenómeno que no es precisamente nuevo en la historia: la gran capacidad de penetración, en tiempos de crisis, de los populismos de derechas y de las diferentes variantes de la extrema derecha entre amplios sectores de trabajadores.

Hoy en día, el BCE, la OCDE y el propio FMI han tenido que reconocer las consecuencias negativas de los “excesos de austeridad”, aún siendo el BCE y el FMI en parte responsables de tales excesos. Sin duda, la responsabilidad principal es del Consejo Europeo y del Eurogrupo, instituciones intergubernamentales cuyo mal funcionamiento está en el corazón de la crisis política de la UE. Estas instituciones no han hecho autocrítica alguna sobre las erróneas e injustas políticas de gestión de la crisis. Siguen sin abandonar el credo de la austeridad. Lo más que han hecho es autorizar las propuestas de la Comisión, en el sentido de flexibilizar temporalmente los objetivos de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, pretende borrar la imagen de parálisis y subordinación que han caracterizado su etapa anterior, presidida por quien, ahora, va a asesorar al Gobierno británico en las negociaciones del Brexit, desde Goldman Sachs, el Sr. Durao Barroso. En los últimos meses la Comisión Juncker: ha puesto en marcha el debate sobre la “dimensión social” de la propuesta de reforzamiento de la UEM para completar el llamado “documento de los cinco presidentes” (de contenidos políticos muy limitados); ha propuesto diversas directivas y reglamentos para luchar contra la elusión fiscal, el fraude fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (respuesta parcial, pero en la buena dirección, a la publicación de los Panama Papers, y los atentados terroristas de París y Bruselas, y al escándalo de las grandes empresas multinacionales que no pagan impuestos con la colaboración de gobiernos como el de Irlanda, pero que puede ser inutilizada por las inservibles listas de paraísos fiscales del GAFI/OCDE y de la propia Comisión); en la misma dirección, la comisaria de la competencia, la Sra. Vestager, ha propuesto que Google pague los 13.000 millones de euros, más intereses, por los impuestos no pagados en razón de sus beneficios en países de la UE; y, finalmente, el propio Juncker ha propuesto que el Plan de inversiones que lleva su nombre intente movilizar otros 315.000 millones de euros, prolongando su período de  vigencia hasta 2022. (los 630.000 millones totales, distribuidos en siete años, no logran compensar ni de lejos la caída de la inversión -por la crisis y las políticas de austeridad- que ha pasado del 22,2% del PIB europeo, en 2007, al 18,5%, lo que supone cerca de 500.000 millones de euros de menos en cómputo anual).

La ineficacia del Consejo y la regresividad de algunas de sus decisiones, la ausencia de una política económica integral que se centre en el impulso del crecimiento y del empleo en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la COP21 de París, la falta de voluntad política de Alemania de asumir, para el euro, la imprescindible creación de las condiciones que toda zona monetaria tiene que tener, contrarrestan las tímidas iniciativas de la Comisión y la decidida política monetaria expansiva del BCE, incapaces, en ausencia de política fiscal común, de consolidar un crecimiento sólido de la zona euro.

2. Refundación política democrática y social, nueva política de crecimiento sostenible y culminar la construcción de la zona euro

Ante el avance de los partidos nacionalistas de derecha y extrema derecha, que llevan en su núcleo la destrucción del proyecto político europeo, y ante la incapacidad manifestada por las dos principales formaciones políticas europeas –que siguen teniendo una muy débil proyección como partidos europeos- para contrarrestar este avance con una propuesta de renovación y fortalecimiento de la UE, resulta muy necesario que las organizaciones de la sociedad civil, empezando por los sindicatos, emplacen a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en una encrucijada histórica. Y que lo hagan formulando las bases de un nuevo modelo para Europa.

Lo he escrito en más de una ocasión: es necesario formular una propuesta de refundación política de Europa. Una refundación cuyo horizonte sea la creación de los Estados Unidos de Europa, un proyecto de federación o confederación de los Estados miembros, que conlleve superiores grados de integración, un funcionamiento más democrático de sus instituciones y una dimensión social fuerte. Se podrá avanzar más o menos hacia este objetivo, en más  tiempo o en menos, pero hay que agrupar en torno a él a todos los que consideren que la UE es un proyecto imprescindible para la paz, los derechos humanos y el bienestar social.

Y en paralelo, y con urgencia, hay que construir una nueva política económica europea para el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, y dar a la UEM las herramientas necesarias que superen los pesados errores de la construcción del euro: Tesoro Común, emisión de deuda en euros, presupuesto propio suficiente, armonización fiscal y mecanismo de reequilibrio de los déficits y superávits excesivos.

La izquierda europea necesita unos estados generales que, entre otras cosas, le sirvan para formular  un proyecto europeo común  de futuro que le permita, a través de un amplio proceso de convergencia política europea, la construcción de un bloque político y social que sostenga el proyecto de refundación.


3.      Desde el observatorio del CESE

El CESE es un buen observatorio de la realidad política y social europea desde el que se puede seguir el devenir de sus diversas políticas e intervenir en ellas. Está compuesto por 350 consejeros de los 28 Estados miembros, distribuidos en función de su población y de la representación de tres sectores básicos: empresarios, trabajadores y tercer sector (agricultores, economía social y consumidores, básicamente). Elabora dictámenes preceptivos sobre un espectro muy amplio de políticas y normas legales de las instituciones europeas, entre ellas todas las de carácter económico, social y medioambiental, las de seguridad y exteriores, las de interior y derechos fundamentales, etc. También elabora dictámenes de iniciativa propia o a petición de las instituciones sobre los mismos campos, y realiza estudios sobre diversos temas.

Lo primero que llama la atención, en relación con una realidad ciertamente complicada y con unos niveles importantes de enfrentamiento político como es la europea, es la capacidad que tiene el Comité de elaborar posiciones comunes con un elevado grado de consenso en la mayoría de los casos. Para alcanzar este consenso se hace necesario,  lógicamente, renunciar a parte de las posiciones propias de las organizaciones, en particular de aquellas que enfrentan a los sindicatos y a las patronales. Pero el punto de equilibrio está situado, por lo general, en la zona donde convergen las posiciones partidarias de la integración europea sobre bases más democráticas y con un contenido social relativamente elevado.


El CESE, por sus conexiones con la Comisión y el Parlamento Europeo, por un lado, con las organizaciones europeas de la sociedad civil, por otro, y también con las organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil nacionales, podría jugar un papel articulador del necesario debate tendente a reforzar, renovar e impulsar el proyecto político europeo en el momento particularmente crítico que está viviendo.

viernes, 24 de junio de 2016

El Brexit no protegerá a Gran Bretaña del horror de una desintegración de la UE


Este artículo de Yanis Varoufakis ha sido publicado en The Guardian en el día de hoy, 24/06/2016

El Brexit ganó porque muchos votantes británicos identificaron la UE con el autoritarismo, la irracionalidad y el desprecio por la democracia parlamentaria mientras que muy pocos creyeron a aquellos de nosotros que afirmábamos que otra UE era posible.

Hice campaña para un voto de permanencia radical que reflejara los valores de nuestro Movimiento Democracia en Europa (DiEM25). He visitado ciudades en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, tratando de convencer a los progresistas que la disolución de la Unión Europea no era la solución. Sostuve que su desintegración desencadenaría fuerzas deflacionarias del tipo de las que previsiblemente apretarían los tornillos de la austeridad en todas partes y terminarían favoreciendo al establishment y sus compinches xenófobos. Junto a John McDonnell, Caroline Lucas, Owen Jones, Paul Mason y otros, he defendido una estrategia de permanecer pero contra el orden establecido y las instituciones de Europa. Contra nosotros estuvo una alianza de David Cameron (cuyo regalo de Bruselas recordó a los británicos lo que ellos desprecian de la UE), el Tesoro (y su pseudo-econométrico ridículo alarmismo), la City (cuya insoportable y ensimismada arrogancia coloca a millones de votantes fuera de la UE), Bruselas (aplicando afanosamente su último tratamiento de ahogo fiscal a la periferia europea), el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble (cuyas amenazas contra los votantes británicos galvanizaron el sentimiento anti-alemán), el gobierno socialista digno de compasión de Francia, Hillary Clinton y sus felices atlantistas (retratando la UE como parte de otra peligrosa "coalición de complacientes" y el gobierno griego (cuya disposición de permanente rendición a la punitiva  austeridad de la UE hizo tan difícil convencer a la clase obrera británica que sus derechos están protegidos por Bruselas).

Las repercusiones de la votación serán terribles, aunque no las que Cameron y Bruselas habían advertido. Los mercados pronto sentarán la cabeza, y las negociaciones probablemente darán lugar a algo así como una solución a la Noruega que permita al próximo Parlamento británico labrar un camino hacia un arreglo mutuamente acordado. Schäuble y Bruselas resoplarán pero tendrán que buscar, inevitablemente, un acuerdo de este tipo con Londres. Los conservadores cabalgarán juntos de nuevo, como siempre lo hacen, guiados por su poderoso instinto de interés de clase. Sin embargo, a pesar de la relativa tranquilidad que sucederá al actual shock, insidiosas fuerzas se activarán bajo la superficie con una terrible capacidad para infligir daños en Europa y en Gran Bretaña.

Italia, Finlandia, España, Francia, y, desde luego, Grecia no pueden permanecer bajo el régimen actual. La arquitectura del euro es una garantía de estancamiento y se profundizará la espiral de la deuda-deflacionaria que fortalece a la derecha xenófoba. Los populistas en Italia y Finlandia, posiblemente en Francia, demandarán referendos u otras formas de desengancharse.

El único hombre con un plan es el ministro de Finanzas de Alemania. Schäuble reconoce en el miedo post-Brexit su gran oportunidad para implementar una unión permanente de austeridad. Bajo su plan, a los Estados de la zona euro se les ofrecerán algunas zanahorias y un enorme palo. Las zanahorias llegarán bajo la forma de un pequeño presupuesto de la zona euro para cubrir, en alguna medida, las prestaciones por desempleo y el seguro de los depósitos bancarios. El palo será la capacidad de veto sobre los presupuestos nacionales.

Si estoy en lo cierto, y el Brexit conduce a la construcción de una jaula de hierro de permanente austeridad para los Estados miembros que permanezcan en la UE, hay dos resultados posibles: uno es que la jaula se sostenga, en cuyo caso la austeridad institucionalizada exportará la deflación a Gran Bretaña, pero también a China (cuyo mayor desestabilización tendrá efectos negativos secundarios en Gran Bretaña y la Unión Europea).

Otra posibilidad es que la jaula se pueda quebrar (porque Italia o Finlandia la dejen, por ejemplo), con un resultado que sea la salida de la misma Alemania de una zona euro colapsada. Pero esto convertirá, a su vez, a la nueva zona del marco alemán, que terminaría probablemente en la frontera de Ucrania, en un enorme motor de deflación (con el valor de la nueva moneda subiendo a los cielos y las fábricas alemanas perdiendo mercados internacionales). Gran Bretaña y China tendrían que prepararse, bajo este escenario, para protegerse a sí mismas del impacto de una mayor onda de choque de deflación.

El horror de estos desarrollos, de los que Gran Bretaña no puede estar protegido por el Brexit, es la razón principal por la que yo y otros miembros de DiEM25, tratamos de salvar a la UE del establishment que está conduciendo al europeísmo al hundimiento. Dudo mucho que, a pesar de su pánico por las secuelas del Brexit, los líderes de la UE hayan aprendido su lección. Ellos continuarán estrangulando las voces que reclaman la democratización de la UE y van a seguir gobernando a través del miedo. ¿Es  extraño que muchos británicos progresistas dieran la espalda a esta UE?

Al tiempo que sigo convencido de que el Brexit era la elección equivocada, celebro la determinación del pueblo británico para hacer frente a la disminución de la soberanía democrática causada por el déficit democrático de la UE. Y me niego a estar abatido, a pesar de que me cuento en el lado perdedor de la consulta.


A partir de hoy, los demócratas británicos y europeos deben aprovechar esta votación para confrontar con el establishment, en Londres y Bruselas, con más fuerza que antes. La desintegración de la UE ya está funcionando a toda velocidad. Construir puentes en toda Europa, que unan a los demócratas por encima de las fronteras y de los partidos políticos, es lo que Europa necesita más que nunca para evitar el deslizamiento hacia un abismo xenófobo y deflacionario, como en 1930.

miércoles, 22 de junio de 2016

Triunfe o no el Brexit, Europa ha perdido

Escribo estas líneas la víspera del referendum sobre el mantenimiento o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el referendum sobre el Brexit. El resultado se prevé muy ajustado, después de que en las encuestas cambiaran su signo favorable al Brexit a partir del asesinato de la diputada laborista Jo Cox por un perturbado nacionalista de extrema derecha. Si fuera por los apoyos que tiene cada postura no debería haber dudas sobre el resultado. Por el remain están, con todos los matices que se quiera, desde Ken Loach, insobornable en su izquierdismo, hasta David Cameron, pasando por laboristas, liberaldemócratas, sindicatos, patronal, la City, personalidades del mundo del pensamiento y la cultura y la prensa seria. Por el Brexit desde Boris Johnson -que cada vez se parece más, incluso físicamente, a Donald Trump- y parte de los tories hasta el asesino de Jo Cox pasando por toda la extrema derecha, como la de Nigel Farage y el UKIP, con sus anuncios de reminiscencias nazis, y la prensa tabloide. Sin embargo, como sucede en otras naciones europeas, la ideología nacionalista xenófoba va creciendo entre la opinión pública y con ellas los partidos y líderes que la encarnan. Por eso, el resultado del referendum sigue, a estas horas tan incierto.

Pero, pase lo que pase el 23 de junio la UE habrá perdido. Si gana el Brexit por razones obvias: el abandono de la segunda economía europea, más allá de las convulsiones financieras que produciría, resta población, capacidades y credibilidad a la UE en cualquiera de sus visiones, amén de que podría convertirse en ejemplo para otras naciones y políticos con ideología y voluntad de separación. No es cierto lo que algunos dicen sobre que podría liberar a la UE de un lastre para un proceso de mayor integración. Hoy en día ese proyecto no existe; esa es precisamente una de las razones por las que el euroescepticismo y las derechas nacionalistas han crecido tanto. Un nuevo proyecto europeo de integración más profunda, que sólo puede construirse a partir de unos fundamentos democráticos y de igualdad y progreso social mucho más sólidos, sólo está, por el momento, en la cabeza de gentes y organizaciones todavía políticamente dispersas. 

Y si pierde el Brexit, la UE también habrá perdido. Perdió ya por las concesiones que los líderes del Consejo y de la Comisión hicieron a David Cameron para que defendiera la permanencia en un referendum convocado sólo como instrumento para dirimir las querellas internas del Partido Conservador británico. Las concesiones afectan a las prestaciones sociales pero, sobre todo, al principio de igualdad en la libre circulación y a la capacidad para decidir políticamente profundizar en la integración que quedará condicionada a la voluntad de los que menos lo quieren. El chantaje que Cameron realizó con éxito a las instituciones de la Unión ha sentado, por otra parte, un peligroso precedente que puede servir de ejemplo a otros gobiernos. De hecho ya ha servido a los gobiernos centroeuropeos más conservadores y nacionalistas para negarse a adoptar una posición común de cara a la acogida de los refugiados, lo que ha llevado al Acuerdo de la vergüenza con Turquía para la deportación de los refugiados a un país en plena deriva política autoritaria que no reconoce tal estatus jurídico a los no europeos a cambio de 6.000 millones de euros, la eliminación de los visados y la falsa promesa de acelerar el proceso de adhesión a la UE. 

Pase lo que pase en el referendum de mañana, Europa no puede seguir así.

Bruselas, 22 de junio de 2016, 16:20 Hs

martes, 14 de junio de 2016

Movimientos sociales y movimientos políticos en la crisis europea


Este artículo ha sido publicado en el Nº5 de "Pasos a la Izquierda", revista on-line de pensamiento político. 


La crisis financiera y económica que estalla en 2008 ha servido de catalizador de una crisis política de considerable hondura que afecta tanto a las instituciones de la Unión Europea como a numerosos sistemas políticos de sus Estados miembros. Los movimientos sociales, en particular los nuevos movimientos de naturaleza  directamente política, han jugado un papel importante, tanto como expresión de dicha  crisis política como por la manifestación de su voluntad de transformar las instituciones políticas democráticas y las relaciones sociales. En este artículo trataré de examinar algunas de las características de la crisis europea, de los movimientos sociales y el sindicalismo, y de los nuevos movimientos políticos. Finalmente, trataré de formular algunas hipótesis  sobre los modos de superación de las diferentes crisis, entre las que mencionaré la crisis de la izquierda política.

    1.  La crisis europea: ¿el fin de la “buena historia” de Europa?

Desmentida plenamente ya, desde los albores de un Siglo XXI caracterizado ante todo por las incertidumbres, la interesada y banal hipótesis de Francis Fukuyama acerca del “fin de la historia”, algunas de las tendencias de la más actual historia europea pueden llevarnos a preguntar si no vamos a empezar a enterrar la parte buena del relato histórico de la Unión Europea para volver a la peor historia de nuestro continente, la que durante siglos, hasta 1945, tuvo como protagonistas a los nacionalismos europeos y sus constantes enfrentamientos, tantas veces bélicos.

Motivos de alarma no faltan si examinamos la vergonzosa “no solución” a la crisis de los refugiados -con violación de las leyes internacionales y de los valores y principios de la UE incluidos- que justifica las malas decisiones en el crecimiento de la xenofobia y el racismo entre los ciudadanos de muchos países europeos, con lo que alimenta aquello que debiera combatir. Porque las concesiones de los partidos populares y socialdemócratas al discurso de la extrema derecha no harán sino reforzar al nacionalismo xenófobo. Cuando la contaminación llega al extremo alcanzado por las posiciones de los socialdemócratas austríacos, daneses o finlandeses, podemos calibrar el alcance de una de las componentes de la crisis política europea, la crisis de la socialdemocracia, de su proyecto europeo y de sus políticas nacionales.

El crecimiento de los nacionalismos, coincidente con un agotamiento del proyecto político europeo, es una realidad anterior al estallido de la crisis económica. Pero ésta y su nefasta gestión por parte de los principales responsables políticos europeos los han reforzado extraordinariamente. Hoy en día, en sus expresiones más claramente autoritarias, gobiernan Polonia[1] y Hungría[2] con mayoría absoluta, vulnerando principios políticos inscritos en los Tratados de la UE y despreciando las tímidas advertencias que reciben de la Comisión Europea. Tampoco son molestados en las respetables formaciones europeas a las que pertenecen: el PPE, en el caso del Fidesz húngaro, y el CRE en el del PiS polaco. El no cuestionamiento, por el momento, de la pertenencia a la UE por parte de ambos se basa ante todo en razones tácticas y de interés económico. La derecha y la extrema derecha nacionalista, euroescéptica o claramente antieuropea, es una tendencia política sólida y creciente en cerca de 20 de los 28 miembros de la UE, situándose como primera fuerza política en países como Francia y Austria.

Siendo esta la situación en una mayoría de los Estados miembros y no habiendo reaccionado adecuadamente, en modo alguno, ninguna de las dos tendencias políticas mayoritarias -“populares” y socialdemócratas- sobre las que ha descansado el desarrollo de la construcción europea en las últimas décadas, los líderes políticos de la UE tienen muy escasas, por no decir nulas, posibilidades de corregir un rumbo caracterizado por: la extrema tardanza o incapacidad para tomar decisiones, el carácter equivocado de muchas de ellas, la desconfianza que suscitan en la ciudadanía que deriva hacia una pérdida de confianza y de legitimidad de las propias instituciones, y, por supuesto, la ausencia de un proyecto de futuro que ayude a volver a agrupar las muy debilitadas fuerzas del europeísmo político.

Desde el cambio de siglo ya se manifestaban las limitaciones del proyecto de construcción europea por el método de los pequeños pasos. El miedo a la globalización y la gestión de la misma por las políticas neoliberales que comenzaron a erosionar los Estados de bienestar; el predominio de gobiernos nacionales de centro derecha o de la tercera vía socialdemócrata (Schröder y Blair); la ampliación de la UE a los países del centro y el este de la antigua esfera soviética, países en los que fueron predominando el nacionalismo, el atlantismo y el liberalismo económico más que un convencido europeísmo, etc. Todo ello promovió una dilución del impulso de progreso en la construcción europea.

Y lo que ha sido más grave en términos económicos: la Unión Monetaria se puso en marcha sin los mecanismos, las instituciones y las políticas necesarios en cualquier zona monetaria común, lo que se ha puesto de manifiesto de forma dramática a partir del estallido de la crisis y está lejos de ser corregido. El rechazo al proyecto de Constitución europea, en los referendos francés y holandés de 2005, marcó un simbólico punto final a una trayectoria en la construcción política de Europa, trayectoria no exenta de contradicciones y mitos.

Hoy, las concesiones a David Cameron, regresivas en términos sociales y políticos, se contraponen a cualquier lógica de recomposición y proyecto para un futuro común. Adoptadas para ayudar al primer ministro británico en el referéndum sobre el Brexit, convocado para resolver las luchas por el poder internas de los tories, marcan, junto al Acuerdo de la vergüenza con el gobierno autoritario de Erdogan para deportar a Turquía a los refugiados sirios y de otros países, una de las horas más bajas que ha conocido la UE en toda su historia.

Neoliberalismo, nacionalismos y déficit democrático, vectores de demolición de la UE
La gestión política de la crisis económica ha sido el factor principal que ha profundizado y acelerado la crisis política en sus diversas componentes: divergencia económica entre países; ruptura de la cohesión social en muchos de ellos; falta de capacidad de gobierno y ausencia de procedimientos democráticos en la imposición, por parte de la Troika, el Eurogrupo, el Consejo o la Comisión de las medidas de austeridad extrema, devaluación interna y “reformas estructurales” que no han sido otra cosa que recortes sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva y del papel de los sindicatos. Es decir, todo un programa de contrarreformas.

La aplicación no democrática de los principios de la economía política alemana más conservadora –síntesis del ordoliberalismo alemán tradicional con el neoliberalismo moderno- ha producido una prolongación y profundización de la crisis, a diferencia de lo ocurrido en los EE UU y otras áreas geográficas que aplicaron políticas neokeynesianas, y unas secuelas sociales y políticas muy negativas: incremento del paro, de la pobreza y la desigualdad, en la distribución de los ingresos y en las oportunidades sociales.

Es decir, han sido unas políticas equivocadas e injustas que han producido unos efectos que son los contrarios de los que permiten caminar juntos en un proyecto supranacional, mucho más aún si ese proyecto ha sido diluido por esas mismas políticas y otros factores y no se tiene la voluntad política de reconstruirlo o refundarlo.

Neoliberalismo –en versión alemana- más nacionalismos, en un marco que se percibe, con razón, como escasamente democrático, son poderosos factores de demolición del proyecto europeo.

Aunque la ausencia de proyecto por parte del centro derecha europeísta, que no vive -en relación con la UE- de otra cosa que del pragmatismo y oportunismo de la canciller Merkel, es un serio hándicap para enfrentarse a la crisis política de la UE, no cabe duda que lo que más ha resaltado, desde que estalló la crisis, es la falta de alternativas por parte de la socialdemocracia europea a las políticas de austeridad. Este hecho ha agudizado la crisis de las formaciones políticas de este signo, formaciones que ya habían manifestado con anterioridad su incapacidad para apartarse de las fórmulas del neoliberalismo cuando alcanzaban el poder.

La crisis de la socialdemocracia
La disipación de las diferencias entre los partidos de centro derecha y de centro izquierda se produce por una aceptación, por parte de estos últimos, del modelo de globalización neoliberal, realizado bajo la hegemonía del capital financiero. Dejando en un segundo plano la primacía política de la lucha por la igualdad, muchos partidos socialdemócratas entraron de lleno en el juego de aceptar las supuestas “obligaciones” de la economía globalizada –competitividad basada en la rebaja de salarios,  condiciones de trabajo y prestaciones sociales- cuando, en muchos casos, no eran sino cláusulas encubiertas de subordinación a los intereses del capital financiero, de las grandes empresas transnacionales y de una élites económicas reacias a cualquier sacrificio fiscal.

Se resintió no sólo el compromiso de la socialdemocracia con la igualdad y la justicia sino también con la democracia. La aceptación de la subordinación del poder político a intereses económicos supranacionales –globales o europeos- ocultos, o establecidos a través de relaciones muy opacas que incluyen la corrupción y las “puertas giratorias”, no sólo ha deteriorado gravemente el mensaje socialdemócrata, sino que también ha contribuido a debilitar la democracia y al resurgir de los nacionalismos y populismos o de los nuevos movimientos sociales de naturaleza política.

La crisis de la izquierda socialdemócrata ha llevado, allá donde existía una fuerte movilización social y formaciones a la izquierda de los socialistas –Grecia- o movimientos políticos de nuevo tipo –España y el 15M- al surgimiento de alternativas políticas de gobierno como Syriza y Podemos a la izquierda de los partidos socialdemócratas. La saña con la que los principales gobiernos y las instituciones europeas, dirigidas por políticos de las todavía dos principales fuerzas políticas europeas, han realizado la operación de acoso al Gobierno de Alexis Tsipras, hasta lograr la derrota de su tentativa de salirse del cerco de una austeridad suicida, ha sido un claro ejemplo de partidismo sectario y una advertencia a los electores de otras naciones. Todo ello formulado por gobernantes desprestigiados, incapaces de formular cualquier tipo de proyecto atrayente para superar la crisis política europea y para que los ciudadanos puedan volver a confiar en la UE.

En resumen, las principales características de la crisis europea son, a mi juicio: inadecuación y mal funcionamiento de las instituciones de gobierno de la UE; falta de resortes y capacidades de gobierno en el terreno económico, imprescindibles en la zona euro; desarrollo de procesos de divergencia entre naciones y de desigualdades y ruptura de la cohesión social en el interior de las mismas; crisis de confianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes y las propias instituciones (europeas o/y nacionales); ausencia de proyectos de futuro y de fuerza ideológica y política para ponerlos en marcha enfrentándose a las ideologías y políticas nacionalistas y de la extrema derecha; crisis de identidad y de proyecto de la izquierda socialdemócrata,...


  2.    El sindicalismo europeo frente a la austeridad y la crisis política de la UE

En los límites de espacio de este artículo sólo cabe realizar unas pinceladas descriptivas de lo que han sido, sin duda, las más importantes movilizaciones sindicales y sociales  que ha conocido la historia de Europa después de la 2ª Guerra Mundial. Al menos en el terreno sindical y teniendo en cuenta su extensión geográfica y la existencia de nexos comunes entre los procesos nacionales en un mismo período de tiempo. No alcanzan, por supuesto, la intensidad de un Mayo del 68, en Francia, o del “otoño caliente del 69”, en Italia, o las protagonizadas por el movimiento obrero y la oposición democrática en España al final de la Dictadura de Franco y en 1976, o las que promovieron el fin de los regímenes del “socialismo real” en el centro y el este de Europa. Pero en todos estos casos hablamos de procesos nacionales o/y regionales.  En todo caso, nunca hubo una concatenación de un número tan elevado de huelgas generales en un espacio de tiempo relativamente corto.

En el Informe sobre el Estado de la Unión Europea (Fundaciones Alternativas y Friedrich Ebert, 2014), publiqué un artículo sobre las movilizaciones sindicales y sociales en Europa en 2013[3], que, en lo tocante al campo sindical, daba cuenta de que en el período de menos de cuatro años, comprendido entre el momento de la adopción de las políticas de austeridad (mayo de 2010) y finales de 2013, se habían producido en Europa 37 huelgas generales, un número desconocido en nuestro continente desde antes de la 2ª Guerra Mundial. De ellas, eso sí, 26 habían tenido lugar en Grecia, y el resto en España, Portugal, Italia, Bélgica y Chipre.

Desde 2014 se han producido otras doce huelgas generales en: Bélgica (2), Italia (2) y  Grecia (6), de las cuales cuatro han sido contra el gobierno de Syriza, la última de dos días, los pasados 6 y 7 de mayo, contra la reforma de las pensiones impuesta por la UE, junto con otros recortes, como condición para la aprobación del tercer plan de rescate de las finanzas públicas griegas. Aunque no ha sido convocada como huelga general, sino basándose en huelgas escalonadas y coincidentes de los sectores públicos y en grandes manifestaciones, hay que terminar mencionando el gran movimiento de protesta que se desarrolla en Francia y que continúa vivo en el momento de escribir este artículo, contra la reforma laboral de la Ley El Khomri (nombre de la ministra de trabajo), bajo los auspicios de la CGT y otras centrales sindicales francesas[4]. El movimiento sindical ha convergido con el estudiantil en numerosas ciudades y de ambos ha surgido, en París y otras ciudades francesas, el movimiento político La Nuit Debout, inspirado en el 15M y otros movimientos que surgieron en 2011, al calor de las movilizaciones de la Primavera Árabe.  

Los movimientos huelguísticos sectoriales y de empresa han sido muy numerosos, destacando los producidos en los sectores públicos y de la educación de numerosos países. En el caso de la educación, las movilizaciones han sido realizadas tanto por los sindicatos de profesores y personal de servicios como por las organizaciones de estudiantes de las enseñanzas secundaria y superior.

Las huelgas sectoriales y de empresa han sido en su gran mayoría de tipo defensivo –contra los despidos en procesos de reestructuración, contra los intentos de rebajar los salarios o empeorar las condiciones de trabajo, o por reclamación de salarios impagados. Sólo en Alemania, Suecia, Dinamarca e Irlanda se han producido, a partir de 2012, un número algo significativo de huelgas ofensivas, por la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo.

Varios elementos comunes han tenido las movilizaciones sindicales de carácter general, en particular las huelgas generales, que se han desarrollado en Europa a partir de 2010: se han dirigido contra las políticas de austeridad y devaluación salarial y sus consecuencias laborales y sociales y se han producido, sobre todo aunque no solo, en los países sometidos a rescates de las finanzas públicas, o de su sistema bancario, por parte de la troika, o sometidos a vigilancia y prescripciones a través de las “Recomendaciones por país” del Semestre Europeo. Es decir, las movilizaciones se han dirigido en primera instancia contra los gobiernos nacionales y en una segunda y más genérica contra las instituciones europeas y la troika. Como las decisiones de los gobiernos nacionales estaban sometidas a prescripciones u orientaciones de instituciones supranacionales, aquellos se han escudado en éstas para no aceptar las reivindicaciones sindicales. Como es bien sabido, las instituciones europeas y el FMI sufren de forma muy lejana y llevadera la presión del rechazo social. Esta ha sido una de las razones por las que unas movilizaciones importantes no han conseguido apenas fruto alguno, si se exceptúa algún logro muy concreto, a veces de modo indirecto y temporal, como han sido las sentencias del Tribunal Constitucional de Portugal que han anulado decisiones del Gobierno que traducían condiciones impuestas por la troika en el memorándum del plan de rescate portugués.

Otra de las razones es la notable divergencia de situaciones económicas, políticas y de cultura sindical entre los países centrales que han impuesto la austeridad –Alemania, Holanda, países nórdicos,…- y los países del Sur (y del Este) de Europa, que la han sufrido en mayor medida y que han luchado contra ella. Quien decidía, la canciller Merkel, se sintió mucho más presionada, en 2010, por el calendario de las elecciones regionales alemanas que por las movilizaciones sindicales en Grecia o en España o el sufrimiento de sus pueblos. Mientras, la DGB, que tiene interiorizado que la Constitución alemana prohíbe las huelgas generales de solidaridad, conseguía en el año más duro de la recesión, 2009, que el paro no subiera y los trabajadores mantuvieran el empleo con recortes del tiempo de trabajo y del salario, compensados estos últimos por la percepción de una parte proporcional del seguro de desempleo. Este sistema, llamado Kurzarbeit, fue  negociado con el gobierno, en la concertación política general, y concretado a través de la negociación colectiva en las empresas de los sectores industriales exportadores, que son los que mantienen una tasa de afiliación sindical alta. Es evidente que la canciller Merkel hizo lo necesario para cuidar la paz social en Alemania y le importó bien poco lo que al respecto sucediera en los países del Sur de Europa.

El ataque llevado a cabo por el Eurogrupo, el Consejo Europeo y la troika contra los fundamentos de las relaciones laborales, la negociación colectiva y el estado de bienestar en numerosos Estados miembros ha sido muy profundo y ha sido realizado con absoluto desprecio de los procedimientos democráticos, de las instituciones del diálogo social y de las propias leyes, fuesen estas los convenios de la OIT, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Carta Social Europea o las mismas constituciones nacionales.


La huelga general europea era necesaria pero no fue posible
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó, durante este período, diversas jornadas de movilización europea, contra los efectos de la crisis y de la austeridad, bajo la fórmula de euromanifestaciones centralizadas o jornadas de acción descentralizadas. Al comienzo de la crisis destacó la celebrada el 14 de mayo de 2009, con cuatro grandes manifestaciones en Madrid, Bruselas, Berlín y Praga. Pero sólo la celebrada el 14 de noviembre de 2012, tuvo el impacto suficiente como para que algunos medios hablaran, con exageración, de huelga general europea por el hecho de que la hubiera en cinco Estados de la UE (Portugal, España, Italia, Grecia y Chipre), amén de manifestaciones y otras acciones en un total de 28 países (incluidos Turquía y Suiza). Se consiguió, en buena medida, por un trabajo de coordinación sindical entre centrales nacionales llevado a cabo por iniciativa de CC OO, UGT y la CGTP portuguesa.

Pero tampoco bastó. Se puede extraer una primera conclusión: las huelgas y otras movilizaciones generales se han llevado a cabo, sobre una base nacional, cuando las decisiones políticas contra las que se luchaba se tomaban en el ámbito de la UE. Para triunfar hubiera sido necesaria una acción general de todo el sindicalismo europeo, contundente y prolongada, que hubiera incluido una huelga general europea. Y eso no fue posible, no es posible por el momento, dada la diversidad de situaciones nacionales y de culturas y prácticas sindicales en el sindicalismo europeo que la CES no ha sabido todavía sintetizar para impulsar una capacidad de movilización supranacional potente.

El sindicalismo europeo ha pagado en términos de afiliación e influencia la derrota, en muchos países, frente a las políticas de austeridad, devaluación salarial y recortes sociales. Esta derrota ha incidido en una crisis que también afecta al sindicalismo. La crisis viene de antes, y no puede ser objeto de estudio más detallado en los límites de este artículo. Una buena visión general de la misma la da el trabajo de los investigadores del Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI) Bernaciak, Gumbell-McCormic y  Hyman (2015)[5].


   3.      Movimientos sociales de naturaleza política

El 17 de diciembre de 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se prendió fuego en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid como protesta frente al acoso y extorsión que sufría por parte de la policía local corrupta que le impedía trabajar en el modo de subsistencia de su familia. Este hecho sirvió de catalizador de un proceso de manifestaciones y huelgas masivas que llevaron, el 14 de enero de 2011, al derrocamiento del dictador Ben Ali.

Inspiradas en el ejemplo de Túnez, entre enero y marzo de 2011 se desencadenaron movilizaciones populares masivas en Egipto, Yemen, Baréin, Libia, Siria y, en menor medida, en Marruecos. Cayeron los dictadores Mubarak y Gadafi (tras una guerra civil con intervención internacional y una posterior desintegración del Estado libio) y derivaron en guerras civiles no conclusas en Yemen y Siria, con un creciente predominio de los grupos yihadistas y con la intervención de las potencias regionales sobre la base de los lineamientos político-religiosos que enfrentan a las dos grandes corrientes de la religión musulmana: la sunita y la chiita.

Sin embargo, las motivaciones y los objetivos originales de todos los movimientos populares de la Primavera Árabe fueron coincidentes: el rechazo a dictaduras que promovían la desigualdad y la injusticia y una enrome corrupción, en un contexto de grave crisis económica y desempleo masivo de la población juvenil, y la aspiración a vivir en libertad y democracia y con justicia social y gobiernos honrados. En todos los casos tuvieron un papel decisivo en el desencadenamiento y la extensión de los procesos de movilización popular las redes sociales, Internet y la telefonía móvil. La espontaneidad fue una característica básica de casi todos los procesos revolucionarios, aunque hubiese actores sociales y políticos organizados que tuvieron un papel desigual según en qué países. Es un hecho significativo que en el único país en el que se ha mantenido la democracia, donde se desencadenó la Primavera Árabe, Túnez, existía bajo la dictadura una central sindical, la UGTT, y otras organizaciones de la sociedad civil más desarrolladas que en los demás países árabes y que conservaban un cierto grado de autonomía respecto al poder dictatorial. Y fueron los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, organizadas en el Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez[6], quienes jugaron un papel decisivo para evitar, en 2013, que la situación derivara hacia un enfrentamiento civil entre los islamistas de Ennahda, en el gobierno, y las fuerzas laicas, en un contexto de elevada actividad armada de las organizaciones yihadistas. El Cuarteto intervino también para lograr la aprobación de una Constitución, básicamente laica, mediante el consenso de las principales fuerzas políticas. Personalmente tuve ocasión de comprobar in situ, en el primer año de la revolución tunecina, el interés que suscitaba en la UGTT y otras fuerzas sociales y políticas el modelo de transición de la dictadura a la democracia en España.

Aunque hoy en día se tiene en los medios de comunicación occidentales una percepción negativa de las revoluciones de la Primavera Árabe, por su fracaso temporal, por las guerras civiles que generaron -después de la irrupción en sus procesos políticos y sus derivas militares de las distintas corrientes islamistas y yihadistas, incluidas Al Qaeda y el Estado Islámico- y por su grave condicionamiento por la geopolítica religiosa de la región, no se debe olvidar sus orígenes: básicamente laicos, democráticos y espontáneos. Tampoco la notable influencia que tuvieron en movimientos como el 15M en España y similares que se desarrollaron con fuerza, en 2011 y años posteriores, en EE UU (Occupy Wall Street), Italia, Portugal (Que se lixe a troika), Turquía (Plaza Taksim-Parque Gezi), Hong-Kong, Israel, Mexico, Brasil, etc., y hoy en Francia (La Nuit Debout) al calor de  la movilización sindical y estudiantil. La prohibición, por parte de las autoridades chinas, de la divulgación de informaciones sobre las revoluciones árabes, en los medios de comunicación y a través de Internet, fue todo un síntoma del temor a su fuerza de contagio que produjo en las dictaduras.

Porque, reconociendo las particularidades y diferencias que ofrecen estos movimientos sociales de naturaleza política en los distintos países y regiones del mundo, los rasgos comunes son muchos, y compartidos con los movimientos de la Primavera Árabe. Además de las características de espontaneidad, papel relevante de las redes sociales y aspiración de autonomía respecto a las fuerzas políticas y otras organizaciones sociales, nos encontramos con una base de indignación que estalla, por diversos eventos que actúan de catalizadores. La indignación la da la percepción social de la crisis, de las situaciones de paro, precariedad laboral, pobreza, empeoramiento de las condiciones de vida de una mayoría de la sociedad (trabajadores y clases medias), en contraste con el mantenimiento, o aún el aumento, de la riqueza de una parte minoritaria, en particular de los más ricos –el 1%- y de las élites económicas. En muchos países –entre ellos España- la aceptación del estado de cosas, económico y social, y del modo de gobernar en beneficio de las minorías privilegiadas se vuelve insoportable al comprobar los elevados niveles de corrupción política y económica del sistema.

Si en los países árabes el objetivo político podía concretarse en el derrocamiento de las dictaduras y el establecimiento de sistemas políticos democráticos, en los países democráticos occidentales la crítica de los nuevos movimientos sociales se concentra en el anquilosamiento de las instituciones democráticas y su degradación -por la corrupción y por las decisiones políticas tomadas para defender los intereses de los más privilegiados-, la falta de control real de las decisiones y el oscurantismo de los procesos de toma de decisión, la externalización de muchas decisiones políticas importantes a instituciones transnacionales –europeas o globales- que no son democráticas y sobre las que la ciudadanía no tiene capacidad de decisión real. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas de los países democráticos, concretada en el eslogan “que no nos representan”, tiene un serio fundamento. Sin embargo, también pueden derivarse de esta crisis conductas políticas muy peligrosas como son los nacionalismos, el antieuropeísmo, los populismos, o las opciones puramente antisistema.

Los vectores políticos que acabo de mencionar no son, por otra parte, nuevos en la historia. De hecho aparecen en mayor o menor grado en todas las revoluciones y rebeliones que en la historia han sido. Lo que les hace diferentes, además del contexto histórico político, es que vivimos en la era de la comunicación digitalizada, instantánea y global.

Para profundizar en el tema de los nuevos movimientos sociales de naturaleza política general resulta de nuevo necesario acudir a Manuel Castells (2012)[7]


Los movimientos sociales en la escena política: Italia y España
De todos los países mencionados, en donde se ha desarrollado movimientos sociales de naturaleza política, sólo en dos de ellos, España e Italia, han contribuido a la creación de partidos o plataformas políticas que han entrado de lleno en la arena electoral. La formación de Syriza responde a otro patrón, más conocido, de coalición de organizaciones de izquierda y extrema izquierda. Pero tanto en su génesis, como en su carácter y programa, las diferencias entre el Movimento 5 stelle y Podemos son notables. Pero ambos utilizan como referencia genética los movimientos sociales populares contra el secuestro y degeneración de la democracia por el sistema tradicional de partidos.

En Italia, donde actuaban otros movimientos populares contra la corrupción y por la regeneración de la vida democrática, el Movimento 5 stelle, creado por Beppo Grillo y Gianroberto Casaleggio en octubre de 2009, pretende fundir en una misma plataforma política el movimiento político, con fuertes dosis de ideología antisistema, con la construcción de una nueva organización política que compita electoralmente. Convertido en la fuerza política con mayor porcentaje de votos –el 25,4%- en las elecciones generales de febrero de 2013, hace de la crítica al sistema de partidos el núcleo de una posición que entra dentro de lo que podría calificarse de “antipolítica”. Inclasificable en términos de izquierda-derecha, tan pronto puede defender una propuesta socialmente avanzada como, llevado por su oposición a la UE, intentar formar grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con el UKIP británico de Nigel Farage.

En España, Podemos nace de la reflexión y el activismo de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, en conexión con exmilitantes de Izquierda Unida, militantes de Izquierda Anticapitalista y activistas del 15M y de las diversas “mareas”. Nace con mucha capacidad para trabajar en las redes sociales y buenas oportunidades de utilizar los medios de comunicación. Podemos pretende conjugar su carácter de organización política de “nuevo tipo” con una estructura de poder interno fuertemente centralizada y el cultivo del liderazgo mediático. Podemos ha logrado canalizar hacia la participación electoral y política a buena parte de quienes participaron o simpatizaron con el movimiento 15M. Interesado, en un principio, en salirse de la dicotomía izquierda-derecha para cultivar polarizaciones del estilo “los de arriba y los de abajo” o “la gente/el pueblo versus la casta”, el tránsito por una sucesión vertiginosa de procesos electorales desde su exitosa irrupción en las elecciones europeas de 2014, les ha llevado a intentar, de cara a las generales del 26J a primar la unidad, en Unidos Podemos, del máximo posibles de organizaciones, estatales y autonómicas, a la izquierda del PSOE, y a elaborar un programa más realista para presentarse como opción de gobierno.

Se podrá discrepar, más o menos, con la trayectoria de Podemos desde su nacimiento –yo lo hago de varias de sus actuaciones tras las elecciones del 20D y de algunos puntos de su programa- pero no se puede negar el papel positivo que ha jugado para canalizar hacia el campo político democrático a una gran masa de gente indignada, con justificadas razones, que en muchos otros países europeos se están yendo a opciones de extrema derecha, nacionalistas, antieuropeístas, populistas del peor signo, o simplemente “antipolíticas” como el Movimento 5 stelle. En comparación con el panorama europeo, los españoles deberíamos sentirnos muy satisfechos de que la respuesta a la crisis de los partidos tradicionales haya llevado a la emergencia de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. El problema es que esto no basta: hay que acertar a traducir la nueva política en programas y coaliciones de gobierno que lleven a enfrentar los gravísimos problemas económicos, sociales y políticos que tiene España, en un contexto de soberanía limitada.

Para un análisis comparativo de los movimientos sociales M5S italiano y 15M español resulta interesante leer a Solanes Corella y La Espina (2015)[8].

En los demás países en los que se produjeron movimientos sociales de naturaleza política a partir de 2011, estos no han generado nuevas plataformas políticas. El 2 de marzo de 2013, el movimiento Que se lixe a troika[9], logró reunir en Lisboa la que casi todos los observadores calificaron como la mayor manifestación de la historia de Portugal. Se celebraron manifestaciones masivas en otras 40 ciudades portuguesas. La manifestación se disolvió tras un impresionante y masivo cántico del Grandola Vila Morena, después de pedir el fin de la austeridad y los recortes, la salida de la troika y la dimisión del Gobierno. Tras las elecciones generales de octubre de 2015, el Partido Socialista recuperó el gobierno, en base a un acuerdo programático de izquierdas que le garantiza el apoyo parlamentario de la Coalición Democrática Unitaria (PCP-PEV) y del Bloco de Esquerda. El hecho histórico, desde el 25 de Abril de 1974, de que el Partido Comunista Portugués apoyase a un gobierno del PS pudo tener que ver, con bastante probabilidad, con la histórica manifestación del 2 de marzo.

En general resulta muy difícil, en el sentido de lo que parece pretender Pierre Bordieu en los artículos que han servido de referencia a este número de Pasos a la Izquierda, que las organizaciones y movimientos sociales lleguen a ocupar el espacio político para producir profundas transformaciones. Pueden ayudar a producir rupturas y revoluciones pero no a constituirse, por sí mismas, en los nuevos sujetos políticos. Se necesitan actores políticos que creen nuevos sujetos políticos. Y lo que hay que procurar es que sean mejores que los anteriores. Por supuesto que, en un nuevo escenario político más democrático, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen que tener un papel social y político más relevante. Eso contribuirá a mejorar la calidad del sistema democrático y a hacer más justas nuestras sociedades. Pero sería un profundo error pensar que pueden o deben entrar de lleno en la esfera de la política.


Otros movimientos y organizaciones sociales: su relación con el movimiento sindical
El  muy amplio espectro de movimientos y organizaciones que han desarrollado acciones y actividades en Europa en los últimos años impide abarcarlo en un breve apartado. En un extremo del espectro están los movimientos violentos y desestructurados que periódicamente protagonizan disturbios en barrios marginados de la periferia de las grandes ciudades – en Francia, Reino Unido y otros países europeos- y que a veces alcanzan una cierta orientación política, como los que estallaron en el barrio del Husbi de Estocolmo, tras la muerte de un inmigrante portugués a manos del a policía en mayo de 2013, y que se extendieron a otras ciudades suecas durante una semana. Los movimientos de okupas y otros de orientación anarquista están presentes en numerosas ciudades europeas. En el otro extremo del espectro podrían situarse las ONG dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo que reciben fondos de las agencias gubernamentales de cooperación internacional para ejecutar buena parte de las ayudas oficiales para el desarrollo y que participan también en actividades de sensibilización y en movilizaciones contra la pobreza. Con estas organizaciones, así como con las integrantes de los movimientos feminista y ecologista, el sindicalismo confederal español lleva manteniendo relaciones y desarrollando actividades conjuntas desde hace bastantes años. Esto también ocurre en la mayoría de los países europeos.

La confluencia del sindicalismo con otras organizaciones y movimientos sociales sectoriales se ha producido en las movilizaciones (huelgas y manifestaciones) contra los recortes en los sectores educativo y sanitario. En España, las grandes movilizaciones en el sector de la educación contra la nefasta Ley del ministro Wert, la LOMCE, fueron convocadas por sindicatos de profesores, organizaciones de estudiantes y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos. Este fenómeno también ha ocurrido en otros países europeos. Sólo en el año 2013 se pueden reseñar convergencias de este tipo, en el sector de la educación, en otros ocho países europeos[10]. En España esta convergencia en la acción se ha producido también entre el sindicalismo y las “mareas”, la verde de la educación y la blanca de la sanidad. La Cumbre Social, integrada en su momento de mayor proyección por 140 organizaciones y redes de organizaciones sociales, está impulsada por las centrales sindicales (CC OO, UGT y USO). La Cumbre apoya las convocatorias sindicales y las de otros movimientos como las “mareas” o las “marchas de la dignidad”.

En el ámbito europeo existen también coordinaciones sectoriales o temáticas en las que participa el movimiento sindical, a través de la CES y de las centrales sindicales nacionales. Mencionaré un ejemplo: la red de plataformas que luchan por el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras y el fin de los paraísos fiscales que tiene diversos nombres en cada país (Robin Hood Tax en varios de ellos).

Las organizaciones y movimientos de naturaleza política general han tenido en el ámbito europeo varias fórmulas de coordinación. La más importantes ha sido, hasta 2012, el Foro Social Europeo (FSE), filial europea del Foro Social Mundial (FSM), que se reunió por primera vez en Porto Alegre (Brasil) bajo los auspicios de la alcaldía de esta ciudad y de un comité organizador brasileño muy influenciado por el PT y la CUT. El FSE fue constituido en 2002. Su comité de dirección pasó a ser controlado por organizaciones políticas de extrema izquierda y en sus actividades se manifestaban importantes recelos y críticas hacia el sindicalismo “institucionalizado” de la CES. Su último encuentro se celebró en Florencia, en 2012, para conmemorar el décimo aniversario de su creación. No ha vuelto a tener actividad conocida.

En la reunión de Florencia se acordó, apoyar como organismo de coordinación de los movimientos sociales la recién constituida Alter Summit que nació con la vocación expresa de establecer un nexo sólido y permanente entre los sindicatos europeos y los movimientos sociales. Alter Summit agrupa a unas 180 organizaciones y redes europeas de 21 países, entre ellas numerosas organizaciones sindicales y la propia CES. En Alter Summit  tiene influencia aglutinadora la red europea de Attac. Los próximos días 15 y 16 de junio celebrará su Asamblea anual que preparará un Foro general para el próximo mes de noviembre


   4.   Algunas reflexiones a modo de conclusión

El análisis de la realidad social y política española y europea, dentro del contexto mundial, y las cuestiones mencionadas en este artículo me lleva a realizar las siguientes consideraciones:

a)      El Siglo XXI está planteando un importante conjunto de riesgos y retos, de naturaleza diversa, ante los cuales ni la política ni las instituciones nacionales y supranacionales están dando una respuesta adecuada o suficiente. Entre ellos mencionaría: globalización económica –y ahora digitalización de la economía-sin normas, sin derechos y sin gobierno global; cambio climático y deterioros medioambientales; incremento de las desigualdades; movimientos masivos migratorios y de refugiados; fortaleza de la economía criminal; interesada ineficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la actividad de los paraísos fiscales; auge del fundamentalismo islámico y del yihadismo, promotor de guerras civiles y de religión y del terrorismo internacional; etc.

b)     La profunda crisis política que vive la UE está promoviendo un auge de los nacionalismos, en sus diversas versiones incluidas las más peligrosas que, si no se reacciona adecuadamente, pueden incluso llevar a su liquidación.

c)      La economía política neoliberal, en un contexto de financiarización de la economía global, y la subordinación de las élites políticas a las económicas han llevado a la Gran crisis que estalló en 2008. La continuidad de su predominio no puede sino augurar nuevas crisis e inestabilidad social y política

d)     Es responsabilidad de los actores políticos y sociales la construcción de un bloque político y social que dispute la hegemonía social y política a las élites dominantes sobre la base de un programa centrado en la igualdad y la justicia social y la democratización, fortalecimiento y renovación de la democracia y sus instituciones

e)      Desde sus comienzos, este proyecto tiene que tener una dimensión y una articulación europea (con vocación global). Se trata  de actuar en los ámbitos estatales  y subestatales europeos con una visión y un proyecto europeo. El proyecto tiene que tener la ambición de transformar la UE a través de un proceso de refundación basado en la democratización de la política europea, el establecimiento de un fuerte pilar social construido sobre la base de un sistema de normas sociales y laborales europeas que garanticen derechos comunes y un sistema potente y eficaz de diálogo social europeo. El gobierno económico de la zona euro necesita un BCE con las competencias de la Reserva Federal, un Tesoro Único con capacidad de emitir deuda europea, una política fiscal progresiva, un presupuesto suficiente y un Plan de inversiones europeo ambicioso.

f)       La construcción del bloque político y social de progreso es una tarea política, aunque serán de una gran importancia los apoyos que pueda proporcionar el movimiento sindical, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. No se trata de sustituir la política y los partidos por los movimientos sociales, sino de renovar y regenerar, en todo lo que sea necesario, el campo de la política y de los partidos políticos.

g)      El sindicalismo de clase y confederal necesita una renovación profunda que revierta el declive afiliativo y de influencia que, en España, se inicia a partir de la manifestación de las peores consecuencias de la crisis sobre el empleo (2009/2010) pero que en otros países europeos es anterior. Las líneas maestras de ese proceso de renovación pasan por: adaptar los procesos de afiliación/organización sindicales y la acción sindical a los cambios en el modelo económico y de las relaciones de trabajo; marcarse como prioridad la organización del “precariado” o de los “trabajadores vulnerables” (parados, temporales y a tiempo parcial que, en España, suman el 56,5% del total de los asalariados, 12 puntos más que la media europea), los autónomos y los trabajadores de las empresas pequeñas y muy pequeñas (así se afiliará a los jóvenes); adaptar las estructuras organizativas del sindicato a esta tarea mediante su flexibilización y la cooperación entre ellas; fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social; fortalecer la dimensión sociopolítica que permita actuar al sindicato, siempre preservando su autonomía, en las esferas social y política (en la historia no se conocen progresos del sindicalismo en entornos políticamente hostiles durante un período prolongado); desarrollar al máximo la dimensión europea e internacional de la acción sindical, contribuyendo a hacer de la CES, la CSI y las federaciones sindicales internacionales organizaciones fuertes y eficaces para construir sistemas de derechos y normas europeos y mundiales y desarrollar el diálogo social europeo y mundial así como la negociación colectiva en el ámbito de las empresas multinacionales y las cadenas mundiales de suministros; y, fortalecer la participación y la democracia internas, la transparencia, la vigencia de los códigos éticos así como  eficaces políticas de comunicación.

h)     El sindicalismo debería jugar un papel relevante en la construcción del bloque  social y político de progreso que se plantee un cambio de modelo social y político en Europa en el sentido que venimos apuntando. Debe hacerlo preservando siempre su autonomía lo que no es, en absoluto, incompatible con promover, en España y en Europa, amplias alianzas político-sociales. Para impulsar en el ámbito europeo la Refundación del proyecto de la UE sobre bases democráticas y sociales avanzadas podría ser conveniente convocar unos Estados Generales de Europa, propuesta de la que habla Bordieu, que dieran paso, posteriormente, a un proceso constituyente bajo la fórmula de una Convención participativa.

i)        Unas sociedades con sindicatos, organizaciones y movimientos sociales fuertes y participativos, que actúen teniendo en cuenta el interés general aunque lo hagan representando intereses de parte, son unas sociedades más democráticas y más justas. Pero la dirección de los procesos de gobierno nacional y transnacional, la búsqueda de soluciones a problemas complejos que requieren de capacidades de reflexión, análisis y propuestas corresponde a la política, a una nueva política honesta y conectada con  los intereses de las grandes mayorías, a una nueva política desarrollada por nuevas formaciones políticas o por las formaciones tradicionales que sean capaces de someterse a profundos procesos de renovación.

Javier Doz
Consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE/EESC)
por CC OO






[1] Ley y Justicia (PiS) sigue dirigido con mano férrea por Jaroslaw Kaczynski, mientras que el puesto de primer ministro es ocupado por Beata Szydlo. En el Parlamento Europeo, el PiS se integra en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), junto con el Partido Conservador británico.
[2] Victor Orban, el líder autoritario y euroescéptico húngaro, está al frente tanto del gobierno como del partido que lo sustenta, con mayoría absoluta, la Unión Cívica (Fidesz), miembro del Partido Popular Europeo (PPE)
[3] Javier Doz: “Movilizaciones sindicales y sociales en Europa: 2013” en “El Estado de la Unión Europea. La ciudadanía europea en tiempos de crisis”, Fundaciones Alternativa y Friedrich Ebert Stiftung, marzo de 2014, págs. 91 a 102:  http://goo.gl/gGYBVp

[4] Las huelgas y manifestaciones están convocadas por CGT, FO, Sud-solidaires y FSU. Cuentan con la oposición de la CFDT que ha negociado con el Gobierno de Manuel Valls algunos cambios parciales a una Ley de reforma laboral en línea con las realizadas en España, Portugal o Italia.
[5] “El Sindicalismo europeo: ¿de la crisis a la renovación?”. Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbell-McCormic y Richard Hyman. Cuadernos Fundación 1º de Mayo/ETUI. Marzo de 2015  http://goo.gl/uxAU7F

[6] El Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez está formado por la  Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (la patronal tunecina), la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la Orden Nacional de los Abogados de Tunicia. En 2015 recibió el Premio Nobel de la Paz.

[7] Manuel Castells: “Redes de indignación y esperanza”. Alianza Editorial; 2012.
[8] Ángeles Solanes Corella y Encarnación La Espina: “Construyendo ciudadanía inclusiva y movimientos sociales de participación desde España e Italia: una perspectiva comparada”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado Nº 144. Sept-Dic 2015. Versión on-line: http://goo.gl/xXYAOP

[9] La traducción es “Que se joda la troika”
[10] En Portugal, Francia, Austria, Grecia, Hungría, Irlanda, Croacia y Berlín.