Seguir por correo electrónico

miércoles, 26 de octubre de 2016

La política tiene que valer a la gente

Comento brevemente, a continuación, el artículo de Unai Sordo "La política va a ayudar poco", publicado en su blog: http://unaisordo.com/la-politica-va-a-ayudar-poco


La responsabilidad de los dos partidos de la izquierda, PSOE y Podemos y sus coaliciones (Izquierda Unida está ya diluida en Podemos), por no haber desplazado del gobierno al PP es enorme. Lo han sido en diferentes grados, y alternándose, según en qué momentos del largo maratón electoral. Han dejado de lado la política, entendida como la acción encaminada a resolver los problemas de la gente, para dar primacía a las tácticas -y los miedos- encaminados a mantener o alcanzar la hegemonía dentro del espacio político entre el centro izquierda y la izquierda. Uno de los mejores mapas políticos de Europa, el que quedó dibujado tras las elecciones de noviembre de 2015 -sí, de veras, así están las cosas en Europa-, ha sido malgastado por las acciones y omisiones de unos muy malos líderes políticos.

Ahora sólo queda condicionar al nuevo gobierno del PP, desde el Parlamento y desde la sociedad, para arrancarle unas cuantas cosas importantes e impedir algunos de sus malos propósitos. ¿Serán capaces de entenderlo los líderes del PSOE y de Podemos y de hacer buena política al servicio de la gente? ¿O seguirá primando el sectarismo y la politiquería de los insoportables diez meses últimos?


lunes, 10 de octubre de 2016

Paraísos del dinero y la hipocresía



Este artículo ha sido publicado en el diario digital Bez el 11/10/2016:

http://www.bez.es/119674388/Paraisos-del-dinero-y-la-hipocresia.html


Aunque su evidente existencia y su fortaleza son, hoy en día, uno de los mayores problemas para el gobierno del mundo y para el desarrollo de políticas sociales y de inversión pública en cualquier región de nuestro planeta, cabría dudarlo a tenor de una reciente decisión de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a un hecho que apenas ha trascendido a la opinión pública a pesar de su gran importancia: la publicación, el pasado 14 de julio, de la lista de paraísos fiscales  o “terceros países de alto riesgo”, aprobada por la Comisión Europea. La lista no hace sino recoger la acordada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1] de la OCDE en su reunión de Busan, Corea del Sur, del 23 de junio de 2016.

Pues bien, la lista de “terceros países de alto riesgo”, del Reglamento Delegado de la Comisión Europea de 14 de julio[2], contiene los nombres de sólo once Estados, clasificados en tres Grupos. En el Grupo III, donde están aquellos que no colaboran para subsanar las deficiencias que les hacen estar clasificados como países de alto riesgo, sólo hay uno: la RPD de Corea. En el Grupo I, de los países que se han comprometido a subsanar las deficiencias y han elaborado un plan de acción con el GAFI, figuran nueve países: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, RDP de Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Por último, en el Grupo II de aquellos países que han adoptado el citado compromiso y solicitado asistencia técnica al GAFI para aplicar el plan de acción, siendo señalados por ello en una Declaración Pública, sólo figura Irán. Es decir, que dentro de no mucho tiempo, si se aplican en sus compromisos los países de los grupos I y II,  podríamos tener como único paraíso fiscal a la Corea de Kim Yong-un. Mientras, el lavado de dinero procedente del fraude y la elusión fiscales y de todas las demás actividades de la economía criminal, continuará en aumento, como viene sucediendo en los últimos años, en los grandes paraísos fiscales. Y la hipocresía de las élites políticas y económicas también.

Las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Resulta injustificable que decisiones políticas echen por tierra buena parte del trabajo realizado por los expertos del GAFI y los funcionarios de la Comisión. Porque las 40 Recomendaciones del GAFI (2012)[3] siguen siendo un buen manual para gobiernos, policías, jueces e instituciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. En el ámbito de la UE, la 4ª Directiva  sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (mayo de 2015) –en trámite de transposición por los Estados miembros- y la propuesta de 5ª Directiva (julio de 2016) sobre el mismo tema –en trámite de consulta y aprobación por las instituciones europeas- deberían ser instrumentos útiles para luchar contra dichas lacras y su realización en los paraísos fiscales.



Como consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) soy ponente del dictamen sobre la propuesta de 5ª Directiva, que complementa y profundiza la . Dada la importancia y urgencia del tema, es encomiable el propósito de la Comisión de acelerar el trámite de aprobación y transposición de ambas directivas para que pudieran entrar en vigor en todos los Estados miembros el 1 de enero de 2017; aunque va a ser una misión casi imposible de, habida cuenta de las reticencias de algunos Estados miembros y la ineficacia del Consejo.

Además de introducir medidas de control de los usuarios de las monedas virtuales y las tarjetas prepago, la 5ª AMLD[4] establece la obligación de identificación de los titulares reales de cuentas bancarias y empresas, y de los fideicomisos, las fundaciones y demás instrumentos de intermediación para la ocultación de los auténticos propietarios de los activos financieros y dinerarios. Obliga, además, a que se creen en todos los Estados miembros Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que deberán establecer bases de datos nacionales de entidades, personas y operaciones sospechosas. La propuesta de Directiva pretende la coordinación de las UIF en el ámbito de la UE y la comunicación de los datos de cada base nacional cuando lo demanden las autoridades competentes de otro Estado. Una de las medidas principales de la propuesta de Directiva, contenida en su artículo 18bis,  son las sanciones que fija para los “terceros países de alto riesgo” que no colaboren en las investigaciones judiciales que, pueden llegar hasta la prohibición de establecimiento de filiales de empresas europeas en dichos territorios. Pues bien, la virtualidad de estas medidas queda prácticamente anulada puesto que las medidas sólo se podrían aplicar a los países de la lista del 14 de julio.

El insólito hecho de querer aprobar una propuesta legal que modifica otra que todavía no ha entrado en vigor se justifica, en el preámbulo de la propuesta de 5ª AMLD, por las revelaciones del ICIJ[5] sobre los Papeles de Panamá y los datos de las investigaciones de los atentados de París y Bruselas. Pues bien, ni uno solo de los 21 Estados o jurisdicciones mencionados en los Papeles de Panamá como paraísos fiscales, y utilizados por más de 214.000 empresas, fideicomisos, fundaciones y otras entidades creadas y gestionadas por el Despacho Mossack-Fonseca para defraudar o eludir al fisco y, en su caso, lavar dinero, figuran en la lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea.

Junto a lo anterior hay otro hecho que puede reducir aún más el valor de la Directiva para luchar contra las actividades de los paraísos fiscales: no está nada claro, y así lo han afirmado los funcionarios de la Comisión, que la Directiva pueda aplicarse a los territorios con jurisdicciones fiscales especiales dependientes de Estados miembros, es decir a los paraísos fiscales de la UE. Cuatro de ellos figuran en los Papeles de Panamá: Isla de Man, Jersey, Anguila Británica e Islas Vírgenes, todos ellos de soberanía británica. Estos podrían quedar excluidos del ámbito de aplicación de la directiva que, sin embargo se aplicaría al Reino Unido –mientras no se ejecute el Brexit-, Malta y Chipre, que el ICIJ incluye con razón en la lista de Estados europeos que facilitan el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero.

El Doctor Jekill y Mr. Hyde ante los paraísos fiscales
¿Por qué esta decisión de la Comisión Europea, tan contradictoria con otras como la valiente propuesta de la comisaria de la competencia, Margrethe Vestagen, de exigir a Apple que pague los 13.000 millones de euros (más intereses), que dejó de pagar al Gobierno de Irlanda, que en lugar de aplicarle el tipo del 12% del impuesto de sociedades irlandés –tipo ya de auténtico “dumping fiscal”-, sólo le exige el 0,001%, por todos los beneficios de la multinacional en Europa, que previamente ha trasladado de forma fraudulenta –“ingeniería fiscal”- a la verde isla?

El comportamiento de la Comisión es propio de la doble personalidad del Doctor Jekill y de Mr. Hyde. Quien mejor puede representarla es su propio presidente, Jean Claude Juncker, que mientras fue primer ministro de Luxemburgo propició[6] la firma de convenios fiscales con cientos de multinacionales para que estas trasladaran sus beneficios europeos al Gran Ducado, para pagar allí el 1%. Ahora promueve directivas para lograr que las multinacionales paguen en cada país los impuestos correspondientes a los beneficios de la actividad económica desarrollada en ellos y para establecer una base común consolidada europea del impuesto de sociedades. Es un avance, pero no alcanza a plantear algo muy necesario: un tipo mínimo común europeo ante la férrea oposición de numerosos Estados miembros, entre ellos aquellos que, yendo más allá del dumping, propician el fraude o la elusión fiscal[7] de las multinacionales, entre los que, además de Luxemburgo, se encuentran otros dos países fundadores: Holanda y la propia Bélgica que también suscriben convenios para que las grandes empresas multinacionales sólo paguen el 1%.

El problema es mundial, por supuesto. El Gobierno de los Estados Unidos, tampoco logra hacer pagar a Apple los impuestos que debe. La multinacional de la manzana prefiere pedir prestado para asegurar la liquidez cotidiana de la empresa antes que retirar de los paraísos fiscales los 230.000 millones de dólares que allí mantiene[8], porque entonces el Tesoro de los EE UU, le reclamaría muchos miles de millones en impuesto no pagados.

La esquizofrenia es fruto de poderosas tendencias contrapuestas. Por un lado, los principios éticos, intelectuales y políticos que hacen insoportable a las opiniones públicas que en cualquier circunstancia, pero más aún cuando la crisis ha producido tanto paro, pobreza y desigualdad, se consienta que las empresas multinacionales y las élites políticas, económicas, culturales y deportivas paguen menos impuestos que los asalariados y las clases medias, o que simplemente no paguen. Y que con ello roben a los Estados los recursos necesarios para la protección social y las demás políticas públicas. Y para más agravante, que lo hagan en unos lugares y con unos procedimientos comunes a los empleados por las peores organizaciones de la economía criminal –mafias, traficantes de drogas, armas, personas, órganos, etc.- y en ocasiones también por las organizaciones terroristas, hoy encabezadas por las del yihadismo global.

Pero frente a la oposición a éste que , a mi juicio, es el principal escándalo de la política mundial pesan más los vectores contrapuestos: los paraísos fiscales son utilizados como lubricadores del sistema financiero internacional en la época de la economía financiarizada y, además, como demuestran las numerosas revelaciones de los últimos tiempos (Lista Falciani, Papeles de Panamá y de las Bahamas, etc.) son los lugares utilizados por las élites políticas, económicas y mediáticas para pagar menos impuestos o no pagarlos. Y estos factores terminan pesando más fuertes que los anteriores, por muy lamentable e inaceptable que sea en unas sociedades democráticas. Y hacen de las decisiones contradictorias sobre los paraísos fiscales un refinado ejemplo de hipocresía

Unos pocos ejemplos, de los muchos posibles, lo pueden atestiguar. Tuve ocasión de asistir, el pasado 27 de septiembre, a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo. Fue una audiencia pública en la que depositaron su testimonio un grupo relevante de periodistas, de los muchos que han colaborado en el tratamiento de los 11,5 millones de documentos anónimamente entregados al Süddeutsche Zeitung. De las muchas e interesantes cosas que dijeron me llamó sobre todo la atención, el destacado papel de algunos de los principales bancos de la UE y de Suiza para facilitar a sus clientes más distinguidos la creación de sociedades, fideicomisos o fundaciones pantalla para ocultar su identidad, y orientarlos para fijar su domicilio social a través del despacho panameño de Mossack-Fonseca (lo mismo que hacen con otras decenas de despachos de abogados especializados en el blanqueo de capitales). Este despacho, a su vez, utilizaba miles de testaferros para nuevas operaciones de creación y relocalización de  sociedades que terminaban de completar la tupida red de ocultamiento. La nómina de fortunas personales, famosos del deporte y la cultura y de políticos es bien conocida. Llama la atención que de los 140 políticos incluidos en la lista sólo el ex-primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y “nuestro” ministro Soria hayan dimitido a estas alturas. Los comparecientes en el PE dieron detalles de los personas del entorno más próximo de Vladimir Putin que suman 2.000 millones de euros en numerosas sociedades offshore gestionadas por Mossack-Fonseca. Su adversario, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, intentó ocultar su identidad sin intermediarios. También resulta significativo que apenas haya habido presentación de demandas judiciales. En Finlandia, donde el banco Nordea, con participación del Estado, ayudó a la creación de más de 400 empresas pantalla, la única persona procesada, por revelación de secretos, es la periodista del ICIJ Mina Knus-Galan.

La función de engrasadores del capitalismo financiero de los paraísos fiscales queda reflejada por la procedencia de la inversión extranjera directa. Según Gabriel Zucman (2013)[9] el 40% del total mundial procede de los paraísos fiscales. En España, el mismo porcentaje sería nada menos que del 66%, según José Carlos García Fajardo (2016)[10], que añade que el flujo de capitales desde los paraísos fiscales hacia España aumentó en un 27,4% en 2015, respecto a 2014. El número de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales pasó de 810 a 891 (2014/2013). Un 45,4% del total, 420 empresas, están radicadas en Delaware, donde se crearon 65 nuevas filiales en 2015. Mientras, a pesar de llevar ya más de dos años de crecimiento, la recaudación del impuesto de sociedades seguía siendo, en 2015, 22.219 millones de euros (un 49,4%) inferior a la de 2007.

La lucha contra el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero debería ser una prioridad máxima de cualquier política democrática en España, en Europa y en el mundo. No digamos ya de una política de izquierdas. Y no es posible llevarla a cabo con un mínimo de eficacia sin acabar con los paraísos fiscales. La erradicación de los paraísos fiscales es la piedra de toque de la posibilidad de un gobierno democrático en Europa y en el mundo.




[1] Más conocido por sus siglas en inglés como FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), el GAFI está integrado por los 31 Estados de la OCDE, además de por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Diversos organismos internacionales, entre ellos el FMI y el BM, tienen estatuto de observadores.
[2] Anexo I del Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas, C (2016) 4180, de 14/07/2016. Esta lista, coincidente con la última del GAFI, contiene sólo ligeras variantes con la anterior de este organismo que incluía doce países. Myanmar ya no está en ella
[3] “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”. GAFI, febrero de 2012.
[4] Como se la conoce en la jerga de Bruselas, por ser AMLD las siglas, en inglés, de Anti-Money Laundering Directive.

[5] ICIJ son las siglas, en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
[6] Las excusas de Juncker para ser elegido presidente de la Comisión se basaban en la inverosímil tesis de que los tratos con las multinacionales eran obra de la Autoridad Fiscal de Luxemburgo, de carácter independiente, que no informaba al Gobierno. Quedaron recientemente en entredicho por las revelaciones, recogidas en diversos medios europeos, sobre las entrevistas secretas de Juncker, primer ministro de Luxemburgo, con los altos directivos de Amazon responsables de la fiscalidad de la empresa, antes de la firma del correspondiente convenio.
[7] No hay una distinción clara entre el fraude y la elusión fiscales. La ingeniería fiscal consistente en decir que la empresa matriz, afincada en Irlanda o Luxemburgo, ha realizado préstamos a las filiales alemanas, francesas o españolas, por los que cobra enormes intereses, o que tiene que recibir pagos de royalties astronómicos, debería ser catalogada de “ingeniería del fraude fiscal”.
[8] Buena parte de ellos están en Delaware, que, como otros Estados de la Unión –Wyoming, Nevada-, se está convirtiendo en uno de los más florecientes y “civilizados” paraísos fiscales.
[9] Gabriel Zucman: “The Missing Wealth of Nations” (2013) citado por Pia Hüttland y Álvaro Leandro: “The implications of the Panama Papers” (Bruegel, 18/04/2016)
[10] José Carlos García Fakardo: “Empresas del IBEX35 en paraísos fiscales” (ATTAC España, 12/06/2016)

martes, 4 de octubre de 2016

La encrucijada europea desde el observatorio del CESE

Este artículo ha sido publicado en el nº 78 de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo de CC OO 



     1. Algunas notas sobre la crisis europea

Aunque no se coincida en el diagnóstico de su génesis, desarrollo y características y, menos aún, en el modo de superarla, es una opinión generalizada que la Unión Europea vive una grave crisis política, probablemente la más profunda desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Hace unos días fue la canciller Merkel quien, en el encuentro con François Hollande previo a la cumbre de Bratislava, afirmó que la UE vivía una “crisis existencial” y que había que adoptar medidas para enfrentarse a ella.

No se tomaron precisamente en la capital de Eslovaquia, en donde la primera reunión de jefes de Estado y de gobierno del Consejo Europeo sin la presencia del Reino Unido no hizo sino subrayar la profundidad de la crisis y la impotencia de los gobernantes de esa “vieja Europa”, a la que se refirió en su día malévolamente Donald Rumsfeld, para enfrentarse a los Orban, Szydlo y Fico que lograron, con la colaboración del polaco Donald Tusk, que la declaración final de la reunión se centrara en el modo de impedir la entrada de los “migrantes irregulares” (los refugiados ya, definitiva y vergonzosamente, equiparados a los migrantes y a esa clase de personas “ilegales”).

En un momento en el que el Brexit exigía una reafirmación de los valores democráticos, sociales y solidarios del proyecto europeo y,  al menos, la expresión compartida de la voluntad de renovarlo en base a ellos, y de resolver los graves problemas de funcionamiento de la UE, su institución con más poder, lejos de ir por este camino vuelve a decir unas pocas generalidades vacías además de someterse a la lógica de los nacionalismos de derecha y extrema derecha, en dos de los temas que más les ayudan a ascender: refugiados y migrantes. Y además, se olvida, lo que resulta lo más grave de todo, que cumplir la Convención de Ginebra (1951) sobre los refugiados no es un acto solidario o una opción política más: es una obligación legal consagrada en los tratados de la UE y en las constituciones y leyes fundamentales de sus Estados miembros.

Es decir, la cumbre de Bratislava, en lugar de convertirse en una reunión de reafirmación de lo que une a Europa y de voluntad de renovación democrática, no ha ido mucho más allá de la reafirmación por parte del Consejo Europeo del “Acuerdo de la vergüenza” entre la UE y Turquía para la deportación de los refugiados, un acuerdo que no es sino el paradigma de una UE sin alma y sin proyecto. Un Acuerdo que, además, no se está cumpliendo, por lo que los refugiados continúan hacinados en condiciones infrahumanas en Moria y otros campamentos de Grecia.

Si los líderes de los principales países europeos terminan haciendo suyo el discurso político de los nacionalistas de derecha y extrema derecha -ya en los gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia-, el aroma político de entreguerras del Siglo XX, que ya empieza a olerse en la Mitteleuropa, terminará por ahogarnos a todos y la UE estará definitivamente perdida.

Todavía estamos a tiempo para cambiar la situación, aunque no se percibe reacción fuerte ni coherente, reacción de política seria con proyección de futuro, en ninguna de las dos grandes formaciones tradicionales -populares y socialistas- que aún vertebran políticamente a Europa, a pesar de su declive y de sus crisis. Los partidos parecen hacer presidir su trabajo sólo por la ávida lectura de las encuestas, por el cortoplacismo más feroz.  Y cuando la canciller Merkel se olvida, por un momento, de estos hábitos que ha practicado tan profusamente y prioriza los valores y la legalidad para abrir las fronteras alemanas a los refugiados de la Guerra de Siria y de otras guerras, la “opinión pública” alemana y su propio partido, terminan por atacarla frontalmente, alimentados desde el exterior por un coro de gobiernos europeos de impresentable insolidaridad, no sólo con los refugiados sino con el proyecto común europeo, y por unos medios de comunicación ávidos de sensaciones populistas. Por ello, el remedio, el cambio que nos aleje del precipicio de la destrucción de la UE, no puede venir solo de los líderes y de los partidos políticos, tiene que venir también de la misma sociedad, de sus organizaciones, en primer lugar de los interlocutores sociales.

El agotamiento del proyecto político europeo viene de más lejos. Con anterioridad al estallido de la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, ya se habían manifestado algunos de sus síntomas, como eran las diferencias políticas importantes a la hora de establecer la Unión Monetaria (UEM), que no podían arreglarse mediante el modelo de gestión de avance por pequeños pasos dados en el último minuto para desbloquear conflictos paralizantes. Las grietas se parcheaban en lugar de ser reparadas. La UEM, diseñada en 1993, empezó a utilizar el euro como moneda común con fallos de diseño muy graves que no han sido reparados ni siquiera cuando estuvieron a punto de acabar con la moneda en 2010-2013. Sólo se han puesto parches y permitido que el BCE fuerce al máximo sus capacidades de desarrollo de una política monetaria expansiva. Mientras, Alemania sigue negándose a crear las condiciones políticas y económicas que debe tener toda zona monetaria común y a reciclar los excedentes de su enorme superávit comercial y de la balanza de pagos (8,5% de su PIB).

Antes de la mayor de las ampliaciones, que incorporó entre 2004 y 2007 a doce nuevos Estados -la mayoría del centro y el este de Europa procedentes del antiguo bloque soviético-, en 2013, la mayor parte de estos países se habían alineado con la irresponsable e ilegal aventura que el gobierno de los EE UU, el de George W. Bush, llevó a cabo en Iraq, en 2003 -en compañía del Reino Unido de Blair y con la España de Aznar en un papel secundario- , en contra de la posición de Alemania y Francia y de la mayoría de Estados de la UE. Fue todo un anticipo de la orientación y los valores políticos que han venido de los gobiernos de los nuevos socios del centro y el este de Europa.

El miedo y el rechazo a la globalización,  realizada bajo el modelo neoliberal, y a la cesión de soberanía a una UE percibida como poco democrática y gobernada bajo los mismos principios de economía política que aquella, producen, ante la ausencia de alternativas que parezcan viables, a una peligrosa crisis de confianza en las instituciones democráticas. Estuvieron, a mi juicio, en la base del rechazo al proyecto de Constitución europea en los referendos francés y holandés de 2005. Tal vez fuese ese el momento de inflexión, de agotamiento de las energías y de la voluntad de progresar en la integración europea. La crisis agudizó esta percepción con la comprobación de que se vive peor que en el pasado y de que, probablemente, los hijos vivirán peor mientras que una minoría se enriquece sin freno. En todo caso de trata de fenómenos no exclusivos del continente europeo.

La gestión de la crisis financiera y económica, a partir de mayo de 2010, mediante la imposición de las recetas de la economía política más conservadora, hegemónica en Alemania -síntesis del ordoliberalismo germánico tradicional y del neoliberalismo- ha agudizado las tendencias centrífugas de la UE y su crisis política. Por una parte, ha producido negativos efectos económicos -recesión más larga y profunda que en otras regiones del mundo y crecimiento anémico en la salida- y desastrosos efectos sociales y políticos: paro, pobreza y desigualdad; ruptura de la cohesión social en muchos países; divergencia económica y política entre los Estados de la UE; choque de las opiniones públicas mayoritarias entre los países del Norte y del Sur, del Oeste y del Este; y, fuerte aumento de los nacionalismos xenófobos y de las corrientes políticas euroescépticas, antieuropeas y de extrema derecha.

La nefasta gestión de la llamada crisis de los refugiados o de las migraciones es manifestación y consecuencia de la influencia de negativas corrientes ideológicas y políticas de derecha extrema que han contagiado a bastantes partidos de centro derecha y socialdemócratas, en muchos Estados de la UE, y han llevado al olvido de los valores y principios democráticos y solidarios, esenciales para la pervivencia de la UE, y  del respeto a la legalidad internacional y a los propios Tratados.

La pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y sus políticas tiene su correlato también en numerosos Estados miembros, con derivas en muchos de ellos peligrosamente nacionalistas y euroescépticas e incluso de cuestionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, la crisis de legitimidad no afecta sólo a las instituciones europeas, de una discutible democraticidad en la toma de decisiones, sino también a las instituciones democráticas nacionales de bastantes Estados europeos.    

Hay bastantes rasgos comunes entre las razones por las cuales las descaradas manipulaciones y mentiras de los partidarios del Brexit, pudieron calar hasta el punto de que una mayoría del electorado británico votara la salida de la UE, y las que han llevado a un individuo tan ignorante, estrafalario y peligroso como Donald Trump a ser un candidato con posibilidades de ser elegido Presidente de los EE UU.  Los sindicalistas tenemos que tener bien presente un fenómeno que no es precisamente nuevo en la historia: la gran capacidad de penetración, en tiempos de crisis, de los populismos de derechas y de las diferentes variantes de la extrema derecha entre amplios sectores de trabajadores.

Hoy en día, el BCE, la OCDE y el propio FMI han tenido que reconocer las consecuencias negativas de los “excesos de austeridad”, aún siendo el BCE y el FMI en parte responsables de tales excesos. Sin duda, la responsabilidad principal es del Consejo Europeo y del Eurogrupo, instituciones intergubernamentales cuyo mal funcionamiento está en el corazón de la crisis política de la UE. Estas instituciones no han hecho autocrítica alguna sobre las erróneas e injustas políticas de gestión de la crisis. Siguen sin abandonar el credo de la austeridad. Lo más que han hecho es autorizar las propuestas de la Comisión, en el sentido de flexibilizar temporalmente los objetivos de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, pretende borrar la imagen de parálisis y subordinación que han caracterizado su etapa anterior, presidida por quien, ahora, va a asesorar al Gobierno británico en las negociaciones del Brexit, desde Goldman Sachs, el Sr. Durao Barroso. En los últimos meses la Comisión Juncker: ha puesto en marcha el debate sobre la “dimensión social” de la propuesta de reforzamiento de la UEM para completar el llamado “documento de los cinco presidentes” (de contenidos políticos muy limitados); ha propuesto diversas directivas y reglamentos para luchar contra la elusión fiscal, el fraude fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (respuesta parcial, pero en la buena dirección, a la publicación de los Panama Papers, y los atentados terroristas de París y Bruselas, y al escándalo de las grandes empresas multinacionales que no pagan impuestos con la colaboración de gobiernos como el de Irlanda, pero que puede ser inutilizada por las inservibles listas de paraísos fiscales del GAFI/OCDE y de la propia Comisión); en la misma dirección, la comisaria de la competencia, la Sra. Vestager, ha propuesto que Google pague los 13.000 millones de euros, más intereses, por los impuestos no pagados en razón de sus beneficios en países de la UE; y, finalmente, el propio Juncker ha propuesto que el Plan de inversiones que lleva su nombre intente movilizar otros 315.000 millones de euros, prolongando su período de  vigencia hasta 2022. (los 630.000 millones totales, distribuidos en siete años, no logran compensar ni de lejos la caída de la inversión -por la crisis y las políticas de austeridad- que ha pasado del 22,2% del PIB europeo, en 2007, al 18,5%, lo que supone cerca de 500.000 millones de euros de menos en cómputo anual).

La ineficacia del Consejo y la regresividad de algunas de sus decisiones, la ausencia de una política económica integral que se centre en el impulso del crecimiento y del empleo en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la COP21 de París, la falta de voluntad política de Alemania de asumir, para el euro, la imprescindible creación de las condiciones que toda zona monetaria tiene que tener, contrarrestan las tímidas iniciativas de la Comisión y la decidida política monetaria expansiva del BCE, incapaces, en ausencia de política fiscal común, de consolidar un crecimiento sólido de la zona euro.

2. Refundación política democrática y social, nueva política de crecimiento sostenible y culminar la construcción de la zona euro

Ante el avance de los partidos nacionalistas de derecha y extrema derecha, que llevan en su núcleo la destrucción del proyecto político europeo, y ante la incapacidad manifestada por las dos principales formaciones políticas europeas –que siguen teniendo una muy débil proyección como partidos europeos- para contrarrestar este avance con una propuesta de renovación y fortalecimiento de la UE, resulta muy necesario que las organizaciones de la sociedad civil, empezando por los sindicatos, emplacen a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en una encrucijada histórica. Y que lo hagan formulando las bases de un nuevo modelo para Europa.

Lo he escrito en más de una ocasión: es necesario formular una propuesta de refundación política de Europa. Una refundación cuyo horizonte sea la creación de los Estados Unidos de Europa, un proyecto de federación o confederación de los Estados miembros, que conlleve superiores grados de integración, un funcionamiento más democrático de sus instituciones y una dimensión social fuerte. Se podrá avanzar más o menos hacia este objetivo, en más  tiempo o en menos, pero hay que agrupar en torno a él a todos los que consideren que la UE es un proyecto imprescindible para la paz, los derechos humanos y el bienestar social.

Y en paralelo, y con urgencia, hay que construir una nueva política económica europea para el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, y dar a la UEM las herramientas necesarias que superen los pesados errores de la construcción del euro: Tesoro Común, emisión de deuda en euros, presupuesto propio suficiente, armonización fiscal y mecanismo de reequilibrio de los déficits y superávits excesivos.

La izquierda europea necesita unos estados generales que, entre otras cosas, le sirvan para formular  un proyecto europeo común  de futuro que le permita, a través de un amplio proceso de convergencia política europea, la construcción de un bloque político y social que sostenga el proyecto de refundación.


3.      Desde el observatorio del CESE

El CESE es un buen observatorio de la realidad política y social europea desde el que se puede seguir el devenir de sus diversas políticas e intervenir en ellas. Está compuesto por 350 consejeros de los 28 Estados miembros, distribuidos en función de su población y de la representación de tres sectores básicos: empresarios, trabajadores y tercer sector (agricultores, economía social y consumidores, básicamente). Elabora dictámenes preceptivos sobre un espectro muy amplio de políticas y normas legales de las instituciones europeas, entre ellas todas las de carácter económico, social y medioambiental, las de seguridad y exteriores, las de interior y derechos fundamentales, etc. También elabora dictámenes de iniciativa propia o a petición de las instituciones sobre los mismos campos, y realiza estudios sobre diversos temas.

Lo primero que llama la atención, en relación con una realidad ciertamente complicada y con unos niveles importantes de enfrentamiento político como es la europea, es la capacidad que tiene el Comité de elaborar posiciones comunes con un elevado grado de consenso en la mayoría de los casos. Para alcanzar este consenso se hace necesario,  lógicamente, renunciar a parte de las posiciones propias de las organizaciones, en particular de aquellas que enfrentan a los sindicatos y a las patronales. Pero el punto de equilibrio está situado, por lo general, en la zona donde convergen las posiciones partidarias de la integración europea sobre bases más democráticas y con un contenido social relativamente elevado.


El CESE, por sus conexiones con la Comisión y el Parlamento Europeo, por un lado, con las organizaciones europeas de la sociedad civil, por otro, y también con las organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil nacionales, podría jugar un papel articulador del necesario debate tendente a reforzar, renovar e impulsar el proyecto político europeo en el momento particularmente crítico que está viviendo.